POLITICA
El juez electoral explicó por qué se cambiaron los lugares de votación en la provincia de Buenos Aires
El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, confirmó que habrá cambios en los establecimientos de votación para las próximas elecciones legislativas, previstas para el 7 de septiembre.
En este sentido, explicó en Radio 10 que la decisión se tomó tras una evaluación integral de la red de escuelas bonaerenses usadas para los comicios y en el marco de un proceso de actualización y depuración del padrón electoral. La medida alcanzará a los 135 municipios provinciales y tiene como objetivo facilitar el acceso de los votantes y optimizar la organización del proceso electoral.
“Puede ser que esto a veces genere alguna clase de incomodidad en algún político que está acostumbrado a determinados modos de que vote en determinada escuela; pero también es cierto que hay un sinceramiento del padrón, de los circuitos, del lugar donde están las escuelas. Y esto fue producto de un trabajo mancomunado que hicieron los 135 municipios, la Dirección General de Escuelas, el RENAPER y el juzgado desde el día 11 de diciembre”, destacó el juez.
A partir del cambio, en este link se muestra cómo saber dónde voto en las elecciones de 2025.
A su vez, Ramos Padilla rechazó las sospechas de que estas modificaciones afecten negativamente la elección y argumentó que la actualización responde a una serie de necesidades detectadas, luego de las elecciones presidenciales de 2023.
En este punto, indicó que se inició una revisión exhaustiva de las condiciones de 19.000 establecimientos habilitados como centros de votación en la provincia. Y destacó que la inspección permitió identificar escuelas privadas que habían dejado de funcionar, la apertura de nuevos colegios públicos, locales con dificultades de acceso para adultos mayores porque solo contaban con escaleras, mesas de votación dispuestas a la intemperie, escuelas que se encontraban en proceso de refacción y jardines de infantes sin el mobiliario adecuado para una jornada electoral.
Estos hallazgos llevaron a diagramar un nuevo mapa de lugares de votación, en articulación con la Dirección General de Escuelas, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y los 135 municipios bonaerenses. Luego, se geolocalizó cada uno de los establecimientos aptos y, a partir de allí, se redistribuyeron las mesas para que los ciudadanos no deban realizar trayectos extensos ni utilizar más de un transporte público para poder votar. El magistrado subrayó que estas modificaciones buscan “sincerar” el padrón, dar mayor accesibilidad y asegurar que cada votante pueda sufragar en su propio circuito electoral.
Ramos Padilla también informó que el proceso de actualización permitió depurar el padrón, eliminando a las personas fallecidas y corrigiendo los domicilios que presentaban inconsistencias. También detalló que muchas veces el lugar de votación de una persona quedaba alejado de su domicilio real debido a desfasajes entre los datos; y la realidad de las escuelas habilitadas o a la falta de actualización de la información.
Consultado sobre el impacto de la medida, Ramos Padilla remarcó: “Lo que está garantizado es que cada ciudadano vote en su circuito y que no haya uno que se tenga que tomar dos colectivos para llegar a su escuela. Puede que no vote en la misma escuela porque está el padrón al día, porque las escuelas que no estaban en condiciones o que nos informan que están llevando adelante un arreglo, se dejaron sin efecto. Pero lo cierto es que cada una de las escuelas están dentro del circuito electoral”.
La organización del padrón en esta oportunidad se realizará por orden alfabético, de manera que vecinos con apellidos similares votarán en el mismo establecimiento, lo que podría agilizar la ubicación de las mesas y facilitar el proceso, según valoraron desde el juzgado electoral. Además, se garantizó que las 45.000 mesas bonaerenses abran a las 8 y cierren a las 18, cumpliendo con el horario reglamentario dispuesto por la normativa vigente.
