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POLITICA

El conflicto mundial se proyecta sobre Milei y Lula

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El continente americano está atravesado por una disputa de alineamientos políticos plagada de ambigüedades, paradojas y contradicciones. No sucede algo distinto de lo que se registra en otras regiones del planeta. Sobre todo en Europa. Donald Trump es el agente principal de esta puja que se juega en el tablero de la competencia con China. La apasionada intervención de Javier Milei y sus colaboradores en favor de la apertura económica, a propósito de una operación de compra de tubos para un gasoducto construido por un consorcio petrolero privado, es parte de este debate global.

El conflicto se proyecta sobre Sudamérica en la tensión sistemática entre dos actores principales: Lula da Silva y Milei. Aunque, desde las últimas horas, comenzó a asomar otro protagonista: el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, que asumirá el mando el próximo 11 de marzo.

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Trump lanzó una iniciativa sin antecedentes, que incomodó a varios líderes internacionales. Fue la creación de un Consejo de la Paz en el que se asignó el rol de presidente vitalicio, integrado por países seleccionados por él. El presidente de los Estados Unidos consiguió la adhesión de unos 22 Estados, sobre todo de Medio Oriente, Asia y Europa del Este. En cambio potencias europeas tradicionales, como Alemania, Francia, el Reino Unido, Noruega, Suecia e Italia rechazaron el convite.

El caso de Italia es interesante. No sólo por la relevancia de Giorgia Meloni en su continente, también porque ella es una aliada de Trump. Pero la primera ministra encontró una excusa elegantísima: la Constitución italiana prohíbe a los gobiernos adherir a organizaciones colectivas en las que esa nación no esté en paridad de condiciones con los demás socios. Es una coartada filosa, porque desnuda la capitis diminutio que toleran los que aceptaron la invitación.

En plena campaña electoral, la operación diplomática de Trump provocó reacciones mordaces en la oposición. El gobernador de California, Gavin Newson, posteó desde su oficina de prensa una foto trucada en la que el presidente de su país aparece rodeado de un par de líderes, entre ellos Vladimir Putin y Milei, y de varios villanos de ficción: Voldemort (Harry Potter), Darth Vader (Star Wars), El Guasón / Joker (DC Comics), Joffrey Baratheon (Game of Thrones), entre otros.

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La presencia de Milei en el Consejo de Trump no podría ser más previsible. Desde el primer minuto de su campaña política él adelantó que su adscripción a los Estados Unidos sería automática. Mucho más si ese país es gobernado por el magnate republicano. Esa adhesión es compleja, como ya se advirtió en el discurso que pronunció en Davos. Subordinado en lo político, Milei es disidente respecto de Trump en su visión de la economía.

El mundo parece haber regresado al antiguo mercantilismo, es decir, a una concepción según la cual la prosperidad de las sociedades se debe a que el país exporta más de lo que importa. Ese resultado requiere de que los gobiernos suministren protección. Es decir, supone una economía con fuerte intervención estatal. Trump es el sumo sacerdote de ese experimento.

Milei está en las antípodas de su mentor. Cuando se observan los argumentos que levanta en defensa del librecambio, desarrollados con más detalle por Federico Sturzenegger, queda la impresión de que se tratan de un pronunciamiento contra Trump. Nadie imaginaría que esas proclamas provienen de su más incondicional seguidor.

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La paradoja es que Lula da Silva, que se distancia de Washington en las decisiones de política global, sintoniza en lo económico. Sin ir más lejos ayer, desde Panamá, donde participa del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, se pronunció a favor de que América latina procese uno de sus recursos naturales más valiosos, las tierras raras, para de ese modo exportarlos como bienes con valor agregado.

Lula acaba de crear una agencia estatal para ejecutar esa política. Toca un nervio de la discusión internacional, porque las tierras raras son elementos químicos indispensables para la industria de los autos eléctricos, la energía eólica, la telefonía inteligente y los dispositivos para la Defensa. El acceso a esas materias es una de las batallas principales entre Estados Unidos y China en su carrera tecnológica.

