POLITICA
El Gobierno denunció al financista ligado al “Chiqui” Tapia por lavado de dinero y evasión
La Dirección General Impositiva denunció hoy a la empresa Sur Finanzas, del empresario Ariel Vallejo, ligado al presidente de la AF, Claudio “Chiqui” Tapia, por los delitos de lavado y por maniobras de evasión que podría ascender hasta $3.327.267.047. La presentación, a la que tuvo acceso , quedó radicada en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona.
La investigación comenzó en abril de 2024 y estuvo a cargo de la Dirección Regional Sur. Los sabuesos de la DGI detectaron que Sur Finanzas PSP recibió dinero por transferencias realizadas por intermedio de su plataforma de billetera virtual que ascendieron a $818.000.000.000. El origen de esos fondos disparó las sospechas del fisco.
intentó contactar a Vallejo a través de allegados suyos, pero no obtuvo respuesta.
Entre los sujetos que movieron los más de $800 mil millones, se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas y “sujetos no categorizados”, que según la denuncia no tienen “impuestos activos”. Por este motivo, ARCA escribió en su presentación judicial “presunto origen sospechoso de los fondos”, lo cual derivó en la acusación de supuesto lavado de dinero.
Antes de explicar el detalle de esas transferencias, la denuncia del fisco mencionó una posible evasión tributaria. Para ello es necesario comprender cómo funciona una proveedora de servicios de pago (PSP).
“La contribuyente SUR FINANZAS PSP S.A. ofrece el servicio de billeteras virtuales, las que tienen un funcionamiento similar a una cuenta corriente”, explicó ARCA en su presentación judicial. Esto implica que a través de ella se pueden transferir o recibir fondos desde otras “billeteras virtuales” o desde cuentas bancarias propias o de terceros. Es decir, son intermediarios.
Uno de los aspectos de los movimientos de dinero investigados apunta directamente a una presunta evasión impositiva. Según sostuvo ARCA, las personas jurídicas no están exentas del pago de los impuestos de créditos y débitos. En ese sentido, los denunciantes afirmaron: “SUR FINANZAS PSP S.A. no ha detraído de las transferencias de sus clientes la suma de impuesto nominal – dejándose mencionado que los agentes no han detraído las transferencias entre cuentas de un mismo titular ni otras exenciones subjetivas y/u objetivas». El saldo que reclama el fisco por este concepto llega a $ 3.327.267.047,93.
Luego de esto, la denuncia comenzó a desglosar su acusación sobre presunto lavado de activos, que pone la lupa sobre el movimiento de más de $800 mil millones.
La investigación apuntó a los titulares de las cuentas que realizaron esas operaciones: revisaron los domicilios fiscales, se relevaron datos de consumo y patrimoniales, y la potencial capacidad económica y financiera de cada uno.
Los investigadores llegaron a la conclusión que a través de las billeteras virtuales de Sur Finanzas PSP se operaron $818.000.000.000. De ese total, el 31% son sujetos no categorizados y, dentro de este número el 9% son apócrifos (contribuyentes no confiables) y un 27% son monotributistas de escasa capacidad económica detectada.
A esto último hace referencia la expresión de uno de los sabuesos de la exAFP: “un ejército de soldaditos”. Un caso ayuda a comprender: un monotributista de la categoría “D”, identificado como I.M., emitió facturas en 2024 por $4.937.394 y recibió más de $230 millones. El principal proveedor de esas facturas era Sur Finanzas PSP. Esa misma persona tiene movimientos en billeteras virtuales por $87.000 millones, según un informe reservado al que accedió este medio.
Otro caso en la mira es un monotributista categoría “A”, identificado como B.A. En apenas cuatro meses de 2024, registró movimientos en billeteras virtuales por $7000 millones. Sin embargo, no tiene propiedades a su nombre y solo declara un auto de 2008.
La denuncia especificó que los “monotributistas sin capacidad económica” que movilizaron más de mil millones de pesos fueron 32 contribuyentes. Entre ellos, operaron más de $193 mil millones, de acuerdo con la presentación judicial.
