La Justicia ordenó anoche la captura de Claudio Uberti, extitular del órgano que controlaba a los concesionarios viales, para que cumpla una pena de cuatro años y medio de prisón. La medida se tomó después de que la Corte Suprema dejó firme la condena del exfuncionario kirchenrista.

La jueza Sabrina Namer, que subroga en el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, pidió anoche la detención, pero hasta esta mañana no había novedades del paradero del exfuncionario. Namer es la jueza a cargo de la ejecución de la condena.

Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), fue condenado por por haber intervenido en el ingreso al país de US$790.550 sin declarar, que llevaba en un maletín el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson.

El venezolano —quien permanece prófugo— arribó junto a Uberti en la madrugada del 4 de agosto de 2007.

Ese dinero de origen venezolano, dijo Antonini Wilson ante el FBI estadounidense, era para financiar la campaña electoral del kirchnerismo.

Uberti es, además, uno de los “arrepentidos” que está siendo juzgado en el caso de los cuadernos de las coimas. Allí confesó: “Yo le llevaba a Néstor Kirchner bolsos con el dinero que recaudaba de las concesionarias viales que estaban bajo mi órbita”. Dijo además: “Cristina Kirchner estuvo presente varias veces en las que yo fui a dejar los bolsos, ella sabía todo lo que se hacía”.

Uberti trabajaba junto al exministro Julio De Vido, el hombre fuerte de la obra pública del kirchnerismo.

La Corte, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el último recurso de la defensa de Uberti por cuestiones formales: el incumplimiento de la Acordada 4/2007, que fija los parámetros sobre cómo deben sustanciarse las presentaciones ante el máximo tribunal de Justicia.

Con esta decisión, quedó firme la condena de prisión efectiva de Uberti.

Por la misma razón, la Corte también rechazó las quejas de las defensas de otros funcionarios que habían sido condenados. Se trata del guarda aduanero Jorge Lamastra, la entonces responsable del Control Aduanero del Aeroparque Jorge Newberry de la AFIP-DGA María Cristina Gallini, el entonces jefe de la División de Fiscalización y Operativa Aduanera de Aeroparque de la AFIP-DGA, Guillermo Lucángeli, y la entonces directora de Fiscalización y Operativa Aduanera de la Dirección Aduana de Ezeiza, Rosa García Santillán.

En la madrugada del 4 de agosto de 2007, el empresario venezolano Antonini Wilson intentó ingresar al país una valija con US$790.550, en billetes de US$50.

Había llegado a Aeroparque en un vuelo privado, facturado a la empresa con participación estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa), junto a Uberti, su entonces secretaria privada, Victoria Carolina Bereziuk; el presidente de Enarsa, Exequiel Omar Espinosa, y otros cinco ciudadanos venezolanos vinculados a la petrolera venezolana PDVSA, en el marco de la gestión de contratos para la construcción de una planta regasificadora en la Argentina, vinculada al trabajo de Enarsa.

El dinero oculto en la valija fue detectado con un escáner operado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en un contexto en el que, según se acreditó, el guarda aduanero Lamastra se mostró reticente al control en función de lo avanzado de la hora.

Pero la agente María Luján Telpuk insistió en que ver qué contenía la valija luego de que el escáner mostrara que llevaban una gran cantidad de objetos con forma rectangular.

Cuando le preguntó qué llevaba, Antonini Wilson dijo “libros y unos papelitos”. Al abrir la valija y ver los billetes verdes, el venezolano respondió que eran unos US$60.000. Al contarlos, resultaron ser US$790.550.

Luego del episodio, Antonini Wilson participó de un acto en la Casa Rosada y se volvió a Miami. Nunca fue a retirar el dinero y no se presentó ante la Justicia argentina que, sin éxito, reclamó su extradición.

WASHINGTON.- El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, será el anfitrión este miércoles de una reunión en esta capital con líderes militares de 34 países del hemisferio occidental, entre los que está representada la Argentina, en una muestra de la creciente atención que el gobierno de Donald Trump está poniendo sobre la región.

