POLITICA
El Gobierno anunció su reforma migratoria, que incluirá más requisitos para la residencia a extranjeros y deportación exprés
A través de un mensaje del vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno anunció el lanzamiento de su propia reforma migratoria, la cual se hará efectiva a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia en el Boletín Oficial en los próximos días.
La medida busca endurecer los requisitos para otorgar residencia a extranjeros y arancelar determinados servicios, además que pretende ampliar los mecanismos para expulsar personas extranjeras del país, algo que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien es una de las promotoras principales de esta medida, había aplicado durante la administración nacional de Mauricio Macri a través del DNU 70/17.
“Argentina fue demasiada permisiva para quienes ingresan de forma irregular”, esgrimió en primer término el vocero en la Sala de Conferencia de Casa Rosada, donde estuvo acompañado por Bullrich, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni. La elaboración legal de la medida estuvo bajo la responsabilidad de la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal.
En primer lugar, se estableció que, a partir de la publicación del decreto, ningún extranjero condenado podrá ingresar al país y que aquellos que cometan un delito en el territorio nacional, cualquiera sea su pena, serán deportados, aunque aún no se informó cómo serán los procedimientos y cuánto se deberá esperar para hacerlo. Se habilitarán que los ilícitos con penas menores a 5 años sean motivo de denegar el ingreso al país o de deportación, según sea el caso.
Por otro lado, exigirán el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares. Además, impondrán la obligatoriedad para contar con un seguro médico en su ingreso al país. Según los datos oficiales, pretenden que se minimice el gasto de $ 114.000 millones que significó la atención a extranjeros. Tal y como habían dado a entender, se autorizará a las Universidades Nacionales a que, si quieren, podrán establecer aranceles para los servicios educativos a residentes temporarios. Esto no abarca a la educación inicial, primaria o secundaria.
La reforma fue anunciada por el presidente Javier Milei el pasado 1 de marzo durante la Apertura del 143° período de Sesiones Ordinarias. En su discurso, Milei destacó la necesidad de realizar cambios en la política migratoria del país, argumentando que Argentina ha sido generosa con los inmigrantes, pero que no puede permitirse ser “un centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos”. Según el mandatario, la reforma es un paso necesario para consolidar un país “serio”.
Una vez hecho el anuncio, Catalán justificó la medida en sus redes alegando que Argentina tiene “una política migratoria que invita al caos”, dado que “en los últimos 20 años, ingresaron más de un millón de inmigrantes de forma irregular”.
Los números clave de la población carcelaria
El último informa anual del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP) informa que la población carcelaria hasta el 31 de diciembre de 2023 era de 111.967 personas, siendo extranjera el 6% del total (6644 personas). El 4% está compuesta por países limítrofes y Perú. De este grupo, 1923 personas son de Paraguay, 905 de Bolivia y 857 de Perú.
En términos generales, el 39,2% de las personas privadas de libertad no tenían condena judicial. Y la sobrepoblación carcelaria era de 20% y la tasa de presos está en su máximo histórico, 240 internos cada 100.000 habitantes.
El informe anual de 2024 del Ministerio Público Fiscal publicado a comienzos de año informa que hay 1.884 personas extranjeras detenidas bajo la órbita del Sistema Penitenciario Federal (SPF), un 16,1% de la totalidad de esa población carcelaria. De este subgrupo, 69% son oriundas de Paraguay, Bolivia y Perú, si a ello se agregan los oriundos de Brasil, Uruguay y Chile se puede observar que las personas privadas de libertad de países limítrofes supera el 80% de la totalidad de los extranjeros.
Según informaron a Infobae desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el número de personas extranjeras en sus propios penales es de 3050, representando el 45% de esa población carcelaria específica a nivel nacional.
El decreto al que quiere volver Bullrich
Además de la expulsión de personas migrantes, la intención de Bullrich es aplicar nuevamente algunos aspectos de lo que fue su reforma impulsada durante la presidencia de Mauricio Macri a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017, el cual fue derogado por Alberto Fernández en 2021 (con el DNU 138/2021), luego de diversas acciones de amparo colectivo presentado por organizaciones sociales y de derechos humanos.
Aquel decreto terminó siendo declarado como inconstitucional por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, un fallo que contó con la firma de los jueces Guillermo Treacy, Jorge Alemany y Pablo Gallegos Fedriani.
