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El juez Marcelo Bailaque quedó detenido en su casa e intentará jubilarse con régimen especial

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ROSARIO.– A través del decreto 443/2025, que fue publicado en el Boletín Oficial este martes, el presidente Javier Milei aceptó la renuncia del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, que estaba a punto de ser destituido por el Consejo de la Magistratura.

Este martes se hizo efectiva la detención del magistrado, que cumplirá la prisión preventiva dispuesta por el juez Eduardo Rodrígues Da Cruz en su domicilio. Bailaque pasará 90 días de arresto en su casa, luego de que en mayo pasado los integrantes de la Cámara de Apelaciones Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Elida Vidal dispusieran esa medida al analizar que no había peligro de fuga. Luego de enviar la renuncia al Ministerio de Justicia de la Nación el 10 de junio pasado, Bailaque comenzó a hacer los trámites para jubilarse por el régimen especial de Santa Cruz, ya que se desempeñó en la justicia de esa provincia desde 1994 hasta 2008.

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Los fiscales que investigan a Bailaque presentaron un escrito este martes a la mañana ante el juez Rodrígues Da Cruz en la que le piden que convoque a una audiencia “de forma urgente” para analizar las especificidades relacionadas con la modalidad de detención del exmagistrado. Lo que se busca establecer es cómo se va a controlar la prisión domiciliaria hasta que llegue la tobillera electrónica, y se determine “el lugar concreto de cumplimiento de la medida restrictiva de la libertad, las reglas y pautas de conducta”.

A su vez, los abogados defensores de Bailaque Claudio Puccinelli y Alejandro Parolo presentaron un escrito en el que advirtieron que el exjuez se encuentra en su domicilio, dispuesto a cumplir la prisión preventiva.

El “proyecto de decreto”, que había elaborado el Ministerio de Justicia de la Nación de la aceptación de la renuncia de Bailaque, tiene fecha del 25 de junio. Es decir, el miércoles pasado. Pero recién fue publicado en el Boletín Oficial este martes. Llama la atención que la información se conoció después de las elecciones en Santa Fe, donde esa noticia hubiera probablemente actuado en contra de los intereses electorales de los candidatos de La Libertad Avanza.

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Al aceptar la renuncia de Bailaque, Milei dio por terminado el extenso proceso que arrancó el año pasado en el Consejo de la Magistratura, donde se había llegado a aprobar un largo dictamen de más de 190 páginas, que fueron elaborados por los consejeros Álvaro González y Alberto Maques, donde concluyeron que había tres causas que aportaban argumentos para destituir a Bailaque por un tribunal de enjuiciamiento.

El proceso en el Consejo de la Magistratura iba a terminar con el apartamiento de Bailaque, pero había un problema con la conformación del tribunal, luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel no nominara a los dos senadores que deberían integrar ese cuerpo que sanciona a los funcionarios judiciales. Esos dos legisladores deberían ser del bloque peronista.

Pero después de la decisión de Milei de aceptar la renuncia, que Bailaque había redactado el 10 de junio pasado, no será necesario que se conforme el tribunal de enjuiciamiento. Bailaque tiene previsto jubilarse por el régimen especial de Santa Cruz, ya que desde el 21 de setiembre de 1994 comenzó a desempeñarse en esa provincia como defensor oficial y tres años más tarde fue designado como juez de instrucción de Caleta Olivia hasta el 8 de febrero de 2008. El régimen previsional de Santa Cruz prevé que los funcionarios judiciales se pueden jubilar a los 54 años.

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Bailaque tomó la decisión de renunciar al verse acorralado por el avance de la investigación en su contra en el Consejo de la Magistratura, y luego de quedar imputado en tres causas que enfrenta en la justicia federal de Rosario, en la que se dispuso su prisión preventiva el 30 de abril pasado. En el Consejo de la Magistratura observaron que había elegido un contexto particular para presentar su renuncia, en momentos en que el foco de la atención de los medios de prensa y de la política estaba puesta en la detención domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner.

