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POLITICA

El Gobierno estableció un régimen para que civiles puedan acceder a fusiles semiautomáticos

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El Registro Nacional de Armas (Renar) estableció un régimen especial para autorizar la compra y tenencia de armas semiautomáticas tipo fusil, carabina o subametralladora de calibre superior al .22 LR. Esta normativa alcanzará a legítimos usuarios de uso civil condicional y entidades de tiro deportivo. La medida surge de la Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, y fija los requisitos, controles y condiciones para solicitar este tipo de armamento.

El organismo, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, reglamentó lo dispuesto por el Decreto 397/2025, que reemplazó el principio general de prohibición por un régimen de autorización y supervisión específica.

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La nueva resolución determina que las entidades de tiro autorizadas para uso de armas cortas o largas y tiro práctico podrán solicitar estas armas para ser utilizadas por sus socios únicamente dentro de las actividades deportivas habilitadas. También podrán emplearlas con fines didácticos, siempre que el uso se encuentre debidamente documentado.

El procedimiento para realizar este trámite incluye la identificación precisa del arma a adquirir o regularizar, indicando marca, modelo, tipo, calibre, número de serie y Código Único de Identificación de Material Controlado (CUIM) si lo tuviera. Los solicitantes deben acreditar un espacio de guarda habilitado bajo la categoría G2, una clasificación prevista en la Resolución 119/2018 de la entonces ANMaC, que implica medidas de seguridad reforzadas para almacenamiento. Además, deben presentar una declaración jurada con los fundamentos del pedido, documentación respaldatoria de esos motivos y registros fotográficos del material, incluyendo vistas laterales y de numeraciones o marcajes.

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La resolución indica que el trámite requiere el pago de la tasa correspondiente, equivalente a la vigente para la Tenencia Express y la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM). El Renar será el encargado de evaluar cada solicitud y podrá requerir información adicional en caso de considerarlo necesario para la verificación de antecedentes o de la pertinencia del pedido.

El procedimiento para realizar este trámite incluye la identificación precisa del arma a adquirir, una acreditación del espacio de guarda y una declaración jurada con los fundamentos del pedido, documentación respaldatoria y registros fotográficos del material (AP Foto/Seth Perlman, archivo)Seth Perlman – AP

Uno de los ejes del régimen es la acreditación de un uso deportivo comprobado. Para cumplir con esta condición, los legítimos usuarios deben demostrar al menos una de tres circunstancias: certificación de una entidad de tiro con instalaciones propias que los reconozca como tiradores asiduos; participación en competencias nacionales o internacionales de tiro en disciplinas que utilicen armamento de estas características; o una solicitud presentada por una entidad de tiro habilitada para ser utilizada exclusivamente por sus socios en prácticas deportivas o con fines didácticos.

Además del uso deportivo, se evaluarán condiciones complementarias. Entre ellas, antecedentes del solicitante, con verificación de que no existan sanciones ni actuaciones administrativas en trámite ante el Renar; una antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario de armas de uso civil condicional; y cualquier otro elemento probatorio que el organismo considere pertinente. Estas pautas buscan asegurar que quienes accedan a las armas contempladas por la resolución cuenten con experiencia previa y un historial sin infracciones.

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Por otra parte, el anexo de la medida contiene el modelo de declaración jurada obligatoria. En ese documento los solicitantes deben comprometerse a no modificar el sistema de funcionamiento del arma para convertirla en automática y a mantenerla exclusivamente en estado semiautomático. La declaración también establece que la tenencia autorizada será estrictamente personal, sin posibilidad de transferencia o préstamo a terceros. Los solicitantes deberán aceptar someter el arma a verificaciones futuras coordinadas por el organismo.


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Gerardo Zamora no se sumará al kirchnerismo y armará bloque propio en el Senado

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El escenario político en el Senado argentino experimenta una reconfiguración significativa tras la decisión de Gerardo Zamora de conformar un bloque propio junto a Elia Moreno, por fuera de Fuerza Patria. Esta determinación, confirmada a Infobae por fuentes cecanas al gobernador santiagueño, introduce un nuevo factor de incertidumbre en la estrategia de Cristina Kirchner y el bloque que lidera José Mayans en la Cámara Alta.