Entre los puntos más cuestionados fue que el decreto imponía “restricciones regresivas a los derechos humanos de los migrantes”, en “contravención” de los estándares internacionales, citando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece que las limitaciones a los derechos fundamentales deben ser adoptadas mediante leyes formales del Poder Legislativo y no por actos administrativos; enfatizando que los procedimientos migratorios deben garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia, especialmente en casos de expulsión o deportación.
Entre los puntos destacados de ese fallo fue la oposición al plazo de tres días establecido para interponer recursos administrativos y judiciales contra decisiones de la Dirección Nacional de Migraciones, considerado un procedimiento judicial insuficiente; así como la disposición que otorgaba exclusivamente a Migraciones la facultad de decidir sobre la reunificación familiar, sin posibilidad de revisión judicial.
Además, señaló que el decreto presentaba un “vicio de finalidad” al justificar sus medidas en una supuesta relación entre la migración y la criminalidad, particularmente con el narcotráfico. Asimismo, cuestionó la utilización del DNU para modificar la Ley de Migraciones, un punto que pretende ser usado desde sectores opositores para oponerse al inminente decreto libertario.
POLITICA
Ariel Lijo quedó a cargo de la causa que investiga la presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad
El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de la investigación por la presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras el sorteo realizado por la Cámara Federal para cubrir la subrogancia del Juzgado Federal 11.
La causa había sido instruida hasta ahora por el juez Sebastián Casanello, quien en los últimos días procesó a 19 personas, entre ellas Diego Spagnuolo, extitular de ANDIS, por su presunta participación en una asociación ilícita vinculada con sobornos y sobreprecios en la compra de medicamentos e insumos.
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En las últimas horas, Casanello pidió ser excluido del sorteo para un nuevo período de subrogancia y solo quedaron disponibles Lijo y María Eugenia Capuchetti. María Servini y Marcelo Martínez de Giorgi también decidieron apartarse.
El cambio de juez se produce en medio de fuertes intentos de las defensas de los imputados para lograr la nulidad de la causa. Los abogados plantearon irregularidades en la obtención de pruebas, incluidos audios de Spagnuolo que habrían sido utilizados para sostener la acusación.
En ese sentido, la Cámara Federal ordenó en las últimas horas que se analice el planteo de Spagnuolo, que había sido desestimado por Casanello, donde puso en duda la autenticidad de los audios, abriendo un nuevo capítulo procesal en el expediente.
La decisión, firmada por los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico –con la disidencia de Eduardo Farah–, criticó duramente al juzgado de primera instancia por incumplir una orden previa del tribunal. Casanello descartó “in limine” el reclamo de los abogados de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, sin abrir el trámite correspondiente.
La defensa de Spagnuolo aseguró en distintas oportunidades que existen irregularidades en la génesis de la denuncia, al sostener que los audios presentarían fallas técnicas, como cortes, falta de metadatos y posibles manipulaciones mediante inteligencia artificial. En esa línea, invocaron la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, argumentando que si la prueba inicial es inválida, toda la investigación debe anularse.
Antes de dejar la causa, Casanello procesó a Spagnuolo y a otros 18 acusados por administración fraudulenta. El magistrado aseguró que existió un entramado de corrupción en la ANDIS con adjudicaciones direccionadas, sobreprecios en insumos para personas con discapacidad y un sistema de retornos a través de droguerías proveedoras.
Entre los procesados figuran Daniel María Garbellini (exsubdirector), Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, identificados como líderes de la presunta asociación ilícita. El juez ordenó embargos millonarios y nuevas indagatorias, profundizando en las estructuras societarias involucradas.
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Lijo hereda entonces un expediente con procesamientos firmes por un lado, pero con la obligación de examinar retroactivamente la validez del inicio de la causa por el otro. Este panorama deja abierta la posibilidad de un cierre prematuro si se comprueban irregularidades o de un avance hacia juicio si se valida el origen.
Lijo es titular del Juzgado Federal 4 y había sido propuesto por el presidente Javier Milei como candidato para integrar la Corte Suprema de Justicia, pero su postulación no obtuvo el aval del Senado el año pasado. Ahora, enfrenta el desafío de avanzar en una causa que involucra al titular del Ejecutivo y a su hermana, Karina Milei.
