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El Gobierno publicó el Decreto con la reforma migratoria: los principales puntos

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El Gobierno publicó este martes el decreto a través del cual oficializó la reforma migratoria en Argentina, con modificaciones significativas que fueron anunciadas hace poco más de 15 días por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Entre los principales cambios que propone el extenso documento que el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial, que lleva el número 366/2025, se encuentran el endurecimiento de los requisitos para obtener la ciudadanía argentina, la expulsión de inmigrantes ilegales o con condenas y variantes en los accesos a los servicios de salud y educación a los extranjeros.

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Según señala el texto, el actual “régimen migratorio se encuentra normado, principalmente, por la Ley de Migraciones N° 25.871, sancionada en el año 2003, y sus modificaciones” y a través de él se “regula la admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de personas en el país”.

Lo que sucede, según indicó el Gobierno, es que “la regulación dispuesta por la citada ley fomenta la inmigración a punto tal que reconoce numerosos derechos a quienes hubieren ingresado o permanecido de forma irregular en el territorio nacional, e iguala, en supuestos específicos, sus derechos con los de quienes habitan legalmente el país”.

Por caso, remarcó que “si bien diferencia entre distintas categorías de residencia en el país, estas no tienen relevancia en lo que refiere al acceso a la salud y a la educación, entre otros derechos”.

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En los considerandos de la medida, el Ejecutivo apuntó que “el régimen legal, sancionado en el año 2003, no se ajusta a las necesidades y al estado actual de la situación, lo que produce que nuestro país esté expuesto a distintos peligros y consecuencias negativas”.

Por tanto, “resulta necesario reformar la referida Ley N° 25.871 de forma urgente a fin de poder establecer un marco jurídico adecuado que permita proteger los derechos de los ciudadanos argentinos y de aquellos inmigrantes que ingresen en el territorio argentino legalmente, asegurando la regularidad migratoria y la seguridad pública”.

“La modificación propiciada contribuirá a desalentar el ‘turismo de natalidad’, una de las formas de abuso a la ley migratoria más recurrente de los últimos años, el cual se realiza con el único fin de que el hijo sea nacional argentino y, en consecuencia, permita a los padres acceder a una residencia permanente y, eventualmente, a una ciudadanía que los habilite a obtener el pasaporte argentino”, subrayó el Decreto.

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En paralelo, aclaró que “el mayor rigor que se propicia en ningún caso irá en contra del principio de reunificación familiar, por lo que quedarán a salvo los derechos de los menores que puedan verse afectados por posibles cancelaciones de residencia e impedimentos de ingreso al país”.

En específico, una de las primeras variantes que propone el documento para la Ley de Migraciones es en cuanto a una nueva conformación del artículo 8°, que si bien establece que “en casos de emergencia, no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria” y que “los extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos”, también expresa que por fuera de esas excepciones en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el Estado Nacional solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio”.

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Además, se fijó que los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el país en las categorías de ‘residentes permanentes’, ‘residentes temporarios’ o ‘residentes transitorios’ y que la ‘residencia precaria’ que se otorga por 90 días corridos, podrá ser revocada por Migraciones cuando se desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento.

El Decreto dispuso además que “los extranjeros que soliciten admisión bajo cualquiera de las categorías migratorias previstas en la normativa vigente deberán presentar una declaración jurada en la que manifiesten el propósito de su ingreso, que cuentan con un seguro de salud para atender sus necesidades médicas y las demás condiciones que establezca la reglamentación”.

También se establecieron las causas que pueden impedir el ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional. Entre ellas se cuenta la presentación de documentación nacional o extranjera material o ideológicamente falsa o adulterada; o la omisión de informar sobre la existencia de antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales; o haber articulado un hecho o un acto simulado o celebrado en fraude a la ley o con vicio del consentimiento con la finalidad de obtener un beneficio migratorio; o la falta de exhibición de un documento que demuestre una oferta efectiva de trabajo, cuando el requerimiento de ingreso obedeciera a ese motivo”.

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En tanto, el Título II del documento propone modificaciones a la Ley de Educación Superior N° 24.521 y a la Ley de Educación Nacional N° 26.206.

Se indica, por ejemplo, que “las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán establecer retribuciones por los servicios de educación para” los extranjeros no residentes, aunque eso no impedirá que puedan ser titulares de becas.

Por su lado, el Título III establece cambios en la Ley de Ciudadanía, entre ellos la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, en el ámbito del Ministerio de Economía. El organismo tendrá como objetivo diseñar, gestionar, y controlar los programas de ciudadanía por inversión, tendientes a lograr la radicación de capitales extranjeros en el país, y, en general, alentar la inversión directa extranjera”.