El juez federal de Rosario enfrentaba una compleja investigación en su contra en el Consejo de la Magistratura, que se divide en tres capítulos. Está acusado de extorsionar a un empresario junto con el financista Fernando Whpei, con prisión domiciliaria, y el exjefe de ARCA Carlos Vaudagna. También está imputado de favorecer al jefe narco Alvarado, con quien compartía su contador, como reveló Aire de Santa Fe el 11 de junio pasado, y de darle el manejo de fondos millonarios de una cooperativa intervenida a Whpei, quien el propio jefe de ARCA dijo en su declaración que manejaba el organismo recaudador y la Aduana, que debe controlar el complejo portuario del Gran Rosario, donde se cuela el narcotráfico a través de la hidrovía.

Por eso, varias fuentes judiciales insisten en que el caso Bailaque “es sólo la punta del iceberg”, aunque hay dudas de que la caída de juez actúe como un techo. El dilema futuro es qué pasará cuando un juez lo suceda en el juzgado federal N°4. La sospecha es que la matriz de corrupción, que quedó al descubierto con esta investigación judicial y su correlato en el Consejo de la Magistratura, contaminó todo y era parte de un sistema de funcionamiento ilegal.

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El testimonio contra el juez Bailaque, acusado de complicidad con narcotraficantes

Estas investigaciones mostraron otros puntos oscuros que exceden el mal desempeño de un magistrado. Bailaque, junto con el financista Whpei, titular del Grupo Unión, y el extitular de ARCA armaron una estrategia con todo el aparato del Estado –el ente recaudador y la justicia- para perjudicar al empresario Claudio Iglesias. Inventaron una causa, según admitió Vaudagna en su declaración como arrepentido, y pusieron en marcha a todo el engranaje judicial, con allanamientos y peritajes, con directivas a Prefectura para buscar documentación, con el objetivo de fondo de sacarle 200.000 dólares de soborno a este empresario. Parte del dinero, unos 120.000 dólares los pagó Iglesias en el Museo de la Democracia, un extraña ONG que conducía Whpei en el exPalacio Fuentes, un edificio emblemático de Rosario.

Bailaque encendía la maquinaría judicial y también la apagaba, como hizo con el narco Alvarado, a quien tardó por lo menos tres años en investigar seriamente. En ese lapso, entre 2016 y 2019, Alvarado engrosó su fortuna, con los cargamentos de cocaína que traía desde Paraguay a Rosario en su flota de avionetas, y ordenó matar a decenas de personas. En su declaración como testigo, su examigo y mecánico Carlos Arguelles describió una serie de atrocidades que llevaba adelante Alvarado con sus víctimas, algunas de las cuales diluyeron en ácido y otras enterraron vivas. Arguelles fue asesinado en setiembre de 2021, después de declarar en contra de su exjefe.

Bailaque tenía el mismo contador, Gabriel Mizzau, que el narco al que debía investigar. El hijo de este hombre, que era también su amigo, entró a trabajar en 2017 al juzgado federal N°4, que llevaba adelante las pesquisas por lavado de dinero contra el jefe narco. Los balances de las empresas que estaban a nombre de la expareja de Alvarado tenían la firma de Mizzau. “No tenía idea que Mizzau era contador de Alvarado”, respondió ante una consulta de este diario. Su excompañero de la secundaria en el Colegio Maristas era quien había construido un andamiaje legal para blanquear el dinero narco, con la conformación de empresas legales, como Logística Santino y Sagrado Corazón.

