Rumbo al tratamiento de la reforma laboral en el Senado, el gobierno de Javier Milei busca asegurarse el apoyo de los gobernadores dialoguistas. Por eso, mientras Patricia Bullrich y Martín Menem digitan las negociaciones en el Congreso, Diego Santilli reanudó su gira por el Interior con una agenda marcada por dos grandes ausencias. Se trata de Córdoba y Santa Fe, el núcleo duro de Provincias Unidas con el que la Casa Rosada mantiene una relación ambivalente que oscila entre un compartido antikirchnerismo y los crecientes reclamos por el envío de fondos.

Aunque los gobernadores de ambas provincias se mostraron favorables a una reforma laboral que permita aumentar el empleo formal, su apoyo en el Congreso no está garantizado: tanto Martín Llaryora (Córdoba) como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) guardan reparos frente a la iniciativa oficialista. Y mientras la administración libertaria prioriza tender puentes con otros mandatarios, los dos impulsores de la alianza federal endurecen su oposición al Gobierno, con el que mantienen una batalla abierta por la deuda de sus cajas previsionales y la parálisis de la obra pública.

Llaryora ya había adelantado que, para respaldar la reforma, no se debían quitar derechos ya consolidados en los convenios laborales vigentes. Lo hizo luego de una primera reunión con Santilli y Manuel Adorni en Casa Rosada en noviembre pasado. Pullaro -que, según señalaron en su entorno a , rechaza los cambios de Ganancias que contempla el proyecto oficialista- aún no mantuvo ni un solo encuentro con el nuevo ministro del Interior. Se niega a mostrarse con el funcionario hasta no tener respuestas concretas del Gobierno nacional a los problemas de su provincia.

“Al principio hablábamos mucho [con Casa Rosada], íbamos a los ministerios, pero cuando ves que vas 13 veces y no tenés respuesta, te cansás”, indicó a una fuente cercana al gobernador. Advierte que no van a renunciar a los reclamos por el envío de fondos hacia la provincia y la reanudación de la obra pública, pero reconoce, de todos modos, que mantienen abiertos otros canales de diálogo con la administración libertaria. No descartan un encuentro con el dirigente de Pro, pero lo condicionan a que finalmente se destraben los reclamos irresueltos.

En el entorno de Santilli, por su lado, señalan que el funcionario “aún no visitó Santa Fe porque no hubo tiempo por agenda” y que, en su nueva gira, “está yendo a provincias que no pudo visitar en diciembre”. Sin embargo, su itinerario actual -que prevé recorridas por diez distritos-, incluye destinos a los que ya viajó a fines del año pasado como Mendoza. Había desembarcado en el territorio de Alfredo Cornejo -aliado electoral de LLA- a mediados de noviembre y ahora regresará a la provincia cuyana el próximo jueves 15.

También planea volver a reunirse en enero con mandatarios provinciales con los que ya se había juntado tras su jura como ministro: Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta) y Marcelo Orrego (San Juan), entre otros. A Ignacio Torres (Chubut), con quien se reunió antes de que terminara el 2025 y visitó el miércoles pasado en su provincia, volverá a verlo esta semana para brindarle apoyo por los incendios. Mientras tanto, el encuentro con Pullaro continúa pendiente.

“La relación con Pullaro es tensa. Es muy tensa también del lado de Santa Fe”, deslizó a otra fuente del ministerio que conoce el derrotero del vínculo entre el radical y la Casa Rosada desde la gestión de Guillermo Francos. La apertura al diálogo entre ambos sectores se fue erosionando con el correr de los meses, una tendencia que se acentuó con las elecciones nacionales.

En la previa de los comicios, el gobernador radical levantó su perfil opositor y denunció la falta de gestión de parte del Gobierno nacional. Tras el amargo debut de Provincias Unidas en las urnas y la marginalización de Juan Schiaretti por problemas de salud, avanzó sobre esos lugares vacantes y ganó mayor protagonismo en la coalición opositora. También impulsó la candidatura de Leonel Chiarella al frente del Comité Nacional de la UCR para darle a la estructura centenaria la impronta de la alianza federal y resistir un alineamiento con LLA.