Al coincidir con Trump en su proteccionismo, el líder del PT aspira a limitar a Trump. Pero tiene una restricción. El gobierno brasileño sigue negociando, con éxito, un régimen de comercio equilibrado con el de los Estados Unidos. Y logró que Trump revierta el aumento de 40 puntos porcentuales a las exportaciones de Brasil, tarifa que se aplicó en represalia porque el Superior Tribunal de Justicia estaba por condenar a Jair Bolsonaro.

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Esta discusión obliga a Lula a tratar a su colega norteamericano con algodones. Por eso Itamaraty, la Cancillería brasileña, contestó con su tradicional astucia a la invitación para participar en el Consejo de la Paz. No dijo que no. Pero puso condiciones de cumplimiento imposible. Por ejemplo, que limite su agenda a tratar la situación de Gaza, que era el propósito inicial, y que en el equipo sea integrada Palestina.

Trump y su estrategia internacional es un motivo más de distancia entre Milei y Lula. La relación entre ambos sólo ha empeorado en los últimos tiempos. En especial desde que, en un posteo de X celebratorio de la captura de Nicolás Maduro, Milei difundió una foto del venezolano abrazado al presidente brasileño. A partir de ese momento, Brasil comunicó a la Argentina que dejaría de representar los intereses del país ante Venezuela. Italia se hizo cargo de esa delegación. Brasil está a cargo de la embajada de Perú en Caracas y de la de México en Quito.

En las últimas horas el vínculo entre los dos presidentes se agrió todavía más. Sería un error suponer que fue porque Milei aclaró que “no pondría a uno de mis perros el nombre de un izquierdista”, cuando el editor jefe de Bloomberg, John Micklethwait, le preguntó si lo llamaría “Lula”. La irritación se produjo porque el embajador argentino ante Israel, Axel Wahnish, agasajó en Tel Aviv a los hermanos Bolsonaro. Sobre todo a Flavio, candidato a presidente de la derecha de su país en contra de, es lo más probable, el propio Lula, en las elecciones del próximo 4 de octubre. El representante de la Argentina festejó que Bolsonaro sea un candidato pro Israel.

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En este mapa de poder regional acaba de producirse otro movimiento. El próximo presidente de Chile, Kast, se reunió en Panamá con el de Brasil y publicó la foto en su cuenta de X. La acompañó con este texto: “Los desafíos de América del Sur en materia de seguridad, progreso económico y superación de pobreza son enormes y la colaboración de Estado, entre Chile y Brasil, puede liderar el cambio que nuestra región necesita”.

Kast es un líder ultraconservador. Tiene una excelente relación con Milei, a quien visitó apenas ganó las elecciones. Pero en su entorno comentan que pretende modular la política exterior de una manera diferente a la del argentino. La foto con Lula es una demostración, a la que hay que agregar el uso de la palabra “liderar”. Kast quiere desplegar un movimiento propio, que podría poner también un matiz a su relación con Trump.

El acercamiento de Panamá hace juego con la gira que el canciller brasileño, Mauro Vieira, realizó esta semana por Ecuador, Perú y Bolivia. Son países gobernados por partidos de centro o centroderecha. Por lo tanto estas reuniones y visitas no deberían ser indiferentes para Milei y, sobre todo, para el canciller, Pablo Quirno. Una de las misiones del ministro es constituir un bloque de 10 países alineados con los Estados Unidos y liderados por la Argentina. Ese sueño, que debería verse realizado antes de mitad del año con una cumbre en Buenos Aires, comienza a ser desafiado.

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La plataforma desde la que Milei pretende acumular reconocimiento internacional es, como demostró en Davos, económica. Él levanta, en un mundo que pretende retroceder de la globalización con reflejos proteccionistas, la voz de la libertad de comercio y la retirada del Estado. Desde esa perspectiva está interviniendo, con la agresividad que lo caracteriza, en una operación entre privados. La compra de tubos con costura del consorcio Southern Energy, que integran Panamerican Energy, YPF, Pampa, Harbour Energy y Golar LNG, para la construcción de un gasoducto desde la formación Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro.

La empresa que ganó la competencia fue la india Welspun. En segundo lugar, quedó Techint. Una información surgida del consorcio comprador indica que Techint ofreció el producto con un precio 40% más caro que el de su competidora. En el grupo que lidera Paolo Rocca no confirman esa cifra. Tampoco formulan una desmentida taxativa. Alegan que no están en conocimiento de la información precisa porque, al tratarse de una compra privada, los datos no son públicos.