Asimismo, los “sujetos no categorizados”, que no tienen impuestos activos ante el fisco, cuyas transferencias superaron el umbral de los mil millones, realizaron operaciones que totalizaron $223 mil millones.
En paralelo, según la denuncia, hubo 26 empresas que a través de Sur Finanzas PSP realizaron transferencias. Esas compañías están incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas de ARCA. Esto se contrapone a una medida del Banco Central que impide que las PSP brinden servicios a “personas o empresas que figuren en la “Base de Contribuyentes No Confiables”.
Los denunciantes consideraron que “es evidente que SUR FINANZAS PSP S.A. se encuentra en lo que parecería una connivencia con un tercero que se esconde tras el velo de sujetos apócrifos, sujetos no categorizados y sujetos persona humana, sin capacidad alguna económica para mover virtualmente los millonarios montos detectados”. Por este motivo, el fisco planteó sus sospechas sobre la presunta “ilicitud de los fondos” e impulsó la acusación por supuesto lavado de dinero.
Los abogados de la DGI reclamaron que se tomen varias medidas de prueba de manera urgente para “desbaratar la continuidad de comisión de delitos de índole tributario”. Entre esos medidas, se mencionan allanamientos, embargos e inhibición general de bienes de los autores de la maniobra, y la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Los vínculos con la AFA y el fútbol
El dueño de Sur Finanzas es Ariel Vallejo, un hombre muy cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Su financiera acaba de cumplir cuatro años de vida. Arrancó en la zona Sur de la provincia de Buenos Aires con apenas tres empleados y hoy tiene más de veinte locales. La firma se dedica a prestar dinero, desde jubilados hasta grandes empresas, al cambio de divisas y hasta ofrece cajas de seguridad en algunas de sus sucursales. También desarrolló una billetera virtual destinada a pequeñas empresas.
Vallejo utiliza su cuenta de Instagram para exhibir sus contactos con el mundo del fútbol. Tiene varias imágenes junto a Tapia, intendentes del Conurbano, y decenas de dirigentes de Primera y del Ascenso. “Somos la billetera del futbol”, suele repetir en sus presentaciones.
Sur Finanzas aparece en la camiseta de Barracas Central. Es sponsor de Racing y prestó dinero a San Lorenzo y a Banfield.
reveló que el empresario está siendo investigado por presunto lavado dinero. La UIF y la Procelac detectaron que una constructora, denominada Construcciones TAR, recibió más de $6000 millones en sus cuentas bancarias entre septiembre de 2022 y julio de 2023, una cifra que no tenía relación con su nivel de actividad.
La constructora derivó dinero hacia distintas compañías, entre ellas una casa de cambio adquirida por Vallejo en 2020: Centro de Inversiones Concordia.
En paralelo, el Banco Central también tiene un sumario abierto contra Vallejo y Centro de Inversiones Concordia por posible incumplimiento de la norma sobre tenencia de moneda extranjera.
La suerte de Vallejo cambió el martes pasado. El empresario tuvo que afrontar un allanamiento por la causa Andis, revelado por . Según consta en ese expediente, una parte de los fondos recibidos por Miguel Ángel Calvete y Alan Pocoví, un economista vinculado al mundo de las finanzas, habría sido invertida en criptomonedas mediante la aplicación “Neblockchain”, antiguo nombre de Sur Finanzas PSP.
La denuncia penal de la DGI menciona a Ariel Vallejo, a su madre, Graciela Vallejo, y a María Fernanda Sena Argis. Los tres aparecen vinculados, con diferentes cargos, a otras casas de cambio y empresas.
En el caso del empresario, se menciona a Abo Inversiones, Sur Valores, Valle Business, Ars Cambios, Fenus SAS, Sur Finanzas Group, Cluster Palace Beach, Sur Crypto y Sur Pagos.
