El Ministerio de Justicia a través de su titular, Juan Bautista Mahiques, oficializó hoy una serie de cambios significativos en su estructura de conducción, con la aceptación de la renuncia del doctor Carlos Eduardo Medina como Subsecretario de Asuntos Registrales y la designación de un nuevo funcionario en ese cargo clave para la administración pública nacional.

La decisión fue instrumentada a través del Decreto 227/2026 publicado en el Boletín Oficial que establece, a partir del 9 de marzo de 2026 pasado, la aceptación de la renuncia de Medina al frente de la Subsecretaría de Asuntos Registrales, dependencia que integra la Secretaría de Justicia. Pese a que no precisaron los motivos por los que Medina deja su cargo, se le agradecieron formalmente por los servicios brindados en la función pública.

La Subsecretaría de Asuntos Registrales es responsable de la supervisión y regulación de los registros públicos dependientes del Ministerio de Justicia.

La vacante generada por la salida de Medina fue cubierta mediante la designación, a partir del 23 de marzo de 2026 último, del doctor Gonzalo Miguel Estevez como nuevo titular del área, según lo dispuesto en el artículo tercero del documento oficial.

El recambio en la estructura de la Secretaría de Justicia se produce en un contexto de reorganización interna y responde a la necesidad de asegurar la continuidad operativa en áreas consideradas estratégicas para la gestión tras la llegada de Mahiques a la cartera.

Los cambios ya realizados en Justicia

A casi un mes de haber asumido al frente del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques está cerca de completar la renovación en los organismos que dependen de su cartera, algunos de los cuales cumplen funciones clave dentro de la estructura del Estado, como la prevención de lavado de dinero o la investigación de posibles causas de corrupción dentro de la propia administración nacional.

Apenas llegó al cargo, el ex fiscal de la Ciudad de Buenos Aires -que en realidad se pidió licencia en esa función para poder cumplir sus nuevas tareas- decidió reemplazar a todas aquellas personas que estaban en lugares relevantes dentro de su área, para reemplazarlas por gente de su confianza.

De hecho, una de las primeras medidas que tomó el funcionario fue, justamente, pedirles las renuncias a los titulares de la Inspección General de Justicia (IGJ), la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuración del Tesoro, entre otros.

En muchas de esas entidades los cambios ya se hicieron efectivos, mientras que en otras las modificaciones fueron anunciadas, incluso de manera oficial, en algunos casos, pero todavía no se hicieron efectivas, ya sea por los tiempos políticos o por los procesos que se requieren cumplir previamente.

Una de las dirigentes que ya se encuentra cumpliendo plenamente su trabajo es Gabriela Zangano, quien fue nombrada por Mahiques como la sucesora de Alejandro Melik en la OA, lo que se formalizó el viernes pasado mediante el Decreto 194/2026, publicado en el Boletín

En tanto, en la UIF que se ocupa del “análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos”, entre otras cuestiones, es impulsado Matías Álvarez.

La designación del titular de la UIF no es un proceso sencillo, sino que requiere de varios pasos administrativos que suelen demorar mucho tiempo y que están establecidos en el artículo 9 de la Ley 25246.

El área se encuentra acéfala desde la salida de Paul Starc, que ocurrió a principios de este año, y aunque Cúneo Libarona había propuesto a Ernesto Gaspari para este lugar, su trámite nunca llegó a completarse.

Ahora, el Gobierno convocó a la audiencia pública para el 22 de abril, desde las 10:00, en la sede del Ministerio y encabezada por el propio Mahiques, quien recibirá hasta 48 horas antes de esa fecha los pedidos de participación de todo aquel interado en opinar sobre la carrera de Álvarez.

Finalmente, el ex Secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quedó allí junto a Santiago Castro Videla, que estaba al frente del área y quedó como subprocurador.

El 11 de marzo pasado, el Gobierno aceptó la renuncia presentada por Daniel Vítolo como inspector general de Justicia y nombró en su lugar a Alejandro Horacio Ramírez, un aogado y magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral.

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Tal como había anunciado el Gobierno la semana pasada, formalizaron la recompensa de $20 millones de pesos para las personas que brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, el exguerrillero chileno que vivía en la localidad bonarense de Moreno, y que ahora se encuentra prófugo de la Justicia, y al que Chile busca extraditar hace años.