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El Gobierno quiere reducir la planta estatal un 10% en 2026 y ATE ya amenaza con adelantar un paro nacional

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El Gobierno quiere realizar otro recorte en la planta de empleados estatales. Si bien no se dio a conocer el número exacto de los puestos afectados, TN pudo saber de fuentes de Casa Rosada que la cifra podría llegar al 10% del total de los trabajadores.

A cargo de la nueva etapa del “plan motosierra” están el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

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En ese sentido, el personal total de estatales en la administración pública nacional, empresas y sociedades es de 285.570 personas, según los datos oficiales del último informe del Indec en octubre.

Además, la información oficial de septiembre indica que la gestión de Javier Milei desvinculó del Estado a más de 58.000 personas. Los despidos fueron, sobre todo, en organismos centralizados del Estado.

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Ahora, en esta nueva etapa, se espera que el Gobierno ponga el foco en reducir los organismos descentralizados como el ARCA, Anses, Indec y la Oficina Anticorrupción.

El Gobierno busca reducir la planta de estatales. (Foto: X/ @fedesturze)

La amenaza de ATE ante la posibilidad de más despidos en el Estado

Ante la posibilidad de nuevos despidos en el Estado, ATE evalúa adelantar el paro nacional que estaba programado para cuando el Congreso trate la reforma laboral.

“Federico Sturzenegger es un ser siniestro que viene por nosotros. Pero tiene que saber que los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre”, amenazó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

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El jefe de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, dijo que ATE evalúa adelantar el paro nacional. (Foto: X @ateprensa)
El jefe de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, dijo que ATE evalúa adelantar el paro nacional. (Foto: X @ateprensa)

El gremialista agregó: “El Gobierno miente. Nunca se trató de una cuestión presupuestaria. Es ideológico. Mientras que los trabajadores contratados en la administración pública representan menos del 0,5% del presupuesto, la deuda externa se ubica por encima del 25%”.

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“A esta altura está más que claro que no quieren destruir el Estado, sino que lo que quieren es moldear un Estado distinto, que garantice solo los intereses de los grandes grupos económicos, nacionales y transnacionales que actúan en nuestro país”, cerró Aguiar.

Para el sindicato de los estatales, el 10% que el Gobierno podría despedir representaría unas 28.000 personas.

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El Senado redujo 20% la cantidad de empleados en dos años y confirmó un plan de retiros voluntarios para recortar 200 puestos más

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El Senado de la Nación informó que en los últimos dos años redujo 20% la cantidad de empleados de planta permanente y temporaria y confirmó un plan de retiros voluntarios para recortar 200 puestos más. De todos modos, la Cámara alta tiene una plantilla de casi 4.000 personas, que representa un promedio de 54 por cada uno de los 72 senadores.

Según el informe de gestión de Recursos Humanos que fue elevado a la vicepresidente Victoria Villarruel, y al que accedió Infobae, la cantidad de empleados descendió de 4.902 a 3.928, lo que representa una disminución del 19,8% y equivale a 974 empleados menos en ese período.

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El estado de situación se conoció a horas del recambio de un tercio de las bancas, que ocurrirá mañana, con la jura de los nuevos senadores. Y en momentos en que el Gobierno buscará aprobar por primera vez un Presupuesto que, para el caso de la Cámara alta, tiene asignadas partidas por 172 mil millones de pesos, 11 mil millones menos que en 2025.

De acuerdo con el relevamiento, el proceso de reducción de personal se concentró en la planta administrativa, ya que del total de empleados que dejaron sus cargos, hubo solo 82 reemplazos. Para la administración actual de la Cámara, esa situación demostró un exceso de personal heredado de gestiones anteriores.

Además, se indicó que el número de contratos parlamentarios -que constituyen el 87% del total y suman cuatrocientos- se mantuvo estable durante el período analizado.

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Entre las metodologías implementadas para alcanzar estos resultados, Recursos Humanos mencionó la introducción del control biométrico de asistencia derivó en 372 renuncias, mientras que el retiro anticipado a la jubilación sumó 305 adhesiones.

Asimismo, el control más estricto de certificados médicos, adscripciones, licencias y jubilaciones derivó en 250 bajas, y se registraron cuarenta y siete desvinculaciones por incumplimiento.

Actualmente, de los 3.928 empleados en el Senado, 1.146 son asesores parlamentarios, cifra que representa casi el 30% del total y sobre la cual la vicepresidenta no tiene injerencia directa. Este número se ha mantenido relativamente constante en los últimos dos años.

