El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó al gobierno de Javier Milei de provocar un deterioro en el sistema de salud bonaerense, a raíz del ajuste en el presupuesto sanitario nacional en medicamentos, vacunas y otros insumos. En ese contexto, desde la gestión libertaria le respondieron con crudeza y señalaron es “exclusiva responsabilidad” de la administración que encabeza mandatario provincial opositor.

En una suerte de segundo capítulo de la confrontación entre Milei y sus adversarios políticos, tras la cadena presidencial de este domingo, la álgida discusión arrancó ayer en la apertura de sesiones del período parlamentario en la Legislatura bonaerense. En ese marco, Kicillof hizo un duro diagnóstico sobre la situación sanitaria en el distrito, y atribuyó el deterioro a los recortes del Poder Ejecutivo.

“El ajuste y la desregulación que implementó Nación impactaron duramente en el sistema sanitario provincial. Menos financiamiento, menos transferencias, más abandono”, sostuvo Kicillof en su intervención desde La Plata.

El mandatario argumentó que durante el último período se “redujo fuertemente el presupuesto nacional en salud”, y que la política de desregulación y el aumento de precios en medicamentos dejaron a numerosos ciudadanos sin cobertura privada ni obra social. “Cerraron casi 300 empresas privadas de salud” y advirtió sobre el impacto social de la crisis: “La mayoría de las obras sociales no alcanzan a cubrir las prestaciones mínimas con los aportes, y cayó 9 % la dispensa de medicamentos”.

Para el gobernador, los recortes configuran “una desgracia y una catástrofe”, con un resultado que es evidente: “Más presión sobre el sistema público y peores indicadores sanitarios”. “Vemos con preocupación el crecimiento de la mortalidad infantil y la mortalidad materna y de los casos de sífilis, sarampión y hepatitis A, entre otros. La motosierra y el abandono tienen consecuencias trágicas”, concluyó Kicillof.

La reacción de la Casa Rosada ante los reproches fue inmediata. La Oficina de Respuesta Oficial rechazó las acusaciones y le asignó la responsabilidad de la crisis sanitaria a la gestión de Fuerza Patria. “La Provincia de Buenos Aires administra su presupuesto, su red hospitalaria y su obra social. IOMA depende del gobierno provincial. Las decisiones sobre su financiamiento, sus deudas y su funcionamiento son responsabilidad directa de la gestión bonaerense”, remarcó.

A través de las redes sociales, el organismo del Poder Ejecutivo encargado de rebatir las críticas hacia la gestión de Javier Milei planteó que “la salud pública bonaerense depende del gobernador y (es) su exclusiva responsabilidad”.

Además, desde la cúpula libertaria le recordaron a Kicillof que la provincia de Buenos Aires «destinó $57.565 millones en pauta oficial sólo desde el Ministerio de Comunicación Pública». “Además, asignó miles de millones de pesos a políticas de género y a estructuras administrativas que no son prioritarias frente a una crisis profunda en el sistema sanitario», agregó.

“Los recursos existen. Lo que está en discusión es cómo se administran y qué se prioriza”, interpeló Oficina de Respuesta Oficial. “Si IOMA está quebrada y hay deficiencias en hospitales o dificultades presupuestarias en salud, la responsabilidad es provincial. No se resuelven trasladando culpas ni señalando al Presidente Javier G. Milei”, finalizó el texto.

En una suerte de anticipación de esa respuesta desde Casa Rosada, el gobernador resaltó en su discurso en la apertura de sesiones ordinarias que “no hay soluciones provinciales para una crisis nacional, ni tampoco una solución provincial para evitar el destino al que nos conduce este rumbo económico”. De lo contrario, lo que termina pasando es que “cada provincia o sector quede negociando migajas o administrando la caída”.

