POLITICA
El Gobierno demora los contactos con Llaryora y Pullaro, que profundizan los reclamos por obras y fondos
Rumbo al tratamiento de la reforma laboral en el Senado, el gobierno de Javier Milei busca asegurarse el apoyo de los gobernadores dialoguistas. Por eso, mientras Patricia Bullrich y Martín Menem digitan las negociaciones en el Congreso, Diego Santilli reanudó su gira por el Interior con una agenda marcada por dos grandes ausencias. Se trata de Córdoba y Santa Fe, el núcleo duro de Provincias Unidas con el que la Casa Rosada mantiene una relación ambivalente que oscila entre un compartido antikirchnerismo y los crecientes reclamos por el envío de fondos.
Aunque los gobernadores de ambas provincias se mostraron favorables a una reforma laboral que permita aumentar el empleo formal, su apoyo en el Congreso no está garantizado: tanto Martín Llaryora (Córdoba) como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) guardan reparos frente a la iniciativa oficialista. Y mientras la administración libertaria prioriza tender puentes con otros mandatarios, los dos impulsores de la alianza federal endurecen su oposición al Gobierno, con el que mantienen una batalla abierta por la deuda de sus cajas previsionales y la parálisis de la obra pública.
Llaryora ya había adelantado que, para respaldar la reforma, no se debían quitar derechos ya consolidados en los convenios laborales vigentes. Lo hizo luego de una primera reunión con Santilli y Manuel Adorni en Casa Rosada en noviembre pasado. Pullaro -que, según señalaron en su entorno a , rechaza los cambios de Ganancias que contempla el proyecto oficialista- aún no mantuvo ni un solo encuentro con el nuevo ministro del Interior. Se niega a mostrarse con el funcionario hasta no tener respuestas concretas del Gobierno nacional a los problemas de su provincia.
“Al principio hablábamos mucho [con Casa Rosada], íbamos a los ministerios, pero cuando ves que vas 13 veces y no tenés respuesta, te cansás”, indicó a una fuente cercana al gobernador. Advierte que no van a renunciar a los reclamos por el envío de fondos hacia la provincia y la reanudación de la obra pública, pero reconoce, de todos modos, que mantienen abiertos otros canales de diálogo con la administración libertaria. No descartan un encuentro con el dirigente de Pro, pero lo condicionan a que finalmente se destraben los reclamos irresueltos.
En el entorno de Santilli, por su lado, señalan que el funcionario “aún no visitó Santa Fe porque no hubo tiempo por agenda” y que, en su nueva gira, “está yendo a provincias que no pudo visitar en diciembre”. Sin embargo, su itinerario actual -que prevé recorridas por diez distritos-, incluye destinos a los que ya viajó a fines del año pasado como Mendoza. Había desembarcado en el territorio de Alfredo Cornejo -aliado electoral de LLA- a mediados de noviembre y ahora regresará a la provincia cuyana el próximo jueves 15.
También planea volver a reunirse en enero con mandatarios provinciales con los que ya se había juntado tras su jura como ministro: Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta) y Marcelo Orrego (San Juan), entre otros. A Ignacio Torres (Chubut), con quien se reunió antes de que terminara el 2025 y visitó el miércoles pasado en su provincia, volverá a verlo esta semana para brindarle apoyo por los incendios. Mientras tanto, el encuentro con Pullaro continúa pendiente.
“La relación con Pullaro es tensa. Es muy tensa también del lado de Santa Fe”, deslizó a otra fuente del ministerio que conoce el derrotero del vínculo entre el radical y la Casa Rosada desde la gestión de Guillermo Francos. La apertura al diálogo entre ambos sectores se fue erosionando con el correr de los meses, una tendencia que se acentuó con las elecciones nacionales.
En la previa de los comicios, el gobernador radical levantó su perfil opositor y denunció la falta de gestión de parte del Gobierno nacional. Tras el amargo debut de Provincias Unidas en las urnas y la marginalización de Juan Schiaretti por problemas de salud, avanzó sobre esos lugares vacantes y ganó mayor protagonismo en la coalición opositora. También impulsó la candidatura de Leonel Chiarella al frente del Comité Nacional de la UCR para darle a la estructura centenaria la impronta de la alianza federal y resistir un alineamiento con LLA.
