POLITICA
El Gobierno frena el aumento de las prestaciones en Discapacidad mientras define la judicialización de la ley que ratificó el Congreso
El Gobierno frena el aumento a las prestaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mientras define la judicialización de la ley que incrementa los fondos derivados al sector. El Ejecutivo no logró frenar el rechazo al veto en la Cámara de Diputados y espera que el Senado lo convalide en el corto plazo.
Es por eso que los equipos técnicos de la Casa Rosada trabajan sobre la estrategia judicial para no tener que aplicar la erogación presupuestaria que indica la ley. En Nación sostienen que buscan evitar realizar un doble aumento en caso de que la Justicia les ordene avanzar con lo dispuesto por ambas cámaras del Congreso.
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La mesa política de Balcarce 50 reconoce que el anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre que el oficialismo estaba “considerando” un incremento de las prestaciones fue promovido por pedido de diputados aliados para intentar justificar su voto a favor del veto. “No sirvió y por ahora no se va a hacer”, agregan.
El secretario de Comunicación expresó además que la medida se iba a financiar mediante el recorte de fondos de pensiones por invalidez “mal otorgadas”, que todavía no están auditadas en su totalidad. El Ministerio de Salud comenzó a principios de año un proceso de chequeo sobre el universo total de 1.000.000 pensiones, pero solo logró por el momento notificar a 280.000 beneficiarios.
La encargada de trabajar el enfoque jurídico es la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, en conjunto con su mesa de abogados, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y los equipos de Procuración del Tesoro. La primera definición del gabinete es que no promulgarán la ley luego de que la Cámara Alta rechace el veto.
Una de las opciones que el Gobierno evalúa es recurrir a la Corte Suprema para solicitar la nulidad de la sesión en el Senado en la que se votaron las iniciativas. Nación mantiene la intención de argumentar que la autoconvocatoria de Senado es ilegal y que lo aprobado durante la sesión no tiene validez. Planea invocar el artículo 32 del reglamento de la Cámara Alta.
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La otra apunta a presentarse ante el fuero Contencioso Administrativo bajo el argumento del impacto fiscal de la medida, que ya lo incluyó en los considerandos del veto. Sostienen además que las fuentes de financiamiento de la ley no contemplan más del 15% de los fondos requeridos para ejecutarla y apela a la Ley Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
Las distintas oficinas de la Casa Rosada enfrentan a la par un parate luego de la filtración de audios del extitular de la ANDIS en los que denuncia un presunto pedido de coimas. La mesa chica de Balcarce 50 se está enfocando en desarrollar un plan de acción para contener el frente interno y luego el externo. Es por eso que tampoco se dedicará a preparar un aumento a pensiones de discapacidad mientras el organismo se encuentra en plena auditoría e intervención.
Gobierno, Discapacidad
POLITICA
La Libertad Avanza busca sumar control en el Congreso: impulsa a Lilia Lemoine y a Sebastián Pareja en comisiones clave
Desde los bloques oficialistas en las diferentes cámaras legislativas, los libertarios avanzan en controlar con la mayor cantidad de legisladores y con las conducciones de estas, las comisiones en Diputados y en el Senado.
La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, busca, en diálogo con sus referentes legislativos, la senadora Patricia Bullrich, jefa del oficialismo y Martín Menem, presidente de Diputados, consagrar a libertarios paladares negros como titulares de las comisiones específicas.
Las últimas decisiones políticas serían que Lilia Lemoine, presida la Comisión de Juicio Político, y que, como ya adelantó TN, Sebastián Pareja, el armador libertario de la secretaria Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, encabece la Bicameral de control de los Servicios de Inteligencia.
Esta determinación abriría un frente de conflicto con el Pro en la Cámara baja, ya que la bancada amarilla veía en ese lugar a su presidente, Cristian Ritondo, ante un supuesto ofrecimiento desde el oficialismo, a Ginés del año pasado, para que conduzca la Bicameral para los próximos dos años.
