POLITICA
El Gobierno reconoció ante la Corte Suprema la deuda con Córdoba y le pagará 5 mil millones por mes por la caja jubilatoria

La provincia de Córdoba logró firmar un primer acuerdo con el gobierno nacional, en el marco de la audiencia de conciliación en la Corte Suprema de Justicia sobre la deuda de un billón de pesos correspondiente a la Caja Jubilatoria.
Tras la segunda audiencia ANSES aceptó otorgar un adelanto de 60.000 millones de pesos, pagadero en 12 cuotas y a cuenta del 2025. En diciembre habrá otra audiencia para consolidar la deuda acumulada desde 2019 a 2024 y establecer un sistema de pago.
Después de una hora y veinte minutos, los representantes del Poder Ejecutivo y el gobernador Martín Llaryora lograron firmar un acuerdo ante el secretario de originarios del máximo tribunal.
Al menos 13 provincias tienen reclamos de esta naturaleza ante la Corte: vinculados a las Cajas previsionales, a fondos para el desarrollo y otros aportes nacionales. Tras la convocatoria del máximo tribunal a través de la Secretaría de Juicios Originarios, muchos gobernadores aguardan con expectativa el desenlace del reclamo. “Abre una vía de diálogo en el recorte que el Poder Ejecutivo decidió hacia los distritos”, indicó una fuente judicial a Clarín.
El encuentro dio inicio esta mañana en la secretaría originaria que tiene a su cargo Alejandro Rodríguez. Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, encabezó la comitiva provincial integrada además por el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta; el fiscal de Estado, Jorge Córdoba; y el máximo funcionario de la Caja, Adrián Daniele; además de letrados de la Provincia.
Por la Casa Rosada participó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
El acuerdo firmado consiste en la suma de 60 mil millones de pesos, que se pagarán desde mayo en cuotas de 5.000 millones de pesos. Estos fondos «son a cuenta del 2025», explicaron quienes participaron de la audiencia, a Clarín.
La partida de fondos comprometida en este acuerdo no responde a las cifras judicializadas. Por ese motivo, el Gobierno y la provincia de Córdoba se comprometieron para una nueva audiencia a celebrarse 26 de noviembre también en la Corte Suprema.
El objetivo del nuevo encuentro es «conciliar las auditorías sobre la deuda acumulada desde 2019 a 2024 y una vez consolidad la misma, se establecerá la modalidad de pago que puede incluir bonos, inmuebles del Estado Nacional radicados en la provincia, entre otros», explicaron fuentes oficiales de la provincia a Clarín.
El acta de la audiencia, a la que accedió Clarín sostiene que «la falta de colaboración de LAS PARTES suspenderá de pleno derecho la ejecución del presente acuerdo y habilitará a cursar intimaciones por el plazo de quince (15) días para reactivar tal colaboración recíproca, sólo en relación a lo que es objeto de la presente cláusula, manteniendo plena vigencia lo convenido en las cláusula primera del presente, aclarándose que las determinaciones definitivas aprobadas por ambas partes que se hubieren alcanzado hasta esa fecha; y las eventuales compensaciones ya efectivizadas, quedarán firmes y oponibles a los firmantes, todo lo cual deberá denunciarse en los procesos judiciales en curso».
Se explicó además que los Resultados Definitivos del Sistema Previsional Provincial para los ejercicios 2017 a 2024 inclusive, «serán aquellos que surjan de los procesos de simulación y de las auditorias por parte de la ANSES, a través de las cuales se controlarán y verificarán los datos remitidos por LA PROVINCIA en cumplimiento de lo previsto en el Decreto No 730/18, sus normas complementarias y reglamentarias, con los alcances, términos, condiciones y facultades esgrimidas por las partes», en este expediente.
Estuvimos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un objetivo claro y firme: defender los intereses de #Córdoba, de su gente y, en especial, de nuestros #jubilados.
En el marco de la audiencia de conciliación convocada por el máximo tribunal del país, logramos un avance… pic.twitter.com/qpgiXBxvzO
— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) May 14, 2025
A la salida de la audiencia, el gobernador de Córdoba celebró el acuerdo: «El Gobierno Nacional reconoció formalmente la deuda y los incumplimientos con la Caja de Jubilaciones de la Provincia, y presentó una propuesta concreta de pago que contempla transferencias mensuales de fondos a Córdoba por $60 mil millones a cuenta del año 2025, que serán pagados con aportes mensuales de $5 mil millones durante 12 meses».