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Las versiones sobre la oscuridad que reinaba en el juzgado a cargo de Bailaque provienen desde hace años. Eso se cristalizaba en las investigaciones, que mostraban una particularidad en medio de una guerra narco sangrienta que sufría la ciudad: la justicia federal condenaba a los grupos narcos después de que lo hiciera el fuero provincial, donde los delitos que se juzgaban no eran tráfico de drogas, sino asociación ilícita y homicidios, en su mayoría. Por ejemplo, la causa de lavado de dinero contra Los Monos, que se tramitó en su juzgado no sumó casi ningún elemento nuevo al expediente que terminó antes en la justicia provincial, que terminó con las primeras condenas contra este grupo criminal en 2018.



sesión pedida por la oposición en la cámara de diputados, para tratar el tema jubilaciones, sistema de salud, hospitales, discapacidad, diputados, quorum en diputados, política

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La Coalición Cívica busca modificar las PASO en la provincia de Buenos Aires para que dejen de ser obligatorias

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Rumbo al 2027 electoral, comienzan a delinearse los primeros movimientos en las distintas fuerzas políticas. En ese proceso, no solo están las candidaturas en disputa, sino que algunos se animan a cuestionar el sistema actual y buscan modificarlo.

En ese sentido, en las últimas horas se presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para modificar las PASO. El objetivo principal es que dejen de ser obligatorias y pasen a ser optativas.

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Se trata de un proyecto del diputado provincial de la Coalición Cívica Andrés De Leo que propone un cambio de fondo: mantener el sistema, pero eliminar la obligatoriedad del voto. En los fundamentos, se aclara que la iniciativa “no implica la supresión del sistema de elecciones primarias, sino su adecuación a criterios de razonabilidad, eficiencia institucional y respeto por la autonomía de la voluntad del electorado”.

Andrés De Leo junto a sus compañeros de bloque de la Coalición Cívica en la Legislatura bonaerense. (Foto: Coalición Cívica)

En ese sentido, sostiene que las primarias “constituyen, en esencia, un mecanismo de selección interna de candidaturas dentro de los partidos políticos” y que, en muchos casos, obligar a toda la ciudadanía a participar carece de sentido. Según remarca De Leo, “imponer al conjunto de la ciudadanía la obligación de participar en un proceso que, en muchos casos, no presenta competencia interna real (…) configura una carga que carece de justificación suficiente”.

Leé también: Con la Boleta Única de Papel como eje, la UCR impulsa una reforma electoral en la provincia de Buenos Aires

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El texto también pone el foco en la falta de competitividad de muchas primarias. “La experiencia empírica de los últimos procesos electorales demuestra que un porcentaje significativo de las primarias se desarrollan sin competencia efectiva”, advierte, lo que las convierte en “una instancia meramente formal, sin impacto real en la definición de candidaturas”.

Otro de los ejes centrales es el argumento económico. El proyecto señala que la organización de las PASO implica “un despliegue logístico, administrativo y económico de magnitud”, y que cuando no hay competencia “el costo del proceso deviene desproporcionado en relación con su utilidad”. Por eso, plantean que volverlas optativas permitiría “mantener el mecanismo disponible (…) pero sin imponer un gasto generalizado”.

Además, el proyecto apela al principio de libertad política. En ese punto, subraya que este derecho “comprende no solo el derecho a votar, sino también el derecho a no hacerlo en instancias que no revisten carácter decisivo”, y diferencia claramente entre las primarias y la elección general, para la cual sí considera válida la obligatoriedad por su impacto en la legitimidad democrática.

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“La obligatoriedad del sufragio en elecciones generales encuentra su fundamento en la necesidad de garantizar la legitimidad democratica de las autoridades electas. Sin embargo, trasladar esa misma logica a las elecciones primarias —que no definen cargos publicos sino candidaturas— resulta, cuanto menos, discutible“, remarca.

La Legislatura suspendió las PASO el año pasado, pero la ley sigue vigente. (Foto: Prensa Provincia de Buenos Aires).
La Legislatura suspendió las PASO el año pasado, pero la ley sigue vigente. (Foto: Prensa Provincia de Buenos Aires).

Finalmente, los fundamentos destacan que la iniciativa busca “reforzar la autonomía de los partidos políticos” y evitar “una injerencia excesiva del Estado en su vida interna”. En esa línea, sostienen que la obligatoriedad actual “tiende a homogeneizar situaciones que son, por naturaleza, diversas”, mientras que la optatividad permitiría una participación “más informada y comprometida”, concentrada en quienes realmente tienen interés en la definición de candidaturas.

