“Por suerte apareció (Scott) Bessent, nuestro Terence Todman”, resalta un funcionario de gobierno y suelta una carcajada. El viernes, un cortocircuito imprevisto provocó un principio de incendio en el primer piso de la Casa Rosada, los bomberos actuaron con rapidez y tomaron control de la situación. Hubo algunos momentos de zozobra, incluso hubo que evacuar oficinas del ala que ocupa el asesor Santiago Caputo, que se había reunido minutos antes con Cristian Ritondo, pero nada comparado con el fuego que una semana atrás amenazó seriamente al proyecto libertario hasta que apareció otro bombero, el secretario del Tesoro. En el Gobierno volvieron a respirar, al menos de manera parcial. Dos viernes atrás, los ánimos eran propios de un funeral. “Estábamos muertos: no había nada que nos pudiera salvar”, reconoció un asesor presidencial muchísimo más aliviado después de que Bessent anunciara en sus redes el apoyo contundente de la administración republicana a Javier Milei y la confirmación posterior de ayuda financiera para rescatar al gobierno de una tragedia que, en la previa de las elecciones, hubiera tenido consecuencias indecibles.

Todman, de los primeros afroamericanos que llegó al mayor rango diplomático en Estados Unidos, fue a principios de los ‘90 el influyente embajador de la administración de George Bush (padre) que alineó a la Argentina, y fue clave para que Carlos Menem se sumara al Plan Brady de reestructuración de la deuda pública a cambio de reformas estructurales con las cuales el país cedió soberanía a grupos financieros. Menem brindó con Todman con espumante, en plenas relaciones carnales, un concepto inmortalizado por el entonces canciller Guido Di Tella. Esta vez fue Bessent, que ejecutó órdenes geopolíticas de Donald Trump y sacó el famoso “conejo de la galera”, un endorsement completamente inédito que se festejó en Casa Rosada y al que se aferraron en la cúpula del Gobierno después de intensísimas negociaciones durante todo el fin de semana pasado, entre Washington y Buenos Aires, que incluyeron a lobistas formales e informales, asesores libertarios y una decisiva participación de integrantes de la CPAC, el club de líderes ultraconservadores que integra Milei. Algunos cortocircuitos en la Cancillería con la administración republicana, que tampoco pasaron a mayores, se verá si pueden ser reparados después de las elecciones. Lo cierto es que el presidente volvió a tomar aire. A la espera de que se confirme la modalidad del préstamo del Tesoro, el swap por USD 20.000 millones y los requisitos, pero en la semana que pasó se calmaron los mercados y la volatilidad cambiaria, se recuperaron bonos y acciones y el riesgo país se desplomó por debajo de los 1.000 puntos -el viernes volvió a trepar por las restricciones anunciadas por el Banco Central-.

La decisión del gobierno republicano, por su magnitud, tomó a todos por sorpresa, incluso a los que fatigaron activamente durante 48 horas los teléfonos rojos de Washigton. En la campaña del 2023, cuando a parte del equipo económico actual que trabajaba para los candidatos de Juntos por el Cambio le preguntaban por las chances de que el Tesoro norteamericano pudiera llegar a rescatar al país, respondían “cero”. Así lo escribieron en un paper de campaña.

El lunes, en la reunión de gabinete previa al viaje de Milei a la ONU en el que se encontró con Donald Trump y Bessent, y tras la apertura de los mercados que reaccionaron muy positivamente al anuncio norteamericano, el clima fue otro, producto del “golpe de efecto”. Y mientras la comitiva presidencial se embarcó hacia Manhattan, en Casa Rosada se empezaron a trazar los primeros lineamientos de la nueva estrategia de campaña que tendrá al mandatario como protagonista central, con recorridas por casi una docena de provincias para tratar de recuperar la épica perdida, tras un mes de parálisis y psicosis. Se bajó, además, una directiva a todos los ministros que desde empezarán a recorrer el interior del país y el área metropolitana: “Busquen gestión y saquen a relucirla”.

