POLITICA
El Gobierno denunció al financista ligado al “Chiqui” Tapia por lavado de dinero y evasión
La Dirección General Impositiva denunció hoy a la empresa Sur Finanzas, del empresario Ariel Vallejo, ligado al presidente de la AF, Claudio “Chiqui” Tapia, por los delitos de lavado y por maniobras de evasión que podría ascender hasta $3.327.267.047. La presentación, a la que tuvo acceso , quedó radicada en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona.
La investigación comenzó en abril de 2024 y estuvo a cargo de la Dirección Regional Sur. Los sabuesos de la DGI detectaron que Sur Finanzas PSP recibió dinero por transferencias realizadas por intermedio de su plataforma de billetera virtual que ascendieron a $818.000.000.000. El origen de esos fondos disparó las sospechas del fisco.
intentó contactar a Vallejo a través de allegados suyos, pero no obtuvo respuesta.
Entre los sujetos que movieron los más de $800 mil millones, se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas y “sujetos no categorizados”, que según la denuncia no tienen “impuestos activos”. Por este motivo, ARCA escribió en su presentación judicial “presunto origen sospechoso de los fondos”, lo cual derivó en la acusación de supuesto lavado de dinero.
Antes de explicar el detalle de esas transferencias, la denuncia del fisco mencionó una posible evasión tributaria. Para ello es necesario comprender cómo funciona una proveedora de servicios de pago (PSP).
“La contribuyente SUR FINANZAS PSP S.A. ofrece el servicio de billeteras virtuales, las que tienen un funcionamiento similar a una cuenta corriente”, explicó ARCA en su presentación judicial. Esto implica que a través de ella se pueden transferir o recibir fondos desde otras “billeteras virtuales” o desde cuentas bancarias propias o de terceros. Es decir, son intermediarios.
Uno de los aspectos de los movimientos de dinero investigados apunta directamente a una presunta evasión impositiva. Según sostuvo ARCA, las personas jurídicas no están exentas del pago de los impuestos de créditos y débitos. En ese sentido, los denunciantes afirmaron: “SUR FINANZAS PSP S.A. no ha detraído de las transferencias de sus clientes la suma de impuesto nominal – dejándose mencionado que los agentes no han detraído las transferencias entre cuentas de un mismo titular ni otras exenciones subjetivas y/u objetivas». El saldo que reclama el fisco por este concepto llega a $ 3.327.267.047,93.
Luego de esto, la denuncia comenzó a desglosar su acusación sobre presunto lavado de activos, que pone la lupa sobre el movimiento de más de $800 mil millones.
La investigación apuntó a los titulares de las cuentas que realizaron esas operaciones: revisaron los domicilios fiscales, se relevaron datos de consumo y patrimoniales, y la potencial capacidad económica y financiera de cada uno.
Los investigadores llegaron a la conclusión que a través de las billeteras virtuales de Sur Finanzas PSP se operaron $818.000.000.000. De ese total, el 31% son sujetos no categorizados y, dentro de este número el 9% son apócrifos (contribuyentes no confiables) y un 27% son monotributistas de escasa capacidad económica detectada.
A esto último hace referencia la expresión de uno de los sabuesos de la exAFP: “un ejército de soldaditos”. Un caso ayuda a comprender: un monotributista de la categoría “D”, identificado como I.M., emitió facturas en 2024 por $4.937.394 y recibió más de $230 millones. El principal proveedor de esas facturas era Sur Finanzas PSP. Esa misma persona tiene movimientos en billeteras virtuales por $87.000 millones, según un informe reservado al que accedió este medio.
Otro caso en la mira es un monotributista categoría “A”, identificado como B.A. En apenas cuatro meses de 2024, registró movimientos en billeteras virtuales por $7000 millones. Sin embargo, no tiene propiedades a su nombre y solo declara un auto de 2008.
La denuncia especificó que los “monotributistas sin capacidad económica” que movilizaron más de mil millones de pesos fueron 32 contribuyentes. Entre ellos, operaron más de $193 mil millones, de acuerdo con la presentación judicial.
Asimismo, los “sujetos no categorizados”, que no tienen impuestos activos ante el fisco, cuyas transferencias superaron el umbral de los mil millones, realizaron operaciones que totalizaron $223 mil millones.