Esa condición, la de ser una operación entre privados, vuelve inobjetable la decisión del consorcio que compra los tubos. Sus integrantes no sólo pueden, sino que, tal vez, deben comprar la mercadería más conveniente al precio más barato.

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Desde Techint aducen que la de los indios fue una oferta desleal. Parten de la premisa de que podría ser que haya habido una diferencia del 40% en el precio. En consecuencia, sostienen que para alcanzar esa ventaja, los chinos deberían haber reducido los costos principales más allá de lo convencional. El más importante, si no se considera el flete, es el costo de la chapa, que representa alrededor del 60% del total. Por eso en Techint afirman que los indios utilizaron chapa china, cuya fabricación recibiría subsidios sustanciales del Estado. Apuntan, además, que los indios, pero también ellos, superaron a oferentes europeos y a un competidor mexicano, que propusieron precios más caros.

Esta es la razón por la cual pretenden ejercer un reclamo por dumping. Sería un planteo ante el Estado argentino, que es el encargado de garantizar que no haya trampas en la competencia. De nuevo: el comprador no está obligado a garantizar esa transparencia.

Milei y el ministro de Desregulación Sturzenegger irrumpieron en la discusión celebrando el resultado de la operación. No lo atribuyen a que los indios se hayan beneficiado de subsidios estatales, de China y del propio país, sino a que Techint exageró los precios para obtener una renta exorbitante. Es una toma de posición controvertida por la sencilla razón de que el Gobierno deberá dictaminar en un proceso administrativo si hubo o no dumping. Es decir, habría un prejuzgamiento. Es una falta de perspicacia, porque los argumentos de estos días quitarían fuerza a ese dictamen que, si fuera negativo para Techint, como seguro ocurriría, parecería derivar de un prejuzgamiento.

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Milei y Sturzenegger describen una situación indiscutible: la economía argentina es muy poco competitiva, muy cerrada, y ofrece productos y servicios demasiado caros para los consumidores. Lo atribuyen, sobre todo Milei, a la existencia de un empresariado corrupto, que tiene capturado el mercado local a través de regulaciones y prebendas obtenidos a través de coimas o, tal vez, aportes de campaña.

En el caso del Presidente, esa explicación viene envuelta en una tormenta de insultos y de injurias que, por momentos, hacen dudar de que esté tan seguro de la calidad de sus argumentos.

La reducción del problema del costo argentino a razones morales, que sin duda operan, pone en segundo plano otra agenda de dificultades que son muy conocidas. Por supuesto no se puede hablar de retraso cambiario, porque el Presidente se enfurece. Pero se puede considerar la rigidez laboral, el altísimo costo impositivo, las condiciones de seguridad e higiene impuestas a las compañías. No hay problemas para mencionar esas dificultades porque el Gobierno comparte ese diagnóstico. Por eso promueve reformas en esos campos, que hoy están en el Congreso. De allí que suena extraño el discurso según el cual, si un competidor argentino pierde una licitación privada, es sólo porque no pudo corromper al comprador.

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El fracaso de la oferta de Techint a un consorcio de particulares podría ilustrar el otro problema. Para comprenderlo mejor hay que tener en cuenta algunos datos. No se trata de una operación excepcional y aislada. El mundo de la siderurgia no es demasiado grande. Techint es uno de los fabricantes de tubos con y sin costura más importantes del planeta. Compite con los indios de Welspun en muchos mercados. Entre otros, como proveedores nada menos que de la industria petrolera saudí. Además, los que integran el grupo comprador, Southern Energy, son clientes habituales de esa compañía. Sobre todo YPF, PAE y Pampa.

En la licitación de los tubos hubo algunos pormenores curiosos. Techint mejoró su oferta. Los que denuncian que pretendía hacer un negocio leonino ponen esa mejora como una demostración de los supuestos sobreprecios. Los ejecutivos de la empresa alegan que decidieron renunciar casi por completo al margen de ganancia para poder mantener activa su fábrica de tubos de Valentín Alsina. Lo llamativo fue que entre los miembros del consorcio que aconsejaron tener en cuenta esa segunda oferta estuvo YPF, la empresa cuyo mameluco suele vestir el Presidente. También Pampa. Los otros tres socios rechazaron la idea.