“Maxi [Pullaro] tiene peso en el concierto nacional”, señaló a una fuente cercana al gobernador que considera que su protagonismo rumbo a 2027 podría seguir tensionando la discusión con el partido de Milei, que pretende ganar poder en algunos distritos mediterráneos. Este viernes, Milei se presentará en el Festival de Jesús María en Córdoba, una de las provincias donde busca fortalecerse antes de los comicios en los que se renovará la presidencia y 21 gobernaciones.
“Provincias Unidas fue una apuesta arriesgada, pero fue lo mejor, nos dejó mejor posicionados”, continuó esa misma fuente. El sello federal hoy cuenta en Diputados con un interbloque de 22 legisladores, liderado, a instancias de Pullaro, por su vicegobernadora Gisela Scaglia.
Apenas comenzó el año, el 2 de enero, la bancada que conduce emitió un fuerte comunicado en el que cuestionaban el reciente decreto que reforma la ley de inteligencia y llamaban a voltearlo en ambas cámaras. “No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado”, aseguraron.
En diciembre, su bloque ya había desafiado al Gobierno en la Cámara baja al abstenerse en la votación por el presupuesto 2026. Al momento de la discusión en particular, además, la coalición rechazó el capítulo XI con el que el oficialismo pretendía derogar las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. En el Senado -donde el pullarismo no tiene representación- fue la cordobesa Alejandra Vigo, cercana a Llaryora, quien le marcó la cancha al Gobierno. Sus pares Edith Terenzi de Chubut y “Camau” Espínola de Corrientes – afines a los gobernadores Torres y Juan Pablo Valdés, ambos de Provincias Unidas-, en cambio, acompañaron la ley de leyes.
“Para dimensionar: a Córdoba le adeudan alrededor de $690.000 millones, mientras que el Presupuesto 2026 destina apenas $122.762 millones para el conjunto de las 13 provincias”, denunció la legisladora cordobesa en relación a la deuda de las cajas previsionales. Es un problema compartido con otros gobernadores que integran la coalición federal, pero hasta ahora fueron Llaryora y Pullaro quienes encabezaron los reclamos. Torres había anticipado que acudiría a la Corte Suprema para exigir el cumplimiento de los pagos, pero aún no avanzó por esta vía.
Pullaro, en cambio, ya judicializó la batalla contra el gobierno de Milei por la deuda de la caja previsional provincial. “No somos cerrados ni inflexibles y entendemos el momento que vive nuestro país. Pero no aceptamos ni un centavo menos de lo que entendemos que deberían pagar”, aseguró el radical que, a mediados de julio pasado, rechazó la primera oferta de pago que presentó el oficialismo.
“Propusieron empezar a recomponer con 2000 millones de pesos por mes durante seis meses. Nos pareció irrisorio el monto atento a la deuda que tienen con nosotros, que asciende a casi dos billones de pesos. Cuando dijimos que no, subieron a 5000 millones de pesos por mes, que es la misma oferta que le realizaron a Córdoba. El gobernador ya había anticipado que no iba a aceptar el mismo monto que se le ofreció a Córdoba y por el cual se suscribió un acuerdo con esa provincia”, explicó en ese momento el secretario de Seguridad Social santafesino, Jorge Boasso.
Pullaro también mantiene un fuerte cruce con la gestión de Milei por la parálisis de la obra pública, una demanda que utilizó Provincias Unidas como bandera durante la última campaña electoral. El último hito de esta batalla ocurrió en vísperas de año nuevo, cuando el dirigente radical rechazó un pedido del ministro de Economía Luis Caputo para traer los 800.000 millones de dólares que la provincia reunió con la colocación de deuda en el exterior. Argumentó que guardaría ese dinero para la realización de obras en su terruño.