En paralelo, según la denuncia, hubo 26 empresas que a través de Sur Finanzas PSP realizaron transferencias. Esas compañías están incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas de ARCA. Esto se contrapone a una medida del Banco Central que impide que las PSP brinden servicios a “personas o empresas que figuren en la “Base de Contribuyentes No Confiables”.
Los denunciantes consideraron que “es evidente que SUR FINANZAS PSP S.A. se encuentra en lo que parecería una connivencia con un tercero que se esconde tras el velo de sujetos apócrifos, sujetos no categorizados y sujetos persona humana, sin capacidad alguna económica para mover virtualmente los millonarios montos detectados”. Por este motivo, el fisco planteó sus sospechas sobre la presunta “ilicitud de los fondos” e impulsó la acusación por supuesto lavado de dinero.
Los abogados de la DGI reclamaron que se tomen varias medidas de prueba de manera urgente para “desbaratar la continuidad de comisión de delitos de índole tributario”. Entre esos medidas, se mencionan allanamientos, embargos e inhibición general de bienes de los autores de la maniobra, y la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Los vínculos con la AFA y el fútbol
El dueño de Sur Finanzas es Ariel Vallejo, un hombre muy cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Su financiera acaba de cumplir cuatro años de vida. Arrancó en la zona Sur de la provincia de Buenos Aires con apenas tres empleados y hoy tiene más de veinte locales. La firma se dedica a prestar dinero, desde jubilados hasta grandes empresas, al cambio de divisas y hasta ofrece cajas de seguridad en algunas de sus sucursales. También desarrolló una billetera virtual destinada a pequeñas empresas.
Vallejo utiliza su cuenta de Instagram para exhibir sus contactos con el mundo del fútbol. Tiene varias imágenes junto a Tapia, intendentes del Conurbano, y decenas de dirigentes de Primera y del Ascenso. “Somos la billetera del futbol”, suele repetir en sus presentaciones.
Sur Finanzas aparece en la camiseta de Barracas Central. Es sponsor de Racing y prestó dinero a San Lorenzo y a Banfield.
reveló que el empresario está siendo investigado por presunto lavado dinero. La UIF y la Procelac detectaron que una constructora, denominada Construcciones TAR, recibió más de $6000 millones en sus cuentas bancarias entre septiembre de 2022 y julio de 2023, una cifra que no tenía relación con su nivel de actividad.
La constructora derivó dinero hacia distintas compañías, entre ellas una casa de cambio adquirida por Vallejo en 2020: Centro de Inversiones Concordia.
En paralelo, el Banco Central también tiene un sumario abierto contra Vallejo y Centro de Inversiones Concordia por posible incumplimiento de la norma sobre tenencia de moneda extranjera.
La suerte de Vallejo cambió el martes pasado. El empresario tuvo que afrontar un allanamiento por la causa Andis, revelado por . Según consta en ese expediente, una parte de los fondos recibidos por Miguel Ángel Calvete y Alan Pocoví, un economista vinculado al mundo de las finanzas, habría sido invertida en criptomonedas mediante la aplicación “Neblockchain”, antiguo nombre de Sur Finanzas PSP.
La denuncia penal de la DGI menciona a Ariel Vallejo, a su madre, Graciela Vallejo, y a María Fernanda Sena Argis. Los tres aparecen vinculados, con diferentes cargos, a otras casas de cambio y empresas.
En el caso del empresario, se menciona a Abo Inversiones, Sur Valores, Valle Business, Ars Cambios, Fenus SAS, Sur Finanzas Group, Cluster Palace Beach, Sur Crypto y Sur Pagos.
De hecho, la Ferrari California negra que se pudo ver estacionada en la puerta de la sede de Sur Finanzas está registrada a nombre de Cluster Palace Beach, según documentos oficiales.
había revelado que la madre de Vallejo aparece como dueña de un Alfa Romeo Stelvio 2.0, de 2025, un todoterreno valuado en más de 80.000 dólares, y que fue “propietaria” de un Porsche Macan (2023), un Porsche 718 Boxster (2019), un BMW X2 20I (2019), y un BMW X4 20I (2018). En el mercado local esa flota cuesta no menos de 350.000 dólares. “Algunos de los autos se guardaban en un garage que compró Ariel frente a la sede central de Sur Finanzas, en Adrogué”, contó una fuente que prefirió mantener su anonimato.