De hecho, la Ferrari California negra que se pudo ver estacionada en la puerta de la sede de Sur Finanzas está registrada a nombre de Cluster Palace Beach, según documentos oficiales.
había revelado que la madre de Vallejo aparece como dueña de un Alfa Romeo Stelvio 2.0, de 2025, un todoterreno valuado en más de 80.000 dólares, y que fue “propietaria” de un Porsche Macan (2023), un Porsche 718 Boxster (2019), un BMW X2 20I (2019), y un BMW X4 20I (2018). En el mercado local esa flota cuesta no menos de 350.000 dólares. “Algunos de los autos se guardaban en un garage que compró Ariel frente a la sede central de Sur Finanzas, en Adrogué”, contó una fuente que prefirió mantener su anonimato.
A ese listado de autos se le suman más vehículos inscriptos por las empresas de Vallejo. Solo a nombre de Sur Finanzas, hay 12 automotores, según constató la Procelac al presentar otra denuncia por lavado.
De este modo, la Justicia acumula dos expedientes con interrogantes similares. Ambos investigan de dónde viene el dinero movilizado a través de compañías vinculadas a Vallejo.
Sur Finanzas,Ariel Vallejo,también tiene un sumario abierto contra Vallejo y Centro de Inversiones Concordia,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,Sur Finanzas,Claudio Chiqui Tapia,Lavado de dinero,Conforme a,Sur Finanzas,,Investigación. El financista cercano a Tapia está en la mira de ARCA: un “ejército de soldaditos” y la pista de la Andis,,Presiones, lavado y «traidores». La trama oculta de los préstamos millonarios a San Lorenzo a través de una financiera ligada a “Chiqui” Tapia,,El preferido de la AFA. Autos de lujo, viajes y sociedades en Miami: el patrimonio del financista cercano a “Chiqui” Tapia
POLITICA
Avance clave en la pulseada judicial por el caso de la quinta de Pilar que se le adjudica a las autoridades de la AFA
El trámite para determinar quién investigará a los verdaderos dueños de la fastuosa quinta de Pilar que se le adjudica a las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tuvo avances en los tribunales.
El fiscal ante la Cámara de Casación Federal Mario Villar respaldó la idea de que el expediente deje el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, y pase al fuero en lo Penal Económico.
Villar sostuvo ante la Casación el recurso del fiscal de Cámara de San Martín Carlos Cearras, que se había opuesto a que el asunto avance en Campana, como lo pidió el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, entienden que les irá mejor en el juzgado de González Charvay que en el de Penal Económico, donde está Marcelo Aguinsky, que ya tuvo la causa.
La quinta de Pilar, situada en Villa Rosa, tiene 5 hectáreas y está valuada en 20 millones de dólares. Cuenta con helipuerto, caballerizas, instalaciones deportivas y un garage con 45 autos de alta gama, de colección, motos y hasta dos karting de competición, como los que usa el hijo de Toviggino.
La justicia investiga a quienes figuran como sus dueños, Luciano Pantano y su madre Ana Conte, titulares de la firma Real Central. Se trata de un exdirigente de la AFA que es monotributista y una señora jubilada. El perfil económico de ambos no se condice con la mansión.
Hay una puja entre el juez Aguinsky, que avanzó sobre los supuestos testaferros, y González Charvay por quedarse con el expediente.
Esa controversia la debe resolver la Sala I de la Cámara de Casación Federal. Pero la mayoría de los jueces que la integran se excusaron de intervenir.
Por un lado, Carlos Mahiques, que era suplente, pidió no decidir en este caso, alegando que tenía muchas otras tareas.
En rigor, expuso estas razones luego de que publicó que Carlos Mahiques, padre del flamante ministro de Justicia, Juan Ignacio Mahiques, festejó su cumpleaños en esa fastuosa quinta.
Hay nexos entre los Mahiques, padre y su hijo, con las autoridades de la entidad del fútbol.
A Carlos Mahiques lo reemplazó la jueza de la Casación Ángela Ledesma para decidir si es competente en el caso González Charvay o Aguinsky.
Esta semana se apartó el otro juez que debía decidir sobre la competencia, Daniel Petrone. Dijo que comparte la “comunidad educativa” con Javier Faroni, dueño de una empresa que hacía los cobros de la AFA en el exterior y que está investigado por fraude.