Y adelantó: “Puede ocurrir que alguien vote en una escuela un poco más lejos. Lo más probable es que la gran mayoría vote en un lugar más cercano y más accesible, que quede en el centro del circuito y donde haya mayores medios de transporte. O donde ni siquiera tenga que utilizar un medio de transporte. Va a haber casos donde eventualmente quede en la otra punta del circuito”.
El magistrado consideró que la medida traerá beneficios a los municipios al optimizar el acceso a los comicios, restó importancia a los cuestionamientos sobre un supuesto intento de manipular la concurrencia. De acuerdo con el juez, la actualización fue consensuada en conjunto con autoridades provinciales y participaron en la discusión tanto funcionarios provinciales como nacionales del actual gobierno.
Además, recordó que en procesos anteriores donde se modificaron los lugares de votación, como la presidencial de 2011 (cuando se eliminó la división por género) y la legislativa de 2021 (cuando hubo un máximo de mesas por escuela durante la pandemia), los niveles de participación se mantuvieron dentro de los parámetros habituales.
Y concluyó: “Queda todo un mes para que la gente consulte y vea dónde tiene que votar. A diferencia de otros años, nosotros también vamos a hacer un trabajo de capacitación en los 135 municipios, que implica, en conjunto con las universidades, para que las autoridades de mesa estén particularmente empoderadas en estas elecciones, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la nación”.
La noticia había generado controversia en los últimos días, especialmente dentro del oficialismo bonaerense. La vicegobernadora Verónica Magario, candidata del peronismo por la tercera sección electoral, advirtió que estos cambios podrían implicar una maniobra para “que la gente se confunda” y favorecer el ausentismo.
La preocupación también fue expresada por la senadora provincial Teresa García, referente del kirchnerismo, que consideró que el desplazamiento de votantes respecto a comicios anteriores podría impactar negativamente en la participación.
POLITICA
El Gobierno quiere que la reforma laboral se apruebe sin cambios, pero la oposición prepara modificaciones
El oficialismo define por estas horas la hoja de ruta para ver cómo avanzar con la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados. La intención es firmar dictamen el miércoles en un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, que presiden los libertarios Lisandro Almirón y Bertie Benegas Lynch, respectivamente, y llevar el texto al recinto el jueves 19 de febrero o, en su defecto, la semana siguiente.
En esas negociaciones están involucrados el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, en coordinación con la Casa Rosada. El objetivo es sostener el proyecto tal como fue aprobado en el Senado, aunque ya aparecen señales de que la discusión en Diputados no será lineal.
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En la previa al debate, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, anticipó que su bancada intentará revertir uno de los cambios incorporados en la Cámara alta.
“Vamos a pedir que se vuelva a incluir que las billeteras virtuales y los bancos digitales puedan percibir los sueldos. Tu libertad de trabajo es tu libertad con tu plata. Con tu plata hacés lo que querés: es tu sueldo, no es del Estado ni de ninguna empresa”, sostuvo ante distintos medios, entre ellos TN.
El planteo implica reabrir un punto que el Senado dejó fuera del texto final. La postura del PRO contrasta con la de la senadora Patricia Bullrich, quien dejó en claro que el oficialismo no está dispuesto a aceptar modificaciones en la revisión de Diputados, con el objetivo de evitar que el proyecto deba volver a la Cámara alta.
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El PRO no será el único espacio que buscará cambios en el plenario del miércoles 18. Desde el bloque Provincias Unidas, que encabeza la diputada santafesina Gisela Scaglia, trabajan en una alternativa para el capítulo de indemnizaciones.
El foco está puesto en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema obligatorio para financiar indemnizaciones por despido. Según la propuesta en análisis, el fondo se integraría con un 3,5% de recursos vinculados a la ANSES: 1% a cargo de grandes empresas y 2,5% correspondiente a pymes.
Además, legisladores de provincias productoras —principalmente Córdoba y Santa Fe— preparan de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a empresas nacionales y extranjeras sin antecedentes penales tributarios ni deudas fiscales.