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El informe destacó que el máximo histórico de personal en la Cámara Alta se alcanzó durante la gestión de Amado Boudou en 2014, con 7.152 empleados. Posteriormente, bajo la presidencia de Gabriela Michetti, la cifra descendió a 5.300 y desde entonces la tendencia se mantuvo a la baja. Los niveles actuales de empleo se equiparan a los registrados durante la gestión de Julio Cobos en 2011.

El objetivo trazado para 2026 es reducir la dotación total a cerca de 3.200 empleados. En paralelo, se informó que se aplicó la política de “menos gente, mejor paga”, que busca revertir la pérdida salarial acumulada por los empleados legislativos, quienes vieron disminuir su poder adquisitivo en un 32% en los últimos dos años y en casi 65% en los últimos cinco.

De acuerdo con el informe, el desafío consistirá en modificar esta situación con un presupuesto de 183 mil millones de pesos (incluidos 165 mil millones más acuerdos paritarios), cifra equivalente a la asignada en 2024.

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En materia de recategorizaciones, de los 2.782 empleados administrativos, 1.143 fueron recategorizados en 2025, lo que representa el 41% del total. Se eliminó la categoría 14, que se encontraba muy por debajo del índice de pobreza del Indec. “Por primera vez, las recategorizaciones se realizaron en función del mérito y no de manera discrecional”, se indicó. Esos beneficiados experimentaron una mejora promedio del 23% en sus ingresos, todo ello financiado con recursos propios y sin partidas adicionales, salvo los acuerdos paritarios.

El financiamiento de estas recategorizaciones se sustentó en varias medidas. El retiro anticipado a la jubilación permitió un ahorro del 19% en cargas sociales, equivalente a aproximadamente 665 millones de pesos anuales. Se estableció un adicional por hijo para compensar el cierre del jardín maternal, beneficio que ahora alcanza a 412 trabajadores frente a los setenta y ocho del esquema anterior, generando un ahorro estimado de 470 millones de pesos anuales.

La redistribución de adicionales, que según explicaron antes se otorgaban de manera “discrecional”, se realizó bajo criterios objetivos: el adicional por comida, por ejemplo, pasó de 56 millones de pesos mensuales a 7 millones, al vincularse al control biométrico, lo que implicó un ahorro cercano a 400 millones de pesos anuales.

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En cuanto a las jubilaciones, se intimó a 198 personas a acogerse a este beneficio, ya que en el Senado prácticamente nadie se jubilaba, lo que generaba un perjuicio para el Estado de 300 millones de pesos mensuales. El ahorro proyectado para 2025 por este concepto supera los 324 millones de pesos.

De cara a 2026, el Senado que preside Villarruel prevé la implementación de un plan de retiros voluntarios, similar al aplicado en la Cámara de Diputados, que permitiría la salida de al menos doscientos agentes en el primer semestre del año, mediante un pago similar a una indemnización. Además, se intensificará el control de licencias por tratamientos prolongados, un rubro con indicadores elevados en el Senado, a través de un sistema de auditoría médica. También se planea instaurar un premio por presentismo, que, además de mejorar los salarios, facilitará la detección de irregularidades.

Finalmente, el informe subrayó la necesidad de reestructurar la escala salarial, ya que un director en el Senado percibe un salario 60% inferior al de un gerente de segunda línea en el sector privado.

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Ricardo Lorenzetti: “Tenemos que lograr que la democracia sea eficaz”

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El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti presentó su último libro “El liderazgo del caos: cómo reconstruir un proyecto común en un mundo fragmentado”. El trabajo, publicado por Siglo Veintiuno Editores, explora los desafíos del liderazgo en una época atravesada por divisiones políticas, sociales y tecnológicas, y sugiere una nueva historia humanista capaz de recomponer un horizonte común.

“Hay en este siglo un verdadero fin de ciclo, fin de ciclo de una cultura de gobernabilidad que se desarrolló en el siglo XX”, dijo Lorenzetti en el inicio de su exposición. Esa cultura, afirmó, se sostenía sobre supuestos que ya no coinciden con la realidad actual, y por eso “tenemos una dirigencia que se dirige a la sociedad en base a propuestas que ya no condicen con la realidad”. Esta desorientación genera un “discurso vacío que aleja a la población de las instituciones”, lo que explica la creciente distancia entre ciudadanía y poder político. “Aquellos que tienen que gobernar están ocupados por solucionar los problemas económicos, algunos otros por dictar sentencias, otros por llevar juicios, otros por trabajar en sus actividades empresarias y este día a día esta cotidianidad, esta visión permanente de la coyuntura y sobre todo de la urgencia, que todos los días nos reclama, no nos hace ver lo que está pasando a nuestro alrededor”, explicó.