Para volver al problema principal: en las relaciones de las empresas con el sector público hay mucha corrupción. Gran parte de la industria argentina es prebendaria y obtiene de esas prebendas rentas injustificadas. Pero también existe otro inconveniente: ¿es posible producir en la Argentina y competir con esa producción a escala internacional?

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Milei y Sturzenegger se montaron sobre el resultado de la licitación privada del gasoducto para defender su discurso aperturista. Sturzenegger realizó afirmaciones que sería muy interesante que desarrollara en algún paper. Por ejemplo, que a cada importación corresponde una exportación. Ambos presentan el comercio internacional como si la tierra fuera plana. Es decir, como si no hubiera barreras proteccionistas que distorsionan los intercambios. En rigor, son determinaciones que interesan poco al oficialismo. Así entran autos chinos y, según los ejecutivos de Techint, chapa del mismo origen. Parece mentira que quienes facilitan esos movimientos se sientan identificados con Trump.

La posición teórica de los funcionarios oficiales es de una candidez conmovedora, porque los mismos funcionarios que la sostienen están intentando que su amigo Trump reduzca las barreras que le impuso al ingreso de productos extranjeros en el mercado norteamericano. Entre ellos, el ingreso del acero de Techint.

La agresividad con que el Presidente batalla en favor de su proyecto es muy significativa. En las últimas horas generó una gran inquietud en el empresariado. No sólo por los insultos. También porque, si se recortan los argumentos y se los saca del contexto de la siderurgia y el petróleo, habrá muchos sectores que tienen razón de sentirse amenazados. ¿Milei y Sturzenegger llevarán esas ideas a la industria farmacéutica? ¿Y al régimen de Tierra del Fuego? En este segundo caso están apareciendo novedades, como la eliminación de aranceles comerciales para la importación de teléfonos celulares.

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Más allá del realismo o del espíritu utópico, o dogmático, que alimenta los planteos del Gobierno, en el fondo del debate hay motivaciones ideológicas. Es decir, un conflicto en la concepción de un tipo de sociedad. Milei sostiene, desde mucho antes de llegar al poder, que el mercado debe modelar a la economía sin intervención alguna. Las fuerzas de la oferta y la demanda determinarán quién sobrevive y quién sucumbe. Es difícil encontrar un país donde se implemente por completo esa teoría. Europa, sin ir más lejos, acaba de congelar el acuerdo con Mercosur para asegurarse la supervivencia de los productores agropecuarios que son muy poco competitivos.

¿Es razonable, en nombre de la libertad de mercado, regalar un tejido productivo elaborado a lo largo de décadas? La pregunta tiene más sentido si se recuerda, como hace todos los días Trump, que en la escena internacional aparecen actores como China, que subsidian sus empresas hasta un punto que ni siquiera el empresariado norteamericano puede quedar expuesto a su desafío.

El país que imagina Milei parece sostenerse en el negocio agropecuario de la Pampa húmeda, y en las actividades extractivas de hidrocarburos y minería. Son grandes aportantes de divisas. ¿Pero ese país primarizado alcanza para que no termine de naufragar la sociología de los grandes conurbanos? Jorge Liotti consignó este domingo que allí los signos de dinamismo se concentran el avance del trabajo informalizado de las plataformas digitales. ¿Qué consecuencias políticas tendría esa reconfiguración? Son incógnitas que obligan a pensar en una cuestión fundamental: la política, el buen gobierno, no son la aplicación automática de una receta de validez universal, como si la vida social fuera ajena a los condicionamientos y rigideces de la historia.

