POLITICA
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital pidió que se acate el rechazo del Senado a los jueces nombrados por decreto en la Corte
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, presidido por Ricardo Gil Lavedra, reclamó hoy que se acate lo resuelto ayer por el Senado, que rechazó los pliegos de los dos candidatos a la Corte Suprema nombrados por Javier Milei: Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo.
Manuel García-Mansilla sigue integrando la Corte porque el Presidente lo nombró, por decreto, “en comisión”, y el Gobierno sostiene que esa designación dura hasta el fin de las sesiones ordinarias, sin importar lo que haya votado el Senado. García-Mansilla no dijo públicamente si planea quedarse. Diversos constitucionalistas y profesores de derecho sostuvieron que debía cesar en el cargo de inmediato.
El Colegio Público habló del riesgo para la independencia judicial que generan este tipo de designaciones y de la situación “sin precedentes” que implica que quien fue rechazado por el Senado siga en el cargo. “Daña el prestigio del propio tribunal y a la Justicia toda”, afirmó, y reclamó “un sistema judicial legítimo y confiable”.
“El Colegio Público desea realizar un llamado a la sensatez”, dice el comunicado, que lleva la firma de Gil Lavedra, exintegrante del tribunal que condenó a las Juntas militares, exdiputado y exministro de Justicia del gobierno de Fernando De la Rúa.
“El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal considera que la resolución del Senado de la Nación de rechazar los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, con mayorías cercanas a los dos tercios, para ocupar las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha concluido el debate sobre estas nominaciones y debe ser acatada. Resulta relevante, además, el pronunciamiento adverso a la utilización de la facultad presidencial de designar jueces en comisión, censurada también por este Colegio, por poner en riesgo la independencia judicial.
“La decisión del Senado pone de relieve el desafío institucional inédito ante el cual se enfrenta el país. La permanencia de jueces designados en comisión -no ya sin el acuerdo del Senado, sino frontalmente contra su voluntad- nos coloca frente a una situación sin precedentes que daña el prestigio del propio tribunal y a la justicia toda. Esta crisis de legitimidad afecta de modo particular al ejercicio de la abogacía: las abogadas y abogados podemos desempeñar correctamente nuestra profesión únicamente en la medida en que el país cuente con un sistema judicial legítimo y confiable.
“El Colegio Público desea realizar un llamado a la sensatez. Las discusiones acerca de la constitucionalidad de los nombramientos en comisión han pasado desde ayer a un segundo plano: solucionar la crisis de legitimidad de la Corte exige ahora no solo un respeto profundo por las reglas y procedimientos constitucionales sino también gestos de responsabilidad institucional. De lo contrario, entraríamos en conflictos innecesarios y de graves consecuencias. Es preciso, asimismo, que las nuevas nominaciones a la Corte Suprema sean hechas con diversidad de género y a través del proceso participativo y transparente previsto en la normativa vigente. El Poder Ejecutivo debe postular a dos juristas idóneas, como abundan en el país, y que gocen del consenso público necesario para ocupar el Máximo Tribunal
“Finalmente, el Colegio Público desea recordar que es imperativo que las vacantes judiciales sean cubiertas del modo mas pronto posible, lo que aplica tanto a las dos existentes en la Corte Suprema de Justicia como a los cientos de vacantes en tribunales inferiores de todo el país. Como lo hemos reclamado de modo insistente, una Justicia repleta de vacantes no puede funcionar correctamente.”
POLITICA
El presunto testaferro de la quinta de Pilar tenía una tarjeta corporativa de la AFA con gastos de $50 millones por mes
Nuevos indicios vinculan la fastuosa quinta de Villa Rosa, en Pilar, con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sus autoridades. Luciano Pantano, el monotributista que figura como uno de los dos dueños formales de la finca, tenía a su nombre una tarjeta de crédito corporativa de la AFA, con la que abonaba, entre otros conceptos, trámites vinculados los peajes de los costosos autos hallados en la quinta.
El plástico, emitido por American Express, registraba gastos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos, en promedio.
Los datos llegaron al juzgado de Marcelo Aguinsky el 30 de diciembre, como parte de un informe que afianzó aún más las sospechas del juez de que la quinta -con helipuerto y haras de caballos, y valuada por peritos oficiales en 20 millones de dólares- no pertenece a sus dueños formales, Pantano y su madre (la jubilada Ana Conte), sino a autoridades de la AFA.