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POLITICA
Con nuevos artilugios y un recurso ante la Corte, los mapuches quieren evitar un desalojo en Villa la Angostura
Para los angosturenses, Paicil Antriao es sinónimo de conflictos y usurpaciones. Es la comunidad mapuche que protagoniza numerosos conflictos territoriales en Villa la Angostura, provincia de Neuquén, y forma parte de diversos expedientes judiciales, algunos de los cuales tienen sentencia firme para el desalojo de tierras que ocupó.
Uno de esos conflictos lo tiene con el municipio de Villa la Angostura, que busca recuperar el control de un camping estatal que tuvo como administrador a un integrante de la Paicil Antriao. Cuando expiró el contrato de locación, se atrincheró en el espacio y adujo que sus ancestros eran los titulares de las tierras donde se ubica, en la costa del lago Correntoso.
El municipio se constituyó en querellante para recuperar el control, aunque tras 10 años de litigio, aún no lo consigue.
La comunidad mapuche elevó innumerables recursos para seguir en el camping, aunque la mayoría de las presentaciones tuvieron fallos adversos. Incluso rige una orden de desalojo con sentencia firme que podría derivar en la expulsión de los intrusos.
La defensa de la comunidad elevó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para revertir la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, que avaló el regreso del expediente al juzgado que ordenó el desalojo, luego de transitar por despachos de otros juzgados neuquinos.
El conflicto tiene más de una década y al menos una sentencia firme que ordena la restitución de las tierras al ejecutivo angosturense. La Justicia neuquina rechazó el pedido de elevación de un recurso extraordinario a la Corte Suprema, razón por la que la defensa mapuche acudió en queja al máximo tribunal del país.
“No es otra cosa que una maniobra para dilatar el desalojo. Así estamos desde hace 10 años, con idas y vueltas, recorriendo despachos y acumulando sentencias que coinciden en que las tierras son del municipio, y que los mapuches deben retirarse” dijeron fuentes del municipio local a Infobae.
Por otro lado, Virgilio Sánchez, abogado de la comunidad mapuche, explicó que “el recurso extraordinario lo desecharon formalmente y eso me obligó a ir en queja ante la Corte, que ya está circulando, está en la vocalía N°1”, explicó.
El letrado reconoció que el proceso “lleva tiempo” y coincidió en ese punto con lo afirmado por funcionarios locales: “Buscan ganar tiempo, aunque el recurso no debería modificar la orden firme de desalojo”.
Requisitos para la ejecución de la medida
El gobierno local debería contar con el acompañamiento de la Policía de Neuquén, lo que resulta “un escollo” para poder hacerlo. “Apelamos a que la comunidad se retire por voluntad propia, sabemos que difícilmente el ejecutivo provincial ponga a disposición a la Policía para llevarlo a cabo” dijeron desde el edificio comunal.
El gobierno neuquino, en los últimos meses, desoyó los desalojos que decidió la Justicia en otros conflictos y apeló a “mecanismos de diálogo”. “El ejecutivo provincial no quiere exponer a la Policía, porque sabe que no van a ser desalojos pacíficos, y no quiere pagar ningún costo” dijeron a este medio fuentes del gabinete local, quienes incluso cuestionaron “los mecanismos de diálogo que propuso: siempre favorecieron a los usurpadores”.
Mientras tanto, el municipio de Villa la Angostura buscó alternativas para que la comunidad Paicil Antriao administre el camping que debe abandonar, como supuesto “pacto de paz”. Sin embargo, durante el proceso, el mismo ejecutivo clausuró el predio en reiteradas ocasiones por irregularidades comerciales. Desafiantes, los mapuches retiraron las fajas y siguieron explotando comercialmente el sitio.
POLITICA
Antes de renunciar a la IGJ, Vítolo firmó un segundo pedido de veedores para auditar otros negocios de la AFA
Antes de renunciar a la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo firmó un segundo pedido para que el Ministerio de Justicia designe veedores que auditen otros negocios vinculados a la AFA. La solicitud apunta a la Superliga, una asociación civil que administró USD 348 millones entre 2020 y 2024. El expediente se suma a otro similar que ahora deberá resolver el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para revisar los balances de la AFA.