«Con un espíritu de colaboración y diálogo institucional, decidimos avanzar en esta instancia. En conjunto con Nación, acordamos continuar con un trabajo técnico que nos permita a través de auditorías cruzadas determinar con precisión el monto exacto de la deuda con el sistema previsional cordobés y así comenzar a aliviar la situación financiera de la Caja», destacó el gobernador peronista de Córdoba.
Y concluyó: «Córdoba siempre apostará al diálogo institucional, a la cooperación entre niveles de gobierno y al fortalecimiento del federalismo. Pero también reiteramos con firmeza que no renunciaremos nunca a reclamar lo que legalmente le corresponde a nuestra provincia, ni a defender -como en este caso- los derechos de nuestros queridos jubilados».
Según los números que reclama Córdoba -explicaron fuentes oficiales a Clarín- las transferencias reclamadas rondan los 17.000 millones de pesos mensuales, lo que en otras cosas, produjo “un retraso en la actualización de los haberes de los jubilados de la provincia, sumado a que el faltante de fondos se cubre con rentas generales”.
Por ese motivo, la provincia tiene dos reclamos específicos: la recuperación del flujo mensual que Anses hasta la firma del decreto presidencial que cortó esos envíos, y por otro lado el recupero de fondos a través del traspaso de bienes cuya titularidad están bajo dominio del Estado Nacional y que se encuentran en suelo cordobés, como ser Central Nuclear Embalse Río Tercero y 11.000 hectáreas de la Reserva Natural de Defensa La Calera.
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POLITICA
Fuerza Patria entra en la recta final con bajo perfil: busca repetir la estrategia del 7 de septiembre

En esta última semana antes de las elecciones nacionales, Fuerza Patria busca repetir la fórmula que le dio resultado en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre: recorridas, contacto directo en el territorio y una campaña sin despliegues masivos. Sin embargo, en algunos distritos habrá actos de cierre, y en otros optarán por mantener el bajo perfil. La idea es evitar reeditar tensiones innecesarias y no cometer errores. Creen que es momento de dejar todo eso para el presidente Javier Milei y La Libertad Avanza.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezará actividades entre este martes y el jueves, con el objetivo de consolidar la ventaja que, según el oficialismo provincial, se mantiene estable desde hace más de un mes. Desde La Plata confirmaron que no habrá un acto grande ni una foto de cierre de campaña. “Vamos a seguir con las recorridas”, explicaron. La decisión responde a la idea de sostener una campaña “austera y territorial”, similar a la que llevó al triunfo de septiembre.
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La elección de octubre, admiten, no tendrá el mismo impacto que aquella, que significó un golpe al Gobierno nacional y revitalizó al peronismo. Sin embargo, los números que manejan en Fuerza Patria indican que la diferencia se mantiene entre 7 y 10 puntos a su favor. En La Libertad Avanza creen, sin embargo, que lograron achicar la brecha y hay quienes se ilusionan con una paridad.
Cerca de Kicillof reconocen que el crecimiento de LLA en algunos distritos obliga a reforzar el trabajo en el conurbano. Todavía no confirmaron en dónde será la sede electoral del domingo, pero crece la idea de la capital bonaerense.
En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires el dispositivo será distinto. Fuerza Patria realizará su acto de cierre este jueves, a las 17, en el Club Franja de Oro de Pompeya. El domingo, la sede electoral porteña funcionará en la sede del PJ de San José 181, a pocas cuadras de la casa de Cristina Kirchner, donde La Cámpora analiza concentrarse tras los primeros resultados.
La estrategia bonaerense: recorridas y presencia en el territorio
Este martes y el miércoles, Kicillof encabezará actividades en el interior bonaerense. Estará en Pergamino y Ramallo, y luego en Carlos Tejedor y General Pinto, con una agenda que mezcla gestión y militancia.
El jueves, ya en la recta final, el gobernador planea actividades en la Tercera y en la Primera sección electoral. En la Tercera está casi definido un acto en Almirante Brown, mientras que en la Primera se baraja la posibilidad de que sea en San Martín.
El mensaje interno es claro: no repetir el formato de los actos multitudinarios. “Ningún mega acto ni nada grande, sino más que nada continuar con esta campaña que fue austera y muy similar a la otra”, explicaron desde La Plata. La estrategia apuesta a reforzar la cercanía y mantener el tono de gestión.
Jorge Taiana, el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, desarrollará una agenda paralela, con recorridas, pero coincidirá con Kicillof en algunas actividades. “La idea es multiplicarnos y no ir todos a los mismos lugares”, plantearon desde la campaña. Está previsto que el punto de encuentro sea el jueves, aunque no está definido.