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Por detrás de este debate que, con sus pésimos modales, introduce el Presidente, hay una rareza. La prensa reproduce los términos de la dichosa discusión sobre el “patrón productivo” de la Argentina. Termina enero y nadie habla del dólar. Es la fortaleza de Milei.


pic.twitter.com/h3ZE9JIfnE,January 22, 2026,pic.twitter.com/df34icHIvE,January 25, 2026,Carlos Pagni,Conforme a

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POLITICA

Extendieron la declaración de emergencia ígnea a Santa Cruz y ya son cinco las provincias alcanzadas

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El Gobierno decretó la Emergencia Ígnea en Santa Cruz ante el agravamiento de los incendios forestales que afectan la región patagónica. La medida, formalizada a través del decreto 80/2026, se publicó luego de declarar bajo este mismo estado a las provincias de Chubut, Río Negro, La Pampa y Neuquén.

Fuentes oficiales habían anticipado la decisión a Infobae el sábado por la tarde, ante la imparable extensión y severidad de los focos ígneos en áreas protegidas y zonas rurales. Con esta normativa se busca habilitar la articulación de recursos y acciones inmediatas para contener el avance del fuego y proteger tanto el patrimonio natural como la seguridad de la población.

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El decreto establece que la provincia recientemente incorporada queda bajo el régimen de emergencia previsto en la Ley 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, y declara zona de desastre a los territorios afectados por incendios. De acuerdo con la normativa, la Agencia Federal de Emergencia asume la coordinación de todas las medidas, siendo además la encargada de notificar el estado de los focos, los trabajos de combate y los recursos.

Los trabajos en la Patagonia llevan mas de tres meses

“Las condiciones hidrometeorológicas adversas en la Provincia de Santa Cruz, caracterizadas por la sequía, eventos de actividad eléctrica y temperaturas por encima de lo normal, configuran un escenario de emergencia para la región, cuyo agravamiento genera daños ambientales significativos, y un menoscabo en los bienes y peligro de la vida de las personas que la habitan”, argumentó el Gobierno.

Además de declarar la Emergencia, el texto oficial a través de su artículo primero, incorporó a la provincia “en los términos previstos en el artículo 2°, inciso e) de la Ley N° 27.287 y sus modificatorias, con los alcances establecidos en los artículos 1° y 3° del Decreto No 73 del 29 de enero 2026″. Esto implica la extensión por el plazo de un año “con el fin de adoptar las medidas que resulten necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la presupresión y combate de incendios, la restauración de las zonas afectadas y la prevención de nuevos focos”.

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Santa Cruz no había sido inicialmente incorporada en la declaración dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado viernes, aunque el gobernador Claudio Vidal había respaldado el reclamo de los mandatarios patagónicos, en medio de los incendios que afectan a la región desde hace semanas.

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Mientras los principales focos permanecen en Chubut, en el Parque Nacional Los Alerces, Santa Cruz también registró incendios recientes. La emergencia se activó con al menos tres frentes identificados al sur de Puerto San Julián, en áreas consideradas críticas para el ecosistema local, como El Rincón, la Reserva Provincial Península de San Julián y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke. El foco principal avanzó hasta ubicarse a 20 kilómetros al sur de la ciudad, cerca de zonas de pesca y a unos 10 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 3.

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El fuego llegó a solo 4.000 metros de las viviendas del Campo El Montañés, aunque las autoridades aseguraron que no existió riesgo directo para esas estructuras. Además, se detectó un posible tercer foco más alejado, cuyo acceso permanecía restringido por razones de seguridad. Frente a este escenario, la Administración de Javier Milei desplegó 426 brigadistas, 20 medios aéreos y recursos logísticos para responder a los incendios en la Patagonia.

Ante ello, “se exige que el Gobierno nacional brinde una respuesta eficaz y urgente que permita la adecuada articulación y disponibilidad de los recursos públicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos perseguidos”, explicaron en el decreto firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, entre otros.

Medidas para proteger el patrimonio natural

La Administración de Parques Nacionales aprobó las nuevas “Políticas y lineamientos estratégicos del Directorio de APN para el período 2024-2027”, que servirán como instrumento rector para la planificación y evaluación institucional. La resolución 25/2026 establece que estos lineamientos actualizarán y complementarán los marcos vigentes, alineándose con los desafíos actuales y con la metodología de “gestión por resultados”.

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La medida, fundamentada en la necesidad de dotar al organismo de herramientas modernas y adaptadas a los requerimientos actuales, da continuidad a los antecedentes normativos aprobados en 2001 y 2018, pero introduce actualizaciones para fortalecer la planificación y el seguimiento.