Diego Spagnuolo, Agencia Nacional de Discapacidad, Ariel Lijo
Desde el mediodía, organizaciones sociales, agrupaciones de izquierda y distintos sindicatos confluyen frente al Congreso para darle forma a la movilización que encabezará la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral que promueve el Gobierno y que tiene hoy su primera parada en el Senado.
La protesta de desarrolla con fuerte presencia de los gremios a lo largo de toda la Plaza de los Dos Congresos, pero el frente que mira al Congreso -donde se plantará la CGT- todavía no se constituyó como el epicentro de la protesta.
En la esquina de la avenida Callao, donde se encuentran los militantes del Frente de Izquierda, hubo un cruce con la policía. Los manifestantes tiraron piedras y los efectivos respondieron con los camiones hidrantes y gases lacrimógenos.
Además, el operativo antipiquetes no está aplicado en su plenitud, ya que hay cortes casi totales en las avenidas de Mayo, Callo y otras calles aledañas al Congreso.
Se espera para alrededor de las 16 horas la presencia de la cúpula de la CGT, impulsora del reclamo. A esa hora la sesión en el recinto continuará, ya que se espera la votación para la noche.
El Congreso está vallado y rodeado de un operativo especial de las fuerzas de Seguridad, que incluye a la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y a la Prefectura, además del aporte que hace en la periferia la Policía de la Ciudad.
Con Patricia Bullrich en la Cámara alta, la convocatoria de la CGT es el segundo gran desafío para la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Ya enfrentó una marcha similar en diciembre, aunque el epicentro había sido la Plaza de Mayo. También la marcha había sido en rechazo a la iniciativa laboral.
Pese al revés que sufrió en la Justicia a fines del año pasado, el Gobierno dejó trascender que desplegaría hoy el llamado “protocolo antipiquetes”, el mecanismo con el que durante estos dos años consiguió sofocar las protestas no masivas, muchas de ellas frente al Congreso, con saldo dispar.
Por el momento, la avenida Callao, que está cortada al tránsito, separa el congreso de la protesta que ocurre por entero en la plaza.
Hay un pequeño foco de protesta más vigoroso contras las vallas puestas sobre la avenida Rivadavia. La Policía reforzó esa zona
Además de los gremios de la CGT, en las calles estarán hoy las dos vertientes de la CTA, entre otras expresiones sindicales. Ya hay presencia de municipales bonaerenses, trabajadores bancarios y empleados estatales, entre otros, y los improvisados puestos de comida se despliegan a lo largo de toda la plaza.
Al malestar de los sindicatos se sumará también la corriente del peronismo que lidera el hoy fortalecido Axel Kicillof, Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la agrupación kirchnerista, La Cámpora, cada una de ellas con columna propia, y otras agrupaciones periféricas del PJ.
La movilización de la CGT también le dará cobijo a la protesta semanal que llevan adelante distintos grupos de jubilados los días miércoles, en las que ya se registraron numerosos incidentes pese a ser convocatorias más modestas.
Descontento
Entre las modificaciones que el Gobierno introdujo en el texto original en busca de su aprobación, hay varias concesiones para los gremios. Se borró, por caso, la reducción del aporte que hacen los empleadores a las obras sociales y se ratificó la permanencia de la llamada “cuota solidaria”, que es la contribución que hace el empleado que no está afiliado al sindicato y que el Gobierno quería eliminar.
Sin embargo, hay malestar con muchos otros aspectos de la reforma laboral, un tema de alta sensibilidad para las CGT, que en el recinto se trata por grupos de artículos.
La ultractividad de los convenios colectivos colectivos o modificaciones en el cálculo indemnizatorio.
“Quitaron los artículos que perjudicaban a los sindicatos pero quedaron todos los que perjudican a los trabajadores”, traducía Rodolfo Aguiar, líder de Asociación Trabajadores Estado (ATE), uno de los gremios más combativos, que anunció más de un 90% de adhesión al paro. “El financiamiento de los sindicatos y de sus actividades es importante, pero no puede estar por encima de los derechos de los afiliados”, dijo antes de la movilización.