La medida se hizo efectiva esta madrugada, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 302/2026 del Minsiterio de Seguridad. “Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa de Recompensas”, aseguraron.

La disposición precisa que la orden de captura y extradición fue solicitada formalmente por las autoridades judiciales competentes, en el marco de la cooperación internacional en materia penal. El texto señala que toda información que permita dar con el paradero de Apablaza Guerra será suministrada bajo reserva de identidad, asegurando la confidencialidad de los datos proporcionados.

A través de diferentes administraciones, Chile responsabilizó a Apablaza por “graves delitos vinculados al terrorismo”. El exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez está acusado por el crimen en 1991 del entonces senador Jaime Guzmán, y haber participado del secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio.

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La oficialización de la recompensa se dio horas después de la visita de José Antonio Kast al presidente Javier Milei. De igual forma, la Justicia argentina ya había ordenado la detención con fines de extradición del exguerrillero, que se encontraba asilado en Argentina desde hace décadas. Sin embargo, cuando la Policía fue a su vivienda, no se encontraba allí.

A raíz de esta situación, el gobierno de Kast, a través del ministro del Interior y Seguridad Pública, Claudio Alvarado, reclamó al mandatario que se realicen realicen los “mayores esfuerzos” para encontrar a Apablaza. “El Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado a la Cancillería argentina que se realicen los mayores esfuerzos y se mantiene en contacto permanente para dar seguimiento a este proceso”, indicaron la semana pasada.

La orden de detención fue firmada por la jueza María Servini en el marco de una causa judicial iniciada en 2010 tras un pedido de extradición por parte de las autoridades chilenas, que fue bloqueado por el otorgamiento del estatus de refugiado político durante el gobierno de Cristina Kirchner, que luego revocó Mauricio Macri durante su gestión presidencial.

En 2004, Apablaza ya había sido detenido, según varios reportes oficiales. Utilizaba en aquel entonces el falso nombre de “Héctor Daniel Mondaca. Estuvo siete meses preso y el 4 de julio de 2005 el juez del caso, el fallecido Claudio Bonadio, hizo lugar al pedido de extradición. En el interín, fue liberado bajo fianza mientras tramitaba su apelación. Más tarde, el chileno presentó un pedido de refugio ante el Comité de Elegibilidad para Refugiados (CONARE). 

Luego de que se conociera la noticia de la recompensa, el abogado defensor de Apablaza, Rodolfo Llanzón, insistió con que el exguerrillero es un “refugiado político en Argentina”. “Fue víctima de torturas tanto durante la dictadura de Augusto Pinochet como en los años posteriores”, dijo el letrado durante una entrevista con Eduardo Feinmann al aire de Radio Mitre, por lo que justificó la vigencia de su estatus de protección internacional. De esta manera, Llanzón planteó que la discusión debería centrarse en el derecho internacional.

Feinmann, por su parte, definió al exguerrillero como “un prófugo acusado de delitos graves vinculados la terrorismo”. Ante esto, Llanzón profundizó que el reconocimiento de Apablaza como refugiado político no responde a una decisión circunstancial de un gobierno, sino a estándares internacionales. “Entre las causales por las que fue reconocido como tal, está la de haber sido torturado, secuestrado y enviado a un centro clandestino de detención durante la dictadura de Pinochet”, reiteró.

El presidente Javier Milei continúa resistiendo las críticas contra algunos de sus funcionarios, mientras intenta mostrar que la gestión sigue su marcha, vuelve a empoderar a Manuel Adorni y trata de recuperar la agenda con los debates en el Congreso y nuevas polémicas que van surgiendo.

En la última reunión con sus ministros en Casa Rosada, este lunes, el mandatario nacional se colocó al frente del grupo para el momento de la foto protocolar, pero dispuso que gran parte del encuentro estuviera encabezado por el jefe de Gabinete.

La decisión no fue casual, sino que responde a una estrategia más amplia que, según explicaron a Infobae algunos de los presentes en esa imagen, busca devolverle la legitimidad al referente del oficialismo, actualmente acorralado por las denuncias en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito.

De hecho, una de las medidas que tomó el líder libertario fue la de ordenar, de manera explícita, que cualquier información sobre el avance de la administración de la cual tenga que estar enterado, pase primero por Adorni.