La definición formal todavía no está cerrada. En el caso de las comisiones bicamerales, los presidentes de cada cámara del Congreso —Martín Menem, por Diputados, y Victoria Villarruel, por el Senado— deben resolver primero la lista de integrantes de esta mediante una resolución. Una vez que se oficialicen esos nombres, la comisión deberá reunirse y elegir a sus autoridades, instancia que aún no tiene fecha. La definición sería durante los primeros días de abril.
Desde el Parlamento, la Bicameral es el órgano que fiscaliza las actividades de los espías, audita su presupuesto, pide informes y será por donde pase la Reforma de Inteligencia que el presidente Javier Milei enviará al Congreso.
La Ley de Inteligencia Nacional prevé el control parlamentario del Sistema de Inteligencia Nacional, por parte de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Poder Legislativo Nacional.
La comisión está conformada por 14 miembros, representados por siete integrantes de cada cámara legislativa.
La Libertad Avanza tendrá un mayor número de representantes, sumará desde el Senado, donde no tenía representantes, e incrementaría su número por Diputados. Desde Unión por la Patria (UxP) esperarán saber cuántos lugares le corresponden desde cada cámara legislativa, un tema conflictivo en las conversaciones entre el diputado Germán Martínez, jefe del bloque de UxP, con Martín Menem.
Posicionamiento libertario
El armado está marcando, además, el posicionamiento de La Libertad Avanza en la conducción de aquellas comisiones que son estratégicas de gestión y de control.
En la Cámara de Diputados ya presiden Asuntos Constitucionales con Nicolás Mayoraz, Presupuesto con Lisandro Almirón, Relaciones Exteriores con Juliana Santillán, y Legislación General con Santiago Santurio.
Sumaron además el control de las comisiones de Salud y Discapacidad, dos espacios que durante los años de gestión del Presidente Javier Milei, fueron controlados por la oposición y les ocasionaron fuertes contratiempos políticos con las discusiones y sanciones de leyes como el Financiamiento para el Hospital Garrahan o la declaración de Emergencia en Discapacidad.
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Los libertarios Manuel Quintar y Gerardo Huesen se quedaron con las presidencias de Salud y Discapacidad, respectivamente. “No vamos a clausurar los debates”, le dijo a TN el jujeño Quintar, pero la realidad es que los proyectos se ponen en consideración cuando lo decide su presidente, o lo votan la mayoría de sus integrantes.
El oficialismo, junto a sus aliados, considerados la oposición dialoguista como la UCR y el Pro, tienen la mayoría sobre Unión por la Patria (UxP) del diputado Germán Martínez.
Este último jueves se confirmaron ocho comisiones donde el oficialismo se quedó con la presidencia en tres, Defensa con Carlos Zapata; Finanzas con Santiago Pauli e Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios con el chubutense César Treffinger, la cual tendrá injerencia directa en el proceso de licitación sobre la Hidrovía que lanzó el Gobierno nacional.
Comisiones en el Senado
Los libertarios controlan, como en Diputados, las comisiones de gestión: Presupuesto y Hacienda con Agustín Monteverde, Legislación General con Nadia Márquez, Relaciones Exteriores con Francisco Paoltroni y Asuntos Constitucionales con Agustín Coto.
También encabezan la estratégica Comisión de Acuerdos con el senador Juan Carlos Pagotto, y la de Trabajo y Previsión Social, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero. Resta aún definir la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, de suma importancia que hasta diciembre encabezó el desarrollista Oscar Zago, aliado del oficialismo, y que analiza los Decretos de Necesidad y Urgencias (DNU) que emita el Poder Ejecutivo.
Comisiones, Lilia Lemoine, Sebastián Pareja
POLITICA
El intento por negar el viaje, amenazas y entrega de dinero en una clínica: revelaciones de la secretaria del piloto
La declaración de la secretaria del piloto, Vanesa Tossi, abrió una nueva dimensión en la investigación judicial por el vuelo privado del jefe de Gabinete. No solo ratificó el circuito de pago que ya estaba bajo sospecha, sino que, según una fuente que estuvo presente en esa audiencia, dejó al descubierto una serie de elementos que tensionan aún más la situación procesal de los involucrados y amplían el foco del expediente. Entre ellos, que Marcelo Grandío, el periodista, contratista del Estado y amigo de Manuel Adorni, pretendió que la empresa desconociera la existencia del viaje de vuelta -no solo de la factura- cuando trascendió el caso.