Giros inesperados
En el tramo final, la campaña tuvo varios giros inesperados. Por un lado, la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en medio de sospechas de vínculos con el narcotráfico, pero este fin de semana se sumó la forma en la que el Gobierno quiere presentar los resultados del domingo.
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Este lunes los apoderados de Fuerza Patria formalizaron una presentación judicial ante la Cámara Nacional Electoral para impugnar el modo de exhibir los resultados dispuesto por la Dirección Nacional Electoral, que depende del Poder Ejecutivo.
Reclaman que se mantenga el esquema de visualización por distrito y que no se haga un recuento global, por un lado, porque no se puede globalizar una elección de medio término y por otro, porque no todas las fuerzas políticas se presentan con la misma alianza.
La única alianza que se presentó bajo el mismo sello en todo el país es La Libertad Avanza, por lo que sumaría los votos de los 24 distritos, mientras que el peronismo integra diferentes frentes, entre ellos, el de Fuerza Patria.
En el PJ creen que se dará una imagen tergiversada del resultado real, en busca de proyectar un triunfo nacional del oficialismo y dejar para el peronismo una lectura fragmentada que pueda interpretarse como derrota. “Buscan mostrar un resultado para el mercado y para Donald Trump”, aseguran.
Massa busca seducir al votante de centro
Mientras los gobernadores y candidatos ajustan los últimos detalles de la campaña, Sergio Massa reapareció en redes sociales con un nuevo spot de tono didáctico. El líder del Frente Renovador explicó “cómo votar a Fuerza Patria para frenar a Milei”, ante el cambio en el sistema electoral.
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“La primera es contar hasta siete. Como el 7 de septiembre, cuando empezamos a frenar a Milei. En la columna siete, la cruz a Jorge Taiana y Jimena López”, señaló Massa. Y agregó: “La segunda forma es ir fuerte en la columna del medio”. El mensaje apela a su núcleo duro de votantes, que no se identifica totalmente con el kirchnerismo y que podría inclinarse por una opción de centro.
Así, el video apunta tanto a consolidar el electorado propio como a retener el voto indeciso en el conurbano; reforzar la asociación entre el triunfo bonaerense y la elección nacional; y unificar el relato del espacio en torno de la idea de continuidad y defensa del voto opositor a Milei.
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La Cámara Nacional Electoral ordenará que los resultados de las elecciones se publiquen por provincias

La Cámara Nacional Electoral (CNE) ordenó al Gobierno que los resultados provisorios de las elecciones legislativas del domingo se publiquen por provincias y no de forma general, como había mostrado la Dirección Nacional Electoral (DINE) en el ensayo del fin de semana. Esta decisión responde a los reclamos presentados por el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente de Izquierda.
Según adelantó TN, el fallo en el que trabajan los jueces Daniel Bejas, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía mantiene el criterio histórico de las elecciones legislativas, donde el recuento se realiza por distritos, porque los escaños de diputados y senadores se asignan según los votos obtenidos en cada provincia. “La consolidación de un resultado nacional es incorrecta y cualquier agrupamiento de alianzas que se realice es arbitrario”, advirtió el Partido Justicialista en su presentación.
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La decisión de la CNE se produce en un contexto de tensiones políticas, donde la oposición había cuestionado la falta de transparencia en la difusión de los resultados. La orden judicial busca garantizar que los ciudadanos puedan conocer los resultados específicos de su provincia y no solo un dato global que podría no reflejar la realidad local.
La Dirección Nacional Electoral había presentado los resultados de manera global en un ensayo previo, lo que generó críticas por parte de diversos sectores políticos. La CNE, al ordenar la publicación desagregada por provincias, busca asegurar que el proceso electoral se ajuste a los principios de transparencia y equidad.
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Biocombustibles: el Gobierno propone una tregua hasta 2027 en el Senado por la puja entre provincias

Pasó desapercibido en el Senado, pero un plenario de comisiones realizado la semana pasada describió a la perfección la guerra subterránea que transitan provincias agrícolas versus petroleras por el futuro de los biocombustibles -etanol y biodiesel-, con legisladores que agitan proyectos para elevar los cortes y otros que ya muestran sus armas para frenar los cambios en cuestión, mientras que el Gobierno libertario sugirió una tregua hasta 2027.