El juez Petrone dijo que además tiene vínculos sociales con Faroni y se inhibió de decidir en el caso, argumentando “violencia moral”.
Así las cosas, quedaron para resolver la jueza Ledesma y su colega Javier Carbajo. Si se ponen de acuerdo en que juzgado queda la causa por presunto lavado de dinero podrán resolver la cuestión con sus dos votos.
Pero si están en desacuerdo -como señalan algunas fuentes en tribunales- deberán sortear a un tercer juez para que desempate.
Antes de votar, le mandaron la causa al fiscal Villar, que decidió apoyar la idea de su colega Cearras y que el caso regrese al fuero Penal Económico.
La disputa está dada porque la AFA sostiene que el asunto debe quedarse en Campana, ya que la quinta está en jurisdicción de ese tribunal.
Pero el fiscal Cearras, Villar y el juez Aguinsky entienden que el caso es de lavado de dinero y que no importa dónde está el bien que evidencia del lavado, sino la sede de la AFA desde donde se habría gestado la maniobra.
El asunto no es una mera cuestión de jurisdicción. Hay quienes sospechan que oculta una supuesta maniobra de los investigados para que el caso quede lejos del fuero Penal Económico, en el juzgado federal de Campana, porque les resultaría más confiable.
El fiscal Cearras sostuvo la misma posición que el fiscal de primera instancia, Sebastián Bringas, cuando dijo que el caso debía quedar en el juzgado Penal Económico de Marcelo Aguinsky.
Este juez avanzó con decisión luego de que su colega federal, Daniel Refecas, preservó el lugar y mandó a valuar la quinta (de unos 20 millones de dólares). Luego, Aguinsky analizó las sociedades a las que pertenece, según los registros y su historia, además de tomar diversas declaraciones.
Aguinsky -antes de dejar el caso- se convenció de que los presuntos testaferros de la AFA, Luciano Pantano y Ana Conte, no pudieron haber sido los dueños de la casona de Pilar con helipuerto, pista hípica, pileta, gimnasio y 40 autos y motos de alta gama.
Pero los defensores de Tapia y de Toviggino buscaron sacar el caso y lograron llevarlo a la justicia federal de Campana, jurisdicción donde está situada la quinta.
autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA),festejó su cumpleaños en esa fastuosa quinta,Hernán Cappiello,AFA,Conforme a,,Los nexos de Mahiques. Los pasadizos secretos detrás del recambio en Justicia,,Por el atentado a la AMIA. La Justicia pide la captura de quien fuera la mano derecha del exlíder iraní Khamenei,,Se multiplican sus áreas. Karina Milei proyecta su poder en los tribunales: la puerta para nombrar jueces y un nuevo operador,AFA,,»Cambio de abogado». Chiqui Tapia logró postergar la citación judicial en la causa por supuesta evasión,,Mahiques y la AFA. El desafío de hacer equilibrio en medio de la pelea entre el Gobierno y Chiqui Tapia,,“El que no quiera jugar, que se vaya”. El mal momento de Godoy Cruz: 13 partidos sin ganar, amenazas de la barra y botellazos en el estadio
POLITICA
El Gobierno profundizará la batalla cultural en el Día de la Memoria, pero descarta indultos a militares
Como cada 24 de marzo desde 2023, el Gobierno Nacional prepara un nuevo mensaje para intentar hacer frente a la política de derechos humanos que predominó en los últimos años, según confirmaron tres fuentes a Infobae. Para eso, trabajan en lo que definen como “una sorpresa” para el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, cuando se cumplan 50 años del golpe cívico-militar, con el objetivo de profundizar la batalla cultural que encarna el presidente Javier Milei.
A 19 días de la fecha, en la administración libertaria anticipan una nueva acción que confrontará con la historia conocida y que sumará un nuevo capítulo al discurso que denominaron como “Día de la Memoria por la Justicia y la Verdad Completa”. Al igual que en 2024, los equipos que lidera el asesor presidencial Santiago Caputo, preparan un video que será difundido por las redes sociales de Casa Rosada con el que buscan discutir los acontecimientos hasta entonces planteados.
