Fabiola Yañez finalmente pudo festejar una victoria en el plano judicial. La Justicia la sobreseyó en la causa que le había iniciado el expresidente Alberto Fernández por la filtración de los videos de Tamara Pettinato en la Casa Rosada. Fue una victoria fortuita. Un tribunal consideró que la acción penal estaba extinguida por el paso del tiempo.

La causa penal comenzó en agosto de 2024, en pleno escándalo por la demuncia de violencia de género. Fernández contratacó contra su ex pareja cuando se conocieron los videos de Tamara Pettinato que habían quedado almacenados en su teléfono. En realidad, fue una denuncia para intentar frenar otro tipo de filtraciones.

“Dicha información está contenida en el teléfono, que era de mi propiedad, que le regalé a mi hijo Francisco con aplicaciones que servían para su esparcimiento, y que contenía mi galería de fotos personal”, se quejaba por entonces el ex presidente. Se refería a los videos de Pettinato.

Fernández también se había quejado sobre el accionar de los medios de comunicación, por la difusión de los videos, aunque nunca accionó judicialmente. “No es mi intención iniciar acciones legales respecto de todos los medios periodísticos, por lo que digan de mí, pero todo tiene un límite. Sobre todo cuando se me acusa en virtud de hechos tan graves como la violencia de género y se aprovecha ese contexto para mancillar los nombres y el honor de otras personas”, se quejaba por entonces.

La causa avanzó y llegó hasta el Tribunal Oral Criminal 4. En junio de este año, ese tribunal le ordenó a la querella que notifique a los abogados de Yañez, que en este expediente fue representada por una defensora oficial. Un mes después, según el fallo al que accedió , la querella requirió algunas medidas de prueba, pero “nunca respondió la intimación relativa a la notificación de la querellada Yáñez”.

La defensa de la ex primera dama aprovechó la “demora” y pidió la prescripción por el plazo previsto en el artículo 422 del Código Procesal Penal. Esa norma estipula que “se tendrá por desistida la acción privada cuando: el querellante o su mandatario no instaren el procedimiento durante sesenta días”.

Los abogados de Fernández cuestionaron la interpretación de ese artículo y plantearon que no debe no utilizarse “como mecanismo para frustrar el debate” o para “lesionar el derecho del querellante a obtener una respuesta jurisdiccional razonada”.

El tribunal finalmente le dio la razón a la defensa de Yañez y dictó su sobreseimiento. “Sólo para cubrir la exigencia de autosuficiencia, dado que la propia querella ya ha admitido que el plazo se encuentra cumplido si se comienza a contar a partir del 07/07/20255, advierto que, en rigor, la parte no ha instado el procedimiento debidamente desde el 25/06/2025, fecha desde la que han transcurrido más de sesenta días hábiles”, dice el fallo.

Fabiola Yañez regresó a la Argentina hace dos semanas para intentar llegar a un acuerdo con Alberto Fernández. Esa jugada generó cortocircuitos con su abogada, Mariana Gallego, que decidió renunciar a su defensa en el expediente civil, donde la pareja discute la cuota alimentaria, y en otra causa que tramita en la ciudad de Buenos Aires por amenazas e impedimento de contacto.

Apenas unas horas después, Yañez designó a otras dos abogadas en ambas causas: Marcela De Leonardis y María Eugenia Sosa. No fue una sorpresa. “Ya habían comenzado a negociar un acuerdo por afuera del expediente civil. Por ahora ese acuerdo está totalmente descartado porque plantea condiciones ilógicas”, dijeron cerca del ex presidente.

La pelea de fondo sigue siendo la causa por violencia de género, que quedó en suspenso tras el apartamiento del juez Julián Ercolini. Esa decisión todavía está en vilo. Este miércoles, el abogado Mauricio D’Alessandro, presentó un recurso extraordinario y ahora la decisión quedó en manos de la Corte Suprema.

El fiscal que instruyó el expediente, Ramiro González, pidió en agosto del año pasado elevar la causa a juicio oral, pero el expresidente planteó una serie de nulidades que deben resolverse. Por ahora, la causa quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, el candidato que propuso Fernández en su momento para la Procuración.

Ciudadanos Unidos, la pata porteña de la alianza de gobernadores que apuesta a romper la polarización y reivindicar una agenda de desarrollo federal, cerró su campaña esta tarde en el barrio de La Boca con críticas a la falta de obra pública, el atraso de las jubilaciones y los recortes en salud y educación pública. También denunciaron presuntos vínculos de dirigentes de La Libertad Avanza con el narcotráfico.

La semana pasada, los candidatos locales recibieron finalmente el respaldo oficial de los fundadores de Provincias Unidas, que originalmente se mostraban reticentes a brindar apoyo, en un acto conjunto en Obras Sanitarias.

El acto de esta tarde se realizó en una fábrica recuperada del sur de la ciudad y estuvo encabezado por los candidatos a diputados Martín Lousteau y Piera Fernández, referente universitaria, y al Senado Graciela Ocaña y Martín Ocampo. En el público se encontraban, además de militantes del espacio, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, la legisladora porteña Manuela Thourte y la excandidata Lula Levy. También estuvieron presentes las diputadas nacionales Mariela Coletta y Carla Carrizo.