El jefe del Estado Mayor Conjunto argentino, Marcelo Dalle Nogare, ya se encuentra en Washington para participar del encuentro, de carácter militar. Está pautado que la reunión, que se desarrollará en un hotel cercano a la Casa Blanca, empiece a las 8 (hora local) y se extienda por varias horas.

Se espera que la cumbre se centre, en parte, en mejorar la coordinación regional para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, además de que el Ejército norteamericano aprovecharía para transmitir su visión operativa a las fuerzas de la región.

Aunque el Ejército norteamericano no reveló la lista completa de países participantes, los altos mandos militares de naciones como Dinamarca, Gran Bretaña y Francia -que tienen territorios en América- fueron invitados a la conferencia inaugural de jefes de Defensa del hemisferio occidental.

“Los líderes de defensa participantes explorarán la importancia de las sólidas alianzas, la cooperación continua y los esfuerzos conjuntos para contrarrestar las organizaciones criminales y terroristas, así como a los actores externos que socavan la seguridad y la estabilidad regional”, había declarado la oficina del general Caine sobre el encuentro, presentado como una jornada de trabajo.

Según publicó The New York Times, que calificó al encuentro como “inusual”, Caine estará acompañado por el general Gregory Guillot, jefe del Comando Norte, que supervisa la defensa del territorio nacional y Groenlandia, y por el teniente general Evan Pettus, jefe interino del Comando Sur, que supervisa América Latina. El general Francis Donovan, nominado en diciembre pasado por Trump para asumir el mando del Comando Sur, está a la espera de la confirmación del Senado.

La reunión convocada por Caine se produce luego de la intervención militar norteamericana en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado; los ataques a las presuntas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico, con el mayor despliegue militar norteamericano en la región en décadas, y la disputa de Trump con sus aliados europeos y la OTAN por sus intenciones de avanzar sobre Groenlandia, territorio semiautónomo en el Ártico bajo control de Dinamarca.

Además, el encuentro en Washington pondrá de relieve las posibles implicaciones militares de la llamada “Doctrina Donroe” de la administración republicana (la enmienda Trump a la Doctrina Monroe de política exterior) y una nueva estrategia de seguridad que pone el foco en el hemisferio occidental.

El mes pasado, el Pentágono presentó la Estrategia de Defensa Nacional para 2026, en la que sitúa a América Latina en el centro de la agenda norteamericana. “Tras años de abandono, el Departamento de Guerra restaurará el dominio militar estadounidense en el hemisferio occidental. Lo utilizaremos para proteger nuestra patria y nuestro acceso a territorios estratégicos en toda la región“, señaló el documento.

“También impediremos que nuestros adversarios desplieguen fuerzas u otras capacidades que representen una amenaza en nuestro hemisferio. Esta es la enmienda Trump a la Doctrina Monroe: una restauración sensata y contundente del poder y las prerrogativas estadounidenses en este hemisferio, en consonancia con los intereses de Estados Unidos”, amplió.

“A través de este enfoque de sentido común de America First [eslogan de Trump], las alianzas y los socios de Estados Unidos tienen un papel esencial que desempeñar, pero no como las dependencias de la generación pasada», explica el documento presentado por el Pentágono, que insiste en que lo más importante es “la defensa del territorio nacional y la disuasión de China”.

El nuevo enfoque de la administración Trump para la región quedó bajo la mira de un grupo de representantes del ala progresista del Partido Demócrata, que propuso este martes -un día antes de la reunión militar en Washington- una resolución legislativa para poner fin a la injerencia de Estados Unidos en América Latina.

La resolución, que no tiene vigor de ley, pidió sustituir esa política de vigilancia e intervención de Estados Unidos en la región con una política llamada “nuevo buen vecino”, para “fomentar mejores relaciones y una cooperación más profunda y eficaz”.

La resolución, presentada por la representante Nydia Velázquez (Nueva York) con apoyo de 18 legisladores, hace un listado de todas las intervenciones militares, directas o indirectas, de Washington en la región.