POLITICA
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días tras el anuncio de cierre de la empresa de neumáticos Fate
Tras el anuncio del cierre definitivo de la planta de la empresa Fate, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero dictó la conciliación obligatoria para la resolución del conflicto en el marco de la audiencia virtual que tuvo lugar este mediodía. Según pudo confirmar Infobae, fue el propio Cordero el que trasladó la determinación a las autoridades de la firma presentes en la instancia de mediación y a los representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) que lidera el trostkista Alejandro Crespo.
A través de un comunicado publicado por el Ministerio de Capital Humano, el Poder Ejecutivo dispuso de 15 días para que las partes acerquen posturas y negocien una solución al conflicto. Además, estableció que en el mientras tanto, se deberá retrotraer la situación al estado previo al conflicto y advirtió la necesidad de “abstenerse” de adoptar medidas que alteren el desarrollo de las relaciones laborales.
“El Ministerio de Capital Humano continuará promoviendo las instancias de mediación necesarias, en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente”, plantearon en el documento publicado en redes sociales y difundido por la cartera que lidera Sandra Pettovello.
Por cuestiones de competencia jurisdiccional, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires también celebró una audiencia y replicó la misma resolución que la instrumentada por Cordero en la cita de Nación. “El conflicto colectivo de trabajo es de extrema gravedad, por consiguiente resulta necesario disponer las medidias pertinentes a fin de mantener la paz social y poner en funcionamiento los mecanismos legales a disposición para promover una solución pacífica y legal al conflicto existente”, argumentaron desde la cartera que conduce Walter Correa.
Lo cierto es que conforme al paso de las horas, la administración libertaria recalibró su postura y reorientó los cañones. Si bien inicialmente las críticas fueron direccionadas contra el sindicalismo, en especial contra Crespo, a los que dan como ausentes en la audiencia virtual, pese a que los involucrados garantizan haber participado, pasado el mediodía, la familia Madanes Quintanilla se llevó el mayor volúmen de cuestionamientos.
“Es parte de la libre compentencia. A nadie le gusta, pero son cosas que pasan”, definió a primera hora una importante fuente con acceso al despacho presidencial a Infobae. Asimismo, se cuidó de marcar que el Ejecutivo sigue de cerca la necesidad de que la firma cumpla con el protocolo que establece el pago de las indemnizaciones a los 920 empleados a los que despedirá.
Los hasta entonces empleados de la planta aseguran haberse anoticiado en horas de la madrugada de la decisión que adoptó la patronal, que afecta además al contexto político marcado por una serie de protestas convocadas por el sindicalismo contra la reforma laboral que se tratará mañana en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que en las últimas horas, la Confederación General del Trabajo (CGT) brindó una conferencia de prensa exprés para anunciar un paro general para el jueves mientras el Congreso debata el proyecto.
Pese al impacto del anuncio de los fabricantes de neumáticos que liquidará su negocio y clausurará su planta industrial en el partido bonaerense de San Fernando, en la mesa política designada por el presidente Javier Milei no se mostraron sorprendidos por el desenlance de los acontecimientos, pero durante el transcurso de la mañana apuntaron contra los empresarios a los que responsabilizan por el timing del anuncio.
“Es un sector puntual, una empresa puntual, con problemas hace muchos años. Lamento que la empresa no haya tomado la situación en cuenta”, se lamentó una voz oficial por los pasillos de Balcarce 50 que horas más tarde señaló sin tapujos a la familia Madanes Quintanilla.
Si bien la línea que instruyó el presidente Javier Milei fue la de responsabilizar a la actividad sindical, en particular al SUTNA conducido por Crespo, integrante del Partido Obrero, pasado el mediodía, los cañones fueron direccionados a las autoridades de FATE. “En 2019, Fate tuvo plan preventivo de crisis y ahí no había tema de importaciones. No debe venir por ahí. El combo de sindicatos troskos y empresaurios (sic) no es buena”, deslizó ante este medio un funcionario.
Desde este mediodía, el Poder Ejecutivo medió en el procedimiento abierto entre el sindicato y la empresa con la audiencia mientras los actores de la administración, incluido el propio Milei, marcan que el anuncio tuvo lugar un día antes del tratamiento del proyecto de “Modernización”. A través de su cuenta de X, el mandatario expresó: “¿Conspiranoico yo? Fin”.
Con el pasar de las horas, en el oficialismo se instaló la idea de que la determinación de Madanes a la hora de anunciar el cierre de la planta no fue azarosa y responde a la decisión de complejizar el tratamiento de la reforma laboral que tanto obsesiona al mandatario. “Debe querer algo. Lo está haciendo a propósito y nos damos cuenta”, sentenció un funcionario ante este medio.