El actual gobernador de Santiago del Estero, quien juró este viernes en su banca, optó por revivir el sello del Frente Cívico por Santiago, tal como lo hizo durante su mandato senatorial entre 2013 y 2017, cuando dejó la gobernación en manos de su esposa, Claudia Ledesma Abdala. En esta nueva etapa, Zamora estará acompañado por Elia Moreno, su compañera de lista en las elecciones de octubre, consolidando así una bancada independiente del peronismo.

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Desde el entorno de Mayans persiste la expectativa de retener el respaldo de Zamora, aunque las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo continúan abiertas. Al igual que otros gobernadores peronistas, el santiagueño busca mayor flexibilidad en su relación con el bloque oficialista.

La trayectoria de Zamora revela una relación oscilante con el kirchnerismo: fue un aliado clave durante la presidencia de Cristina Kirchner, pero también supo tender puentes para garantizar la convivencia parlamentaria en los primeros años del kirchnerismo.

Zamora siempre mantuvo una relación fluda con Cristina Kirchner, pero ahora evitó sumarse al floque de Fuerza Patria

El peso político de Zamora quedó de manifiesto cuando, con el apoyo del peronismo, fue elegido presidente provisional del Senado en 2014, integrando la línea de sucesión hasta diciembre de 2015. Posteriormente, Ledesma Abdala ocuparía ese mismo cargo durante la gestión de Alberto Fernández, en la etapa en que Cristina Kirchner presidió la Cámara Alta.

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La reciente decisión de Zamora de recibir a Diego Santilli en el marco de las negociaciones impulsadas por el ministro del Interior para asegurar acuerdos sobre el Presupuesto y las reformas propuestas por la Casa Rosada generó inquietud dentro del peronismo. Este movimiento refuerza la percepción de que Zamora busca un margen de negociación más amplio con el Gobierno nacional.

En el plano electoral, la alianza entre Zamora y el kirchnerismo se mantuvo sólida en la disputa por las tres bancas senatoriales de Santiago del Estero: dos para la mayoría y una para la minoría. En los últimos comicios, Zamora y Moreno encabezaron una de las listas, mientras que José “Pichón” Neder, por Fuerza Patria, renovó su banca y continuará alineado con el kirchnerismo.

El impacto de la salida de los dos senadores santiagueños se refleja en la composición del bloque peronista, que pasó de 34 a 28 bancas. Si se concreta la desvinculación de los representantes de Santiago del Estero, el bloque quedaría reducido a 26 miembros, de los cuales cuatro integran el bloque de Convicción Federal, que ya anticipó que no participará en la unificación promovida por Mayans.

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En la Cámara de diputados, Zamora cuenta con siete legisladores afines, quienes por el momento permanecen bajo la órbita del peronismo en el bloque liderado por Germán Martínez. Este último expresó su confianza en poder mantener cohesionada la bancada, aunque el reciente giro en el Senado alimenta la posibilidad de que el Frente Cívico también se reorganice en la Cámara baja. Tal escenario podría afectar la estrategia del kirchnerismo, que busca evitar deserciones para conservar la condición de primera minoría, un objetivo central para Cristina Kirchner en su aspiración de mantener la influencia K en espacios como el Consejo de la Magistratura.

La definición de este nuevo mapa legislativo comenzará a clarificarse a partir de la próxima semana, cuando el miércoles presten juramento los diputados electos en octubre, abriendo una etapa de negociaciones y realineamientos que marcarán el pulso político en el Congreso.

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POLITICA

El Gobierno emitió un comunicado a favor de las vacunas: PBA y Formosa no lo firmaron

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Tras la polémica desatada por la exposición antivacunas que tuvo lugar en el Congreso esta semana, el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones publicó este sábado un documento en el que se destaca la importancia de cumplir con el calendario nacional de vacunación y se sostuvo que “es seguro y salva vidas”.

El documento lleva la firma de los ministros de Salud de CABA y casi todas las provincias, con la excepción llamativa de Formosa y Buenos Aires. Aunque en este último caso, el ministro de Salud de dicha jurisdicción, Nicolás Kreplak, dijo que el Gobierno de Axel Kicillof fue marginado del texto, y que en caso de haber sido incluidos, hubieran adherido.

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El comunicado de Salud reza: “Las vacunas del Calendario Nacional son herramientas fundamentales para la salud. Cada una cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas”.

