Mientras los focos públicos de este jueves estuvieron puestos en el paro de la CGT y el tratamiento de la reforma laboral en Diputados, el Senado se mantuvo activo y el Gobierno consiguió ahí el dictamen para el régimen penal juvenil, que quedó en condiciones de ser llevado al recinto la semana que viene.

Motivado en un discurso de derecha en el abordaje de delitos, y con el fin de darle respuesta a pedidos de las familias que fueron víctimas de homicidios y hechos de inseguridad cometidos por jóvenes delincuentes, el Gobierno promocionó este proyecto que contempla bajar la edad de imputabilidad, que ya viene con aprobación de Diputados. La idea inicial de la Casa Rosada era reducir el umbral mínimo de punibilidad a 13 años, pero en un acuerdo con los aliados quedó fijado en 14.

Con este paso, el Gobierno ya tiene todo listo para que la iniciativa se debata la semana que viene en la Cámara alta. De momento, hay dos opciones.

Fuentes de Balcarce 50 que trabajan la estrategia legislativa tienen agendado que pedirán para el 27 de febrero la sesión para volver a tratar la reforma laboral, si es aprobada hoy en Diputados con cambios, como el artículo de las licencias médicas. Ese día, entonces, evalúan sumar al debate el régimen penal juvenil.

Sin embargo, por estas horas toma fuerza también otra posibilidad, según pudo saber : que se debata el jueves 26 el régimen penal juvenil −ya que se espera una prolongada sesión− y, al día siguiente, los cambios en el mundo laboral.

A favor del dictamen del oficialismo firmaron los senadores Patricia Bullrich, Agustín Monteverde, Bartolomé Abdala, Juan Carlos Pagotto, Gonzalo Guzmán Coraita, Ezequiel Atauche, Bruno Olivera, Silvana Schneider y María Belén Montes de Oca, todos de La Libertad Avanza (LLA); más los radicales Eduardo Vischi, Carolina Losada y Mariana Juri; sumados Andrea Cristina (Pro), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Beatriz Ávila (Independencia-Tucumán), Carlos Arce (Frente Renovador de La Concordia Social-Misiones) y Carlos Espínola (Provincias Unidas-Corrientes).

El respaldo al dictamen del oficialismo quedó solapado por la ferviente discusión en la Cámara de Diputados respecto de la reforma laboral y la movilización de grupos de izquierda en la Plaza del Congreso.

Pero Bullrich, una de las principales impulsoras de la ley, contó la novedad a través de sus redes sociales y recibió las felicitaciones del presidente Javier Milei, desde Estados Unidos, en la previa de su regreso a la Argentina tras participar del Board of Peace ideado por Donald Trump.

“Tenemos dictamen para el régimen penal juvenil en el Senado”, anunció Bullrich este jueves pasadas las 16 en su cuenta de X.

Convencida, la exministra de Seguridad afirmó: “La semana que viene lo vamos a convertir en ley. En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada. A las víctimas y a sus familias nadie les devuelve lo que perdieron ni justicia para los responsables, pero se terminó mirar para otro lado».

Tras eso, el Presidente −que estuvo reunido con Bullrich el lunes en Olivos− escribió dos abreviaturas: “TMAP” (por “todo marcha acorde al plan”) y ”VLLC» (por “viva la libertad carajo”).

De esta forma, el Gobierno busca conseguir una nueva normativa respecto de un debate de años en la Argentina que, a pesar de los distintos proyectos presentados en ese sentido, nunca derivó en una reducción de la edad en que los menores están sujetos a ser punibles, que hasta ahora está fijada desde los 16 años.

En lo legislativo, hasta este momento, la actual oposición (sobre todo del kirchnerismo) siempre hizo primar su postura en contra del proyecto, basada en la necesidad de impulsar reformas de fondo en las condiciones de vida y en la educación de los menores para que no lleguen a delinquir.

Sin embargo, en extraordinarias, el gobierno de Milei ya obtuvo la aprobación de Diputados con un amplio respaldo: 149 votos afirmativos.

