La Cámara de Diputados se prepara, tras el fin de semana XL, para encarar las audiencias públicas por la modificación de la Ley de Glaciares, ya sancionada por el Senado y que La Libertad Avanza espera aprobar durante la primera quincena del mes próximo.

Serán dos jornadas, este miércoles y jueves, con horario extendido de 10 a 19 y con posibilidad de prolongarse hasta la medianoche de ambos días. Es la máxima concesión que dieron los libertarios a quienes pidieron ampliar las jornadas de presentaciones.

Los presidentes del plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, convocaron dos días de audiencias públicas pese a que los inscriptos superaron las 100 mil personas.

Habilitaron un polémico mecanismo que consiste en enlazar los videos de los participantes en la página oficial de YouTube de la Cámara de Diputados. Esas ponencias no deberán superar los cinco minutos por inscripto, además de incluir un escrito de no más de diez páginas.

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Un grupo de fundaciones ambientalistas presentó ante la Justicia una medida cautelar para que se le ordene al Congreso “garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos” en las audiencias públicas. El reclamo fue impulsado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fundación Greenpeace Argentina.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, rechazó el pedido de suspensión y las audiencias quedaron firmes para desarrollarse esta semana.

Rápidamente, el diputado Mayoraz rechazó que las convocatorias sean ilegales: “eso es lo que te hacen creer un grupo minúsculo de ONGs y charlatanes de feria que intentaron boicotear este proceso trascendental de participación ciudadana. Pero no lo lograron: la justicia federal rechazó el pedido de suspensión de las audiencias convocadas para el 25 y 26/3”. Consideró, además, que “el plazo es más que razonable; toda la información necesaria para participar fue puesta a disposición de la ciudadanía en forma clara y oportuna, tal como lo dispone el art. 7.4 del Acuerdo de Escazú y no se dispuso ningún criterio restrictivo de participación”.

Otra de las resoluciones de los diputados libertarios que conducen el plenario de comisiones fue que en las audiencias solo podrán estar presentes los diputados integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. El resto de los legisladores no tendrá derecho a participar en las jornadas. Además, los asesores no podrán estar presentes, ya que solo se permitirá el ingreso de dos asesores de la Secretaría Parlamentaria del bloque político al que pertenecen.

Debate entre los diputados

Una vez finalizadas las audiencias públicas, desde La Libertad Avanza sostienen que convocarán a un nuevo plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales para firmar los dictámenes correspondientes. Esto sería entre el 7 y el 8 del mes próximo, con la intención de llevar el proyecto al recinto el 15 de abril.

Si el proyecto se aprueba como salió del Senado será convertido en ley; si se modifica, deberá regresar a la Cámara alta para una nueva revisión, que solo podrá aceptar la propuesta de Diputados o ratificar su sanción original.

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Los diputados Martín Menem y Gabriel Bornoroni, presidentes de la Cámara y del bloque oficialista, respectivamente, trabajan para lograr los 129 legisladores necesarios para el quórum y abrir la sesión, además de construir las mayorías para sancionar la norma.

A los 95 diputados propios del partido violeta se sumarían la mayoría de los 12 integrantes del PRO y de la UCR. Ambos sectores marcaron diferencias cuando se debatió el proyecto en el Senado. También respaldarían al Gobierno los legisladores de provincias cordilleranas cuyos gobernadores adelantaron su acompañamiento en distintas reuniones con la Casa Rosada, como Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza.

En el caso de Neuquén, la senadora Julieta Corroza se abstuvo tras hablar con el mandatario Rolando Figueroa. Desde Jujuy, la diputada radical María Inés Zigarán —de la fuerza política del gobernador Carlos Sadir e integrante del bloque Provincias Unidas— ya adelantó su rechazo a los cambios en la norma de protección de los glaciares.

El oficialismo trabaja para obtener la mayoría y sancionar el proyecto tal como salió de la Cámara alta, aunque aún no están asegurados los votos y no descartan introducir modificaciones para sumar voluntades.

Los cambios a la norma

Las modificaciones a la Ley de Presupuestos Mínimos para la protección de los glaciares, sancionada en 2010, tienen como objetivo alterar la protección total que hoy tienen los glaciares y el ambiente periglacial. El Gobierno busca darles mayor margen a las provincias para determinar qué geoformas proteger y en cuáles habilitar actividades como la minería en función de su aporte hídrico.

Los cambios propuestos permitirían la actividad industrial, como la minería y la exploración petrolera en zonas periglaciales, otorgando el poder de decisión a los gobiernos provinciales y mayor flexibilidad para el desarrollo económico.

Los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Juan, Marcelo Orrego, participaron activamente del debate en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Medio Ambiente del Senado. Sus diputados acompañarían los cambios cuando el debate llegue al recinto de la Cámara baja.

El pasado 26 de febrero el Senado aprobó el proyecto por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.