La secretaria dijo que el día que Carlos Pagni mencionó la existencia del viaje de Manuel Adorni, Grandió le escribió. “¿Viste lo que está pasando? ¿Vos lo filtraste?“, le dijo Grandío. “Yo no miro los medios”, contestó ella. El cliente le respondió con un mensaje en el que incluyó: “Este pseudo periodista dice esto porque se quedó sin pauta”, a la vez que le envió notas periodísticas sobre el tema.
Tossi dijo al juez y fiscal que se siente amenazada por Grandío, que la llamó en plena declaración testimonial. Consultada por qué, se refirió especialmente a su insistencia y al tono con el que le pidió repetidas veces que desde la empresa le hagan una nota de crédito por el viaje que pagó.
El clima de la testimonial quedó atravesado por expresiones de arrepentimiento por parte de la secretaria. “Me equivoqué, me quiero matar”, fue una de las frases que, de acuerdo a la fuente, surgieron en relación con la contratación del vuelo. De hecho, Tossi dijo que “no sabía del delito de dádivas” y que tratan de no contratar con políticos, pero hizo una excepción por la forma en la que se contrató el servicio, vía un amigo.
Uno de los ejes en los que esa tensión se vuelve más evidente es en la explicación pública del viaje. Según se destacó en la reconstrucción, Tossi dijo que Grandío uso la palabra “invitación”, en referencia a la compra de los vuelos para Adorni, al menos cinco veces. Para los investigadores, la reiteración no es menor.
La coordinación del pago del vuelo se estructuró alrededor de dos figuras: Marcelo Grandio, como quien aportaba el dinero, y “Horacio” —identificado como Horacio Gómez, su apoderado—, como el encargado de ejecutar y ordenar los movimientos. Según lo reconstruido en la causa, primero hubo un intento de que la operación no fuera facturada, es decir, manejarla por fuera del circuito formal. Ante la negativa de la empresa, el pago no se hizo en el momento del vuelo, sino días después.
En ese tramo aparece la logística del dinero: la entrega no fue directa, ni bancaria, sino que se canalizó a través de terceros, incluyendo el envío mediante un motoquero a una clínica, en la que la secretaria se estaba haciendo estudios.
La segunda etapa fue la de la facturación tardía y el conflicto posterior. Una vez que la empresa avanzó con la emisión del comprobante —ya con el caso expuesto—, el mismo circuito que había coordinado el pago activó una maniobra para desconocerlo.
A través de Horacio Gómez se envió una carta documento, en la que se negaba tanto la validez de la factura como la existencia misma del viaje, calificándola de “falsa” y proponiendo resolverlo con una nota de crédito. A partir de ese momento, Tossi dice que dejó de atenderlo.
Ese movimiento terminó de evidenciar la tensión interna: mientras el dinero ya había sido entregado bajo un esquema informal, se intentó retroactivamente borrar su rastro documental. En el centro de toda esa secuencia quedaron Grandio, como financista, y Horacio, como articulador de cada paso vinculado al dinero, desde la entrega física hasta la estrategia legal posterior.
Issin, el piloto, no mencionó la carta documento. Por este motivo, es probable que la Justicia lo cite a ampliar su declaración testimonial.
Uno de los datos más sensibles que emergió en la declaración está vinculado al operativo aeroportuario. La secretaria, bajo juramento de decir la verdad, aseguró que el día del vuelo intervino el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) con un dispositivo específico para facilitar la salida. En ese contexto, se habría producido una anomalía en los controles migratorios: en lugar de verificar la identidad mediante reconocimiento facial, se escaneó el documento. La diferencia técnica es clave, porque implica una relajación de los protocolos de control que rigen en los aeropuertos.