El expediente fue remitido al Ministerio de Justicia el jueves, cuando Vítolo aún ejercía formalmente el cargo. La decisión final sobre la designación de veedores quedó ahora en manos del nuevo ministro, quien juró ese mismo día en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.
La resolución de la IGJ amplía el alcance de la investigación sobre la administración del fútbol argentino. El organismo ya había solicitado el mes pasado la designación de veedores en la AFA en el marco de un expediente que investiga presuntas irregularidades en balances recientes, la creación de la denominada Universidad de la AFA y vínculos económicos con empresas privadas. Con la nueva resolución, la ofensiva del organismo de control se extiende ahora a la Superliga, cuya existencia jurídica persiste en paralelo al actual esquema organizativo del fútbol profesional.
La IGJ solicitó la intervención en grado de veeduría en la Superliga por 180 días, sin desplazar autoridades, sino mediante veedores que puedan recabar documentación, analizar la contabilidad y verificar el funcionamiento institucional de la entidad.
El organismo requirió que los veedores obtengan toda la documentación necesaria para determinar si existe una inconsistencia entre el objeto social de la entidad y las actividades que desarrolla, revisar decisiones económicas y financieras de sus órganos de gobierno, analizar la relación económica con la AFA y examinar los estados contables y financieros desde 2017 hasta la actualidad.
Además, la resolución ordena investigar eventuales vínculos comerciales con empresas nacionales y extranjeras ligadas a la gestión de derechos audiovisuales y contratos comerciales del fútbol.
La solicitud se dirigió al Ministerio de Justicia porque, según el régimen legal vigente, la intervención de asociaciones civiles en grado de veeduría requiere una decisión de la autoridad política del área.
Así, la continuidad o no de la investigación dependerá del criterio que adopte Mahiques, quien asumió el cargo en medio de una reconfiguración interna en el Gobierno.
La Superliga Profesional del Fútbol Argentino fue creada en 2016 como una asociación civil impulsada por los clubes con el objetivo de administrar y profesionalizar la organización del fútbol de Primera División. La entidad comenzó a funcionar plenamente en 2017 y asumió la administración de los contratos de derechos audiovisuales del fútbol argentino, considerado uno de los principales activos económicos del sistema.
Según el expediente de la IGJ, entre 2020 y 2024 la Superliga gestionó ingresos por aproximadamente USD 348 millones, derivados de contratos con empresas de transmisión televisiva de partidos del fútbol argentino. Esos recursos se distribuyeron entre los clubes participantes de distintas categorías profesionales, según mecanismos de reparto definidos por los reglamentos internos.
La creación de la Superliga respondió a una estrategia de los clubes para dotar al fútbol profesional de una estructura más autónoma respecto de la AFA, con mayor capacidad de negociación comercial y gestión empresarial. Sin embargo, ese esquema institucional fue modificado pocos años después.
En 2020, la AFA y los clubes reorganizaron la estructura del fútbol argentino y crearon la Liga Profesional de Fútbol como órgano interno dentro de la propia AFA. Esta nueva entidad asumió la organización de los torneos de Primera División y, en la práctica, desplazó a la Superliga del centro del sistema. No obstante, la disolución formal de la Superliga nunca se concretó. La asociación civil continuó existiendo jurídicamente y mantuvo actividad administrativa y financiera reflejada en sus balances. Ese punto es uno de los ejes centrales del análisis realizado por la IGJ.
La coexistencia de estructuras y los interrogantes sobre la Superliga
Según la IGJ, la coexistencia de la Liga Profesional dentro de la AFA y la Superliga como asociación civil independiente genera interrogantes sobre el verdadero rol de esta última en el esquema económico del fútbol argentino. La investigación se inició tras observaciones sobre los estados contables presentados por la Superliga correspondientes a distintos ejercicios. El organismo solicitó información adicional sobre partidas de relevancia, como fondos de reserva, rendiciones a clubes y gastos administrativos.
