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POLITICA

El mapa de la desigualdad entre las provincias: ingresos de Alemania o Ecuador en una misma Argentina

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CÓRDOBA.- En las reuniones entre funcionarios nacionales y gobernadores, la palabra “federalismo” tiene un lugar clave. Sirve para subrayar la idea de que, a veces, no todos los distritos pueden ser tratados de la misma manera. Los economistas que siguen las cuentas provinciales admiten, sin justificar la dilapidación de recursos, que hay brechas que tienen que ser atendidas por el Estado. Los últimos datos del mapa económico y social del país revela grandes asimetrías entre los diferentes puntos de la Argentina.

A las puertas del inicio de las reuniones del Consejo de Mayo, donde debería juntarse el gobierno nacional con los representantes provinciales, estas heterogeneidades deberían ser tenidas en cuenta.

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Dos distritos, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires (CABA), aportan 52% del PIB total de la Argentina. Es decir, generan más de la mitad de la riqueza del país. La provincia que gobierna Axel Kicillof representa el 32% del total.

   

El Producto Bruto Interno mide el valor de todos los bienes y servicios producidos en un año por la economía. Es un indicador que se usa para conocer la riqueza que genera un país.

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Fuera de esas dos, ninguna otra jurisdicción llega al 10% de participación. Solo dos superan el 5% (Córdoba con 8% y Santa Fe con 7,8%). Entre las cuatro representan más de dos tercios del producto bruto.

En contraste, las tres provincias de menor participación son La Rioja (0,6%), Formosa (0,6%) y Catamarca (0,7%). De ese grupo, solo hay un gobernador de buen diálogo con la Casa Rosada, el catamarqueño Raúl Jalil.

Tanto Jalil como el riojano Ricardo Quintela, que se caracteriza por la permanente confrontación con los libertarios, tienen expectativas de que la minería ayude a mejorar la actividad económica de sus provincias.

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La proyección es que haya un cambio del modelo de actividad económica, donde tanto la región pampeana (con sector agropecuario incluido) pierda peso relativo.

Según esas proyecciones sobre la economía, en el futuro ganarán participación las economías del eje andino (energía y minerales) y el patagónico (energía y data centers), mientras que el área metropolitana perderá “peso industrial”.

Un trabajo de Lucía Pezzarini, Matías Gutman, Marcos Feole y Paula Luvini para el think-tank Fundar analizó cómo es el mapa de desigualdades argentinas a partir de sus aportes al producto bruto.

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La región pampeana representa 65% de la población, concentra el 81% de las empresas privadas industriales del país y el 76,2% de las exportaciones de bienes.

En materia de aporte al producto bruto, la Patagonia aparece como región en segundo lugar con un 10% del valor agregado bruto y un 1,79% si se lo mide por persona. El valor agregado es la suma de los bienes y servicios producidos en un año.

En su terriotorio reside el 3,9% de las compañías privadas industriales y exporta 10% de los bienes.

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El noroeste (NOA) es la región que menos Valor Agregado per cápita registra: 0,49%.

El noreste (NEA) representa el 0,50 y Cuyo el 0,84%. Sin embargo,

Sin embargo, el NOA es la tercera región en monto de exportaciones con 6% del global, un lugar en el ranking directamente vinculado a la minería.

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En función de los datos de empleo, salarios y nivel de educación de las distintas regiones se revelan las brechas en poder adquisitivo y en el capital humano presente y potencial.

El 75% del empleo formal del país está en la región pampeana. La Patagonia con 163 asalariados privados cada 1.000 habitantes encabeza el ranking nacional; sigue la pampeana con 156 contra 81 en el NOA y 66 en el NEA. Las disparidades se repiten en los salarios. Los más altos en promedio aparecen en la Patagonia, la zona pampeana son la mitad, pero están entre un 40% y un 45% por encima de los del norte del país.

En lo que hace a la cantidad de graduados universitarios por región los resultados son consistentes con los anteriores: el 61% se concentra en la región pampeana, porcentaje que es cuatro veces la cantidad de Cuyo, y 15 veces más que en la Patagonia.