Un verdadero desafío para Luis Caputo, “Toto”, que enfrenta una encrucijada. La liquidación de USD 7.000 millones por parte de las grandes cerealeras provocó previsible malestar en productores y chacareros que fue expresado hasta por Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, que incluso meses atrás sonó como posible integrante del gabinete. El principal dilema, sin embargo, está atado a la corrección cambiaria que el Gobierno podría implementar después de las elecciones. En el 2018, Caputo abandonó la presidencia del Banco Central y el gobierno de Mauricio Macri tras quemar buena parte de las reservas, frente a la presión del FMI para dejar flotar el dólar y que el peso se devaluara. El ex presidente compró el acuerdo sellado entre Nicolás Dujovne y Christine Lagarde y Guido Sandleris reemplazó a “Toto”. Años después, el propio Macri reconocería como un error esa devaluación que sepultó su reelección.

¿Golpe de efecto? En la mesa de estrategia política, que trabajó esta semana en Casa Rosada mientras los hermanos Milei y “Toto” Caputo se abrazaban a los Estados Unidos en la ONU -“fue una reunión muy emocionante”, exageró el ministro tras el encuentro con Trump y Bessent-, se comenzaron a delinear los primeros pasos de la campaña que tendrá al Presidente esta semana en Tierra del Fuego y otros destinos, y en distritos bonaerenses en los que se puede recuperar territorio o se ganó en la muy magra elección del 7 de septiembre que dinamitó el programa, como en Mar del Plata. Habrá, como se adelantó en esta sección, una parada obligada en el Movistar Arena, el 6 de octubre, para la presentación del nuevo libro del presidente, un evento con el que buscará reeditar parte de la mística del cierre de campaña del 2023.

Existe, sin embargo, una duda instaurada en el seno del gobierno en torno al impacto que el “golpe de efecto” Trump podría tener en la campaña. “Esto no es una panacea, pero ahora al menos hay algo de que aferrarse”, planteó un operador libertario.

La pregunta que se impone es entonces si con eso alcanza para torcer el malhumor generalizado de buena parte del electorado que en las elecciones provinciales de Buenos Aires expresó un rechazo masivo al Gobierno. Hace quince días, en el congreso bonaerense de la UIA, “Somos industria”, que se llevó a cabo en Costa Salguero, se trazó un panorama del sector y sobrevoló insistentemente la necesidad de construir consensos de manera urgente, en un panel conformado por dirigentes de distintos espacios. La famosa gobernabilidad de la que ahora la Casa Rosada parece haber tomado nota por pedido de Bessent. “De un viernes a un domingo no cambió nada, fue solo una elección a concejales, pero si vos no tenés el sustento político necesario para pasar la crisis económica no vivirías enterrado en esa crisis. Hay que cruzar un desierto y para eso necesitas consensos políticos”, planteó un industrial.

Esa elección, por el contrario, enterró al gobierno y levantó a Axel Kicillof, que festejó el desdoblamiento y que esta semana sacó a pasear su proyecto presidencial por Manhattan, en un congreso con líderes globales y regionales como Yamandú Orsi y Lula da Silva, el mandatario brasilero que le prestó a Sergio Massa primero y a Cristina Kirchner después un puñado de estrategas que trabajaron con el PT y que, según trascendió en su momento, idearon el “Che Milei” que impuso la ex presidenta desde sus redes. Kicillof recorrió unos 8.500 kilómetros hasta Nueva York pero aún no visitó a la ex presidenta en su departamento de San José 1111 que está a solo 50 kilómetros de su despacho en La Plata. La última vez que discutieron telefónicamente, en el cierre de listas bonaerense, fue en un tono muy elevado. Un dirigente del peronismo que la vio hace unos quince días la notó muy disgustada con el gobernador. Dolida y furiosa, un sentimiento que empezó a acumular desde el momento en que su ex ministro no apoyó públicamente su decisión de lanzarse como presidenta del PJ. Unir esas partes de cara al 2027 será una tarea titánica. Es un oficio complejo para aquellos que trabajan para acercar posiciones como el intendente Federico Otermin, de Lomas de Zamora, que la visitó la semana pasada.