Las respuestas aportadas por la entidad y por su auditor externo no habrían sido suficientes para aclarar los cuestionamientos, según consta en el expediente. La IGJ considera que esa falta de información impide evaluar adecuadamente la transparencia en el manejo de recursos y el origen de determinadas partidas económicas.
En ese contexto, fue citado el auditor que firmó los balances, quien brindó explicaciones ante el organismo. No obstante, la resolución firmada por Vítolo sostiene que esas aclaraciones no lograron disipar las dudas planteadas por el área técnica de la Inspección General de Justicia.
Uno de los aspectos centrales es la posible contradicción entre el objeto social de la Superliga y las actividades que desarrolla. Como asociación civil, la entidad debería perseguir fines institucionales vinculados al desarrollo del deporte y al funcionamiento del sistema futbolístico. Sin embargo, la actividad reflejada en los balances parece orientarse principalmente a la administración de contratos comerciales y distribución de ingresos provenientes de derechos audiovisuales.
De acuerdo con la IGJ, la entidad distribuye la mayor parte de los recursos entre los clubes asociados, lo que podría entrar en tensión con las normas que regulan el funcionamiento de las asociaciones civiles, que no pueden distribuir utilidades entre sus miembros. El expediente señala que la propia Superliga habría reconocido, en algunas respuestas, que actúa como un instrumento administrativo para canalizar recursos hacia los clubes.
Vínculos con la AFA y posibles conflictos de interés
El organismo también analizó la relación institucional entre la Superliga y la AFA. Según el expediente, la estructura de gobierno de la Superliga estaría conformada en gran medida por dirigentes que ocupan simultáneamente cargos en la conducción de la AFA. Esta superposición podría generar un potencial conflicto de intereses, ya que las decisiones económicas y estratégicas de la Superliga podrían quedar subordinadas al Comité Ejecutivo de la AFA.
La IGJ advierte que el órgano de administración de la Superliga es elegido finalmente por asambleístas vinculados a la AFA, lo que debilita la autonomía institucional que originalmente se buscó con la creación de la entidad.
Ante este panorama, la IGJ solicitó la designación de veedores para analizar el funcionamiento de la Superliga, revisar las decisiones económicas adoptadas desde 2017, y verificar operaciones comerciales con empresas vinculadas al negocio del fútbol, tanto nacionales como internacionales, especialmente en la comercialización de derechos audiovisuales.
La investigación contempla la posibilidad de identificar actos que pudieran constituir violaciones a la ley, al estatuto de la entidad o a los reglamentos aplicables.
El pedido de veedores en la Superliga se suma al expediente abierto sobre la AFA, que también incluye observaciones sobre balances recientes y la creación de la denominada Universidad de la AFA. En este caso, la IGJ busca obtener información adicional sobre el funcionamiento de esa iniciativa educativa y sobre relaciones económicas con empresas privadas vinculadas al sistema del fútbol.
El futuro de las investigaciones tras la renuncia de Vítolo
Las investigaciones en curso sobre la estructura institucional del fútbol argentino quedaron bajo la lupa del organismo de control de las asociaciones civiles. La ofensiva administrativa se produjo en las horas previas a la salida de Vítolo de la conducción de la IGJ.
La renuncia de Daniel Roque Vítolo se formalizó este viernes mediante una carta al presidente Javier Milei, en la que expresó que dejaba el cargo tras recibir el pedido de apartamiento de sus funciones. “Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de presentar formalmente mi renuncia al cargo de Inspector General de Justicia de la Nación (…) decisión que adopto en razón de que se me ha solicitado el apartamiento de las funciones que actualmente ejerzo”, escribió en el texto.
En la misma carta sostuvo que aceptaba esa determinación “con el orgullo y la serenidad de quien sabe haber cumplido con su deber”.
La resolución firmada el jueves, horas antes de dejar el cargo, dejó ahora en manos del nuevo ministro de Justicia la decisión sobre el futuro de los pedidos de veedores tanto en la AFA como en la Superliga, dos expedientes que colocan bajo revisión el funcionamiento institucional y económico del fútbol profesional argentino.