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La última medición del Indec marcó 7,9% de desempleo en el primer trimestre de este año. las regiones que muestran la tasa más alta fueron Gran Buenos Aires y Pampeana con 9,1% y 7,4%, respectivamente. La de menor tasa fue la Patagonia (4,9%).

El reporte de Fundar analiza que, desde 1895 la economía argentina creció 34 veces. Pero no todas las regiones lo hicieron de la misma forma. El producto bruto del noroeste se multiplicó por 21, el de Cuyo por 27 y el de la región Pampeana, junto con el área metropolitana, por 33.

Como crecieron a un menor ritmo que la media del país, estas provincias perdieron participación en el total. Esto contrasta con lo ocurrido en la Patagonia, cuyo Producto total se multiplicó por 680 veces; pasó de ser el 0,5% de la economía nacional en 1895 a convertirse en la segunda región más relevante.

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En el mismo período, mientras el producto bruto per cápita nacional se triplicó, el de la Patagonia se multiplicó por siete. La economía argentina también creció en términos per cápita, pero a un ritmo mucho menor que en el PIB total, tres veces contra 34, lo que se explica porque el país pasó de tener 4 millones de habitantes a 46 millones.

La película muestra que, desde 1895 hasta el presente, ninguna región argentina logró acercarse a la riqueza por habitante de la región Pampeana, salvo la Patagonia.

La contracara es que las provincias del norte y de Cuyo se quedaron cada vez más atrás, y se profundizaron así las brechas regionales a lo largo del país.

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La Ciudad de Buenos Aires y las provincias patagónicas son las más ricas del país.

Del otro lado, nueve de las diez provincias más pobres son del norte. Solo ocho distritos tienen un PIB per cápita superior al promedio nacional, mientras que 16 están por debajo. El de un porteño es 189% mayor al promedio nacional; le siguen Tierra del Fuego, Neuquén, Santa Cruz y Chubut.

Un dato clave es que el PIB se mide en la provincia donde la persona realiza la actividad, no donde vive. Por ejemplo, el de CABA que es 3,4 veces mayor al bonaerense, lleva a reducir la diferencia a dos si se miran los ingresos familiares. La provincia de Buenos Aires que es la que más aporta al Producto nacional, al medir su PBI por habitante, queda 15% por debajo del promedio nacional.

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Nueve de las diez jurisdicciones con menor PIB per cápita son del norte. Las tres peor posicionadas son del NEA: Misiones, Corrientes y Formosa (las dos primeras administradas por gobernadores con buen diálogo con la Rosada), están 52% debajo del promedio argentino. Es decir, allí la producción por habitante es menos de la mitad que la media nacional.

Con datos del 2022, CABA tuvo un PIB per cápita de casi US$80.000 ajustados por paridad de poder adquisitivo (PPA), cifra similar a la que registra un estadounidense. El de un misionero, correntino o formoseño rondó los US$13.000, parecido al de un habitante de Vietnam, Sri Lanka o Indonesia.

Tierra del Fuego tiene un producto bruto per cápita similar al de Emiratos Árabes Unidos; Neuquén al de Alemania y Santa Cruz al de Italia. Córdoba se parece a Chile y Santa Fe a Uruguay, en tanto que la provincia de Buenos Aires a República Dominicana.

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Por su parte, el producto bruto per cápita de Tucumán es similar al de Ecuador, el de Salta al de Perú, el de Catamarca al de Brasil y el de La Rioja al de Colombia.

Fundar advierte que el PIB per cápita entre dos territorios no necesariamente supone una misma calidad de vida, ya que esa variable depende de cómo se distribuye la torta de la riqueza. Por ejemplo, Neuquén y Alemania tienen similar PIB per cápita, pero mientras que en Alemania el 10% más rico gana 8 veces más que el 10% más pobre, en Neuquén esa brecha es de 18 veces. Ahí aparece la otra desigualdad, la riqueza queda concentrada en pocas manos. No derrama.

Daniel Schteingart, curador de Argendata-Fundar, entiende que las desigualdades comenzaron a gestarse entre el declive del eje económico colonial centrado en Potosí —al que el NOA proveía bienes y servicios— y la consolidación de Argentina como economía exportadora de productos agropecuarios pampeanos durante la segunda mitad del siglo XIX: “Al caer el vínculo con Potosí, el NOA entró en una prolongada decadencia. En paralelo, la creciente demanda global y las mejoras en el transporte (que abarataron costos de traslado) abrieron una gran oportunidad para la región pampeana, que ya hacia fines del siglo XIX se había transformado en el núcleo económico más dinámico del país».