La UCR también impulsa una reforma electoral

La Unión Cívica Radical se enfoca en un proyecto de reforma electoral para la provincia de Buenos Aires. La intención es debatirlo este mismo año, para evitar lo ocurrido en 2025 en la previa a las legislativas, donde se decidió sobre la marcha suspender las PASO.

Y ya hay una primera fecha para una puesta en común: el 14 de abril. “Vamos a hacer una jornada importante sobre reforma política en PBA. La idea es profundizar sobre varios temas: PASO, BUP, financiamiento de los partidos”, apuntó un referente bonaerense a TN.

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Según pudo saber este medio, la idea es hacer una recorrida por las 8 secciones electorales de la provincia y armar foros de debate de la reforma política. Sucede que necesitan recolectar voluntades de todo el espectro político.

Ya hay diálogo con otros espacios y en los próximos días se irán extendiendo invitaciones a distintos bloques y fuerzas políticas. En la Legislatura bonaerense hay dos personas a cargo de la misión de atraer voluntades: Diego Garciarena en Diputados y Nerina Neumann en el Senado.

PASO, Provincia de Buenos Aires, coalicion civica

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El consejo de Cúneo Libarona para Manuel Adorni: “Mejor buscate un abogado”

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El exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, reapareció este domingo en una entrevista al medio Futurock. En dicho diálogo, habló sobre el presente tumultuoso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el fallo a favor de YPF, y su sucesor en el cargo que dejó hace semanas, Juan Bautista Mahiques.

El caso Adorni

Cúneo Libarona aseveró que Adorni es “un funcionario brillante”, que sería víctima de una agresión que tiene una explicación fáctica y jurídica.

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“Es un enorme expositor, brillante, pero en causa propia es distinto. Es como los abogados, pueden ser buenos, pero cuando te toca a vos, mejor buscate un abogado“, lanzó el exfuncionario del Gobierno de Javier Milei.

La Justicia investiga a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y se solicitaron nuevas medidas de prueba

El exministro de Justicia aludió de esta manera a la incómoda conferencia de prensa de Manuel Adorni en lo que fue su reaparición tras la sucesión de escándalos que afectan su imagen pública: el viaje en jet privado a Punta del Este, sus propiedades no declaradas y la inclusión de su pareja en la comitiva presidencial que viajo a Nueva York para participar del Argentina Week.

Respecto al viaje a la ciudad norteamericano, Cúneo Libarona manifestó que representa algo irrelevante y no configura delito. Sobre su traslado en avión privado al balneario uruguayo, afirmó que no es una dádiva, y sobre las propiedades, remarcó que es un tema que será aclarado en la presentación de su declaración jurada.

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La gestión de Mahiques en Justicia

Mariano Cúneo Libarona respaldó a su sucesor al frente del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques: “Lo que está haciendo es revisar lo que dejamos”, aseguró y comunicó que representa una continuidad de que lo que hizo como antecesor en la cartera, que es avanzar en el nombramiento de jueces para ocupar las vacantes.

Fallo sobre YPF

En cuanto al fallo sobre YPF, el exministro afirmó que “es el logro de muchos, hubo varios gobiernos que actuaron”. No obstante, dijo que un factor determinante lo representó la afinidad entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump.

El Gobierno resaltó su rol en el fallo de YPF: “Hasta que llegó Milei, Argentina no había tenido una sola decisión favorable”

 

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Juan Bautista Mahiques,Manuel Adorni,Mariano Cúneo Libarona,YPF

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Audiencia clave por la AFA: la Justicia define el rumbo de la investigación por la mansión de Pilar

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La Cámara Federal de Casación Penal realizará este lunes una audiencia clave para resolver qué juzgado debe intervenir en uno de los expedientes más sensibles que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La definición se centrará en la causa por la mansión de Pilar, donde se investigan presuntas maniobras de lavado y fraude.

Aunque la audiencia está centrada en el expediente por la mansión de Pilar, la decisión de la Cámara puede impactar sobre el resto de las causas vinculadas. Si los jueces Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky consideran que hay conexión entre los hechos, podrían ordenar que se concentren en un mismo fuero. Si no, cada investigación seguirá su curso por separado en los juzgados donde ya tramita.