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La Confederación General del Trabajo (CGT) enfrenta un escenario marcado por la judicialización de la reforma laboral recientemente aprobada en el Congreso, luego de varios intentos fallidos de frenar su avance por vías políticas y sindicales. Pero, además, apunta a formar parte de un proyecto político que enfrente al Gobierno en los comicios generales del año próximo. En ese marco, Jorge Sola, secretario general del Sindicato del Seguro y uno de los tres integrantes de la conducción, afirmó: “Con el peronismo es indispensable, pero con el peronismo no alcanza“.

El dirigente sostuvo que la central obrera está utilizando todos los recursos legales para impugnar la nueva normativa laboral, considerada por la organización como una vulneración de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. El objetivo, en sus palabras, es revertir la transferencia de ingresos que la reforma supone desde el sector de los asalariados hacia los empleadores y reconstituir un proyecto político que devuelva las protecciones eliminadas.

En el último año, de acuerdo a las estimaciones del entrevistado, el impacto en el mercado laboral y el tejido productivo fue severo: en todo el país se registraron alrededor de 800 conflictos sindicales, el nivel más alto de los últimos cinco años, y se eliminaron 300.000 puestos de trabajo. Las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires resultaron particularmente afectadas, con una desaparición de unas 22.000 pequeñas y medianas empresas. Neuquén fue la única provincia en la que no aumentó la conflictividad ni se redujo la cantidad de pymes.

La estrategia de la CGT: acción judicial, presencia territorial y apuesta política

Sola detalló que la CGT siguió una hoja de ruta en tres etapas: la movilización en las calles, el intento de persuadir a los legisladores para frenar el proyecto en el Congreso y la presentación de recursos judiciales, para impugnar los artículos considerados inconstitucionales, tarea en curso en los fueros laborales.

Consultado sobre próximos pasos, explicó: “Hay una cuarta fase que es construir un proyecto político, que devuelva los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que se han robado. Pero esa es una solución política. La solución gremial es la de oponernos a todo esto, como lo hemos hecho y como lo estamos haciendo, ejerciendo todas y cada una de las herramientas que la Constitución Nacional nos da”.

Sola criticó la falta de generación de empleo formal y señaló que, según los “últimos números”, hay más de 1.600.000 desocupados en Argentina. De los recién incorporados al mercado laboral en el último año, alrededor de 400.000 personas no lograron encontrar empleo. Además, enfatizó que buena parte de la problemática actual radica en la caída del salario real y en el creciente endeudamiento familiar.

En este punto, el gremialista se mostró partidario de elaborar un programa nacional “que explique cómo generar trabajo”, y de conformar un frente amplio que supere la frontera del peronismo tradicional, integrando a radicales, socialistas y partidos provinciales.

Sin embargo, aclaró: “Lo que tiene que haber es un enorme frente en el que coincidan ahí quienes tienen miradas en contra de un proyecto como esto, que ya no es neoliberal solamente, sino que tiene cuestiones éticas y estéticas de la derecha más extrema. Y para eso me parece que con el peronismo es indispensable, pero con el peronismo no alcanza“. Además, pidió “una apertura absolutamente horizontal”, sin quedar atrapados en la disputa entre figuras con gran reconocimiento mediático.

Sobre el rol futuro de la CGT, Sola fue enfático: “Las organizaciones gremiales siempre hemos estado fuera de la discusión de un proyecto de país”. Y reclamó la creación de una mesa de diálogo capaz de articular soluciones inmediatas para los problemas actuales y un horizonte claro para la recomposición de los derechos laborales.

Conflictos en aumento y respaldo a los gremios en lucha

El dirigente remarcó que la CGT permanece movilizada, apoyando de manera directa los conflictos sectoriales. Según Sola, la central no limita su intervención a medidas institucionales como los paros generales: “La CGT acompaña en cada una de las actividades y además hace un paro, como el que hicimos hace menos de un mes. Fueron 300.000 o 400.000 trabajadores que se sumaron en las plazas de Mayo y de los dos Congresos”.

Sobre la pregunta de si la CGT debe potenciar el “mal humor social” frente a la reforma laboral, indicó que el descontento existe por causas reales y se manifiesta de manera espontánea: “El mal humor social se da por sí mismo”. Y añadió que la función de la entidad es representar los intereses de todos los trabajadores, más allá de su simpatía política: “Nosotros representamos trabajadores que han votado a este gobierno, al peronismo, a los partidos provinciales. Los problemas que tienen los atraviesan a todos de la misma manera”.

Por último, el titular de la central obrera defendió la capacidad de la CGT de canalizar ese malestar por ser “una de las pocas organizaciones sociales estructuradas que quedan en pie” capaces de convocar medidas de fuerza masivas. Luego, recordó que, respecto al último paro general, “había una necesidad de expresarse voluntariamente”.

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La diputada nacional de Unión por la Patria y consejera del Partido Justicialista, Victoria Tolosa Paz, afirmó que la construcción de una alternativa política al presidente Javier Milei debe centrarse en una visión productiva, económica y social de largo plazo, más allá de la mera competencia electoral.