El Gobierno ya no se regodea con la crisis del PJ. Tiene su propia crisis, auto infligida. Recuperar la épica del 2023 no parece fácil: la gestión arrastra serios inconvenientes, el programa económico un deterioro severo, en especial en la economía real, con caída pronunciada de la actividad y una recesión en el consumo. El último estudio de la Universidad de San Andrés, que se publicó el viernes, volvió a mostrar un aumento en la desaprobación de la gestión de gobierno: alcanzó un 58%. El nivel de satisfacción con “la marcha general de las cosas” cayó al 32%, el nivel más bajo desde que asumió Milei. En el 2017, en la previa de las elecciones de medio término del segundo año de Macri, ese índice se ubicaba por encima del 50%. Cambiemos arrasó ese año en las urnas.

De todos modos, en el oficialismo se evidencia un contraste notorio entre el viernes anterior y esta semana cuando Trump se pronunció a cara descubierta en favor de la “reelección” de Milei. Bessent fue aún más sincero: “Mientras el presidente continúe con políticas económicas fuertes, estaremos para ayudarlo a llegar hasta las elecciones”.

Otra vez el Congreso. La administración republicana pidió, según trascendió del propio Gobierno, que el oficialismo recomponga los puentes con los aliados y reconstruya acuerdos de gobernabilidad para avanzar en reformas estructurales. En el corto plazo, sin embargo, no pareciera haber buenas noticias en el frente parlamentario para la Casa Rosada, que se prepara para una semana compleja en materia legislativa, y otra vez se pondrá en aprietos al esquema de gobernabilidad parlamentaria de La Libertad Avanza.

El jueves, el rechazo a los vetos de emergencia pediátrica y financiamiento universitario podría tener luz verde definitiva tras el revés reciente en Diputados. 48 horas antes, el martes, la modificación de la ley 26.122 de regulación de los DNU que ya tuvo media sanción en el Senado tendría dictamen de comisión y estaría lista para ser tratada próximamente en el recinto. Se trata de un proyecto vital para un gobierno parlamentariamente débil que, en reserva, ya exhibió preocupación en el Congreso por la posible sanción de ese proyecto que, de aprobarse tal como salió del Senado, implicará que solo con una cámara, y no con las dos, pueden rechazarse los decretos de necesidad y urgencia.

En Diputados hay un debate generalizado: si debe aplicarse, en caso de que se apruebe -más allá de que el Gobierno dejó trascender que podría vetarla-, desde ahora o a partir del 2027, con una nueva administración. “No podemos cambiar las reglas del juego en mitad de mandato, es demasiado”, explicó un jefe de bloque. Es una discusión que todavía no está saldada, que aún no tiene los votos garantizados en el recinto y que, en el caso del PRO, no fue llevada al debate interno, a pesar de que el antecedente del Senado es contundente: de los siete senadores de ese bloque, cinco apoyaron la media sanción hace quince días.

El PRO es un hervidero. La reciente discusión entre Cristian Ritondo y Silvia Lospennato, en pleno recinto, expuso las fracturas internas. La diputada aún medita qué hacer a partir del 10 de diciembre: ella quiere asumir su banca en la Legislatura porteña, a pesar de que hay dirigentes que la quieren convencer para que siga en el Congreso. Laura Alonso, vocera del gobierno porteño, sí ya tomó la decisión de mudarse a la Legislatura. El ministro Hernán Lombardi aún duda. Por las dudas, como adelantó esta sección, se prepara Cristian Gribaudo.

Son movimientos que sigue con atención el jefe del PRO, que sigue disgustado con la foto de Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro vestidos de violeta en el lanzamiento de la campaña bonaerense, en el corazón de La Matanza. En la cúpula del PRO se preguntan si esos dirigentes son más permeables a las órdenes de “Balcarce 50 o de Balcarce 412″, la sede del partido. La respuesta es bastante obvia. “Cristian le había prometido a Mauricio que no haría nada que perjudicara la identidad del PRO”, subrayaron cerca de Macri. Esa desazón profundizó en los últimos meses una versión instalada que daría cuenta de que el jefe del PRO estaría decidido a conducir a un puñado de diputados de su riñón a partir del 10 de diciembre. Para tratar de reconstruir el partido, con otro jefe de bloque. Tiene lógica si se tiene en cuenta que con el recambio legislativo habrá una migración desde el PRO a La Libertad Avanza y el quiebre definitivo de la bancada amarilla tal como se la conoció hasta ahora. “Nosotros somos oposición”, abundó esta semana un ladero de Macri. En esa hipotética hoja de ruta se inscribiría la especulación que gira en despachos de Casa Rosada: ¿Santiago Caputo quiere a Ritondo de presidente de la Cámara baja? Habría que ver qué piensa Karina Milei.