La reunión más importante ocurrió el miércoles último, en el cónclave conjunto de las comisiones de Energía; y de Presupuesto de la Cámara alta, comandadas por el radical Flavio Fama (Catamarca) y el oficialista Ezequiel Atauche (Jujuy), respectivamente. Después de invitados que sólo consiguieron confirmar los prejuicios de los presentes, disertó el subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Federico Veller.
El funcionario explicó, según consta en la versión taquigráfica: “Los proyectos que se están discutiendo hoy aquí proponen incrementos de corte de hasta el 15 o 18%, dependiendo del proyecto que se trate, y la aplicación de mecanismos de determinación de precios con referencia a paridad e importación”.
Segundos después y, sobre el último punto, detalló: “En condiciones de paridad e importación, el precio del biodiesel, por ejemplo, es hasta 2,2 veces más caro que su alternativa fósil, sin tomar en cuenta el poder calorífico. Estoy hablando de precio contra precio. El resultado de la propuesta, por ejemplo, de llevarlo al 18% significaría, en el caso del biodiesel, un incremento de hasta 10% en el precio del surtidor de manera inmediata, y este incremento de precio en el surtidor tendría correlato directo en el encarecimiento de la logística del transporte de bienes de consumo e industriales. Es decir, afecta a toda la economía. A su vez, el incremento de corte propuesto genera un impacto directo en la recaudación fiscal”.
Veller advirtió: “Para tener otra referencia, en cinco años, la propuesta del 18%, por tomar un ejemplo, equivale a un impacto superior en las cuentas públicas del Estado Nacional de USD 4.000 millones de dólares para ambos biocombustibles”. En esta línea, añadió: “La forma en que está concebido el proyecto actual genera ciertos, vamos a llamarlos, ‘privilegios’ -vamos a evitar la palabra ‘protección’- prácticamente a perpetuidad de acuerdo con el texto actual, imposibilitando la posibilidad de fomentar la eficiencia, la innovación y la libertad de mercado en esta industria de los biocombustibles”.
El funcionario remató: “Por consiguiente, estaríamos diciendo que luego de 20 años de promoción o de existencia de esta industria, vamos a continuar, por ejemplo, otros dieciocho años asegurando que la producción sea exclusivamente de producción nacional, tanto de las materias primas como de los productos, por dar un ejemplo”.
Tras resaltar la importancia en cuanto a “certidumbre” y “planificación” para “poder decir que, a partir de cierto momento, va a ser tal el corte”, Veller deslizó: “Entendemos que ese momento, un momento posible, podría ser 2027, incrementando el corte de etanol de un 12% actual a un 15% y de un 7,5% actual del biodiesel a un 10%. ¿Por qué 2027 y no ahora? Bueno, ustedes saben que la piedra angular muy importante de esta Administración es el equilibrio fiscal. Por eso, tratamos de minimizar cualquier impacto que pueda haber en el cortísimo plazo hasta tanto las principales variables macroeconómicas se estabilicen. También, nos gustaría -y creemos sumamente importante- generar una transición gradual hacia un mercado libre de biocombustibles. Y proponemos seis años para esa adecuación. No queremos hacerlo libre de la noche a la mañana”.
Sorprendió el final de su discurso de presentación. “Todos tienen necesidades diferentes que no están contempladas acá, pero precisamente eso es el consenso: buscar esa posición de incomodidad que hace las cosas posibles para el conjunto”, alentó el representante de la Casa Rosada. Antes que él, los peronistas disidentes Juan Carlos Romero (Salta) y Alejandra Vigo (Córdoba); la integrante del Frente de Todos Carolina Moisés (Jujuy) y una radical habían activado críticas contra algunos detractores enviados, de manera específica, para enterrar el asunto en la Cámara alta.
Una respuesta válida a Veller apareció, incluso sin ser una experta en biocombustibles, a través de la porteña y legisladora electa Guadalupe Tagliaferri. “Usted hizo una enorme referencia al compromiso y la vocación de consenso como representante del Gobierno, que no cree en leyes que salgan sin consenso porque, después, no se aplican. Bueno, no es un buen representante del Gobierno, porque no es lo que piensa el Gobierno. Entonces, también hay una cierta preocupación o resquemor de algunos senadores en esta vocación que usted manifiesta -que estoy convencida de que en el caso suyo es genuina-, de que, quizás, nos encontremos en una discusión sobre el consenso, la coma, el artículo, y que, en realidad, eso esconda ninguna voluntad de avanzar con algo”. Fue la sensación que se llevaron quienes alientan las iniciativas a favor de mayores cortes en biocombustibles. Mientras tanto, los distritos petroleros guardan algunas cartas y se preparan, post elecciones, para salir “a la cancha”.
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