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La AFA enfrenta varias investigaciones abiertas que avanzaron en distintos juzgados y que ahora entran en una disputa técnica sobre competencia. La decisión que adopten los camaristas no sólo ordenará el expediente, sino que también impactará en la velocidad y profundidad de las medidas judiciales.

El caso involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino, ambos bajo la lupa en distintos tramos de la investigación. A la par, se acumulan elementos de prueba, como chats, movimientos financieros y documentación contable, que forman parte de los distintos expedientes.

Una disputa de competencia que puede definir el curso de la investigación

La audiencia de este lunes tendrá como objetivo central resolver el conflicto de competencia entre juzgados en la causa de la mansión de Pilar. La Justicia investiga un presunto esquema de lavado de activos con posibles vínculos con la dirigencia del fútbol argentino. Entre los apuntados se encuentra Toviggino.

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En términos concretos, los jueces deberán determinar si la investigación sigue en Campana o cambia de juzgado e incluso de fuero.

La AFA mantiene una estrategia judicial orientada a que la causa continúe en el fuero federal de Campana, mientras que otros actores impulsan que el caso regrese a los tribunales de Comodoro Py o pase al fuero penal económico, donde se investigan delitos vinculados a evasión y lavado.

La audiencia de este lunes tendrá como objetivo central resolver el conflicto de competencia entre juzgados en la causa de la mansión de Pilar (Foto: captura TN).

La discusión no es menor. Detrás de la definición subyacen diferencias sobre el encuadre de los delitos y la estrategia de investigación. Mientras algunos tramos del expediente apuntan a maniobras de evasión y apropiación indebida de aportes, otros se enfocan en presunto lavado de activos a través de sociedades y operaciones en el exterior.

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Presentaciones cruzadas y posibles planteos

En las horas previas a la audiencia, el fiscal ante Casación Mario Villar pidió acceder al expediente tramitado en Campana y puso el foco en el origen de esa causa. Según su análisis, el inicio del expediente presenta irregularidades porque no se habría impulsado a partir de una denuncia formal ni por la intervención de un fiscal, sino por un planteo vinculado a la competencia.

Esa observación se suma a lo que ya había advertido el fiscal federal de Campana Germán Bringas, quien sostuvo que ese juzgado no era competente para intervenir y que no había impulsado la acción penal, un paso habitual en el inicio de una investigación.

En paralelo, en las últimas horas se presentaron escritos que podrían incidir en el desarrollo de la audiencia. Entre ellos, un pedido de suspensión por parte de Luciano Pantano —vinculado a la propiedad de la mansión investigada—, que planteó un recurso extraordinario.

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A eso se suma la presentación de Elisa Carrió, que solicitó la recusación de la jueza Ángela Ledesma, por sus presuntos vínculos con Santiago del Estero, provincia donde, según su planteo, se habría desarrollado parte del entramado económico bajo investigación.

Si bien esas solicitudes no necesariamente frenan la audiencia, obligan a los camaristas a resolver cuestiones preliminares antes de avanzar sobre el fondo.

Un caso con múltiples frentes abiertos

La audiencia se produce en medio de un entramado de causas que avanzan en paralelo. Además de la investigación por la mansión de Pilar, avanza otra por el presunto desvío de hasta US$60 millones entre 2019 y 2021, con transferencias a empresas en el exterior y un circuito de retorno de fondos en efectivo.

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Por otro, el expediente por retención indebida de aportes previsionales por $19.300 millones, en el que interviene el juez Diego Amarante que ya tomó medidas restrictivas, como la negativa a autorizar salidas prolongadas del país para Tapia.

Además, se incorporaron chats y documentación que apuntan a posibles arreglos de partidos, mientras avanza la auditoría impulsada por la Inspección General de Justicia con la designación de veedores para revisar balances y contratos de la AFA.

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AFA, Claudio Tapia, Pablo Toviggino

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