El presidente de la UCR nacional fue el encargado de abrir el acto. “Tenemos un presidente que desconoce el valor de la salud, de la educación, de los medicamentos accesibles para los jubilados, el valor que tiene la ayuda del estado cuando tenés en la familia a alguien con discapacidad, el valor que tiene poder llegar a fin de mes tranquilo y no estar ahogado por deudas”, comenzó.

Lousteau aseguró que la Argentina está atravesando una profunda recesión y que la economía tiene los “motores apagados”, motivo por el que -a su entender- el país está actualmente “al borde de una crisis”. “Estamos al borde de una crisis porque este gobierno no supo acumular dólares porque lo que hizo fue apreciar la moneda y hacer el dólar barato”, cuestionó y aseguró que es necesario fomentar la inversión pública para promover el desarrollo de los sectores exportadores que puedan generar “dólares genuinos”.

Para ello, reclamó por la reanudación de las obras de infraestructura y apuntó tanto contra la corrupción del kirchnerismo como contra los recortes de La Libertad Avanza. “No podemos pasar del desmadre de la obra pública en la que se revoleaban bolsos de millones de dólares arriba de los conventos a esto que es cero obra pública. Necesitamos obra pública para acelerar el crecimiento de la economía y para atender urgencias sociales”, sentenció.

También dedicó críticas contra la administración nacional por la baja de impuestos a los sectores de mayores ingresos y contra los escándalos de corrupción que sacuden al Gobierno como el presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la difusión de la criptomoneda $LIBRA y los vínculos de José Luis Espert con Federico “Fred” Machado, acusado de lavado de dinero y narcotráfico. También apuntaron contra la candidata a senadora libertaria Patricia Bullrich por presuntos vínculos con una empresa involucrada en dicho esquema de corrupción.

En este contexto y como hicieron a lo largo de su campaña, los candidatos buscaron enviar un mensaje de esperanza y plantarse como la principal alternativa a la administración nacional. “Hay otra manera de hacer las cosas que nos incluya y en la que nos hablemos y no nos gritemos, hay otra manera porque el futuro se construye y no se destruye. Por eso, iniciamos este camino de Ciudadanos Unidos”, afirmó Ocaña.

La dirigente de Confianza Pública cuestionó la poca atención que los distintos gobiernos han puesto sobre los jubilados y ratificó que, de acceder al Congreso, impulsará “la obligatoriedad de la cobertura de los 50 medicamentos que se utilizan para atender las patologías crónicas de la tercera edad”. Subrayó, a su vez, que avanzarán contra las jubilaciones de privilegio, incluso de manera retroactiva -es decir, con aquellas ya vigentes hoy día- para equilibrar la balanza respecto de los beneficiarios cuyo haber apenas alcanza los $400.000.

Fernández, en tanto, reivindicó la agenda de la salud mental y la defensa de la educación pública. Pidió avanzar en un gran acuerdo nacional educativo “porque la educación no puede depender de la coyuntura o el gobierno de turno”. Cuestionó el cierre de escuelas y el atraso de los salarios docentes y anunció su plan de impulsar en un plan nacional de infraestructura para la construcción de establecimientos educativos.

La dirigente universitaria subrayó, además, la necesidad de reformar la ley de salud mental y de capacitar a los profesionales en esta materia. Puso especial énfasis en la situación de los adolescentes, un sector en el que la ludopatía se expandió en el último tiempo. “Ocho de cada diez adolescentes hicieron apuestas en casinos online. No podemos mirar para otro lado. Tenemos que regular a los operadores, pero también prohibir y penalizar la publicidad de apuestas online en los menores de 18 años”, sentenció.

A su turno, Ocampo abordó la agenda de seguridad y reivindicó su trayectoria como funcionario. “Me tocó ser ministro de seguridad y crear la policía de la ciudad. Creo que es la mejor policía de la Argentina. Quiero ir al Senado a llevar esa experiencia y políticas concretas”, expresó antes de poner el foco en el ciberdelito. Cuestionó la falta de políticas nacionales en esta materia de prevención de esta problemática y la ausencia de propuestas al respecto de parte de la ministra de Seguridad. Frente a este vacío, propuso la creación de una policía especializada en esta clase de delitos.

“La policía tiene que tener la capacidad incluso de verificar en redes dónde hay anzuelos y publicidades engañosas que nos hacen entrar en estafas. Este es un flagelo que encarece toda la actividad económica y el gobierno nacional está ausente”, planteó.

Con la exposición de sus propuestas y, entre chicanas a candidatos tanto de Fuerza Patria como del oficialismo nacional, Ciudadanos Unidos cerró su campaña luego de que, la semana pasada, recibieran oficialmente el respaldo de los fundadores de Provincias Unidas. El miércoles pasado, los candidatos locales compartieron un acto con los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes) en el que volvieron a pedir por una Argentina federal que priorice las economías regionales, la educación y la generación de empleo.