A través del Decreto 95/2026, el Gobierno dispuso que desde este lunes el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, tenga la potestad de firmar acuerdos para transferir la Justicia del Trabajo desde el ámbito nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta medida se da a poco más de un mes y medio de haberse logrado un dictamen de mayoría que avala el proyecto de reforma laboral y que la discusión en el Senado ingresara en una semana definitoria, con una sesión convocada para el miércoles próximo, a partir de las 11.

Este lunes, Patricia Bullrich se reunió en la Cámara alta con sus pares dialoguistas, quienes son los dueños de las adhesiones que inclinarán la balanza hacia una victoria o una derrota. Asimismo, la mesa política del Gobierno volverá a reunirse este martes para terminar de decidir qué hacer con el capítulo fiscal del proyecto, que es cuestionado por algunos gobernadores y sectores de la oposición.

Allí, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibirá en sus oficinas a Patricia Bullrich; Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el ministro de Economía, Luis Caputo. Según supo este medio, la asistencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con actividades durante la jornada, está en duda.

El Gobierno es optimista con que el proyecto salga y, por eso, facultaron a Adorni para transferir la Justicia Laboral a CABA.

Con esto, a partir de ahora será tarea de Manuel Adorni negociar y cerrar el traspaso de competencias laborales con las autoridades de CABA. El decreto establece además la posibilidad de que, una vez firmado el acuerdo principal, puedan sumarse adendas o convenios complementarios sin necesidad de un nuevo acto presidencial.

El conflicto trasciende la letra de este decreto. Se trata de quién ejerce el poder real sobre los tribunales laborales con sede en la Ciudad. El debate se arrastra desde la reforma constitucional de 1994, cuando la Ciudad de Buenos Aires adquirió el estatus de autonomía y la facultad de organizar su propio Poder Judicial.

Hasta el momento, el funcionamiento de la Justicia del Trabajo estuvo bajo control nacional, con jueces y cámaras de apelaciones designados por el Estado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos como “Corrales” y luego en “Bazán”, remarcó que esta situación debería ser solo temporaria y recordó que “el carácter nacional de los tribunales ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es meramente transitorio”.

Al respecto la Corte, alegó que mantener el actual esquema significa, en palabras del Tribunal, “un inmovilismo” que va contra la autonomía porteña y debilita la fuerza de la Constitución Nacional. El texto remarca que existen “graves consecuencias de distinta índole” si esa transferencia no se concreta.

La disputa tomó impulso en años recientes, cuando se sancionaron en la Legislatura porteña la Ley 6.789, que reestructura la justicia laboral local, y la ley 6790, que establece un nuevo Código Procesal para el fuero del trabajo. A partir de estas normas, la ciudad creó una nueva Cámara de Apelaciones del Trabajo con seis jueces y diez juzgados de primera instancia. Todo el sistema quedaba listo para comenzar a funcionar, pero surgieron obstáculos.

En respuesta, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional promovió una acción judicial contra la puesta en marcha de las leyes locales. Consideraban que la Ciudad no podía avanzar unilateralmente sin cerrar primero un acuerdo institucional con la Nación. La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal les dio la razón y dictó una medida preventiva: mientras no haya acuerdo entre ambas jurisdicciones, las leyes porteñas no pueden aplicarse.

La sentencia de la Cámara sostiene que debe existir un traspaso “racional” y acordado, cumpliendo con la ley nacional 24.588 y respetando el artículo 129 de la Constitución Nacional. “La aplicación de las leyes locales queda suspendida hasta que se firmen los acuerdos institucionales exigidos”, indica el fallo, cuya vigencia podría extenderse hasta una sentencia definitiva o el cierre formal del convenio.

Desde la Presidencia de la Nación justificaron el decreto de hoy citando esas mismas sentencias. Sostienen que falta un acuerdo concreto con la Ciudad y que el paso indispensable es habilitar al jefe de Gabinete para representarlos en la negociación. Cuando finalmente se logre el entendimiento, ese texto deberá pasar por el Congreso de la Nación para su aprobación final.

En la fundamentación, el Poder Ejecutivo afirma que la medida está dentro de sus atribuciones constitucionales y recuerda que el presidente tiene la facultad de delegar tareas en el jefe de Gabinete.

El documento publicado hoy no implica que la Justicia Laboral pase bajo control porteño en forma automática. Fija las reglas para que el proceso de discusión y transferencia pueda iniciarse de manera institucional y con respaldo político.

El debate arrastra además consecuencias prácticas para trabajadores, empresas y abogados. Un traspaso de competencias modificaría el fuero donde se tramitan los conflictos laborales en la ciudad y obligaría a definir qué expedientes siguen en Nación y cuáles pasan a Capital. El Gobierno porteño avanzó en la designación de jueces y la estructura organizativa. Incluso, a través del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abrieron concursos para cubrir cargos en el fuero del trabajo.

.container-video {
position: relative;
width: 100%;
overflow: hidden;
padding-top: 2%;
}
.responsive-iframe-video {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
bottom: 0;
right: 0;
width: 100%;
height: 100%;
border: none;
}

corte suprema,edificio,gente,importante américa,jubilados,pensionistas,protesta

El Gobierno mantiene su postura de no involucrarse en la causa contra el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y por el momento no va a solicitar ser querellante en la investigación por la que ya fueron procesados el ex funcionario y otras 18 personas.