A ese listado de autos se le suman más vehículos inscriptos por las empresas de Vallejo. Solo a nombre de Sur Finanzas, hay 12 automotores, según constató la Procelac al presentar otra denuncia por lavado.
De este modo, la Justicia acumula dos expedientes con interrogantes similares. Ambos investigan de dónde viene el dinero movilizado a través de compañías vinculadas a Vallejo.
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POLITICA
Tucumán: el diputado agredido por un empleado público con un cabezazo pidió investigar el accionar de la policía
La brutal agresión que se registró en Tucumán con el cabezazo que el diputado libertario Federico Pelli recibió por parte de Marcelo “Pichón” Segura continúa sumando capítulos y ahora apuntaron contra el accionar de la Policía de la provincia. La querella presentó un escrito en el que pidieron investigar a los miembros de la fuerza involucrados y sostuvieron que “incumplieron sus deberes”.
En diálogo con La Gaceta, el propio Pelli sostuvo que el caso tomó repercusión producto de su cargo dentro de la Cámara Baja en el bloque de La Libertad Avanza. “Lo triste es que cuando le sucede a la gente a pie queda en la total impunidad. Lo más grave también, que yo vi en el video posterior, porque cuando recibo el ancazo ya pierdo noción de lo que estaba pasando, fue el accionar de la policía”, señaló.
“Realmente eso me pareció insólito. La desidia con la que actuaron me parece un mensaje muy peligroso el que dieron esos agentes de policía. Frente a los poderosos o a gente vinculada al poder hay impunidad y te damos palmaditas para que te retires. Y con el ciudadano de a pie común actuamos con toda la rigurosidad y con toda la brutalidad del mundo o con la mayor severidad”, apuntó.
En las imágenes que se difundieron en redes sociales, se puede observar cómo todo comenzó con un breve cruce de palabras, en donde el diputado dijo: “¿Quién sos vos para dejar pasar?”. Acto seguido, tras la intención del agresor de no dejar pasar al diputado hacia la mencionada localidad, le pegó con la parte superior de la cabeza y el impacto le rompió la nariz, lo que lo dejó con la cara sangrando. Todo esto ante la vista de un grupo de agentes que estaban en la zona.
De acuerdo a lo que señalaron los médicos que atendieron al diputado, sufrió un traumatismo encefalocraneano y nasal. Le realizaron una tomografía y detectaron que tiene una fractura del hueso nasal, por lo que quedará en observación, ya que no hay lesión cerebral. “Fue una desgracia con suerte”, señaló uno de los profesionales que lo atendieron en el Hospital Regional de Concepción en diálogo con medios locales.
Según la presentación ante la Justicia, la querella sostuvo que “el personal policial presente no solo no observaron ni ejecutaron las leyes cuyo cumplimiento y observancia debieron cumplir, sino que además, de manera dolosa, no solo omitieron, sino que incumplieron sus deberes”.
“El mismo imputado declaró que pidió ayuda y colaboración al personal policial, quienes en vez de proceder a la inmediata aprehensión del encartado, protegían y acompañaban a Segura en vez de solicitar ayuda o personal médico para que atiendan a la víctima de autos”, agregaron.
En ese sentido, desde el lado de Pelli señalaron que, una vez que se produjo la agresión, el personal policial acompañó y protegió al imputado. Es por eso que piden que se incluya a los agentes y se los impute por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario pública.
Mientras tanto, el fiscal Miguel Ángel Varela, a cargo del caso, imputó a Segura por “lesiones graves agravadas por alevosía” y le ordenó una prisión preventiva de cuatro meses y su traslado al penal de Benjamín Paz.
Además, la decisión se fundamentó en la presencia de riesgos de fuga y posibles maniobras para dificultar la investigación, sobre todo por la necesidad de identificar a otros involucrados y de recuperar el teléfono móvil del imputado, quien aseguró haberlo extraviado durante el ataque.