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El supuesto testaferro de Toviggino tenía una tarjeta corporativa de la AFA: de cuánto eran los consumos por mes
El supuesto testaferro de Pablo Toviggino, Luciano Pantano, tenía una tarjeta corporativa de la AFA con un consumo mensual promedio de $50 millones.
Según pudo confirmar TN, entre los gastos de la tarjeta aparecen el pago de los Telepase de los autos de lujos que se registraron en la mansión de Pilar, que está siendo investigada por la Justicia.
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Luciano Pantano, junto a su madre Ana Conte, es uno de los titulares de Real Central SRL, la empresa que adquirió la propiedad que perteneció a Carlos Tevez.
De acuerdo con los documentos incorporados, esa vivienda figura en distintos momentos a nombre de diferentes integrantes del entorno Pantano, todos relacionados con Real Central SRL, la firma señalada en la causa como presunta pantalla que está a nombre de Luciano Pantanoy Ana Lucía Conte, madre (jubilada) e hijo (monotributista).
Los registros muestran que Pantano ingresó inicialmente como “propietario/residente” de la mansión ubicada en los lotes 306 y 265 de Ayres Plaza, con fecha de titularidad del 4 de diciembre de 2021.
Con el paso del tiempo, esa condición cambió: los documentos relevados indican que desde el 4 de enero de 2023 el inmueble comenzó a figurar a nombre de Diego Fabián Pantano, bajo la misma categoría de “propietario/residente”.
Ese corrimiento formal de la titularidad es uno de los elementos que se analizan en el expediente. La hipótesis que se examina es si el traspaso responde a una maniobra para disimular la verdadera propiedad del bien.
A esa línea se suma otro dato que figura en la documentación judicial: la hija de Pablo Toviggino también aparece registrada como propietaria o residente de la misma vivienda.
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Para los investigadores, se trata de un elemento más que refuerza la conexión entre la familia Pantano y la mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia.
El expediente incorpora además registros de personas invitadas a la mansión, que vuelven a vincular ambos círculos familiares.
En la nómina figura Máximo Toviggino, hijo del dirigente, así como Norberto José Pantano, otro hermano de Luciano y Diego. Según consta en los documentos, ambos aparecen asentados como invitados habituales al domicilio de Ayres Plaza.
El juez Marcelo Aguinsky resolvió el 26 de diciembre pasado suspender la feria judicial de enero para continuar con la investigación. Pantano y Conte intentan pasar la causa a un juzgado de Campana pero el magistrado aseguró que le corresponde a él continuar con el expediente.
En los últimos días, el juez ordenó otras medidas de pruebas, como el relevamiento de cámaras de seguridad cercanas al inmueble para verificar si en los días previos al allanamiento hubo traslados de autos de alta gama y caballos.
También se va a realizar un operativo en la empresa Flyzar, la dueña del helicóptero, que deberá proporcionar el listado de pilotos, pasajeros y vuelos que hizo el helicóptero en cuestión.
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El juez decidió también convocar al nuevo director de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, para intensificar las pesquisas en torno a sociedades comerciales que compraron la estancia de Pilar y que estarían conectadas con altos funcionarios de la AFA.
Pablo Toviggino, Chiqui Tapia, AFA
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Reparto de recursos: el 2025 cerró con un alza del 1,7% de los giros automáticos del gobierno de Milei a las provincias
CÓRDOBA.- Las transferencias automáticas que realizó el gobierno de Javier Milei a las provincias crecieron un 1,7% en términos reales en el último año respecto de 2024. En tanto, los giros discrecionales tuvieron un alza del 32,3% en términos reales y se concentraron, sobre todo, en el mes de diciembre pasado, cuando la Casa Rosada buscó apoyos para lograr la sanción del presupuesto en el Congreso.
En los automáticos hay comportamientos distintos entre los componentes de los envíos. Los recursos por coparticipación federal terminaron sin variación en la comparación interanual, mientras que por el conjunto de Leyes y Regímenes Especiales se registró una caída 3,5% interanual real. Fueron los fondos por Compensación del Consenso Fiscal los que empujaron el crecimiento, ya que tuvieron un incremento acumulado real del 79,7%.