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En el siglo pasado esa primacía no solo no se revirtió ya que “las grandes inversiones tienden a concentrarse donde ya existe infraestructura y mercados, por lo que la industrialización se afianzó en el área metropolitana, Rosario y Córdoba”, dice.

Admite que si bien hubo intentos de planificación territorial y políticas de promoción industrial, “no alteraron sustancialmente el mapa productivo”. Surgieron regímenes especiales en provincias como San Luis, La Rioja, Catamarca o Tierra del Fuego, que lograron algunas radicaciones “pero sin revertir el patrón general. En paralelo, el desarrollo petrolero dio un peso creciente a la Patagonia durante gran parte del siglo XX”.

Schteingart explica a que un punto poco explorado es por qué Argentina tardó tanto en desarrollar su minería, a diferencia de Chile, donde existe una larga tradición minera, a nivel local recién comenzó con explotaciones a gran escala en los ‘90 a pesar de compartir la misma cordillera.

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“Un desarrollo más temprano podría haber brindado oportunidades para regiones como el NOA y Cuyo -señala-. Hoy, con un nuevo consenso en torno a la minería y el auge del litio y el cobre, se abre una ventana de oportunidad».

Sí subraya que para que esa riqueza se traduzca en desarrollo real “dependerá de qué se haga con la renta: si se invierte en infraestructura, educación, ciencia y diversificación productiva, podría ser una vía concreta de desarrollo regional. Si, en cambio, se dilapida en gastos corrientes sin impacto duradero, será una oportunidad más que se esfuma”.

Desde el Ieral de la Fundación Mediterránea varias veces insistieron en la necesidad de avanzar en “infraestructura en red, proyectos compartidos entre dos o más provincias y con regiones adyacentes de países limítrofes, y eliminación de impuestos distorsivos» para generar masa crítica de capital y recursos humanos.

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Por su lado, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, viene planteando que además de las transferencias de ingresos -que son necesarias y deben existir para garantizar un piso universal contra el hambre y constituyen una contención mínima contra la marginalidad- debería concebirse como un ingreso ciudadano no sólo monetario sino de bienes y servicios con ejecución descentralizada y mecanismos de fiscalización y evaluación.

También hay consenso entre los especialistas de que para el desarrollo local de requiere apuntalar a Pymes, que son generadoras de empleo. Salvia, por caso, propuso un fondo de reinversión para la promoción de economías alternativas. Son ideas en torno a un objetivo: reducir las brechas que quiebran la Argentina.



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POLITICA

Respuesta a Juan Doe | La clave está en cumplir la Constitución, no en cambiarla por una autoritaria

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publicó el 18 de febrero pasado un artículo periodístico titulado “Un funcionario de Milei elogió a Fujimori y dijo que la Argentina debe “apuntar a lo mismo”, con este subtítulo: “Juan Pablo Carreira, que dirige la Oficina de Respuesta Oficial, ponderó la reforma constitucional del expresidente de Perú que cerró el Congreso, persiguió periodistas y opositores y terminó preso por corrupción”.

Allí se indicaba que Carreira, en su cuenta como Juan Doe, el día anterior había sostenido en las redes sociales que para ”inmortalizar el proceso iniciado por el presidente Milei se debia cambiar la Constitución Nacional” y adoptar el modelo de la Constitución de 1993 del Perú, sancionada durante la presidencia de Fujimori, porque era una de las más liberales del mundo.

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Ante tan graves afirmaciones, sostengo que se debe cumplir nuestra Constitución Nacional en lugar de pretender cambiarla por una de carácter marcadamente autoritario, que significó la consolidación del hiperpresidencialismo, la eliminación del Senado y la centralización del Perú, más allá de los aspectos económicos a los cuales más adelante me referiré.