En la cúpula del Gobierno sobrevuela de todos modos una preocupación mucho más urgente: los avances de la comisión por el caso $LIBRA que preside Maximiliano Ferraro, que se tomó muy en serio su rol. La inquietud estuvo particularmente centrada en las presentaciones judiciales que realizó María Florencia Zicavo, mano derecha del ministro Mariano Cúneo Libarona, que amplió una medida cautelar para evitar presentarse en la comisión por considerar que el Parlamento se superpone a la investigación de la Justicia.

Zicavo fue citada a la comisión por segunda vez. Walter Lara Correa, el juez a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°10, rechazó esta semana la ampliación de la cautelar de la funcionaria por “insustancial”. Fuentes inobjetables del oficialismo aseguraron que altos funcionarios del Ejecutivo intentaron contactarse con el juez. No por la suerte de Zicavo, si no por las posibles repercusiones en la figura de Karina Milei, que fue citada por segunda vez para este martes. El viernes, desde la comisión del Congreso se hizo la presentación en Comodoro Py para forzar a Zicavo a comparecer ante el Parlamento por la fuerza pública. La hermana del Presidente no va a presentarse este martes. En el seno de la comisión le propondrían una declaración en reserva en su despacho de la Casa Rosada, habilitada por la normativa vigente. En reserva, se trabaja además para citar a un colaborador que podría tener información directa de la reunión que mantuvieron en su momento el presidente y Hayden Davis, el creador de la criptomoneda $LIBRA.

Hay sectores del Congreso que no tienen mucha esperanza en que comparezca Karina Milei. En especial porque, según trasciende, se menciona un acuerdo implícito con un sector del peronismo, aún vigente, para proteger a la hermana presidencial.

Acuerdos, sí o no. El peronismo atraviesa un profundo debate interno tras la detención de Cristina Kirchner y el triunfo en la provincia de Buenos Aires. Con gobernadores atomizados, ocupados en sus distritos, empiezan a aparecer intentos para amalgamar sectores y sacarle los focos al PJ de la disputa bonaerense entre Cristina Kirchner, La Cámpora y Kicillof. Para darle un sentido federal y disputarle la taquilla a Provincias Unidas, el nuevo bloque de gobernadores que concentró en estos meses buena parte de la atención del círculo rojo en paralelo al deterioro del Gobierno. En especial, a uno de ellos, que ya no disimula sus ganas de ser candidato a presidente en el 2027.

El martes, candidatos y dirigentes de Primero la Patria tendrán su primer plenario con candidatos y dirigentes de todo el país: desde Teresa García y Juan Manuel Urtubey, a José Glinski, Sergio Uñac y Nicolás Trotta. Un espacio que se reconoce como “no camporista”, pero alineado a la conducción de Cristina Kirchner, que busca “desprovincializar” al peronismo, por fuera de Kicillof, y confrontar abiertamente con el Gobierno.

Un bloque político mucho más refractario a La Libertad Avanza que Provincias Unidas, que mantiene por lo bajo puentes de comunicación con la Casa Rosada. Los gobernadores, sin embargo, quieren gestos concretos por parte de Milei, que recién vuelto de Nueva York pareciera haberse convencido de la necesidad de ponerse al frente de la estrategia, y de la campaña.

El Presidente sabe que no hay margen para más errores. Que la institucionalización del Ministerio del Interior, con Lisandro Catalán a la cabeza, y la conformación de una nueva mesa política no son suficientes. El sistema político de posibles aliados esperan más gestos, especialmente después de las elecciones, cuyo resultado ya no se avizora arrasador. A lo sumo, una victoria módica.