“Pichón” Segura se identificó como empleado público de la comuna de Los Bulacio. De acuerdo a la información a la que accedió este medio, tiene un antecedente penal por tenencia de armas de guerra, en el año 97′.
A través de sus redes sociales, Segura aseguró que estará ausente durante cuatro meses. “Voy a estar incomunicado 4 meses. Dejo mi celular a cargo de una CM. Por favor banquen hasta que todo esto acabe. Y como dijo Eva ‘volveré y seré millones’. Hasta la victoria siempre compañeros y compañeras”, escribió en su publicación.
En la misma cuenta oficial del empleado público se identifica como “tucumano y peronista”. Durante las últimas horas, mientras esperaba que se realizara la audiencia, realizó varias publicaciones asegurando que estaba “más fuerte y más entero que nunca”, y agradeció el apoyo de sus seguidores.
Este jueves declaró ante la Justicia el piloto del vuelo privado de Manuel Adorni a Punta del Este, Agustín Issin. Aseguró que tanto la ida como la vuelta la pagó Marcelo Grandio. Además, contó que tenía una empresa de brokers de vuelos, donde compró un paquete de 10 vuelos por US$42.000, de los cuales le vendió un par a Grandio.
El vuelo a Punta del Este fue facturado a Grandio, a Imhouse S.A., la productora del periodista, a través de la empresa Alpha Centauri. Pagó US$3000 dólares. Adorni deberá demostrar que pagó esos vuelos a Grandio y que no se trató de una dádiva.
Según la declaración, la contratación de los vuelos no apareció como una operación aislada, sino dentro de una relación comercial previa.
El testigo explicó que trabajaba habitualmente con la firma aérea Alpha Centauri S.A., con la que ya tenía acuerdos anteriores para la compra de paquetes de vuelos a Punta del Este. También dijo que Grandio ya había contratado en otras oportunidades sus servicios, aunque aclaró que no era de sus clientes más importantes sino una persona que lo contactaba con cierta frecuencia.
Leé también: El piloto del vuelo de Punta del Este de Adorni aseguró que el viaje lo pagó un periodista de la TV Pública
El broker se refirió a la factura de US$3000 emitida por el tramo de vuelta. Issin sostuvo que ese importe no representaba el valor total original del vuelo, sino el saldo final luego de una reducción acordada. Según explicó, el precio base del regreso era de US$ 4800, pero Grandio pidió que se utilizaran plazas vacías del avión —la llamada “pata vacía” o empty leg— para bajar el costo.
De acuerdo con esa versión, sobre esos US$4.800 se aplicó una quita total de US$1.800: US$1.200 por dos plazas vacías vinculadas al vuelo del 12 de febrero y US$600 por otra plaza vacía correspondiente al tramo del 17 de febrero.
En cuanto a la forma de pago, el testigo diferenció claramente la ida de la vuelta. Respecto del vuelo de ida, declaró que fue facturado directamente entre Alpha Centauri S.A. y la empresa contratante, y que se pagó mediante transferencia bancaria. Sin embargo, no dejó asentado en ese acto el monto exacto efectivamente abonado por ese tramo y dijo que debía verificarlo.
Sobre el vuelo de vuelta, en cambio, fue más preciso: afirmó que los USD3.000 se pagaron en efectivo, a través de un tercero, y que esa entrega fue coordinada por WhatsApp y audios, respecto de los cuales dijo contar con respaldo.
El dato clave es que la factura de la vuelta fue emitida varias semanas después del vuelo. Frente a eso, Issin explicó que no obedeció a una nueva contratación ni a una modificación posterior del servicio, sino a que se encontraba de viaje y recién cuando regresó confeccionó la factura.
También aclaró que la constancia del cobro no habría sido un recibo formal, sino un mensaje enviado informando que el dinero había sido recibido por Whatsapp. Por último, cuando se le preguntó si le constaba que Adorni hubiera viajado con su empresa en alguna otra oportunidad anterior, respondió que no.
Manuel Adorni, Vuelos, Gobierno
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“Autorizar a la empresa de bandera brasileña, TAM, sucursal argentina, nombre de fantasía Latam Airlines Brasil para explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, en forma combinada, en la ruta San Pablo, Brasil, y Ushuaia, Argentina y viceversa.
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