POLITICA
El Gobierno reglamentó el acceso a la ciudadanía argentina para aquellas personas que hagan inversiones grandes en el país
El Poder Ejecutivo oficializó este jueves, mediante el Decreto 524/2025, el procedimiento que deberán seguir los extranjeros que hayan realizado una inversión relevante en el país y busquen obtener la ciudadanía argentina. La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, fue publicada en el Boletín Oficial y alcanza a todos los extranjeros interesados en acceder a la nacionalidad bajo este nuevo régimen.
El nuevo régimen, que modifica la tradicional Ley de Ciudadanía N° 346, es un nuevo paso dentro de la reforma migratoria de Milei, que fue oficializada a finales de mayo. Esta cambió los requisitos sobre los cuales se otorga la ciudadanía argentina, la residencia en el país y se avala tanto el ingreso, la permanencia y la expulsión de una persona extranjera.
Cuando la medida fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, se dejó entre ver la posibilidad de una normativa que cree una suerte de “ciudadanía por grandes inversiones”.
Sin embargo, en ese momento, ya se sabía que era un asunto que tenía que ser elaborado en la reglamentación posterior y no iba a salir en el primer decreto junto al resto de medidas.
Ahora, con la salida de esta nueva normativa, se reglamentó, estableciendo que los extranjeros que hayan realizado una inversión considerable, según los criterios que determine el Ministerio de Economía, podrán solicitar la ciudadanía argentina ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado creado en el ámbito de ese ministerio. Esta agencia será la encargada de recibir las solicitudes, evaluar si la inversión cumple con los requisitos y coordinar la intervención de otros organismos estatales.
El procedimiento inicia con la presentación de la solicitud ante la Agencia, que analizará si la inversión califica como relevante. Si la evaluación es positiva, el organismo solicitará informes a organismos como el Ministerio de Seguridad Nacional, la Unidad de Información Financiera, el Registro Nacional de Reincidencia, el RENAPER y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), entre otros. Estos organismos deberán expedirse sobre si el otorgamiento de la ciudadanía podría representar un riesgo para la seguridad nacional o los intereses del Estado.
Una vez reunidos todos los datos necesarios, la Agencia elevará un informe circunstanciado a la Dirección Nacional de Migraciones, recomendando la aprobación o el rechazo de la solicitud. Si la inversión no califica como significante o si alguno de los organismos consultados desaconseja el otorgamiento, la Agencia propondrá el rechazo de la solicitud.
El decreto indica: “En todos los casos en los que la inversión no califique como relevante o las áreas a las cuales se les hubiere solicitado información recomienden no otorgar la ciudadanía, en el informe que se eleve a la Dirección Nacional de Migraciones se hará constar dicha circunstancia y se propondrá el rechazo de la solicitud”.
La Dirección Nacional de Migraciones tendrá un plazo de 30 días hábiles para analizar el informe y resolver, mediante un acto fundado, si otorga o rechaza la ciudadanía. Además, el decreto encomienda a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la adecuación de los sistemas para permitir la tramitación de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) a quienes obtengan la ciudadanía por esta vía.
La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión también tendrá la facultad de dictar normativa complementaria y aclaratoria para regular el procedimiento y la evaluación de las solicitudes.
El decreto entró en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial.
La medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional y busca, según el texto oficial, “asegurar una mayor eficiencia en el procedimiento y fomentar las inversiones y la creación de empleo”.
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La Cámara Nacional Electoral confirmó la sanción a un partido político que contrató espacios radiales y televisivos para hacer campaña electoral encubierta como entrevistas periodísticas.
Se trata del Partido Demócrata Cristiano de la Capital Federal. La Cámara Electoral se pronunció sobre su apelación contra la sanción impuesta en primera instancia por violaciones al régimen de publicidad electoral en las elecciones primarias de 2023.
El castigo por esa falta es no recibir fondos públicos por una elección y rechazar su declaración de gastos de campaña del 2023.
El Partido Demócrata Cristiano de la Capital Federal realizó contrataciones de espacios en radio y televisión que fueron presentados como entrevistas periodísticas, pero que en realidad constituyeron publicidad electoral paga.
El tribunal electoral destacó que esta práctica no sólo viola directamente la prohibición de adquirir tiempo en radio y televisión para promoción electoral, sino que genera múltiples efectos perjudiciales asociados.
Por ejemplo, dijo la Cámara, daña la transparencia y equidad de las campañas, otorga ventajas indebidas y alimenta la desinformación al inducir a error a los electores sobre el carácter de la comunicación.