“Maxi [Pullaro] tiene peso en el concierto nacional”, señaló a una fuente cercana al gobernador que considera que su protagonismo rumbo a 2027 podría seguir tensionando la discusión con el partido de Milei, que pretende ganar poder en algunos distritos mediterráneos. Este viernes, Milei se presentará en el Festival de Jesús María en Córdoba, una de las provincias donde busca fortalecerse antes de los comicios en los que se renovará la presidencia y 21 gobernaciones.

“Provincias Unidas fue una apuesta arriesgada, pero fue lo mejor, nos dejó mejor posicionados”, continuó esa misma fuente. El sello federal hoy cuenta en Diputados con un interbloque de 22 legisladores, liderado, a instancias de Pullaro, por su vicegobernadora Gisela Scaglia.

Apenas comenzó el año, el 2 de enero, la bancada que conduce emitió un fuerte comunicado en el que cuestionaban el reciente decreto que reforma la ley de inteligencia y llamaban a voltearlo en ambas cámaras. “No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado”, aseguraron.

En diciembre, su bloque ya había desafiado al Gobierno en la Cámara baja al abstenerse en la votación por el presupuesto 2026. Al momento de la discusión en particular, además, la coalición rechazó el capítulo XI con el que el oficialismo pretendía derogar las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. En el Senado -donde el pullarismo no tiene representación- fue la cordobesa Alejandra Vigo, cercana a Llaryora, quien le marcó la cancha al Gobierno. Sus pares Edith Terenzi de Chubut y “Camau” Espínola de Corrientes – afines a los gobernadores Torres y Juan Pablo Valdés, ambos de Provincias Unidas-, en cambio, acompañaron la ley de leyes.

“Para dimensionar: a Córdoba le adeudan alrededor de $690.000 millones, mientras que el Presupuesto 2026 destina apenas $122.762 millones para el conjunto de las 13 provincias”, denunció la legisladora cordobesa en relación a la deuda de las cajas previsionales. Es un problema compartido con otros gobernadores que integran la coalición federal, pero hasta ahora fueron Llaryora y Pullaro quienes encabezaron los reclamos. Torres había anticipado que acudiría a la Corte Suprema para exigir el cumplimiento de los pagos, pero aún no avanzó por esta vía.

Pullaro, en cambio, ya judicializó la batalla contra el gobierno de Milei por la deuda de la caja previsional provincial. “No somos cerrados ni inflexibles y entendemos el momento que vive nuestro país. Pero no aceptamos ni un centavo menos de lo que entendemos que deberían pagar”, aseguró el radical que, a mediados de julio pasado, rechazó la primera oferta de pago que presentó el oficialismo.

“Propusieron empezar a recomponer con 2000 millones de pesos por mes durante seis meses. Nos pareció irrisorio el monto atento a la deuda que tienen con nosotros, que asciende a casi dos billones de pesos. Cuando dijimos que no, subieron a 5000 millones de pesos por mes, que es la misma oferta que le realizaron a Córdoba. El gobernador ya había anticipado que no iba a aceptar el mismo monto que se le ofreció a Córdoba y por el cual se suscribió un acuerdo con esa provincia”, explicó en ese momento el secretario de Seguridad Social santafesino, Jorge Boasso.

Pullaro también mantiene un fuerte cruce con la gestión de Milei por la parálisis de la obra pública, una demanda que utilizó Provincias Unidas como bandera durante la última campaña electoral. El último hito de esta batalla ocurrió en vísperas de año nuevo, cuando el dirigente radical rechazó un pedido del ministro de Economía Luis Caputo para traer los 800.000 millones de dólares que la provincia reunió con la colocación de deuda en el exterior. Argumentó que guardaría ese dinero para la realización de obras en su terruño.