Entre los puntos del anexo que ampoañan la medida publicada también en Boletín Oficial, se destacan aquellos relacionados con la protección del patrimonio natural.

  • La protección activa del patrimonio natural y cultural constituye uno de los cinco pilares estratégicos definidos para el período, orientando acciones para asegurar la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales bajo jurisdicción del organismo.
  • Se prioriza la implementación de medidas de gestión sostenible que aseguren la integridad ecológica de los parques nacionales, promoviendo la restauración y el monitoreo de los ecosistemas protegidos.
  • El fortalecimiento de la vigilancia y el control sobre las áreas protegidas es un objetivo central, con énfasis en la prevención y respuesta ante amenazas como incendios, actividades ilegales y especies exóticas invasoras.
  • Se promueve la colaboración con otros organismos, sectores científicos y comunidades locales para consolidar alianzas estratégicas que potencien la capacidad de conservación y manejo del patrimonio natural.

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POLITICA

El Gobierno cree que el PJ no podrá frenar la reforma laboral en la Justicia en caso de que sea aprobada en el Congreso

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Aunque todavía no comenzó a tratarse formalmente en el Congreso, la oposición ya está planificando una manera para intentar frenar en la Justicia la reforma laboral en caso de que sea sancionada, pero el Gobierno confía en que no podrá lograrlo y prepara una estrategia por si tiene que defender la medida en los tribunales.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la mesa judicial de Casa Rosada, no sorprendieron los trascendidos de que el peronismo buscará declarar inconstitucional la iniciativa, pero aseguran que no existen argumentos para hacerlo.

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Luego de un enero en el que el oficialismo llevó adelante múltiples contactos con sus aliados con el objetivo de garantizar el apoyo al proyecto, en los próximos días se debatirá el texto en el recinto y todo indica que se aprobará.

Ante esta situación, trascendió que el PJ llevará el tema a la Justicia con la idea de impedir su implementación, como sucedió con los cambios en el sistema laboral con los que el presidente Javier Milei quiso avanzar a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

La reforma comenzará a ser debatida esta semana y podría votarse en el Senado (Maximiliano Luna)

“No nos preocupa. Es lógico que lo vayan a hacer, pero yo no creo que prospere”, explicó a este medio uno de los integrantes de la mesa judicial libertaria, que señala que hay importantes diferencias entre este proyecto y el mencionado DNU.

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En este sentido, las autoridades nacionales remarcan que en el primer caso las modificaciones fueron impuestas por el Poder Ejecutivo, mientras que en esta oportunidad se están discutiendo en el ámbito del Congreso y, si se aprueban, ya tendrían fuerza de ley.

“No esperábamos menos de ellos. No tienen una sola idea, las que tenían no sirvieron, y solo les queda intentar bloquear los cambios. Creemos que, incluso con una Justicia que en gran medida responde a ellos, sobre todo en lo laboral, no van a poder frenar judicialmente la reforma, porque no tienen razones jurídicas. Salvo que los jueces fallen exclusivamente por ideología”, sostienen en Balcarce 50.

En enero del 2024, la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la CGT y suspendió la aplicación del capítulo específico incluido en el DNU 70; el Gobierno apeló y la causa llegó hasta la Corte Suprema, que todavía no se expidió al respecto.

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Según plantearon fuentes del peronismo, si esta nueva reforma es sancionada, lo que se podría hacer es plantear que su contenido es inconstitucional, ya que la oposición entiende que afecta el “principio de no regresividad” de los derechos adquiridos.

El peronismo analiza denunciar la supuesta inconstitucionalidad de la reforma laboral (REUTERS/Agustin Marcarian)

Por un lado, en el Poder Ejecutivo aseguran que esta iniciativa “no afecta los derechos de los trabajadores, sino de los sindicatos”, ya que “hace más dinámica y moderna la relación” entre el empleador y el personal.

Por ejemplo, si bien no se avanzó con la eliminación de las cuotas solidarias, que representan uno de los principales ingresos de los gremios, el proyecto final sí establece que las empresas ya no estarán obligadas a ser agente de retención.