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“Está cambiando el sistema social porque ya no es ese sistema de vida social del siglo XX, sino que son vidas en soledad. Esta fractura, este big bang de la sociedad, también fractura los partidos políticos. En el siglo XX había un partido que representaba la clase obrera, otro la clase media. Ahora, ninguno tiene una base porque esa base homogénea ya no existe”, aseguró el juez, que también dijo que esta aceleración de múltiples revoluciones al mismo tiempo produce una gran desorientación en todos. “Pero la principal desorientación es en la gobernabilidad política porque se sigue reproduciendo un discurso que no se ajusta a la realidad. Se le habla desde un escenario a un público que ya se fue, que no lo escucha. Esto es lo grave de este siglo XXI”, subrayó Lorenzetti.

“Estamos en una frontera muy difícil porque si la gobernabilidad no funciona, si las personas empiezan a abandonar su interés en la democracia, estamos en una situación de riesgo y esto lo estamos viviendo ya sin necesidad de ver ninguna encuesta porque en las elecciones las personas cada vez tienen menos interés, en todo occidente se ganan elecciones con lo mínimo, se gana con minorías. Es decir, la democracia deja de ser la representación de las mayorías”, explicó el magistrado. Como consecuencia de esto hay un abandono o una fuga del Estado: “Los muy ricos pueden irse de un país y constituir domicilio en otro país. Los muy pobres no no viven en la ley del Estado. Fíjense en Río de Janeiro, que vive en la ley del narcotráfico, de la violencia criminal. Hoy en el mundo ya hay muchos guetos que no viven de la ley del Estado, tiene otra realidad. Y las clases medias están enojadas en casi todos los países de occidente porque ven perder su rol y entonces reaccionan contra el sistema”, sentenció.

Todo esto genera un escenario de desconexión entre las instituciones y la sociedad. “Es necesario que reaccionemos y empecemos esta segunda parte, un nuevo ciclo. Por eso se discute hoy en casi todo Occidente cómo revitalizar la democracia para evitar caer en el autoritarismo”, dijo. La primera respuesta es que hay que hacer una gran cantidad de reformas institucionales, un nuevo debate cultural. “Acá es el caos sistémico”, dijo el juez, y explicó que “si nosotros tenemos tantas revoluciones al mismo tiempo, no hay una persona que pueda saber a dónde vamos. Nadie tiene una idea clara a dónde vamos a terminar con todo este gran cambio y multiplicidad de cambios al mismo tiempo. Esto pone en crisis la cultura de la gobernabilidad del siglo XX”. Según Lorenzetti este es un cambio en la política muy grande en toda la dirigencia a nivel mundial, porque ya no hay posibilidad de que alguien controle todas las variables. “Lo que hay que hacer es que todas las variables funcionen y guiarlas de modo que exista contraposición de posiciones diferentes, crear lugares de entrecruzamiento como este”, consideró.

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“¿Cómo funciona hoy la gobernabilidad? Es muy difícil que alguien ponga de acuerdo a dos personas dentro de una comunidad. En todos los temas vamos a encontrar multiplicidad de visión. Entonces ahí la idea de un gobierno que puede imponer la suya termina fracasando o siendo pendular porque avanza y avanza, y luego cae y empezamos de nuevo con ideas fundacionales”, opinó. Frente a este escenario el juez ponderó que “lo que se requiere son nuevos líderes capaces de administrar el caos sistémico, es decir, poner en relación a todas las visiones diferentes. El entrecruzamiento de posiciones diferentes es lo que genera el consenso, no que todos pensemos igual. Pero hoy no hay ese entrecruzamiento porque los que piensan de una manera están en un lado, los que piensan de otra manera están en el otro. Hay que cambiar esa visión y favorecer el entrecruzamiento de posiciones diferentes”.

“Tenemos que lograr que la democracia sea eficaz”, dijo Lorenzetti. Según entiende él, “este Estado de Bienestar fue derivando en una burocracia cada vez más creciente que generó una cultura de apropiación, que consiste en que cuando uno llega al Poder Ejecutivo, quiere controlar el Legislativo y después quiere controlar el Judicial, y después quiere controlar todas las asociaciones de todas las áreas y cuando entiende que lo logró, pierde la elección porque no logró resultados y entonces viene otro grupo que hace exactamente lo mismo y así estamos en esta la pendular y los problemas no se resuelven, se trasladan”. “Hacer más eficaz la democracia es despolitizar la gestión. Esto es un cambio institucional también muy importante”, remarcó.