Además, dicho texto ya ha sido modificado en su mayor parte, por otras posteriores reformas que volvieron a instaurar la descentralización del país, con 25 regiones y con el Senado que volverá a funcionar este año, para superar los problemas de la unicameralidad, como lo he conversado con los destacados profesores de Derecho Constitucional Domingo García Belaúnde y Jorge Cáceres Arce, de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

El tuit de Carreira sobre Fujimori

La Constitución Nacional que nos rige es la de 1853, con las reformas de 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994, tal como fue sancionada el 22 de agosto y jurada por los Convencionales y autoridades federales el 24 de agosto de 1994, en el histórico Palacio de San José, que perteneciera al General Justo José de Urquiza, prócer máximo de la organización nacional.

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Sostengo que la política constitucional es la quintaesencia de la política arquitectónica, pues debe basarse en amplios consensos sobre las grandes ideas, valores, objetivos y sueños de una sociedad en su más trascendente proyecto político nacional, que es la Ley Suprema.

Tal como lo sostuvo Juan María Gutiérrez, Convencional Constituyente de 1853, la Constitución Nacional es la Nación Argentina hecha ley. Y la nuestra fue el resultado de un proceso histórico para consolidar una república federal y democrática.

En la última reforma de 1994, la más profunda y legítima de la historia, existió muy alto grado de acuerdo para la sanción de 61 normas constitucionales: 20 nuevas, 24 reformadas y 17 disposiciones transitorias. Y se produjo una notable modernización de nuestro derecho público, que también alcanzó a Constituciones Provinciales y a la sanción de 199 Cartas Orgánicas Municipales.

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“Juan Doe”, el tuitero libertario que está a cargo de la Oficina de Respuesta OficialCarajo

Fue la expresión más clara de la unión nacional, que fue y es el primer objetivo planteado en el Preámbulo por los padres fundadores de 1853.

Ese ejemplo de pluralismo, democracia deliberativa y consenso en torno a nuestra Ley Fundamental es el que debió y debe seguirse en la actualidad, para superar las dificultades y divisiones que impidieron el desarrollo nacional.

Pero lamentablemente en la etapa “post constituyente”, destinada a la reglamentación y cumplimiento de las reformas, que también exige esa política de grandes acuerdos, la misma dejó de practicarse.

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Y la política agonal a la que volvimos –que ha primado en la historia argentina- nos dió como resultado una débil cultura constitucional y de la legalidad, como lo han probado las tres encuestas que realizáramos con el politólogo Daniel Zovatto y los sociólogos Manuel Mora y Araujo y Eduardo Fidanza, en 2004, 2014 y 2023.

Asimismo he analizado detalladamente los incumplimientos de la Constitución Nacional, donde no puede dejar de mencionarse la grave responsabilidad del Congreso en el incumplimiento de la sanción de las leyes reglamentarias, luego de la gran reforma de 1994. Se trata aproximadamente de 30 leyes necesarias para la plena vigencia de la reforma, además de las sancionadas de manera inconstitucional en algunos casos, como la 24.588, que limitó la autonomía de la CABA; la 26.080, sobre Consejo de la Magistratura, y la 26.122, que facilitó el dictado de DNU y de legislación delegada.

Por otra parte, es inexplicable que el Congreso no haya designado al Defensor del Pueblo de la Nación, a pesar que han transcurrido casi 15 años del alejamiento del anterior titular y que estén vacantes más del 35% de cargos del Poder Judicial y del Ministerio Público.

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Obsérvese además la defección de nuestros Poderes Ejecutivos y Legislativos Federales y Provinciales, que no han avanzado en la sanción de la Ley Convenio de Coparticipación Impositiva, pese a que el plazo fijado fuera el 31 de diciembre de 1996.

En consecuencia, continúa el hiperpresidencialismo y unitarismo fiscal en lugar de una adecuada vigencia de la república federal.

Volviendo a Perú es evidente que la continuidad de la independencia del Banco Central ha posibilitado un avance en la economía, no obstante los problemas políticos de inestabilidad que han llevado a tener nueve Presidentes en los últimos diez años.

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En nuestro caso, por la falta de cumplimiento del Art. 75 inc. 6 de la Constitución que ordenó la creación del Banco Federal en lugar del Banco Central, se impidió un buen funcionamiento de dicha institución, que debe defender el valor de la moneda, según lo establecido en el Art. 75 en el inc.19, como una de las bases constitucionales de la política económica.