¿Está dispuesto Milei a abrir el gobierno a dirigentes de otros espacios? Es la principal incógnita. Es lo que se preguntan gobernadores y legisladores. También Macri, que se cansó de los desplantes. El ex presidente dice querer colaborar. En las últimas semanas mantuvo una serie de charlas con colaboradores. Algunos de ellos incluso discutieron con él en torno al apoyo o no al gobierno. “Mauricio quiere que les vaya bien, pero le calientan mucho las pelotudeces que hacen con nosotros”, dijo uno de ellos.

Por ejemplo, el reclamo por la coparticipación federal que el gobierno se resignó a cumplir cuando la Corte Suprema resolvió la cautelar en favor de la ciudad de Buenos Aires, tras el recorte propinado en su momento por Alberto Fernández, en plena pandemia.

En los últimos meses, el gobierno se retraso con la transferencia del 1,55% correspondiente a la Ciudad, dispuesto por la Corte, por fuera del 1,40% automático que nación transfiere a diario a la administración porteña. Son unos 20.000 millones que se depositan todos los viernes y que el gobierno empezó a retacear, con más notoriedad el último mes. Jorge Macri, que retomó el vínculo con La Libertad Avanza gracias a la gestión de algunos operadores, avisó de la demora. El jueves, el ministro Gustavo Arengo y el procurador Martín Ocampo se reunieron con Carlos Guberman, el secretario de Hacienda, para encontrar una solución. No hubo avances técnicos. “El tema lo va a solucionar la política”, abundaron las fuentes. El gobierno quiere discutir el coeficiente, rebajarlo: desde la administración porteña le explicaron al Ejecutivo que ese reclamo lo tienen que hacer en la Corte.

Para la Ciudad es una cifra considerable: está estipulado en $2 billones para el 2026, el 10% del presupuesto porteño que este martes será presentado en la Legislatura y que, según trascendió, contempla un aumento importante en obras por parte del jefe de Gobierno para darle más vuelo a la gestión. El publicista Rodrigo Figueroa Reyes trabaja desde hace algunos meses en la construcción de una nueva marca.

Esa cifra por coparticipación no fue plasmada por el Gobierno en el Presupuesto que envió a mediados de mes al Congreso. En el PRO aún desconfían de Milei, algo similar a lo que ocurre con los mandatarios provinciales, que quieren ver en la ley madre los reclamos presentados a la Casa Rosada y al ministro de Economía, que se sumó a la mesa federal de negociación con las provincias. El debate parlamentario tomará vigor después del 26 de octubre, no antes. Quien alertó en el Congreso fue Ricardo López Murphy, candidato a diputado, que tiene un diálogo muy fluido con el PRO de la capital. Se le pronostica una buena elección en octubre. Quien está incómoda con el reclamo por coparticipación es Patricia Bullrich: ella fue la que impulsó y lideró el traspaso de la policía a la Ciudad en el 2016.

La ministra lidera todas las encuestas en la categoría del Senado, pero la opción de hacer una elección récord, como en las mejores épocas del PRO y JxC, ya quedó desechada. Peor aún es la situación de Alejandro Fargosi, que encabeza la boleta de LLA en la categoría diputados: está varios puntos por debajo de Bullrich.

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Gabriela Origlia,Cámara de Diputados,Martín Menem,Javier Milei,Conforme a,Cámara de Diputados,,Juan Schiaretti. “No queremos que el Gobierno se caiga ni que el país estalle; venimos a aportar racionalidad”,,»Debe gobernar hasta el último día». Cecilia Moreau reclama un peronismo que vuelva a representar y dice que Milei está «desesperado»,,Presupuesto 2026. La oposición exige la presencia de Caputo y reclama que el salvataje de EE.UU. se discuta en el Congreso

La Cámara de Diputados de la Nación tiene previsto avanzar en una nueva sesión en la que los bloques de la oposición buscarán seguir marcando la agenda parlamentaria y el gobierno podría enfrentar una nueva derrota con un proyecto de ley que, según adelantaron desde el oficialismo, tendría como destino el veto presidencial.