Las autoridades nacionales optan por continuar al margen de la denuncia y confían en la inocencia de todos los integrantes del Gabinete que son mencionados en el expediente, entre los cuales está la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Por esta razón, en la Casa Rosada no diseñaron ninguna estrategia judicial por este tema, ya que consideran que se tomaron las medidas correspondientes cuando se filtraron los audios que dieron origen a las sospechas de corrupción.

“Es un tema que está investigando la Justicia. El Gobierno transfirió las funciones de la Agencia Nacional de Discapacidad al Ministerio de Salud, con el objetivo de garantizar la transparencia en el organismo”, señaló a Infobae una persona cercana a la cúpula libertaria.

Al respecto, en el oficialismo asegurán que no hay preocupación por lo que pueda suceder con Spagnuolo y remarcan que es “la defensa la que se ocupará” de dar las explicaciones pertinentes sobre las acusaciones.

Este lunes, juez federal Sebastián Casanello procesó al ex director de la ANDIS como supuesto jefe de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo.

De acuerdo con lo que sostuvo el magistrado en su resolución, “se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal”, compuesta tanto por funcionarios estatales de ese organismo como por actores particulares, “que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”.

Aunque en la investigación aparecen varios funcionarios que todavía siguen en sus cargos, el Poder Ejecutivo no va a pedir –a priori– ser querellante: “Por ahora no. Todo está bajo estudio”, detalló un integrante de la mesa judicial.

La denuncia original fue impulsada por el abogado Gregorio Dalbón, que representó a la ex presidenta Cristina Kirchner en varias causas, también de presuntos hechos de corrupción.

El letrado se basó en los audios que circularon en diferentes medios periodísticos, en los que se escucha la voz de Spagnuolo reconociendo un mecanismo montado en la ANDIS para cobrar sobre precios en medicamentos y obtener así una ganancias que, según dijo, llegaba hasta las esferas más altas del Gobierno.

Esto derivó en una serie de operativos policiales a través de los cuales, por ejemplo, se le secuestraron 695.457 dólares, casi 20 millones de pesos y 1.960 euros a Ornella Calvete, ex directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio.

La ex funcionaria del Ministerio de Economía es hija del empresario y operador en el mundo de las droguerías, Miguel Ángel Calvete, y ambos están también procesados en el marco de esta causa, como partípes necesarios.

Para Casanello se montó un “sistema de retornos” por parte de las compañías implicadas en la venta de medicamentos con sobreprecios al Estado. Según la prueba recolectada, los sospechosos habrían digitado las compras abusando de la situación de emergencia para evitar licitaciones y direccionar contratos millonarios a droguerías amigas.

En la primera grabación que se conoció sobre este caso, Spagnuolo argumentaba que un porcentaje del dinero involucrado iba para Karina Milei, mientras que posteriormente también se lo nombró al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, uno de los hombres de su mayor confianza.

No obstante, en el círculo íntimo de la secretaria general explicaron a este medio que tampoco se va a denunciar al ex titular de la ANDIS por injurias: “No se va a accionar porque tampoco está acreditado que él haya dicho algo concreto, porque nunca aceptó que los audios fueran suyos”, detallaron.

Luego de la polémica inicial, el propio presidente Javier Milei respaldó públicamente a su hermana y aseguró que tiene “una absoluta tranquilidad al respecto” y confió en que “tarde o temprano la verdad va a salir a la luz”.

“Siempre están desfigurando las cosas y poniendo… Hay mucha mala intención política en mostrar las cosas de manera que no son. Pero no quiero entorpecer el actuar de la Justicia, que siga actuando, que haga lo que tenga que hacer”, sostuvo durante una entrevista con Radio Mitre, a fines de noviembre pasado.

El Gobierno inicia una semana decisiva, marcada por la convergencia de tres frentes sensibles: la publicación del dato de inflación de enero, la movilización de la CGT y el primer debate de peso del año en el Congreso.

El martes, el Indec dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor del primer mes del año, en un contexto de tensión tras la renuncia de Marco Lavagna y la postergación de la nueva metodología de medición.

Según proyecciones privadas y oficiales, la inflación rondaría el 2,4%-2,5%, cifra superior a enero de 2025 y que sumaría cinco meses consecutivos por encima del 2%. Mientras tanto, los precios de alimentos y productos básicos muestran aceleración, presionando sobre la percepción pública y el clima político.

Inocencia Fiscal: cómo es el blanqueo de dólares que puso en marcha el Gobierno

El miércoles, la CGT volverá a movilizarse frente al Congreso contra la reforma laboral, aunque sin paro general. La central obrera busca introducir cambios y frenar artículos que afectan a las obras sociales, mientras los sectores más combativos presionan por medidas de fuerza más intensas. La oposición prepara alternativas propias y no descarta la judicialización de la ley.

Ese mismo día comenzará el debate en el Senado sobre la reforma laboral, eje central de la agenda legislativa, mientras Diputados avanzará el jueves con la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Mariano Cúneo Libarona defendió bajar la edad de imputabilidad a 14 años y el Gobierno acelera la reforma penal juvenil

A su vez, la Casa Rosada controla los tiempos y negocia compensaciones para las provincias frente al impacto fiscal de la reforma laboral, consciente de que los consensos aún son frágiles.

La semana será de una tensión extrema entre la presión económica, la conflictividad sindical y el calendario político, con la administración libertaria buscando consolidar sus iniciativas en un entorno complejo y vigilado de cerca por la opinión pública.

La entrada Cómo será la semana de tensión política extrema: inflación, CGT y debates en el Congreso se publicó primero en Nexofin.

DEBATE CONGRSO,INFLACIÓN ENERO,Javier Milei,MARCHA CGT