“Ninguna provincia se salva si el país se hunde”, remarcó y denunció como un ataque al federalismo los recortes en las transferencias, la paralización de obras y la centralización de las decisiones fiscales. Y propuso, en clave electoral, “ofrecer una salida y demostrar que no hay que resignarse, que no estamos condenados a este modelo, que existe una alternativa mejor, una alternativa que debe ser productiva, federal y bien nacional”.

“El modelo de país para el que trabajo es una Argentina justa, libre y soberana, mucho más integrada y con un pueblo orgulloso y feliz. Lo que estamos discutiendo ahora es el futuro: porque el futuro le pertenece al pueblo argentino y para él tenemos que trabajar sin descanso y con mucho amor a la patria”, concluyó.

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La Justicia rechazó el pedido del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y ratificó el llamado a indagatoria en medio de la investigación por presunta evasión de más de $19.000 millones.

El planteo fue presentado por los abogados de Tapia, que argumentaron ante la Cámara que no existió delito y que la deuda ya fue cancelada. Pese a esos fundamentos, este martes, el juez Diego Amarante mantuvo la convocatoria para que el dirigente declare como imputado.

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La causa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo acusó a Tapia y a otros dirigentes de la AFA, entre ellos el tesorero Pablo Toviggino, por la supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.353 millones.

El cronograma judicial establece que Tapia debe presentarse el jueves 5 de marzo, mientras que la indagatoria de Toviggino, prevista para el día siguiente, fue postergada.

La resolución del juez incluyó también la prohibición de salida del país para los imputados. Sin embargo, días atrás, Tapia solicitó autorización para viajar al exterior por tres días para asistir a un partido de la Conmebol en Brasil y a un evento de la Federación Colombiana de Fútbol.

Amarante habilitó el viaje, pero fijó una caución real de 5 millones de pesos como garantía para suspender temporalmente la restricción.

Cómo se originó la causa y qué pruebas analiza la Justicia

ARCA detectó retenciones impositivas y aportes a la seguridad social que no habrían sido depositados dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento. Los períodos bajo análisis van de marzo de 2024 a septiembre de 2025 e incluyen retenciones de IVA, Ganancias y contribuciones previsionales.

Según la denuncia inicial, el monto no ingresado era de $7.593.903.512,23, pero luego se sumaron otros $11.759.643.331,62, llevando el total investigado a más de $19.300 millones.

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ARCA sostuvo que las maniobras encuadran en el delito de omisión por parte de un agente de retención. “Los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”, argumentó el organismo.

Desde el punto de vista penal, la figura prevé penas de dos a seis años de prisión para el agente de retención que no deposite, total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos del vencimiento, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado supere los $100.000 por mes.

Qué pruebas complican a Tapia y la AFA

Para fundamentar el llamado a indagatoria, el juez Amarante valoró un informe técnico que detalla el movimiento de fondos de la AFA. Según ese documento, en diciembre de 2024 la entidad registró acreditaciones por más de $45.072 millones y durante 2025 los ingresos superaron los $453.449 millones. Además, en ambos años se constituyeron varios plazos fijos en pesos y dólares.

Entre las pruebas incorporadas figuran informes bancarios que muestran acreditaciones en cuentas de la AFA y la constitución de depósitos a plazo por sumas significativas.

Otro elemento clave fue la declaración de la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de la entidad. Bouvet explicó que las tres autoridades principales son el Presidente, el Secretario y el Tesorero, quienes firman los estados contables.

También detalló que su área confecciona la declaración jurada a través del sistema SIRE y que, una vez realizada, informa por mail el vencimiento del pago. “Todos los vencimientos son informados vía mail y después le mando un cuadro con la deuda acumulada, cuando lo solicita o como recordatorio, y él me transmite la instrucción de pagar”, declaró.

La defensa de Tapia sostiene que no hubo delito y que la deuda fue cancelada, por lo que pidió la nulidad del llamado a indagatoria. Sin embargo, el juez Amarante rechazó el planteo y ratificó la citación.

Chiqui Tapia, AFA