Pese a la acción dictada, desde la cartera anticipan que las posibildiades de revertir el cierre son limitadas, dado que la empresa se comprometió a abonar las indemnizaciones necesarias para concretar la clausura de la planta.
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POLITICA
La UTA confirmó que se sumará mañana al paro general de la CGT en rechazo a la reforma laboral
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó esta tarde que mañana se sumará al paro general anunciado por la CGT en el marco de una jornada en la que la reforma laboral se tratará en la Cámara de Diputados.La medida de fuerza alcanzará a servicios de corta, media y larga distancia, combis y subterráneos en todo el país, en protesta por la reforma laboral.
A través de un comunicado, la organización advirtió sobre el riesgo para la dignidad del trabajo y la viabilidad del sector del transporte, argumentando que la convocatoria no responde a intereses sectoriales sino al reclamo de quienes ven amenazadas sus condiciones de vida. El gremio instó a los empleados del sector a sostener el paro como un mecanismo de “defensa colectiva”.
La UTA fundamentó la medida por la caída del salario real y el deterioro de las condiciones de empleo, cuestiones que el sindicato atribuye directamente al ajuste económico. Desde la entidad, además, señalaron el impacto del incremento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo, junto a la preocupación por la estabilidad laboral.
El sindicato reafirmó que el paro abarca todas las actividades del transporte a nivel nacional y reiteró su compromiso con la defensa del salario y el empleo.
Noticia en desarrollo
POLITICA
Piden al procurador Casal que ordene a los fiscales retirarse de los tribunales internos de la AFA
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) le pidió al procurador general Eduardo Casal que el Ministerio Público Fiscal retire a sus fiscales del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un órgano interno de la entidad que revisa y sanciona infracciones disciplinarias vinculadas a los partidos y que ya había sido cuestionado por sus múltiples vínculos con el Poder Judicial.
“La AFA regula y administra el fútbol profesional argentino, un ámbito que involucra intereses económicos de enorme magnitud. La exposición de fiscales a este universo, en roles directivos o disciplinarios, crea un riesgo evidente de múltiples conflictos de interés”, advirtió la organización.
La ACIJ señala que esa “doble función” es ilegal, incompatible y contraria a estándares internacionales y apunta al caso particular del fiscal de Comodoro Py Ramiro González, que actualmente ejerce funciones dentro del Tribunal de Disciplina de la entidad que lidera Claudio “Chiqui” Tapia.
Según el escrito, la integración de los tribunales internos de la AFA “supone la realización de tareas propias de la profesión jurídica”, puesto que sus miembros revisan expedientes, investigan antecedentes, analizan pruebas, celebran audiencias y dictan resoluciones sancionatorias. “En otras palabras −sostiene el texto− implica intervenir en el trámite de expedientes, en la valoración de pruebas, en el razonamiento jurídico y, finalmente, en la emisión de verdaderas ‘sentencias’”.
La organización recordó, además, que el Reglamento para la Justicia Nacional establece que los magistrados y fiscales no pueden participar en asociaciones profesionales ni integrar comisiones directivas de ninguna asociación sin autorización expresa de la autoridad de superintendencia.
A su vez, señalan que no hay constancias de que la Procuración de Casal haya otorgado permisos especiales para ocupar esa doble función que, además, tensiona las directivas que recomienda la ONU para que los fiscales pueden desarrollar sus tareas “sin intimidación… ni injerencias indebidas”.
La AFA y el cruce con la Justicia
La repentina aparición de un puñado de causas sensibles colocó a la AFA en el centro de una tormenta judicial.
En los últimos meses del año pasado, y en medio de esa creciente judicialización, a los tribunales de ética y de disciplina de la AFA renunciaron distintos miembros del Poder Judicial: Diego Barroetaveña, que es presidente del Cámara de Casación Federal y lideraba el tribunal de Ética de la AFA; Juan Ignacio Pérez Cursi, titular de la Cámara Federal de Mendoza y árbitro de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA; Néstor Barral, de la Cámara Federal de San Martín y miembro del tribunal de Disciplina; y el juez en lo Criminal y Correccional Nº9 de la ciudad de Buenos Aires, Martín Peluso, que también integraba la comisión.
La ACIJ había elevado un pedido a la Corte Suprema para que disponga el cese inmediato de las funciones que desempeñan los jueces en los tribunales internos de la AFA por posibles conflictos de intereses.
El caso del juez Barroetaveña terminó por ilustrar las preocupaciones de la ACIJ. Como miembro de la Casación, el camarista deberá decidir junto a otros dos colegas si la causa que busca esclarecer de quién es la fastuosa quinta de Villa Rosa, Pilar, sospechada de pertenecer a los altos mandos de la AFA, sigue tramitando en la justicia federal de Campana, como quieren los imputados, o regresa al fuero Penal Económico.