POLITICA
Cuál es el nuevo reclamo salarial de Hugo Moyano que rompe la pauta del Gobierno y preocupa a los empresarios
El Sindicato de Camioneros hizo este jueves un reclamo salarial que supera la pauta del Gobierno y causará rechazo en las pymes del sector: 8% de aumento para el trimestre marzo-mayo, más la suba al 20% de los adicionales de las ramas expreso y mudanza, logística y correos, la creación de un premio mensual por presentismo de $100.000 y el incremento de la contribución empresarial para la obra social a $35.000 para cada trabajador (que hoy es de $22.000).
Además de la cifra exigida, que supera el tope buscado por el Ministerio de Economía, a los funcionarios libertarios les preocupa que se firmen acuerdos trimestrales como el que exige el gremio que lidera Hugo Moyano ya que hasta ahora buscaban que fueran anuales o semestrales para desalentar el alza de la inflación.
El Sindicato de Camioneros hizo este planteo durante la primera audiencia oficial para acordar la paritaria 2026, que pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo, aunque habrá reuniones extraoficiales para tratar de acercar las posiciones: este viernes, el sindicato se encontrará con la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y el lunes, con la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL).
Sin embargo, las pymes del sector ya advirtieron que no podrán hacer frente a ese aumento por la crisis del transporte automotor de cargas, por lo que se prevé un escenario de tensiones por el reclamo de Camioneros.
En la audiencia oficial, el sindicato confirmó la postura que había fijado a mediados de enero pasado en una nota dirigida a las cámaras: una revisión “urgente y más frecuente” de los sueldos de la actividad, lo que implica dejar de pactar aumentos con vigencia semestral y pasar a hacerlo en forma trimestral. Por eso ahora pidió una compensación del 8% por el desfase inflacionario del acuerdo firmado para diciembre 2025-febrero 2026.
El trabajador, según Camioneros, recién luego de transcurridos 4 meses ve reflejada la diferencia existente entre lo pautado y la inflación real del Índice de Precios al Consumidor. Al mismo tiempo, Moyano pretende tomar del IPC sólo aquellos rubros que más impactan en el trabajador: alimentos, transporte público y servicios públicos y privados (luz, gas, agua corriente, telefonía, internet). Por eso ahora pide un 8% de aumento debido a la diferencia con el período paritario anterior.
Además, reclama un incremento del 2% al 4% para las ramas expreso y mudanza, logística y correos con el fin de equiparar en un 20% la mejora ya otorgada; establecer con carácter remunerativo un premio por presentismo de $100.000 en forma mensual, y aumentar la contribución empresarial para la obra social a $35.000 por trabajador, que hoy es de $22.000 (por lo que Camioneros, que tiene 200 mil afiliados, recaudaría por mes unos 7 mil millones de pesos).
En las cámaras del sector no sólo se analiza la viabilidad del aumento reclamado por Moyano sino que también se evalúa si pueden exigir que se firme una paritaria nivel regional o por empresa, como contempla la ley de reforma laboral que se acaba de promulgar.
Este punto se convertiría en un banco de pruebas de la nueva legislación, que le sacará poder de fuego al sindicato con personería, que es el que firma el convenio colectivo de trabajo para toda la actividad.
La última paritaria firmada por el jefe de Camioneros estuvo en sintonía con la pauta del Gobierno: un aumento del 3,3% en tres tramos, que tuvo vigencia de seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026.
En concreto, contempló un incremento de 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero, aunque con el compromiso de revisar las cifras pactadas en diciembre.
Además, se acordó el pago del bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas de 210 mil pesos entre enero y abril de 2026 y la contribución empresarial para la obra social, fijada en 20 mil pesos mensuales por trabajador entre septiembre a noviembre y de 22 mil pesos por mes de diciembre a febrero de 2026.
En diciembre pasado, Moyano y las cámaras acordaron también una suma fija de 35 mil pesos, que fue cobrada con los sueldos de enero de 2026.
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