La reforma laboral impulsada por el Gobierno entró en su tramo final, pero no sin costos políticos. Tras la controversia generada por el capítulo que alteraba el pago de salarios durante las licencias médicas, el oficialismo decidió dar marcha atrás con ese punto para lograr el visto bueno en Diputados y el dictamen en el Senado, donde debe concentrar sus esfuerzos para garantizar la aprobación definitiva.

El artículo en cuestión había sido incorporado a último momento al proyecto original y proponía cambios sustanciales en el esquema de ausencias por enfermedad. La iniciativa contemplaba que, en determinados casos, el trabajador cobrara solo el 50% de su salario si la afección se vinculaba a una actividad voluntaria ajena al trabajo, mientras que en otras situaciones percibiría el 75%.

La propuesta generó rechazo tanto en la oposición como en sectores aliados y sindicales, que anticiparon dificultades para acompañar la norma.

El oficialismo consiguió dictamen para la reforma laboral en el Senado y buscará aprobarla el próximo viernes

En los días posteriores, la Casa Rosada optó por retirar ese capítulo para evitar que el proyecto completo quedara empantanado en el Congreso. La decisión implicó un repliegue político, pero permitió mantener en pie el resto del paquete de modificaciones laborales, considerado prioritario por el oficialismo para reducir la litigiosidad y promover nuevas contrataciones.

Dentro del Gobierno reconocían que la polémica dejó ruido interno. Las críticas se concentraron especialmente en la defensa pública que algunos funcionarios habían realizado del artículo, lo que amplificó el rechazo político y sindical.

Desde el entorno del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aclararon a Infobae que ese apartado no formaba parte del texto originalmente enviado por el Poder Ejecutivo.

La eliminación del capítulo obligó a que el proyecto vuelva a la Cámara alta para su revisión final. En Balcarce 50 confían en conseguir los votos necesarios durante la última semana de sesiones extraordinarias, donde la reforma laboral aparece como una de las principales prioridades legislativas.

Reforma laboral: qué pasará con el salario si un trabajador se enferma tras la caída del artículo 44

Mientras tanto, el oficialismo busca evitar nuevas fisuras internas. La estrategia consiste en concentrar la discusión en los puntos centrales de la reforma, entre ellos la modernización de modalidades de contratación, cambios en los mecanismos indemnizatorios y la reducción de conflictos judiciales entre empleadores y trabajadores.

En paralelo, el Ministerio de Desregulación avanza en la preparación de normas complementarias que deberán instrumentarse una vez aprobada la ley. Parte de ese trabajo incluye decretos y resoluciones orientados a adecuar el marco regulatorio a los compromisos comerciales internacionales asumidos por la Argentina, particularmente en relación con acuerdos de intercambio económico.

En el Congreso, la discusión promete volver a ser intensa. Sectores sindicales ya anticiparon protestas y presiones sobre los legisladores, mientras que gobernadores y bloques dialoguistas negocian cambios menores para acompañar la iniciativa. El oficialismo, sin embargo, apuesta a que la eliminación del punto más controvertido permita descomprimir el debate.

De aprobarse sin nuevas modificaciones, el proyecto quedará sancionado y el Gobierno obtendrá una de sus principales leyes estructurales en materia económica. Para la administración libertaria, la reforma laboral forma parte del paquete de medidas orientadas a incentivar el empleo formal y modificar reglas que consideran obsoletas dentro del mercado de trabajo argentino.

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En consonancia con el paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el gremio SUTEBA anunció una medida de fuerza que podría poner en riesgo el inicio del ciclo lectivo en la Provincia de Buenos Aires.

La huelga está prevista para el próximo 2 de marzo y contará no solo con la adhesión del sindicato que conduce Roberto Baradel, sino también de la asociación de docentes privados Sadop; la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba), alineada con la CGT; la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).

Esta última fue la primera en oficializar la medida de fuerza, luego de rechazar la propuesta salarial del gobernador Kicillof -que contemplaba un incremento del 3%- por considerarla “insuficiente”.

Entre los principales reclamos, los sindicatos exigen una recomposición salarial y convocatoria a paritaria nacional.

En el comunicado difundido a través de redes sociales, bajo el título “No al ajuste educativo”, los gremios exigieron la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el Gobierno nacional en los primeros meses de gestión; un aumento del presupuesto destinado a educación; la devolución de los fondos que, según señalaron, la Nación “le debe” a la Provincia; el fin de la sobrecarga laboral; y la convocatoria urgente a la paritaria nacional docente.

Además, manifestaron su rechazo al proyecto de ley denominado “Libertad Educativa” y reclamaron un aumento salarial.

En las últimas horas, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) decidió un paro nacional docente para el 2 de marzo, como parte de un plan de acción que incluirá movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país, en reclamo de la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y de un aumento salarial que supere la inflación.

Por su parte, los sindicatos educativos de la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias” y destacaron “la grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública”.

En el caso de CTERA, el paro fue resuelto en un congreso extraordinario de la entidad, que lidera Sonia Alesso, donde, además del reclamo salarial, se exigió una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto educativo.

Además, durante el congreso de CTERA se reiteró “el rechazo a toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”, en tanto demandó “condiciones dignas de trabajo, infraestructura adecuada, recursos pedagógicos, conectividad para el dictado de clases y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes”.

Durante el encuentro también se insistió en el rechazo de la organización al proyecto de Ley de Libertad Educativa que impulsa el gobierno de Javier Milei y por eso se decidió impulsar acciones durante todo el mes de marzo para “informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y las consecuencias que implicaría para la educación pública”.

Por su parte, en un comunicado de prensa, la UDA, que lidera Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), dirigida por Fabián Felman, advirtieron al Gobierno nacional que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si no convocás a paritarias”.

Los dos sindicatos subrayaron que “si no se concreta una convocatoria urgente a paritarias, el conflicto con el sector docente podría profundizarse y prolongarse, lo que afectará —por imposición de las actuales circunstancias generadas por el Gobierno— el normal funcionamiento del ciclo lectivo”.