Ese punto introduce una nueva dimensión en la causa, que ya no se limita al financiamiento del vuelo, sino que empieza a abarcar posibles irregularidades en el funcionamiento de organismos estatales.
En paralelo, la investigación avanza hacia una línea patrimonial. El fiscal pidió unas 12 medidas típicas de una pesquisa por enriquecimiento: relevamiento de registros de propiedad, aeronaves y vehículos, entre otros cruces de información que buscan determinar si hubo beneficios económicos indebidos.
Camila Dolabjian,Javier Milei,Manuel Adorni,Conforme a,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno,,»Mis felicitaciones». El mensaje de Cristina Kirchner por el fallo por YPF,,Rating. Todos los números de la cadena nacional del presidente Milei
POLITICA
Un fallo judicial suspendió dos artículos de la reforma laboral en los convenios del Sindicato de Comercio
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín ordenó este viernes la suspensión provisional de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral en el ámbito de los convenios colectivos del sector de comercio y servicios, luego de una acción presentada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín.
La medida cautelar alcanza al Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75, además de otros convenios suscriptos por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), como el CCT 781/20 y el CCT 547/08. En consecuencia, el Estado Nacional deberá abstenerse de aplicar las disposiciones cuestionadas en el marco de las relaciones laborales comprendidas en estos acuerdos hasta que exista una sentencia definitiva.
El sindicato había solicitado la declaración de inconstitucionalidad —o, en su defecto, la inaplicabilidad— de esas normas, argumentando que introducen modificaciones en el régimen de ultraactividad de los convenios colectivos y establecen límites a los aportes y contribuciones sindicales.
Según la presentación judicial, el artículo 131 de la reforma laboral reemplaza el artículo 6 de la Ley 14.250, lo que restringe la vigencia de las denominadas cláusulas “obligacionales” tras el vencimiento de un convenio, mientras que sólo las cláusulas “normativas” (referidas a condiciones y beneficios individuales de los trabajadores) permanecerían activas.
El juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto tuvo en cuenta que la nueva ley distingue entre ambos tipos de cláusulas, pero advierte que la definición legislativa resulta imprecisa, lo que, según la documentación presentada, podría generar situaciones de inseguridad jurídica sobre la vigencia efectiva de las paritarias vencidas y los aportes gremiales establecidos en ellos.
Por otro lado, el artículo 133 de la Ley 27.802 fija un tope máximo del 2% para las cuotas solidarias, aplicables tanto a trabajadores afiliados como no afiliados. El monto dse la cota solidaria actualmente previsto en el artículo 100 del CCT 130/75 es de 2,5%, por lo que el sindicato argumenta que la reducción impactaría en los recursos destinados al financiamiento de la actividad gremial y la prestación de servicios sociales, asistenciales, culturales y sanitarios en conjunto con la obra social OSECAC.
Además, el sindicato advirtió que la entrada en vigencia de ambos artículos coincide con el vencimiento del acuerdo paritario vigente, el 31 de marzo de 2026, lo cual, según su planteo, generaría efectos inmediatos en los haberes de los trabajadores a partir del mes siguiente y afectaría el desarrollo de la próxima negociación colectiva.
En su resolución, el juez consideró que los argumentos expuestos por la parte actora —“en esta etapa liminar, presentan entidad suficiente para tener por configurado el requisito de verosimilitud del derecho”— y que la inminencia en la aplicación de las nuevas disposiciones “configura un escenario en el cual la aplicación de los arts. 131 y 133 de la Ley 27.802 podría producir efectos inmediatos sobre la vigencia de cláusulas convencionales y sobre el régimen de aportes y contribuciones sindicales”.
La vigencia de la medida cautelar fue establecida por 6 meses desde la notificación de la resolución. El fallo consigna que se trata de una suspensión “provisoria y acotada a un ámbito específico”, sujeta al resultado del proceso principal, y que no se advirtió que pueda generar una afectación al interés público impeditiva de su dictado.
Según el fallo, el Estado Nacional será notificado oficialmente y deberá cumplir con la suspensión dispuesta en el ámbito de los convenios colectivos alcanzados.
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