La acción llevada a cabo por la cartera de Salud se acordó entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado. En el texto enfatizan en que “la aplicación efectiva de vacunas en todo el país es una responsabilidad compartida” y que requiere de una articulación entre la Nación, las provincias y los municipios.

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La polémica conferencia que tuvo lugar en el Congreso sobre los presuntos efectos negativos de las vacunas.

Frente a la acusación del Gobierno de Kicillof de no haber sido incluidos en la firma del texto, desde el Ejecutivo nacional sostienen que la iniciativa del comunicado surgió del Ministerio de Salud de La Pampa, parte de un Gobierno peronista, y que, por lo tanto, PBA tendría que haber estado al tanto de la respuesta al show antivacunas que tuvo lugar en el Congreso con el aval de las autoridades de la Cámara de Diputados.

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Tras el insólito acto en el Congreso, el Gobierno ratificó la seguridad y la gratuidad de las vacunas junto a 22 ministros de Salud

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El Gobierno nacional difundió este sábado un comunicado en el que reafirmó la obligatoriedad y el carácter gratuito de la vacunación en el país, en medio de la creciente preocupación por la baja de las tasas de cobertura y el aumento de los mensajes de desinformación en torno a las vacunas.

La declaración recibió el aval de la mayoría de los ministros de Salud provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ratifica que la política de inmunización es “indispensable” como herramienta sanitaria.

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El texto, que lleva el título “Las vacunas son seguras y salvan vidas”, hace hincapié en la “responsabilidad compartida” entre la Nación—que tiene a su cargo la adquisición y distribución de las dosis— y las jurisdicciones provinciales y municipales, encargadas de su aplicación concreta en cada territorio.

“Las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación son herramientas fundamentales de la salud. Cada una de ellas cuenta con la evidencia de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas”, señala el comunicado.

El mensaje recuerda, además, que antes de ser incorporadas al calendario obligatorio nacional, “todas las vacunas atraviesan evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad. Su aplicación debe realizarse a lo largo del tiempo pediátrico con esquemas precisos y en poblaciones de riesgo identificadas”, señalaron los ministros de Salud.

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La comunicación se dio a conocer después de la realización de una actividad antivacunas promovida públicamente por la diputada del PRO Marilú Quiroz. En ese acto, se buscó poner en duda la campaña de vacunación contra el COVID-19 y se expusieron sin rigurosidad científica, entre ellas, la presencia de un hombre que posó con su torso desnudo para mostrar supuestos efectos de “magnetismo” provocados, según los organizadores, por la administración de la vacuna contra el coronavirus.

El evento generó revuelo y el repudio por parte de referentes del ámbito científico y sanitario, que expresaron su preocupación por el impacto potencial de este tipo de mensajes en la salud pública.

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Ahora, el nuevo comunicado compartido por el ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, fue difundido por las redes sociales como parte de una estrategia coordinada destinada a reforzar la confianza de la población en la inmunización.

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Además, el mensaje enfatiza la necesidad de cumplir con lo definido por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), que actúa como órgano asesor tanto del Ministerio de Salud de la Nación como de los Ministerios de Salud provinciales. “La aplicación efectiva de las vacunas en todo el país es una responsabilidad compartida con la comunidad y los trabajadores de la salud”, esgrime el comunicado.

“El cumplimiento de los esquemas de vacunación es imprescindible para evitar enfermedades graves y muertes prevenibles. La interrupción en la aplicación sistemática de las vacunas conlleva un rebrote de enfermedades ya controladas. No aplicar las vacunas del Calendario implica riesgos innecesarios en la salud de la población”, concluye la comunicación.

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La respuesta institucional llega en medio de la creciente escalada de desinformación sobre la eficacia de las vacunas y sus efectos colaterales, que creció en todo el mundo en la última década, pero desembarcó con fuerza en Argentina a partir de la pandemia de COVID-19.

Las consecuencias del impacto de las redes sociales en sembrar la semilla de las redes sociales ya registra claros efectos negativos. Durante 2024, menos de la mitad de los niños de entre 5 y 6 años recibieron las vacunas que les correspondían para comenzar la primaria. Y además bajó 10 por ciento todas las vacunas que se deben aplicar a los 11 años, según se desprende de información del Ministerio de Salud de la Nación.

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