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El fallecimiento de Sandra Mendoza, dirigente central del Partido Justicialista chaqueño, generó conmoción en el ámbito político nacional y provincial. La noticia fue confirmada en el Senado por Juliana Di Tullio, quien interrumpió el debate de la reforma laboral para anunciar la pérdida. “El fallecimiento de una compañera, una amiga en términos personales. Alguien a quien el Chaco quiere mucho, la provincia del Chaco quiere independientemente de qué pertenencia política tiene. Ella es Sandra Mendoza, una diputada que durante sus ocho años de mandato fue compañera de muchos de quienes están aquí sentados”, expresó la senadora, marcando el impacto que la noticia tuvo entre los legisladores. La sesión se detuvo para rendirle homenaje con un minuto de silencio.
Mendoza, de sesenta años, había sido internada en una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires después de atravesar un cuadro de salud sumamente delicado. Su estado se agravó en los últimos días y permaneció en terapia intensiva entubada, bajo vigilancia estricta y con pronóstico reservado. Personas de su entorno detallaron que la dirigente sufrió una lesión en las vértebras que le provocó daños en la médula espinal, lo que se sumó a las complicaciones derivadas de una diabetes de larga data. Según informaron fuentes cercanas citadas por Infobae y Diario Chaco, Mendoza estuvo aproximadamente tres días sin aplicarse la insulina necesaria, lo que empeoró su situación clínica. Pese a los esfuerzos médicos y el acompañamiento familiar, no logró recuperarse.
La dirigente, nacida en Presidencia Roque Sáenz Peña el 20 de abril de 1963, fue la cuarta hija de Guillermo Mendoza, ex ministro de la Suprema Corte provincial, y de Tita Fernández. Se formó como kinesióloga en la Universidad Nacional del Nordeste, donde comenzó su militancia en la Juventud Universitaria Peronista. Fue en ese espacio donde conoció a Jorge Capitanich, con quien contrajo matrimonio en 1990 y tuvo dos hijas, Guillermina y Jorgelina. El vínculo con Capitanich, ex gobernador del Chaco, se disolvió en 2009.
Su trayectoria política se extendió por más de tres décadas y estuvo signada por el compromiso con la salud pública y los derechos sociales. Mendoza inició su labor como diputada provincial y luego asumió funciones en la Casa de la Provincia de Chaco en Buenos Aires. En 2007 fue designada ministra de Salud de la provincia, cargo desde el cual promovió políticas de accesibilidad y mejoras en la red sanitaria, incluyendo un plan para universalizar rampas y optimizar los espacios públicos. Ese mismo año resultó electa diputada nacional por el Frente para la Victoria (FpV), banca que renovó en 2013.
Durante su paso por el Congreso, Mendoza impulsó proyectos orientados a la seguridad y la protección de la infancia, como la incorporación del “agente encubierto” en la Ley 26.388 de Delitos Informáticos para combatir la pedofilia. En ese sentido, señaló en su momento que la modificación “cambió el panorama legal, pero no le puso freno a la pedofilia”. También presentó iniciativas para reconocer la labor docente, garantizar opciones aptas para celíacos en locales gastronómicos y promover tarifas diferenciadas para centros culturales.
Entre sus propuestas legislativas más destacadas figura la introducción del femicidio en el Código Penal y su participación en la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura. Su gestión estuvo orientada a la inclusión social y la ampliación de derechos para los sectores más vulnerables.
El fallecimiento de Mendoza fue acompañado por manifestaciones de pesar desde todos los sectores políticos. El Partido Justicialista de Chaco emitió un comunicado en el que valoró su compromiso y trayectoria, además de expresar su acompañamiento a sus hijas. El gobernador Leandro Zdero también se pronunció en redes sociales: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de la Diputada Mandato Cumplido Sandra Mendoza. Más allá de las diferencias políticas, su paso por la vida pública forma parte de la historia institucional del Chaco. Acompaño a su familia y seres queridos en este momento de dolor”.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sumó su mensaje en la red social X y definió a Mendoza como una “gran compañera” y “guerrera de la vida”. Su influencia trascendió los cargos ocupados, consolidándose como referente de movimientos de mujeres y militancia peronista en la provincia, con una presencia activa incluso tras finalizar su mandato legislativo.
La partida de Sandra Mendoza deja una marca en la historia política del Chaco y el justicialismo, reflejada en el reconocimiento de colegas, adversarios y referentes de distintos espacios, que destacaron el esfuerzo y la dedicación con los que desempeñó su labor pública.
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