En este sentido, la regulación legal de las campañas electorales propicia que todos los partidos políticos y candidatos tengan acceso a los medios de comunicación y sean tratados en igualdad de condiciones.
Por eso, una distribución más equitativa de los espacios en radio y televisión favorece a quienes tienen menores posibilidades, a los partidos emergentes y a quienes disienten de los oficialismos partidarios, destacó el tribunal.
En el caso, el partido alegó en su defensa que se vio obligado a estas contrataciones por problemas técnicos con los espacios gratuitos asignados por la Dirección Nacional Electoral, y argumentó que se trató de “un servicio de difusión a través de periodistas particulares” y no de publicidad electoral propiamente dicha.
Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral rechazó estos argumentos, señalando que la concertación dirigida a utilizar una actividad periodística para promover candidaturas, encubriendo su carácter oneroso, no solo lesiona la regulación legal sino que “agrava la entidad de la ilicitud cometida”.
La sentencia, firmada por unanimidad por los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, establece que la propaganda encubierta lesiona el principio del voto informado, ya que los ciudadanos requieren información completa e imparcial para tomar decisiones electorales.
Los jueces lo consideraron un “fraude a la ley”, por tratarse de “propaganda encubierta”.
Entre los elementos probatorios que confirmaron la infracción, se identificaron facturas explícitas bajo rubros como “Publicidad para campaña de Diputados del Partido Demócrata Cristiano” en diversos medios radiales y televisivos.
Por eso, destacó que más allá de los elementos que podría requerir la acreditación de publicidad electoral encubierta cuando no se encuentra verificado un pago (ya sea porque no se produjo o porque se lo hizo subrepticiamente) en el presente caso, la adquisición de los espacios en radio y televisión está fuera de duda.
La Cámara también advirtió sobre los desafíos que presentan las redes sociales y plataformas digitales, donde las posibilidades de realizar publicidad encubierta “se multiplican exponencialmente”.
En este sentido, señaló que la creación y coordinación de cuentas falsas, la contratación de “influencers”, “streamers” o “creadores de contenido”, la promoción paga disfrazada de contenido orgánico, el uso de inteligencia artificial y otras herramientas para influir −o manipular− las deliberaciones político electorales, generan posibilidades de propaganda más opacas y, a menudo, más potentes que las de algunos medios tradicionales.
En ese contexto, la sentencia reseña una serie de iniciativas que el Tribunal viene impulsando desde el año 2018, para mitigar los efectos perjudiciales que las nuevas formas comunicacionales pueden generar sobre la transparencia y equidad del proceso electoral.
La resolución confirmó la desaprobación del informe final de campaña y la pérdida del derecho a recibir fondos para financiamiento público de campañas electorales por una elección.
Hernán Cappiello,Justicia Federal,Elecciones 2025,Conforme a,,Fentanilo contaminado: el oficialismo busca trabar la creación de una comisión investigadora en Diputados,,¿Triunvirato o un solo jefe? La CGT activa el proceso de renovación de autoridades con el desafío de evitar una fractura,,»No sería Presidente». Kicillof reaccionó ante la denuncia de fraude electoral lanzada por Milei,Justicia Federal,,Fentanilo contaminado. “Tengo 30 trabajadores al borde del suicidio” y otras frases del dueño del laboratorio ante el juez,,Presuntas coimas: es preciso conocer toda la verdad,,“Una incógnita”. La Mesa de Enlace espera que el Gobierno defina el rumbo del INTA
POLITICA
El Gobierno avanzará sobre las operaciones financieras del Cártel de los Soles en la Argentina
El gobierno de Javier Milei siguió los pasos de los Estados Unidos, Paraguay y Ecuador, y declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista, lo que le permitirá ahora avanzar con las investigaciones y eventuales detenciones de miembros de esa agrupación que ya habrían realizado operaciones financieras sospechosas en la Argentina.
De acuerdo con lo que detallaron a Infobae fuentes oficiales, las autoridades nacionales tienen conocimiento de personas que integran ese grupo narcocriminal, liderado por el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, incluso ingresaron al país.
“Muchos de ellos tienen a su familia acá, sus esposas viven en Buenos Aires y sus hijos van a colegios porteños, porque ni siquiera ellos confían en dejar a sus seres queridos en Caracas. Sabemos que funcionarios del régimen bolivariano pudieron haber entrado en algún momento”, explicó a este medio alguien al tanto de la situación.
