El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, reclamó que se elimine la posibilidad de que los presos utilicen teléfonos celulares desde las cárceles. Hizo ese pedido a partir de los delitos perpetrados en su distrito por la denominada “Banda del Millón” y en un acto que compartió con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

“Hay una banda que venía perpetrando hechos muy violentos en San Isidro, están privados de la libertad. Vemos con mucha indignación que siguen operando desde la cárcel. No podemos tolerar que personas comprometidas en hechos de violencia como los que se vivieron en San Isidro puedan seguir operando desde la cárcel. Es una oportunidad para adherir al planteo del fiscal adjunto de San Isidro [por Patricio Ferrari] para que no se les permita seguir utilizando los celulares a personas que se ha probado que siguen perpetrando delitos desde las cárceles”, sostuvo Lanús, un intendente aliado del presidente Javier Milei, en un acto de entrega de patrulleros.

Lanús respaldó al fiscal Ferrari, quien el el 12 de febrero pidió “la prohibición absoluta del uso de celulares y dispositivos con acceso a internet para los más de 40 detenidos vinculados a la organización criminal”, según se indicó en un comunicado de San Isidro. Ferrari recibió como respuesta, desde los tribunales orales en lo criminal N°3 y N°4 de San Isidro, un envío de oficios al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) requiriendo informes.

El reclamo del jefe comunal de San Isidro se da en el marco de la revelación de una serie de mensajes encontrados en el celular de uno de los cabecillas de la Banda del Millón, que organizaba atracos en San Isidro desde la cárcel de Melchor Romero. En el teléfono del detenido Lucas Ezequiel Flores se hallaron chats en los que se planificaban robos, se marcaban casas y se coordinaban movimientos para concretar los hechos delictivos.

En el momento del pedido de Lanús, se encontraban junto al intendente Kicillof y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quienes hicieron entrega de 11 patrulleros comprados con el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad provincial.

Cerca de Lanús aseguran que el reclamo fue dirigido a la Justicia. “Aprovechó que estaba con Axel y lo dijo”, aseguran allegados al intendente, quien mantiene una buena sintonía con Kicillof, más allá de las diferencias políticas e ideológicas.

En tanto, el discurso de Kicillof incluyó críticas a Milei, con quien comulga el intendente de San Isidro. “Para combatir el delito, hace falta un trabajo serio y mancomunado como lo hacemos en la provincia junto a los 135 intendentes. A pesar de que Milei nos corte los recursos específicos para la seguridad, vamos a seguir invirtiendo en equipamiento, en infraestructura y en la continua profesionalización de nuestras fuerzas”, dijo Kicillof.

El gobierno de Axel Kicillof aceptó el traslado de la AFA a la provincia de Buenos Aires, pese a que la Inspección General de Justicia (IGJ) había rechazado la mundanza y avanza con una investigación sobre posibles irregularidades en los libros contables de la entidad futbolística.

La AFA, que preside Claudio “Chiqui” Tapia, se encuentra en medio de un escándalo por la aparición de empresas fantasma a donde se desvió dinero, una investigación sobre una mansión en Pilar vinculada al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, denuncias de evasión y maniobras judiciales que buscan llevar las causas a jueces amigos.

Este miércoles, la Inspección General de Justicia (IGJ) pidió que se designen veedores oficiales en la Asociación del Fútbol Argentino. La presentación fue hecha ante el Ministerio de Justicia de la Nación, horas después de que la AFA incumpliera con un plazo que le había impuesto para la presentación de una ampliación documental.

La IGJ está requiriendo información sobre las sociedades comerciales que armó la AFA de Tapia y Toviggino.

En un comunicado, el Ministerio de Justicia informó que “la IGJ avanza con la solicitud de veedores en la AFA debido a la gravedad de las irregularidades”.

De acuerdo a la documentación a la que accedió , entre las funciones que se solicita se asignen a los veedores están la presentación de un informe detallado sobre los estados contables y financieros de la AFA cerrados al 30 de junio de 2025. Los veedores deberán tener facultades para revisar los libros, documentos contables, soportes documentales de las operaciones registradas, y documentos vinculados con lo que se les pida.

En medio de esos avances de la IGJ, el abogado de Tapia, Gregorio Dalbón, anunció que la provincia de Buenos Aires “ratificó la mudanza de la AFA y rechazó la competencia de la Inspección General de Justicia”. La jugada busca frenar el avance de la IGJ sobre los números de la entidad. Dalbón hizo referencia a una decisión de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia.

Hasta ahora, el gobierno de Kicillof evitó referirse a la medida que celebró el abogado de Tapia.

En el Gobierno nacional, entre tanto, aseguraron que la resolución de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia “no cambia nada” y que seguirán dando los pasos previstos tras el pedido de la IGJ para designar veedores en la AFA. La decisión final está en manos del Ministerio de Justicia. Se descarta que habrá un contador y un abogado.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por detallaron que la resolución ni siquiera menciona la calle y la numeración de la “nueva” sede en el partido de Pilar. “Lo hicieron a las apuradas con el único fin de judicializar el tema y apuntar a la Cámara Civil”, dijo un funcionario.

La resolución sobre el cambio de jurisdicción fue firmada por la Directora Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, Silvia Andrea García, a las 15:04. Dos horas y media antes, cerca de las 12:30, la IGJ ya había notificado a las autoridades de la AFA.

La Inspección General de Justicia había rechazado la semana pasada el pedido de la AFA para trasladar su sede social a Pilar, bajo jurisdicción bonaerense y fuera del alcance de la entidad.

El organismo de control tomó la decisión luego de que funcionarios suyos visitaran el lugar al que la AFA pretendía mudarse y concluyeran que allí no había oficinas ni instalaciones de la asociación. Se sostuvo que nunca hubo un traslado real de domicilio de la AFA, sino un intento por cambiar de jurisdicción.

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