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Por otra parte, las autoridades nacionales también destacan que la Justicia “no debería” frenar la implementación de la ley, si es que la aprueba el Congreso, “porque, en todo caso, el juez lo que tendría que hacer es fallar sobre un caso concreto”.

Lo que deberá hacer el peronismo es enunciar un derecho que se pierda y que sea en contra de los trabajadores. Algo concreto. Y no lo van a tener. En abstracto, no se puede avanzar. Así lo dispuso la Corte desde siempre. Los jueces resuelven (deberían) casos concretos”, manifestó un integrante de la mesa judicial libertaria.

Incluso, si esto sucediera, y se presentara una demanda colectiva —como pasó con otras medidas del Gobierno—, quienes llevan adelante la estrategia oficial indican que se trataría solamente de un conjunto específico de personas, pero que los cambios seguirían vigentes para el resto de la sociedad.

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El Gobierno defendería la medida ante los tribunales

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, pretende que se convoque a votación entre el 10 y el 13 de febrero, para que luego la norma pase a la Cámara de Diputados, donde Martín Menem trabajará para la sanción definitiva.

La bancada Justicialista, que encabeza José Mayans, cuenta con 21 integrantes. A ellos se les podrían sumar los dos legisladores del Frente Cívico por Santiago, de Gerardo Zamora, y los cinco de Convicción Federal, que lidera Fernando Aldo Salino.

Entre todos ellos, de todas formas, están lejos de llegar a los 37 escaños que se necesitan para rechazar la reforma, por lo que —si no hay imprevistos— el Gobierno se anotaría el primer triunfo del año.

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Este martes, Bullrich volverá a reunirse con los representantes de los bloques cercanos al oficialismo, para terminar de conversar los detalles del proyecto e ir a la votación con el mayor consenso posible.

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El Gobierno incluyó a la provincia de Santa Cruz en la emergencia por incendios forestales

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El Gobierno nacional declaró este lunes la Emergencia Ígnea en Santa Cruz a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 80/2026, publicado a la medianoche en el Boletín Oficial. Con esta decisión, esa provincia se sumó a las que ya habían sido alcanzadas por la medida: Chubut, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

La decisión del presidente Javier Milei busca responder a crítica situación generada por los incendios forestales que azotan a la Patagonia; y en ese sentido, refuerza los recursos para combatir el fuego y asistir a las poblaciones que fueron afectadas.

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Leé también: El fuego arrasa en Chubut: ya son 50 mil las hectáreas quemadas y trabajan 500 brigadistas

En Santa Cruz, las llamas superaron la capacidad de respuesta de los equipos desplegados en el territorio, especialmente luego de los focos que arrasaron zonas del Parque Nacional Los Glaciares.

Qué implica la Emergencia Ígnea y la declaración de zona de desastre

La declaración de Emergencia Ígnea habilita al Estado nacional a actuar de manera inmediata y excepcional frente a los incendios. Entre los principales puntos del decreto se pueden destacar:

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  • Refuerzo de la asistencia logística y operativa en las provincias afectadas.
  • Envío de fondos extraordinarios destinados a cuerpos de bomberos voluntarios, brigadistas y organismos de combate del fuego.
  • Simplificación de trámites administrativos, para acelerar compras, contrataciones y despliegue de recursos.
  • Coordinación directa entre Nación, provincias y municipios.
Un bombero voluntario combate incendios forestales en Cholila, Argentina. (Foto: AP / Víctor R. Caivano).

La situación crítica en la Patagonia

La declaración de emergencia ocurre en medio del avance de incendios en distintas provincias de la Patagonia. El Gobierno ya había declarado la emergencia en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa a fines de enero, luego de los graves daños en el Parque Nacional Los Alerces. Ahora, la situación en Santa Cruz obligó a ampliar el alcance de las medidas.

Leé también: En medio de los incendios en Chubut, el Gobierno transferirá más de $100.000 millones a Bomberos Voluntarios

El Gobierno justificó el uso del DNU en la urgencia de la situación. Según explicaron, el escenario climático extremo y la magnitud del daño ambiental hacían inviable esperar los tiempos legislativos habituales. La medida permite liberar fondos, movilizar recursos y reforzar personal sin trabas administrativas.

Cambio climático, recursos naturales

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