Hay que comprender que se debe gobernar con la Constitución en la mano, porque sólo con el cumplimiento estricto de la misma y de las leyes, Argentina superará sus graves problemas estructurales.

El cambio profundo que necesita nuestro país puede concretarse, si somos capaces de respetar nuestras instituciones, unir la ética a la política y así elevar nuestra cultura constitucional y de la legalidad.

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El autor es abogado constitucionalista y presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Fue fue vicepresidente de la Comisión Redactora en la Reforma Constitucional de 1994.


un artículo periodístico,Antonio M. Hernández,Conforme a

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POLITICA

El Gobierno define las multas que aplicará contra los gremios de trenes y colectivos que adhirieron al paro

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Como anticipó el Ministerio de Capital Humano, los equipos técnicos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a cargo de Julio Cordero, definen por estas horas la cifra que aplicarán para multar monetariamente a los gremios de trenes y colectivos que se plegaron al paro del pasado jueves contra la reforma laboral. Lo cierto es que la medida fue adoptada a raíz del incumplimiento de las conciliaciones obligatorias vigentes en los conflictos de la UTA y la Fraternidad, luego de que se plegaran a la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Si bien hubo intenciones de avanzar con la quita de la personería gremial, el Gobierno Nacional redefinió la estrategia y se inclinó aplicar una multa monetaria tras incumplir el instrumento jurídico. “No hablamos de revancha ni vengaza, lo que buscamos es dejar el mensaje de que incuplir con una conciliación es grave. Tienen que cumplir con la ley. Ellos están acomstumbrados a hacer lo que quieren sin que nadie haga nada”, sostuvo una fuente inobjetable ante Infobae.

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En la previa al paro del jueves, la Secretaría de Trabajo se anticipó y alertó a las organizaciones sindicales que cualquier acción directa representaría un incumplimiento de la instancia de conciliación. “La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia”, remarcaron.

Hasta entonces, la cartera que lidera Sandra Pettovello, una de las ministras más elogiadas por el presidente Javier Milei, trabaja en las cifras que aplicarán contra los gremios. El número surge de un cálculo técnico por sobre la cantidad de empleados que cesaron sus tareas durante la jornada del pasado jueves en rechazo al tratamiento del proyecto de reforma laboral que se discutía en la Cámara de Diputados y que finalmente obtuvo media sanción.

El Gobierno utilizó las pantallas de las estaciones de trenes para anunciar el paro de La Fraternidad

“Una multa va a doler más. La idea es que sea alta y justa, de acuerdo al daño que produjeron”, sostuvieron por los pasillos de Balcarce 50 para explicar el cambio de estrategia.

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La determinación se tomó a raíz de la violación al procedimiento de Conciliación Laboral Obligatoria en curso que compromente a ambos gremios. En el caso de la UTA, se dictó el 10 de febrero pasado y rige hasta el 26 del mes, a partir del anuncio del gremio de colectivos de hacer paros en el interior del país en el marco de un reclamo salarial. Mientras que en el caso de La Fraternidad tuvo lugar el 4 de este mes, por el mismo plazo, y venció el pasado jueves.

Si bien inicialmente la idea era quitarles la personería jurídica, en la administración libertaria plantean que se trata de un trámite extenso, que podría suponer trabas judiciales, por lo que avanzaron en un redireccionamiento del accionar a pedido de la Secretaria de Transporte. De esta forma, esperan darle además una “nueva oportunidad” para los gremios que, en caso de que desconozcan el pago, la administración libertaria retomará la idea de aplicar la pena máxima y avanzará con la quita de la personería gremial.

Con la media sanción de la reforma laboral obtenida en la Cámara de Diputados, y a la espera de la revalidación en el Senado luego de la eliminación del artículo 44 relativo a las licencias médicas, en Balcarce 50 festejaron el bajo acatamiento del paro convocado por la CGT. “Fue un paro muy tranquilo”, se vanaglorió una importante fuente con acceso al despacho presidencial que atribuyó la ausencia de una movilización masiva al impedimiento de la central para convocar a las bases.

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“Diría que entienden el momento histórico, pero la verdad es que no pueden juntar gente”, planteó un interlocutor violeta que supo tener buen diálogo con el sector y que se prepara para hacer frente a la judicialización que prometieron los gremios.