El esquema establece un piso de inversión de:
- US$150.000 para microempresas
- US$600.000 para pequeñas empresas
- US$3,5 millones para medianas
La discusión sobre estos puntos será clave para consolidar apoyos de bloques provinciales, que ya tuvieron un rol determinante en el Senado.
Rechazo de Unión por la Patria
Desde Unión por la Patria (UxP), el rechazo es total. El diputado Sebastián Galmarini cuestionó el contenido del proyecto y su impacto en el empleo.
“Es una muy mala ley. No tiene ningún artículo que ayude a mejorar la situación del empleo ni a recuperar el nivel de actividad que perdió la Argentina desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Es una gran bolsa donde se meten artículos a favor de uno y de otro”, señaló.
También criticó el FAL, al que definió como un “financiamiento de despidos y timba financiera”, y sostuvo que dentro de las reformas laborales “no hay ninguna que ayude al trabajador ni a la Argentina”. Desde ese espacio anticipan que buscarán frenar la iniciativa o, al menos, impedir que avance sin cambios.
El respaldo radical y el poroteo oficialista
En contraste, la Unión Cívica Radical adelantó que acompañará el texto aprobado por el Senado. Los seis senadores que responden a Eduardo Vischi votaron junto al oficialismo, pese a algunas diferencias.
El diputado correntino Diógenes González sostuvo que valoran “el trabajo de los senadores que lograron concertar con el Gobierno una serie de reformas que protegieron a las pymes y atendieron la situación fiscal de las provincias”. En ese sentido, destacó la eliminación del capítulo vinculado al Impuesto a las Ganancias, al considerar que “comprometía la fiscalidad provincial”.
“Sabemos que hay temas por conversar, pero estamos en condiciones de acompañar el proyecto tal como se aprobó en el Senado”, afirmó.
Con ese respaldo, el oficialismo hace cuentas y confía en reunir una mayoría con el apoyo de bloques provinciales. En esa tarea influyeron las gestiones del ministro del Interior, Diego Santilli, y el antecedente de la votación en la Cámara alta.
El diputado libertario Nicolás Mayoraz sostiene que el dictamen se firmará el 18 de febrero y que se cumplirán los diez días reglamentarios previos al cierre del período parlamentario. Para garantizar el tratamiento, el Poder Ejecutivo extenderá por un día más las sesiones extraordinarias, que concluirán el 28 de febrero.
Con ese margen, el Gobierno apuesta a cerrar uno de los debates centrales del verano político y avanzar en una de las reformas estructurales que forman parte de su programa económico.
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POLITICA
Reforma laboral: el Gobierno busca que esté aprobada antes del discurso de Milei del 1° de marzo y le mete presión a Villarruel
Después del triunfo que se anotó en el Senado de la Nación con la media sanción al proyecto de reforma laboral, el Gobierno apunta a tenerla aprobada la ley antes del fin de período de sesiones extraordinarias, previsto para el 28 del mes en curso.
Esa es la motivación extendida en las filas oficiales, que esperan concretar el objetivo antes del inicio de año legislativo, cuando el presidente Javier Milei de su discurso de apertura en el Congreso de la Nación.
Así lo busca el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que intenta que la aprobación se concrete antes de esa fecha, según pudo saber de fuentes oficiales. “Manuel pidió que esté para el 1° por el tema del discurso. Es la idea, pero dependemos de la burocracia”, dijo una importante fuente de Casa Rosada.
Este jueves, tras la media sanción en la madrugada, en el Gobierno todas las miradas apuntaban a cuándo girará la vicepresidenta Victoria Villarruel el proyecto a la Cámara de Diputados. se comunicó con fuentes cercanas a ella, que estimaron que el envío podría concretarse “seguramente mañana, cuando terminen de ver todo”, y argumentaron de que la votación terminó a las 4 de la madrugada.
