El Senado se prepara para iniciar, desde pasado mañana, el debate de la ley sobre propiedad privada que el Ejecutivo envió al Congreso, con un oficialismo que además consensuó, con parte de la oposición dialoguista, una nueva discusión del proyecto que pena las falsas denuncias, un tema que no llegó al recinto en el pasado por ser calificado de “rompe bloques”.

Por otra parte, La Libertad Avanza también dejó una ventana abierta para poder sesionar este jueves, para que los recientes pliegos judiciales puedan tomar estado parlamentario y se pueda activar a la ex legisladora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- argentina en Canadá.

La definición de la agenda comenzaría en las próximas horas, con la convocatoria a diversas comisiones. En tanto, para el potencial encuentro en el recinto de la Cámara alta, el oficialismo -comanda Patricia Bullrich– y la oposición dialoguista aguardan la cumbre que se consumará mañana -ya toma la forma de cónclave semanal rutinario- para definir esta cuestión. Los aliados quieren agregar sus propias leyes a la agenda senatorial.

El proyecto que “blinda” la propiedad privada modifica normas sobre expropiaciones -antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares -se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, como el de Juan Grabois–, tierras rurales e incluso la criticada norma sobre manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la administración de su estimado “compañero” Alberto Fernández. No se descarta, en caso de haber comisión o plenario, que asistan funcionarios nacionales.

La segunda ley está relacionada con un área sensible: las falsas denuncias. El año pasado, un trabajoso dictamen -que cayó con el recambio parlamentario de diciembre- no llegó a la luz verde debido a que, según confiaron en ese entonces varias bancadas a Infobae, el mismo iba a “dinamitar el recinto”, y ahora se busca evitar tropelías en el articulado para que, sobre todo, no haya choques con la convención “Belém Do Pará”, sobre violencia contra la mujer, que cuenta con rango constitucional y fue ratificada por el Congreso en 1996.

El texto original de falsas denuncias fue empujado por una radical –Carolina Losada– y se convirtió casi en la prioridad de su agenda durante largos meses. Encontró un generoso guiño del libertario y extitular de la comisión de Justicia de la Cámara alta, Juan Carlos Pagotto. El riojano, en medio del vendaval kirchnerista contra la Casa Rosada de 2024 y 2025, halló espacios para insistir con el texto en cuestión y dejó de lado otras leyes que reclamaban senadores. Hoy preside nada menos que la de Acuerdos, por donde pasan todos los pliegos de magistrados, diplomáticos y militares.

La última versión del dictamen -cayó con el recambio legislativo de diciembre último- imponía “prisión de uno a tres años al que denunciare falsamente a persona determinada o indeterminada de un delito ante la autoridad”. Y sumaba: “Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.

En dicho articulado también se establecía “de uno a cuatro años” de prisión al “testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”.

De cara al jueves, siempre y cuando se confirme la idea sobre el recinto que tienen libertarios y dialoguistas, la finalidad es simple: que tomen estado parlamentario los recientes pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo, más la definición de la postulación como embajadora -política- argentina en Canadá de la experimentada exsenadora Lucila Crexell.

El kirchnerismo fue a confrontar a Crexell a la comisión de Acuerdos y la de nuevo 100% peronista Carolina Moisés, que hasta hace poco tiempo pedía por la liberación de Cristina Kirchner junto a la ahora “odiada” La Cámpora -hay publicaciones suyas con la leyenda “no es justicia, es venganza”, tras la condena contra la ex presidenta-, acusó a sus excompañeras de sororidad “demagógica” y las dejó en una posición más que incómoda.

Jaime Rosemberg,Conforme a

El Gobierno publicó este lunes en el Boletín Oficial un decreto del presidente Javier Milei, que habilita adelantos de coparticipación para 12 provincias por hasta $400.000 millones. Se trata de fondos que corresponden a las propias jurisdicciones, pero que serán girados de manera anticipada para cubrir necesidades financieras inmediatas y deberán ser reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal, es decir, de este año.

La medida se da en un contexto de deterioro de los ingresos provinciales. Según estimaciones de la consultora Politikon Chaco, en el primer trimestre del año las transferencias automáticas registraron una caída real de 6,4%. En paralelo, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicó que la coparticipación mostró un retroceso de 7% interanual en marzo, mientras que los recursos propios también evidencian contracción.

El esquema de adelanto de coparticipación fija una tasa de 15% para esos fondos, muy por debajo de las condiciones del mercado, donde el financiamiento para provincias se ubica entre 30% y 45%. El objetivo del Gobierno es tener margen de negociación con gobernadores aliados, al evitar que recurran a un endeudamiento más costoso para afrontar gastos corrientes.

El nuevo régimen reemplaza el esquema tradicional de pedidos mensuales de adelantos extraordinarios. En esta modalidad, las provincias informaban previamente sus necesidades y el Gobierno definía los montos en función de su participación en la masa coparticipable y su capacidad de repago.

Cómo funcionan los adelantos de coparticipación

El adelanto de coparticipación no es una herramienta nueva. Históricamente, las provincias recurrieron a este tipo de asistencia para ordenar sus cuentas en momentos de tensión financiera. La diferencia ahora es que el Gobierno busca sistematizar el mecanismo y establecer un tope global.

El decreto contempla un límite de hasta $400.000 millones para el conjunto de las jurisdicciones alcanzadas. Según el texto del decreto, el monto específico para cada provincia no está definido en la norma, ya que será la Secretaría de Hacienda la encargada de asignarlo según la capacidad de repago de cada jurisdicción, en función de su participación en la recaudación de impuestos nacionales.

Según se detalla en los considerandos, la decisión responde a que varias provincias manifestaron estar “impedidas, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes”, lo que motivó la intervención del Gobierno nacional.

Los fondos corresponden a recursos que las provincias reciben por ley a través de la coparticipación federal. Al anticiparlos, el Estado nacional otorga liquidez, pero reduce los envíos futuros, lo que obliga a las administraciones a ordenar sus cuentas dentro del mismo año.

Las provincias alcanzadas

De acuerdo con lo informado oficialmente, el esquema de adelanto de coparticipación incluye a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Entre Ríos ya había sido incorporada a este mecanismo en enero de 2026.

Se trata, en su mayoría, de provincias con alta dependencia de los recursos de origen nacional. Además, la caída de la recaudación reduce la capacidad de pago de salarios en sectores clave como educación, salud y seguridad, que concentran entre el 70% y el 80% del gasto provincial.

Leé también: Milei reconoció que la baja en la inflación podría demorarse: “Queda pendiente una gran corrección de los precios regulados”

En marzo, las transferencias de origen nacional mostraron una baja real de 3,8%, mientras que la coparticipación cayó 7% interanual en términos reales, por lo que acumuló tres meses consecutivos en descenso.

En ese contexto, el adelanto de coparticipación aparece como una herramienta para sostener la liquidez de las provincias en el corto plazo, en medio de una caída persistente de los ingresos.

Coparticipación, Gobernadores, provincias