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POLITICA

Revés para Julia Mengolini: Javier Milei podrá avanzar en el juicio contra la periodista por injurias

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La Cámara de Casación dejó libre el camino para que avance un juicio correccional por injurias del presidente Javier Milei contra la periodista Julia Mengolini, al declarar inadmisible por una cuestión técnica su recurso, sin debatir el fondo del asunto.

Milei denunció a Mengolini por injurias porque la periodista había sugerido que mantenía una relación incestuosa con su hermana.

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Es un señor que vive con ocho perros y está enamorado de su hermana. No porque no quiera formar familia, porque está enamorado de su hermana. Hay una sola cosa que permanece como un tabú: el tabú del incesto”, dijo Mengolini en Duro de Domar, por C5N en mayo de 2023.

El presisdente Javier Milei junto a Karina Milei con perros de visitantes

En esta causa la justicia falló en favor de la periodista y desestimó el caso por inexistencia de delito, pero la Cámara Federal revocó esa decisión y ahora la Casación rechazó el recurso de Mengolini para revisar el caso. Por ello es que sigue vigente el fallo de la Cámara Federal que ordenó seguir adelante con el juicio.

La injuria es un delito correccional que se castiga con una multa. Para evitar el juicio, Mengolini puede aún acudir en queja a la Corte Suprema.

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Hoy los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, declararon inadmisible el recurso de casación de la defensa de Mengolini.

El camarista Javier Carbajo y su colega Mariano Borinsky rechazaron el recurso, tras tener por presentados como amigos del tribunal a la Asociación Civil Pro-Amnistía y al Centro de Estudios de Libertad de Expresión.

El juez Gustavo Hornos votó en disidencia y se pronunció por admitir el recurso y analizar el caso de libertad de expresión en particular cuando hay un periodista siendo enjuiciado por un presidente.

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El caso se originó a partir de la querella promovida el 1 de julio de 2025 por el presidente Javier G. Milei, patrocinado por su abogado Francisco Oneto, en la que atribuyó a Mengolini la comisión del delito de injurias.

Según la querella, las manifestaciones habrían afectado su honor y reputación al imputársele “conductas incestuosas”.

La defensa sostuvo en primera instancia que no había delito al entender que las expresiones estaban amparadas por una cláusula que excluye expresiones supuestamente injuriosas cuando se tratan de asuntos de interés público.

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El 3 de octubre de 2025, el juez federal Sebastián Casanello hizo lugar a la excepción de falta de acción por atipicidad y dictó el sobreseimiento de Julia Mengolini, al concluir que sus palabras e encontraban comprendidas por el debate público y, por ende, estaban amparadas por la libertad de expresión.

Contra esa decisión, Milei apeló y la Sala I de la Cámara Federal revocó el sobreseimiento de Mengolini al entender que el debate no era en torno a asuntos de interés público, por lo que ordenó que siga el juicio.

La defensa planteó un recurso de casación, que fue declarado hoy inadmisible por Carbajo y Borinsky.

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En su voto, el juez Borinsky, al que adhirió Carbajo, dijo que el recurso no se dirigía contra una sentencia definitiva y entendió que no era admisible.

Hornos, en disidencia, consideró que correspondía analizar los argumentos de Mengolini y dictar sentencia sobre el fondo de la cuestión.

Ahora la causa seguirá adelante hasta el juicio o con un recurso ante la Corte.

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Hornos sostuvo que, si bien la decisión impugnada no era formalmente una sentencia definitiva, el caso involucraba cuestiones federales de particular trascendencia, vinculadas con la tutela reforzada de la libertad de expresión cuando se trata de asuntos de interés público y de figuras públicas.

Señaló que el asunto trascendía una mera cuestión procesal, pues el juicio podía generar “un efecto inhibitorio” en el debate democrático.

Destacó los estándares fijados por la Corte Suprema de Justicia y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión y recordó que el derecho penal es el último recurso en conflictos entre honor y discurso público.

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Por eso entendió que se debía hacer una audiencia y luego pronunciarse sobre el fondo del problema.


Mengolini,Hernán Cappiello,Conforme a

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