Un análisis de Politikon Chaco señala que, al medir en moneda constante, el 2025 cerró con mejoras de las transferencias automáticas frente a 2024 pero quedó por debajo de todos los años desde 2018 a 2023; lo mismo ocurre al observar solamente los envíos por coparticipación.
Si se mira el total de las jurisdicciones, la mayoría de las provincias finalizaron el 2025 con variación positiva (salvo Santa Fe que finalizó sin cambios 0,0%), aunque también con muy importantes brechas en los desempeños.
En el extremo superior del ranking quedaron Salta (4,3%), Buenos Aires (3,9%), Misiones (2,3%); Tucumán (2,2%) y Neuquén (2,1%). En el otro extremo de la tabla se ubicaron la ciudad de Buenos Aires (0,2%), San Luis (0,2%) y La Pampa, Córdoba y Santa Fe, las tres con 0,1%.
Al poner la lupa en el mes de diciembre, cuando se discutió el presupuesto 2026 y la ley de “inocencia fiscal” en el Congreso, se detecta que los giros automáticos aumentaron 3,3% real interanual. También en este apartado fueron los recursos por Compensación del Consenso Fiscal los que empujaron la suba. Fueron unos $ 326.443 millones (5,7% del total), lo que refleja un incremento del 103,4% real interanual (y un alza del 67,8% mensual), aunque su impacto fue muy heterogéneo por jurisdicciones.
En el mes en que la Casa Rosada negoció con los gobernadores la aprobación del presupuesto 2026, Salta recibió $17.084 millones en dos giros; Catamarca, $6.562 millones; Chaco, $14.428 millones; Entre Ríos, $6.213 millones; Jujuy, $3.304 millones; Mendoza, $13.689 millones; Misiones, $13.388 millones; San Juan, $9.140 millones y Tucumán, $2.721 millones.
En estos casos puntuales, los giros superaron ampliamente el promedio mensual habitual. Por ejemplo, Chaco recibe entre $8.000 millones y $9.000 millones mensuales de compensación por el Consenso Fiscal y en un solo día recibió $14.428 millones.
Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta y San Juan tuvieron alzas mayores al 200% en términos reales, pero otras como Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La Rioja, Río Negro, Santa Fe y Santiago del Estero no llegaron al 50% de variación.
De las transferencias discrecionales, la ciudad de Buenos Aires concentró el 47% de los envíos del año. Por detrás, se ubicaron la provincia de Buenos Aires (19,6% del total), Chaco (4,4%), Neuquén (3,4%) y Tucumán (3%).
Por el contrario, San Luis y La Pampa se posicionan en el fondo del ranking, con una participación del 0,3% en cada caso.
Politikon Chaco insiste en que el fuerte rebote respecto al 2024 se explica en buena medida por la baja base de comparación que dejó ese año. El pico se registró en Catamarca -186,4%-, donde Raúl Jalil es un aliado importante de los libertarios en el Congreso. En tanto, cuatro distritos registraron caídas -encabeza Santiago del Estero, con 11%-.
Ricardo Pristupluk
En comparación con el 2023, las transferencias quedan muy por debajo. La excepción es la ciudad de Buenos Aires, donde los fondos no automáticos (por impacto de la cautelar) crecen 95,7%, pero en el resto las caídas van entre 54% y 95%.
Respecto a los ATN, la ejecución alcanzó los $207.500 millones. Tucumán, donde Osvaldo Jaldo es otro gobernador peronista alineado con la Casa Rosada, fue el más beneficiado: recibió $35.000 millones.
El Fondo ATN totalizó en el año con $ 948.036 millones; con lo que su ejecución fue del 21,9%, ubicándose por encima del 2024 (7,3%) pero por debajo del 2023 (77,6%), entre otros. Quedaron en manos de la Nación $ 740.536 millones.
superaron ampliamente el promedio mensual habitual.,Gabriela Origlia,Coparticipación,Congreso Nacional,Conforme a,Coparticipación,,$51.000 millones. Tras la advertencia de Macri, un gobernador dice que irá a la Corte para reclamar una deuda de la Nación,,La deuda de la Nación con la Ciudad. Jorge Macri dijo que no descarta «volver a la Corte” para reclamar por la coparticipación,,Por suba del gasto, el superávit primario cayó 79% en las provincias
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