(Gustavo Gavotti)

Otra reforma necesaria es que las instituciones estén más enfocadas en la demanda que en la oferta. En el caso del Poder Judicial, Lorenzetti opinó que es importante entender que hay que brindar un servicio, y ejemplificó explicando que “los procesos judiciales son iguales para todos. Entonces tenemos una mega causa a la cual le aplicamos el mismo proceso penal que un robo o un homicidio. Y entonces vienen las críticas. Y bueno, es que nosotros necesitamos hacer reformas, procesos adecuados al caso y no ajustar el caso a los procesos”.

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A continuación aseguró que “hay una cantidad de reformas que tenemos que discutir para que este país salga adelante y para que Occidente se revitalice, sobre todo en el plano de la mejora de la eficacia de la democracia. Y otro gran tema que se menciona mucho es repolitizar la democracia. Rosanvallon habla de que pasamos de una democracia de argumentos a una democracia de imputación. ¿Qué es lo que cada uno de ustedes ve en el discurso público? Imputaciones, acusaciones, desgaste, acusaciones reales, fabricadas, lo que sea, pero es deterioro institucional. No hay argumentos. Repolitizar la democracia significa darle contenido, pero ese contenido no es una lucha permanente de sectores, sino que es una lucha de valores. Es insuflar valores en la democracia y esto es muy importante que lo entendamos porque nuestros chicos y chicas entienden en general que no hay nada por qué entusiasmarse”. En relación a esto explicó que antes las juventudes querían pelear por un futuro mejor, pero “hoy los chicos no tienen esa idea, no creen que vaya a mejorar, al contrario, viven la instantaneidad”. “Nuestra obligación”, destacó, “es darles un poco de idealismo, de esperanza, porque cuando uno recorre y registra lo que se discute en las redes, hay discurso de odio, discursos de agresiones, descalificaciones, entonces hay una permanente desorientación”.

“Hay que trabajar con nuevas ideas”, dijo Lorenzetti, que explicó que esa nueva idea está inspirada en un centro que es el humanismo. “Hace 50 años se empezó a entender que había que estudiar la acción humana sobre la naturaleza, que la estábamos destrozando y ahora se empezó a estudiar la influencia de la acción humana sobre el humano, porque podemos llegar a la irrelevancia del humano. Este humanismo es como lo pensó, por ejemplo, Leonardo da Vinci, que hablaba del microcosmos y macrocosmos, integrado el ser humano con el sistema. Esta es la nueva corriente que hay hoy en el mundo. Hay muchas personas que trabajan en todos los países por un cambio y ese es un cambio basado en el idealismo. Ahí es donde nosotros tenemos que entusiasmarnos”, aseguró el juez.

Sobre esto, y teniendo en cuenta que la gran mayoría de los asistentes al evento eran hombres y mujeres de la justicia, aseguró que desde los poderes judiciales se puede hacer mucho. “Pensemos que en el medio de un proceso tan difícil como fue la salida de la democracia, tuvimos una sentencia integrada por uno de los jueces que está aquí presente que declaró claramente cuál era la situación del terrorismo de Estado y lo puso de cara a la sociedad y se inició ahí un movimiento extraordinario, que ya estaban las calles pero que se impulsó durante 30 años y todavía sigue siendo parte del contrato social de los argentinos. Y ahora, por ejemplo, en el Poder Judicial hay casos y sentencias de corrupción como nunca hubo en la historia. Hay fortaleza en los poderes judiciales. También la hay en el mundo empresario, también la hay en el mundo gremial”.

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“Lo que necesitamos”, dijo hacia el final, “es entusiasmarnos un poco más. Yo creo que hoy la Argentina tiene una dirigencia extraordinaria con capacidad de reaccionar. Lo que hay que entender es cuál es el diagnóstico y la salida”.

La presentación se realizó en Menora, una organización judía fundada y presidida por el Gran Rabino Isaac Sacca. Durante la introducción Sacca destacó la presencia de tantos hombres y mujeres de la justicia, y aseguró que “tener la justicia cerca nos trae una esperanza a la sociedad. Sin justicia, sin ley, ni una comunidad, ni una sociedad, la humanidad no puede subsistir. Ustedes son los que le dan a la sociedad el marco para poder desarrollarse”. Y en el final mencionó que “el libro trae un diagnóstico a todos nosotros y a ustedes, que son personas que ejecutan, que son activas, que tienen influencia en la sociedad, y todo caos después lleva a una solución, la solución del caos. Ojalá que todas las personas influyentes en el mundo, los educadores, los políticos, los jueces, lean el libro. Hay que hacer el tomo dos, un libro que nos enseñe cómo solucionar este caos poniendo control y orden”.

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