En base a esos tiempos, se definirá la estrategia y el procedimiento. “Esperamos que lo mande (a Diputados) entre hoy y mañana”, dijo otra de las fuentes consultadas. Pese aque las relaciones entre la vicepresidenta y el mandatario, así como con la plana mayor del Gobierno, están completamente rotas, en las filas oficiales esperaban que “esta vez juegue bien”, en referencia a que no demorara el envío del proyecto a la Cámara Baja.
Llegar al 1° de marzo con la ley sancionada es el objetivo que se propuso Balcarce 50. En la mesa política hay confianza para que eso suceda y creen que los tiempos cierran para aprobarla entre el 26 y el 28 de febrero, en la víspera a la sesión inaugural del año parlamentario.
Una vez que llegue a la Cámara Baja, la idea es “llamar a comisión el miércoles que viene, dictaminar ese mismo día y poner cuanto antes la sesión”, enumeraron fuentes libertarias. “La oposición va a patalear diciendo que se los lleva a los tumbos, pero es lo que ellos hacían antes”, ironizó en reserva la misma fuente.
De ese modo, el debate pasaría en Diputados a la semana siguiente, en la que, de no cumplirse con los pasos iniciales propuestos, se contemplaría el sábado 28 para una sesión especial.
“La idea es que esté el 1° de marzo aprobada. Si es necesario, se agrega el 28, pero si se llega a bien con los tiempos, ni siquiera eso. La carta está y se puede jugar”, completó un vocero del oficialismo.
Triunfo en el Senado
El oficialismo logró esta madrugada, sin contratiempos, como se esperaba después de que se destrabó la pelea por los fondos con las provincias, la aprobación en el Senado del proyecto de ley reforma laboral gracias al aporte de los bloques de la oposición dialoguista, quedando las diferentes versiones del peronismo, con el kirchnerismo a la cabeza, en soledad en el rechazo a la iniciativa.
El proyecto impulsado por la Casa Rosada fue aprobado por 42 votos a favor y 30 en contra.
La votación en general se produjo cerca de la 1.30, después de más de 13 horas de debate y se logró bajo la atenta mirada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ubicada en uno de los palcos del recinto de la Cámara alta. La funcionaria estuvo acompañada por Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Los tres funcionarios permanecieron en sus asientos durante todo el debate en particular, que se extendió hasta poco más de las 3.30 de la mañana.
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Tras la victoria en el Senado, con la aprobación del proyecto de ley de Reforma Laboral propuesta por Javier Milei, el oficialismo logró otro triunfo en la Cámara de Diputados con la baja de la edad de imputabilidad.
Con el apoyo del radicalismo, el PRO y los bloques provinciales, La Libertad Avanza (LLA), logró el quórum necesario para iniciar el debate del proyecto de ley de reforma del Régimen Penal Juvenil.
El oficialismo obtuvo la aprobación en general de la iniciativa con 149 votos positivos, 100 negativos y ninguna abstención.
La presencia de 129 legisladores habilitó el inicio del debate en la Cámara baja, en una sesión que pretende ser extensa y llena de tensión.
El discurso de apertura de la sesión estuvo a cargo de la diputada libertaria, Laura Rodríguez Machado, quien cuestionó al Reforma Penal Juvenil vigente calificándolo de “ineficiente, injusto y heredado de la dictadura”.
“No previene, no resocializa y no repara, ni brinda respuestas a las víctimas”, indicó la legisladora que además, afirmó que el nuevo proyecto incorpora estándares internacionales que la Argentina suscribió pero nunca plasmó en una normativa específica.
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La representante de Unión por la Patria (UxP), María Elena Velázquez, reveló que votará en contra de la baja de edad de imputabilidad e insistió: “Un niño no tiene la capacidad de analizar la criminalidad de sus actos”.
“Les mienten a las familias cuando les dicen que al bajar la edad de la imputabilidad van a solucionar el problema. Hay que invertir en educación y salud mental”, destacó la legisladora.
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