Se trata de otra muestra de respaldo al dirigente, que optó por reducir su exposición en los medios mientras avanza la investigación por las propiedades que compró y los viajes al exterior que hizo en los últimos años.

El jefe de Gabinete contrató al abogado penalista Matías Ledesma para que lleve adelante su defensa y no solo tiene en mente presentar documentación que justifiquen esas compras y vacaciones, sino que también ya piensa en cómo va a contratacar, cuando toda la polémica -según confía- pase.

“Cuando todo esté aclarado, va a pedir que se inicien las acciones por daños y perjuicios correspondientes tanto por él como por toda su familia. A todos los que hicieron daño en los medios”, advirtió a Infobae una de las personas más cercanas al funcionario.

Es que, desde que se conoció el escándalo, en Balcarce 50 vienen insistiendo con que lo que más molestó fue que los canales y portales de noticias mostraran el video en el que estaba junto a su esposa, Bettina Angeletti, y sus hijos subiendo en el avión privado que lo llevó a Punta del Este durante los últimos feriados por carnaval.

“Para él lo más fuerte fue eso, estar viendo las 24 horas, todos los días, la cara de su pareja en televisión junto a sus chicos, que además son menores de edad”, señaló uno de los miembros de su círculo íntimo.

Recientemente, el fiscal federal Gerardo Pollicita, que lleva adelante la denuncia central, citó como testigo al ex futbolista Hugo Morales, antiguo dueño del departamento en Caballito al que se mudé el ministro coordinador, después de conseguir un crédito privado por parte de dos jubiladas.

Para recuperar el control de la agenda, Milei le organizó a Adorni una serie de reuniones con los ministros, por un lado, y busca concentrarse una vez más en las reformas que LLA impulsa en el Congreso.

En la Cámara de Diputados, su presidente, Martín Menem, y el jefe del bloque violeta, Gabriel Bornoroni, negocian los votos para terminar de aprobar la modificación a la ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado y se va a debatir este miércoles.

Durante el martes, en tanto, se discutirá el proyecto en las comiciones de Asuntos constitucionales y Recursos naturales, donde las provincias también expondrán sus posturas respecto a esta iniciativa.

En el oficialismo, sin embargo, están confiados en que cuentan con el respaldo necesario como para que la iniciativa salga: “Venimos bien, los gobernadores son los que tienen que aportar mas diputados. Si quieren un país federal, lo tienen que demostrar ahora”, remarcó un integrante de la bancada.

En el día de su cumpleaños, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibió el lunes a los mandatarios de San Luis, Claudio Poggi, y de Corrientes, Juan Pablo Valdés, para conversar sobre esta y otras reformas que hay en carpeta.

Por otra parte, el Gobierno parece haber superado rápidamente otra acusación de supuesta corrupción, la de los créditos hipotecarios del Banco Nación a los que accedieron varios funcionarios, por montos que superarían su capacidad de financiamiento.

Una de las primeras acciones que generaron ruido fue la de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien echó a su mano derecha, Leandro Massaccesi, después de que se supiera que estaba en la lista de beneficiarios.

Sin embargo, pocas horas después las autoridades nacionales salieron a aclarar que ese no fue el motivo de su apartamiento, sino que la decisión se tomó por otros motivos, vinculados más a la gestión.

Incluso, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se expresó públicamente al respecto y defendió a los involucrados al sostener que “no hay nada ilegal ni inmoral” en haber accedido a esos préstamos.

“Los tomaron por recomendación mía. Yo le sugiero a todo el mundo que acceda a créditos hipotecarios porque considero que es una oportunidad única. En primer lugar, porque beneficia al país: el desarrollo del crédito hipotecario ha sido un motor de reactivación fundamental, incluso el más importante”, señaló.

En la Casa Rosada no se muestran preocupados por este tema, todo lo contrario. En varias carteras argumentan que “todo se hizo en regla” y que “no tienen nada que ocultar”.

“Hay incluso ex funcionarios que también pidieron una hipoteca y no aparecen en esa lista que se difundió. Que los pongan también, no tenemos ningún problema. En nuestro caso, por ejemplo, sé que se hizo de forma normal, se presentaron los recibos de sueldo y se autorizó. Son personas que ya tenían mucha ‘guita’, nadie puede dudar de que puedan pagar”, opinó una fuente cercana a uno de los beneficiarios.

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