El propio fiscal González debió intervenir en los inicios de la causa que investigaba la quinta de Pilar, cuando el expediente daba sus primeros pasos en Comodoro Py, antes de pasar al fuero Penal Económico y a la Justicia de Campana, donde se encuentra ahora.
Los nexos de la AFA con la Justicia exceden la formalidad de los cargos. Del tribunal también formaba parte, por ejemplo, Esteban Mahiques, cuyo padre es Carlos Mahiques, miembro de la Casación Federal junto a Barroetaveña. Otro caso es el de Fernando Mitjans, que preside el tribunal de Ética de la AFA y está casado con Marcela Losardo, exministra de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández.
AFA,Claudio Chiqui Tapia,Casos de corrupción,Conforme a,AFA,,Investigación. La Justicia analiza transferencias por supuesto juego ilegal que llegan hasta Sur Finanzas PSP,,AFAGate. Dos empresas “gemelas” de Miami recibieron casi US$ 5 millones y desaparecieron: los pagos a la misma hora,,»Ya nada será lo mismo». Nueva era: cómo es la nueva televisación de la Primera Nacional por la plataforma de la AFA
POLITICA
Causa Cuadernos: se anunció el traslado de la sede del jucio a Comodoro Py para que puedan comenzar las audiencias presenciales
El Consejo de la Magistratura de la Nación anunció una serie de medidas para la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py, entre las que se incluye el traslado del Tribunal Oral Federal 7 que actualmente lleva adelante el juicio por la denominada causa Cuadernos.
La medida se concretaría antes de mitad de año, según detalló el organismo, y con el traslado podrán comenzar las audiencias presenciales, una demanda creciente de las partes y de la Cámara Federal de Casación Penal.
Leé también: La CGT ratificó el paro contra la reforma laboral y se refirió al cierre de Fate
El TOF 7 es el único tribunal que no funciona en Comodoro Py y tiene su sede en el Palacio de Tribunales. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli expusieron oportunamente las complicaciones de esa distancia ante la Cámara Federal de Casación Penal cuando se inició el juicio por la causa Cuadernos y se debatió la presencialidad del proceso oral y público.
Con la mudanza se garantizará al TOF el uso de la Sala AMIA, destinada para la realización de juicios orales de gran magnitud y que fue modernizada y habilitada en diciembre pasado. También podrán disponer de otra decena de salas que se crearon y acondicionaron en el último año en el edificio de Retiro.
El cambio de sede también simplifica los mecanismos previstos para el eventual traslado de detenidos desde la alcaldía del Servicio Penitenciario Federal que funciona en la planta baja de Comodoro Py.
“La relocalización del TOF recién se realizará cuando esté finalizando todo el trabajo de infraestructura y sistema que se está implementado en distintas etapas. De acuerdo a las estimaciones, no sería antes de mitad de año”, remarcó el Consejo.
Desde el inicio del juicio, el TOF 7 optó por celebrar audiencias principalmente virtuales, dos veces por semana por Zoom. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal, así como representantes del Ministerio Público Fiscal, reclamaron de manera insistente una frecuencia mayor de audiencias y su realización de forma presencial para dar mayor dinamismo al debate oral.
El juicio
El proceso comenzó el 6 de noviembre pasado, con la lectura del primer requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Carlos Stornelli, centrado en las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de coimas atribuidas a los principales exfuncionarios acusados, entre ellos la expresidenta.
La lectura de esa primera acusación continuó durante las audiencias del 13, 20, 25 y 27 de noviembre, cuando se concluyó con ese tramo y se avanzó con el segundo requerimiento, que abordó imputaciones por cohecho activo, cohecho pasivo, admisión y recepción de dádivas.
El 27 de noviembre también se inició la lectura del tercer requerimiento de elevación a juicio, cuya exposición finalizó el 4 de diciembre, luego de que una de las audiencias fuera destinada a tratar un planteo de recusación presentado por la defensa de De Vido, que finalmente fue rechazado por el tribunal.
Posteriormente, en las audiencias de los días 9, 11, 16 y 18 de diciembre, se dio lectura al cuarto requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal y se comenzó con la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa conocida como “La Camarita”, vinculada a la presunta cartelización de la obra pública civil a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales.
Finalmente, en la última audiencia realizada, el tribunal avanzó con la lectura del quinto requerimiento de elevación a juicio, correspondiente a la causa “Trenes”, que investiga supuestas maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos ferroviarios, además de la presentación efectuada por la UIF en ese expediente.
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La acusación sostiene que la expresidenta y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros/ entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.
“El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios“.
Comodoro Py, cuadernos de la corrupción, Consejo de la Magistratura
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