Esta tarde, en el Senado, se hizo el plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Penales −comandada por Pagotto, que dejó el lugar a su colega Guzmán Coraita−, y de Presupuesto y Hacienda −a cargo de Atauche− con el fin de dejar listo el proyecto para que vaya a recinto. Asistieron también familiares de víctimas.

Frente a los reparos de algunos bloques aliados sobre los fondos para financiar el nuevo régimen, Atauche dijo que se prevé la asignación de un presupuesto para tal fin dirigido al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación.

La iniciativa, además de la baja de edad, establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes e introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva (que solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más). Para el resto de los casos, el proyecto estipula sanciones alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento o medidas de reparación del daño. A su vez, establece determinadas formalidades para la detención de menores, entre ellas que queden alojados separados de los adultos y que se les garantice acceso a educación, salud y programas de resocialización.

Si es aprobado durante esta jornada en Diputados, al Senado también deberá volver a tratar la reforma laboral, debido a que el oficialismo eliminó el polémico artículo 44, que reducía el pago de licencias médicas al 75 o 50% de acuerdo al caso, por lo que la ley tendrá cambios y deberá retornar a su cámara de origen.

Ahora, LLA contabiliza un aglomerado entre propios y socios que ronda los 40 senadores, que esperanza al Gobierno para lograr la aprobación definitiva del régimen penal juvenil.

De esta manera, para antes que arranque el año legislativo formal, el próximo 1 de marzo con las sesiones ordinarias, la gestión de Milei quiere tener transformados en ley estos dos proyectos (además de la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea), que son parte de las promesas de campaña libertaria y, en el caso de los cambios en materia laboral, también parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La diputada Marcela Pagano, disidente de La Libertad Avanza, y su esposo, el abogado Franco Bindi, recibieron un revés judicial de la Cámara Federal de Casación, que rechazó su recurso para que puedan nombrar defensores en una causa donde se investiga una denuncia de supuesto espionaje contra Karina Milei.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, denegó una queja de Pagano y Bindi.

El recurso pretendía que se revise una decisión de denegarles el acceso al expediente de la denuncia del Gobierno por supuesto espionaje contra Karina Milei y permitir que se presenten con abogado defensor. Los jueces dijeron que ninguno de los dos se encuentran formalmente imputado en la causa.

Esta causa se inició el 1 de septiembre de 2025, mediante una denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación, en la que se puso en conocimiento que se filtraron audios registrados de manera supuestamente ilegal y que fueron grabados en la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Karina Milei, y en el Congreso.

Esos audios estaban supuestamente vinculados a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y cercano a la hermana presidencial.

Los hechos denunciados consisten en la producción, manipulación y difusión sistemática de esas grabaciones atribuidas a funcionarios y exfuncionarios del Poder Ejecutivo Nacional.

La denuncia señalaba que se trata de un ataque a una de las principales figuras del Gobierno, mediante la posible violación a la ley de inteligencia nacional (25.520).

Según se desprende de la denuncia, el propósito de los autores de esas grabaciones, desconocidos, fue influir en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las elecciones legislativas que tuvieron lugar en 2025.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la decisión de las instancias anteriores de mantener por fuera del expediente y de la investigación a Marcela Pagano y a Franco Bindi, de momento.

Esas grabaciones se conocieron de manera contemporánea con los audios donde el extitular de la Andis Diego Spagnuolo mencionaba que se adquirían medicamentos de alto costo con sobreprecios en su área y nombraba a Karina Milei como presunta receptora de un porcentaje de supuestos sobornos.

En ese contexto, el ministerio de Seguridad, entonces a cargo de Patricia Bullrich, realizó una denuncia para impedir nuevas difusiones de audios.

En esa presentación, la cartera solicitó allanar el canal de streaming Carnaval, el primero que pasó los audios de Spagnuolo, y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, de Pablo Toviggino −supuestamente ligado a Carnaval− y del abogado Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, acusado por el Gobierno de haber sido el supuesto responsable de la difusión de los audios.

Esta denuncia penal recayó, por sorteo, en el juzgado federal 12 de Comodoro Py con el fiscal Carlos Stornelli.

En paralelo, el juez Alejandro Patricio Maraniello ordenó el “cese de la difusión” de los audios atribuidos a Karina Milei que hayan sido “grabados en la Casa de Gobierno”.