Al igual que en la edición del 2025, en Casa Rosada estudian la posibilidad de elaborar un video para circular por redes sociales que tenga como principales protagonistas a hijos de desaparecidos por la última dictadura cívico-militar que rigió entre 1976 y 1983, con la idea de que presenten su voz para reforzar el mensaje. “La idea es que cuenten la verdad”, confesó un funcionario en tema a este medio.
El encargado de hacerlo en marzo pasado fue el politólogo y presidente la Fundación Faro, Agustín Laje, quien además es autor de varias obras literarias que completan la biblioteca de la “nueva derecha”. A través de un extenso video, que duró 19 minutos y fue compartido por el presidente Javier Milei, Laje reafirmó los cuestionamientos a la cifra difundida por los organismos de derechos humanos que reclaman por la reaparación de 30 mil detenidos desaparecidos.
“Los promotores de la teoría del demonio único han negado la existencia de una guerra en la Argentina de los 70. Han acusado a quienes describen como un conflicto bélico lo ocurrido en aquel período de intentar justificar los horrores cometidos por las Fuerzas Armadas. No obstante, la realidad es exactamente la opuesta. Quienes han negado la guerra revolucionaria lo han hecho con el propósito de borrar de la historia los horrores cometidos por las organizaciones terroristas y para eliminar de la memoria colectiva a sus víctimas”, supo plantear el politólogo.
Sin embargo, según pudo constatar este medio, el politólogo no fue contactado para participar en esta oportunidad dado que el Ejecutivo evitará repetir figuras. En la tarea está Juan Pablo Carreira, el Director Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia, quien a su vez se encarga de las publicaciones de la cuenta la Oficina de Respuesta Oficial.
“Cumpliendose 50 años y teniendo en cuenta que el relato setentista fue la clave de la identidad kirchnerista, el Gobierno debe preparar un material contracultural y contrasetentista. Algo interesante para mostrarle a los argentinos ese día”, se ilusionó una fuente con acceso al despacho presidencial.
Lo cierto es que la difunsión de la pieza audiovisual se dará en paralelo a las movilizaciones que confluirán por la fecha durante el feriado nacional. Por un lado, La Cámpora marchará desde la Ex Esma hacia la Plaza de Mayo, mientras que la izquierda, las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo mantienen su propia convocatoria.
Asimismo, el Museo Sitio de la Memoria ESMA, bajo la coordinación del consultor Fernando Vedoya, lanzará su propio video introductorio en el que explicará el recorrido que le imprimió la administración al espacio. Una voz al tanto admitió que la idea de la pieza audiovisual, prevista para el 24 de marzo, es agregar elementos sobre la actualidad del país en los años 70.
“Hará foco sobre el accionar subversivo esos años previos a la dictadura y aportará información. Sobre los militares ya está todo dicho, pero se empiezan a tratar de mostrar detalles y elementos de otros actores de la época”, admitieron.
En sintonía, hace algunos días el director libertario de la Casa de Argentina en Francia, Santiago Muzio, ordenó retirar una placa conmemorativa que homenajeaba a las víctimas de la dictadura militar y generó que los residentes reclamaran su regreso.
La pieza estaba instalada desde el 24 de marzo de 2022, y tras el retiro de la misma, desde el Ministerio de Capital Humano explicaron que la determinación se da en el marco de un plan de mantenimiento y modernización. Sin embargo, no hay garantías de su restitución.
Pese a los persistentes trascendidos, en el corazón de La Libertad Avanza descartan la posibilidad de indultar a militares condenados por crímenes de lesa humanidad cuando se cumplan los 50 años del último golpe de Estado. “Eso no va a pasar nunca en los ocho años de gestión del Presidente”, garantizó una importante fuente con acceso al despacho presidencial.
“No hay ni un sector de este Gobierno que quiera promover los insultos”, afirmaron por los pasillos de Balcarce 50 a este medio.
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POLITICA
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