Con las cuentas en rojo, intendentes de distintos puntos del país confluirán el martes 14 de abril en la puerta del Ministerio de Economía de la Nación para reclamar en la cartera de Luis “Toto” Caputo por el impacto que deja en las finanzas locales, principalmente, la baja en la coparticipación, la suba en el combustible y la falta de obras nacionales. Son varios los dirigentes que están motorizando esta acción de la que también podría participar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Uno de los que está detrás de la movida es el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. Desde el entorno del funcionario provincial plantearon a Infobae que la convocatoria es a intendentes bonaerenses, pero que también habrá presencia de jefes distritales de otras pvovincias. El objetivo es obtener una foto federal.

No solo Katopodis está detrás de esta acción. Desde la Federación Argentina de Municipios (FAM) que preside el intendente de La Matanza, el peronista Fernando Espinoza, también se definió convocar el martes a las puertas del edificio ubicado en Avenida Hipólito Yrigoyen 250, frente a Casa Rosada.

Este miércoles por la tarde hubo un zoom en el que intendentes de distintas provincias dieron cuenta de la situación económica que atraviesan sus distritos y coincidieron en presentar un reclamo formal. Uno de los puntos centrales es cómo impactó la suba de combustible, que en el mes de marzo registró un incremento del 24% atado al conflicto bélico en Medio Oriente.

En la provincia de Buenos Aires, admiten que están “con la soga al cuello” y más aún los del interior. “Con cada intendente que habemos juntado la plata para pagar los aguinaldos”, planteó este miércoles el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco. Ejemplificó: “en julio del año pasado el gasoil valía $1.100 y hoy vale $2.100. Nuestro distrito recibió la misma cantidad de dinero de coparticipación en marzo de este año que en julio del año pasado. Los costos han aumentado muchísimo”.

Los intendentes hablan de un efecto cascada en lo que respecta a la coparticipación. Bajó la recaudación, disminuyó la coparticipación que reciben las provincias y por decantación los fondos que llegan a los distritos. Además, tampoco se materializa en obras públicas el impuesto al combustible que recauda el gobierno nacional.

En la provincia de Buenos Aires los jefes comunales del radicalismo, pero también del peronismo, buscarán que el primer desembolso que haga el gobierno bonaerense del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal sea de libre disponibilidad. Esta semana Kicillof reglamentó el primer pago. El fondo, cuya finalidad es que la Provincia acceda a deuda y destine una parte a los municipios, se sostiene con el 8% de las sumas que el Ejecutivo bonaerense obtenga por endeudamiento. Si ese porcentaje no alcanza, existe un mínimo garantizado de $250.000 millones para los años 2026 y 2027.

Actualmente, la distribución del 70% de estos recursos abarcará a los 135 distritos, utilizando el Coeficiente Único de Distribución, mientras que el 30% se asignará mediante tres programas provinciales. Los intendentes buscan que ese 30% en rigor sea de libre disponibilidad. Es otra de las herramientas que buscan los jefes comunales para paliar los números en rojo de cara al pago de sueldos y, sobre todo, aguinaldos de mitad de año.

La acción del martes será también una foto política del peronismo. A la avanzada de la FAM que preside el matancero Espinoza hay que sumarle la reunión que la semana pasada mantuvieron en la ciudad de Paraná, el Consejo Federal de Intendentes (COFEIN). Como dio cuenta Infobae, en la capital entrerriana se juntaron los mandatarios de los principales centros urbanos. Este grupo de intendentes pidió audiencia con el ministro de Gobierno, Diego Santilli y con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, para que la distribución del impuesto a los combustibles y de ATN tiene que tener carácter de ley». Este martes, se pararán nuevamente frente a la puerta del Ministerio de Economía de la Nación.

En una entrevista exclusiva con Infobae al Regreso, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, afirmó que la nueva ley aportará federalismo y potenciará el desarrollo económico de las provincias mineras, asegurando que “la minería tiene el control ambiental más estricto”. El funcionario remarcó que la norma, aprobada en medio de un clima de división entre gobernadores, permitirá mayor inversión y generación de empleo en el sector.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Jalil defendió el rol de la minería, el petróleo, el gas y la agroindustria como motores de la economía argentina. “La Argentina necesita dólares para estabilizar la macroeconomía. El RIGI también ha sido muy importante y le ha dado un impulso”, puntualizó.

Raúl Jalil consideró que la ley minera garantiza control y federalismo

El gobernador sostuvo que la reforma cambia la lógica previa: “Esta ley viene a darle federalismo a las provincias, algo que había prácticamente fracasado con la mal llamada Ley de Glaciares”. Jalil enfatizó que la minería “tiene un proceso de audiencias públicas, de control muy estricto, el más estricto dentro de los sectores económicos”.

Frente a las críticas sobre el impacto ambiental, respondió: “Los recursos naturales pertenecen a las provincias de acuerdo a nuestra Constitución con la reforma del 94. Cada provincia tiene gente capacitada para llevar el control”.

Al ser consultado sobre el manejo de cuencas hídricas compartidas, Jalil aclaró: “Hay leyes nacionales que reglamentan las cuencas hídricas, inclusive cuando hay interjurisdicción. La Corte Suprema ya intervino en conflictos de intereses entre provincias”. El mandatario aseguró que Catamarca “entrega la declaración de impacto ambiental” en proyectos mineros y que “hay muchísimo control”.

El impacto económico de la minería en Catamarca: empleo, regalías y tecnología

Jalil destacó el efecto multiplicador de la minería en Catamarca: “Hemos superado la cantidad de empleo solamente con el litio, estamos en tres mil empleados directos y ocho mil indirectos”. Precisó que la provincia percibe regalías del 3,5% y que, además, “se suman algunos pedidos especiales” a las empresas para financiar obras de infraestructura.