La confirmación de la intención de ir al recinto el próximo miércoles 1 de octubre se dio esta semana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuando la oposición le pidió a José Luis Espert liberar los miércoles porque “es muy probable” que haya sesión. Pero en las últimas horas, en las negociaciones entre los secretarios parlamentarios, apareció el 8 de octubre como la opción más viable.

El temario tendrá como eje principal una ley que viene negociando la oposición y que ya cuenta con media sanción del Senado que modifica el Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia -DNU-, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes.

El próximo martes -así quedó establecido en el emplazamiento que se realizó en la última sesión- se dictaminará la norma en el plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos que presiden Nicolás Mayoraz (LLA) y Silvia Lospennato (PRO) respectivamente.

El proyecto establece que sólo con el rechazo de una de las dos Cámaras el DNU pierde validez. Hoy la ley marca que debe ser rechazado por los dos tercios de ambas Cámaras, lo que significa que es más simple aprobar una ley que rechazar un decreto.

La intención de la oposición -conformada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, la izquierda, Democracia y hasta un sector del PRO– es avanzar rápido con el tema porque entienden que tiene como destino, de aprobarse, el veto presidencial y quieren contar con el tiempo suficiente para ir con la insistencia de la norma antes del próximo 10 de diciembre cuando cambie la conformación del Congreso de la Nación.

“La Libertad Avanza no va a contar con una mayoría a partir de diciembre, pero sí le puede alcanzar para tener un bloque propio de más de un tercio de la Cámara de Diputados. Si lo logran, el presidente Javier Milei va a poder seguir gobernando por decreto como hasta ahora y va a saltear el Congreso. Nos va a convertir en algo peor que una escribanía”, explicó un diputado de uno de los bloques de la oposición que empujan la ley.

Otro punto fundamental que modifica es que los DNU pasarían a tener un plazo de 90 días de corrido para ser aprobados sin excepción y “con mayoría absoluta” por Diputados y el Senado. Además, el texto incorpora que, ante la votación negativa de un solo Cuerpo, también caerían, salvo los derechos adquiridos durante el potencial y corto tiempo de vida. Y, por último, que los decretos sólo pueden versar sobre una materia específica, lo que prohibiría DNU como el 70/23 de desburocratización del Estado.

Otros dos proyectos que también están en el temario que se negocia por estos días son los proyectos de ley de los gobernadores: las modificaciones al reparto del impuesto a los combustibles líquidos y la insistencia de la norma que establece la forma de pago de los Adelantos del Tesoro para que se paguen de manera diaria y justo a la coparticipación. En este último caso, el Senado ya aprobó la insistencia.

Estos proyectos son impulsados por los gobernadores y el flamante Ministerio del Interior busca reactivar el diálogo con los jefes de los estados provinciales para intentar que se caiga el reclamo en busca de una solución alternativa.

En las últimas horas, se metió en la discusión el acuerdo con los EEUU y el reclamo de parte de los organismos internacionales de crédito para que el gobierno tenga una plataforma política más amplia que le permita llevar adelante las reformas. Para que esto suceda es fundamental para el Ejecutivo reconducir la relación con las provincias, por eso se hizo circular un nuevo llamado al diálogo.

Según publicó Infobae, varios de los gobernadores presentes en una cumbre en Bariloche se mostraron permeables a un diálogo con el Ejecutivo, pero después de las elecciones.

El temario tendría los pedidos de interpelación al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la forma en la que se reglamentó la Ley de Discapacidad que hace imposible su aplicación. En este último punto, hay varios proyectos y todavía no hay acuerdo respecto de por cuál de todos se volcarían los bloques de la oposición.

Por último, y en un clima de falta de confianza de los diputados de la oposición respecto del rol de José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto y de las intenciones del Gobierno de tener o no ley para el año que viene, los bloques opositores buscarán emplazar a la comisión de Presupuesto y Hacienda.

La intención es la de proponer un cronograma de encuentros y de asistentes del Poder Ejecutivo, con fecha de inicio y de cierre, con el fin de que el oficialismo no tenga este año la opción de cancelar el debate como hizo el año pasado Espert.