A partir de esos datos, en la Justicia se abrieron varias causas que permanecen bajo el más estricto secreto de sumario y en las cuales se analizan desde compra de propiedades y bienes de alto valor, hasta transferencias.
El primer paso para intensificar los controles fue incluir al cártel en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), en el que también están entidades como Hezbollah y el -también venezolano- Tren de Aragua.
Para eso, el Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, elaboró un informe en el que precisó los antecedentes y todas las razones por las cuales esa organización criminal debía ser sumada a esa lista.
Las autoridades nacionales descubrieron, por ejemplo, que la banda, con una estructura de mando incrustada en los más altos sectores del aparato estatal de la dictadura, maneja el 25% del comercio mundial de cocaína.
Desde Maduro y Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, siguiendo por otros miembros del gabinete, decenas de funcionarios de Venezuela pertenecerían también al cártel, según el trabajo de inteligencia realizado por la Argentina.
Los delincuentes tienen especial influencia en la Guardia Nacional Bolivariana, principal cuerpo de las Fuerzas Armadas de esa nación. De hecho, el nombre de la agrupación proviene de las insignias de sol que lucen los generales de esa milicia.
El término se remonta a la década de 1990, acuñado tras las investigaciones contra los generales Ramón Guillén Dávila y Orlando Hernández Villegas. Fue el primero de ellos quien, se cree, aprobó un cargamento de cocaína que dio inicio a las actividades ilícitas.
Las autoridades argentinas, no obstante, consideran que la organización no opera de manera regular en el país, ya que su mercado se encuentra principalmente en el norte del continente -México y los Estados Unidos-, Europa y, en menor medida, en Asia, que es un destino emergente para el comercio ilegal de drogas.
A pesar de esto, la gestión de Milei pudo declararla como una entidad terrorista gracias a que sí tiene células en otros estados de la región, como Perú, Ecuador y Colombia, por lo que se trata de “una medida preventiva.
En el informe del Ministerio se señala, en este sentido, que para tomar esta decisión “se pondera riesgo real o potencial para la seguridad interior, vida y patrimonio de los habitantes” locales.
Al respecto, se argumentó que actualmente hay indicios de que le brindan apoyo material al Tren de Aragua, Hezbollah y al Cártel de Sinaloa, “todos con capacidad de violencia transnacional y economías ilícitas que impactan en el Cono Sur”
Más allá de eso, el Gobierno remarca que algunos de los líderes del cártel, que también son parte del régimen venezolano, sí tendrían determinados intereses económicos en la Argentina y es por eso que se le dará intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que controle las transacciones detectadas y que resultan sospechosas.
La determinación de incluir al Cártel de los Soles en el registro de entidades terroristas será formalizada este miércoles a través de un decreto que se publicará en el Boletín Oficial.
En los próximos días, en tanto, la administración libertaria compartirá la lista de personas sospechadas de estar involucradas en esta red criminal, la cual todavía se está elaborando, pero estaría encabezada por Maduro y Cabello.
También se incluiría a Tareck Zaidan El Aissami Maddah, ex ministro de Petróleo y ex presidente de PDVSA, detenido en Venezuela en 2024 por la propia dictadura y con cargos penales en su contra por parte de los Estados Unidos.
Además, estaría en esa lista Néstor Luis Reverol Torres, ex jefe de la Oficina Nacional Antidrogas y General y ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, acusado en el Tribunal de Distrito norteamericano para el Distrito Este de Nueva York (2016) por conspiración para distribuir cocaína (alertar a traficantes, obstruir redadas, según la acusación).
De igual manera, Hugo “El Pollo” Carvajal, ex jefe de inteligencia militar; extraditado a EEUU en el 2023 para luego ser declarado culpable ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por conspiración para importar cocaína (vínculos con el Cartel de los Soles y FARC, según el caso).
En la mira está también Clíver Alcalá Cordones, ex general que está imputado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York desde el 2020 por narco-terrorismo en el marco de la conspiración Cartel de los Soles–FARC.
La lista se completa con Freddy Alirio Bernal Rosales, al que la estadounidense Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) lo designó en el 2011 dentro del régimen de Cabecillas de Narcóticos Extranjeros por apoyar a las FARC.
POLITICA
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Monitor Digital muestra una negatividad del 94% en la imagen del gobierno en redes, con el término corrupción entre los más mencionados.
La «Corrupción» de instala como una de las mayores preocupaciones de los argentinos en las redes.
Diego Spagnuolo,Javier Milei,Karina Milei
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