El gobernador detalló que se conformó un fideicomiso minero “donde determinamos las obras junto con las comunidades” y remarcó avances en localidades como Antofagasta, que ya cuenta con casi todo el asfaltado y obras de energía en marcha. “La minería tiene un efecto multiplicador mucho mayor que el petróleo o el gas”, subrayó, y consideró que el desafío pendiente es avanzar en valor agregado: “Nos falta avanzar en poder producir baterías. Lo que sí podríamos hacer y que hay que impulsar es la fabricación de baterías para acumulación de energía”.

La división entre gobernadores y la proyección para Catamarca

El contexto nacional está marcado por la fractura de posiciones entre mandatarios. Mientras el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó el primer amparo judicial contra la ley, otros como Jalil expresaron su apoyo. Respecto a la interna política, el gobernador catamarqueño señaló: “La agenda del peronismo siempre fue progresista en cuanto a la generación de trabajo, pero tiene que cambiar. Es un momento de acompañar”. Añadió que “la minería tiene que ser una política de Estado, así como la agroindustria y la ganadería”.

Sobre el efecto inmediato de la reforma, Jalil reconoció que “tal vez para Catamarca, Salta y Jujuy no era tan importante como para La Rioja, San Juan y Mendoza”, pero valoró que “abre una seguridad jurídica en la cual las provincias están capacitadas y están cerca de la obra”. Reafirmó que la minería será “muy importante para Catamarca y tenemos que defenderla”.

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gobernador de catamarca,raúl jalil

El Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz resolvió iniciar un paro general por tiempo indeterminado en toda la provincia, tras una multitudinaria asamblea que reunió a unos 6.000 trabajadores. La medida implica la paralización total de la actividad y marca una escalada en el conflicto con las empresas del sector.

La decisión fue anunciada por el secretario general Rafael Güenchenen, quien cuestionó con dureza a las operadoras por la falta de inversiones y el incumplimiento de los planes de perforación comprometidos para 2026. El dirigente aseguró que existen condiciones para que las empresas ejecuten inversiones por unos 1.200 millones de dólares.

Güenchenen también rechazó posibles recortes de personal y dejó en claro que el gremio no aceptará despidos. En esa línea, sostuvo que no permitirán que el ajuste recaiga sobre los trabajadores y planteó la necesidad de sostener los puestos laborales bajo el criterio de reemplazo inmediato ante cualquier baja.

Otro de los ejes del reclamo apunta al gobierno provincial, al que el sindicato le exigirá que revierta las concesiones de áreas a las empresas que no cumplan con sus obligaciones de inversión y empleo.

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El conflicto se da en un contexto crítico: según advirtió el gremio, en Santa Cruz no se perfora un solo pozo desde hace casi dos años, lo que impacta de lleno en la producción y en la continuidad laboral dentro del sector. Además, el sindicato cuestionó el esquema de abandono y remediación acordado con YPF, al considerarlo insuficiente para sostener la actividad y garantizar los puestos de trabajo.

En paralelo, los petroleros reclamaron la apertura urgente de paritarias y advirtieron que no resignarán la discusión salarial en un escenario de caída de la actividad.

Tras la votación en la asamblea, el gremio confirmó el inicio de un plan de lucha que ya comenzó a regir en toda la provincia. La medida se mantendrá sin fecha de finalización hasta que las empresas y las autoridades convoquen a una mesa de negociación.

La incómoda situación del Gobernador en el conflicto petrolero

Días atrás, el Gobernador recibió a los CEOs y directivos de la totalidad de operadoras petroleras que trabajan en Santa Cruz: Horacio Marín y Lisandro Deleonardis, de YPF; Hugo Eurnekian y Rodrigo Fernández de CGC; Juan Martín Bulgheroni y Horacio García, de Pan American Energy; Ignacio Pedrozo y Cristóbal López, de Clear Petroleum; como así también Jorge Neuss, Juan Neuss y Gustavo Salerno, de Patagonia Resources.

Asistieron además Carlos Gilardone de Quintana Energy; Silvana Chacra de Roch SAU; Pablo Peralta y Eduardo Oliver, por Crown Point; Hugo Rodríguez de Brest; Gustavo Naves y Daniel Varas de Venoil; Miguel Pesce por Petrolera Santa María; Ricardo Andriano por Alpa Ingeniería; Santiago Egurza, de Azruge; y Pedro Martínez Cereijo de Alianza Petrolera.

Allí, se lanzó el programa “Mas producción y Trabajo en el sector hidrocarburífero santacruceño”, que fija reglas claras para recuperar la producción de un sector que impacta fuertemente en las regalías provinciales.

Pero su rol institucional pone a Vidal en una encrucijada respecto de su posición en este conflicto. Sucede que fue secretario general del gremio antes de ser gobernador y a la vez necesita que las inversiones lleguen a la provincia. Con lo cual, queda en una situación muy incómoda para intervenir en el conflicto.

Vidal tiene parte de su estructura política atada al sindicato de Petroleros, porque viene de ahí y porque además es muy fuerte en la provincia.

El conflcito incluso puede escalar a otras provincias. Hay una conexión directa con el sindicato de Chubut, donde también hay conflictos latentes.

La Provincia necesita que se generen puestos de trabajo en el ámbito privado, pero desde todos los sectores reconocen que las empresas no están cumpliendo con lo pactado. “Cuando firmaron el barril de petróleo estaba a US$ 60 y ahora está cerca de los US$100″, remarcó a TN una fuente ligada al sindicato.

Petroleros, Santa Cruz, Claudio Vidal