En este punto, apuntó: “Hablar de Néstor Kirchner a jóvenes de 18 años es como hablar del siglo pasado. Para muchos que vivimos esos años, todavía hay una situación de querer vender pasado en lugar de construir el futuro”.

“Eso nos pone en un lugar de decir: demos vuelta la página, hasta acá llegó la Argentina desde 2011 a la fecha, con una situación que abarca a varios gobiernos de distintos tintes políticos, con un gran problema: la Argentina no crece sostenidamente desde 2011. A partir de eso, que ya no es quién tiene la culpa, me parece que somos todos responsables”, argumentó la parlamentaria.

Durante una entrevista con el programa “No vale arrugar” en Radio Splendid, Tolosa Paz sostuvo que el desafío central del peronismo es consensuar ideas claras que definan el país que se desea para 2027, con énfasis en el federalismo y la capacidad productiva como ejes imprescindibles para frenar lo que calificó como “industricidio fenomenal” provocado por las políticas vigentes.

Discusiones de ideas

Ante la consulta sobre la posibilidad de articular una alternativa política “bien amplia”, Tolosa Paz mencionó que el modelo pretendido no busca reeditar una coalición electoral como las que se sucedieron entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, cuyo desenlace fue el “ruido político interno” y la fragmentación. Y sostuvo que esta vez las diferencias deben resolverse a partir de un acuerdo sustantivo sobre la matriz productiva y federal del país, más allá de pertenencias partidarias y referencias tradicionales.

En este punto, Tolosa Paz hizo referencia a los “cinco vectores de crecimiento” que serían el sustento de una estrategia económica: duplicar la capacidad productiva agroindustrial, completar la integración energética nacional, impulsar la exportación de gas natural licuado (GNL), desarrollar la minería del litio y consolidar el avance en energías renovables.

Para la diputada, este conjunto de objetivos requiere “marcos de acuerdo que nos permitan generar empleo registrado, miremos el entramado universitario y la ciencia y la tecnología al servicio de ese proyecto de Argentina”, una posición que, según sus palabras, haría posible atraer coincidencias con sectores políticos que hasta hace cuatro años resultaba “impensado que pudiésemos confluir”.

Es por eso que, frente a la autocrítica planteada días atrás por Eduardo “Wado” de Pedro —ex ministro del Interior— acerca de la radicalización y los límites del último gobierno peronista, Tolosa Paz afirmó que la discusión debe abandonar la personalización y concentrarse en el diseño de políticas públicas.

La diputada también abordó su relación con La Cámpora: “Posiblemente haya compañeros que hoy están enrolados en La Cámpora donde tenemos muchísimos puntos de acuerdo y quizás en otros puntos no acordamos. Yo creo que lo que tiene que unir a este frente político o a esta alternativa nacional, primero tienen que sintetizarnos las ideas. Segundo, tenemos que tener claridad sobre la síntesis de esas ideas, que tiene que ver con que posiblemente en todo no nos vamos a poner de acuerdo. Pero en la estructura más importante para desarrollar el país nos tenemos que poner de acuerdo y nos tenemos que atar para que no haya sorpresas».

Reforma judicial como condición para atraer inversiones

Al referirse a la situación judicial de Cristina Kirchner, Tolosa Paz se distanció de la propuesta de un eventual indulto y consideró indispensable impulsar una reforma estructural de la justicia para restablecer la confianza social y la previsibilidad económica.

“Estoy de acuerdo que tenemos que hacer algo mucho más interesante que eso, que es de fácil resolución (el indulto) y es animarnos a discutir qué justicia quiere la Argentina para los próximos treinta años. Mucho se habla de dar un marco jurídico para las inversiones, pero nadie invierte en un país que tiene una justicia totalmente degradada. Estamos conscientes de que el organismo que tiene que seleccionar jueces y luego, por supuesto, medir su desempeño es casi un nicho de putrefacción».

Por lo cual, la diputada manifestó que la selección y el desempeño judicial deben transformarse para definir “qué tipo de corte necesitamos”, cuántos miembros y con qué lógica federal funcionará la Corte Suprema, así como la implementación de mecanismos efectivos de juicio político y sanción a magistrados.

En tanto, denunció que los tribunales federales “tienen más denuncias de corrupción los propios magistrados que deberían impartir justicia de cara a toda la sociedad”. Y advirtió que sin una transformación institucional profunda, la Argentina “no podrá construir un país normal” que sea habitable para las próximas generaciones.

En su intervención, Tolosa Paz reiteró que la defensa de la democracia constituye el único límite innegociable frente a intentos de reinstalar teorías que minimicen los crímenes de la dictadura. Y concluyó que “la mayoría del pueblo argentino reivindica, por supuesto, la democracia”, a cincuenta años del último golpe de Estado, colocando el valor democrático como pilar central para cimentar cualquier acuerdo nacional de cara a las próximas elecciones de 2027.

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