POLITICA
El Ministerio de Seguridad denunció por “mal desempeño” al polémico juez Roberto Gallardo
El Ministerio de Seguridad denunció al polémico juez porteño Roberto Gallardo por “mal desempeño” luego de que emitiera un fallo donde le ordena a las Fuerzas de Seguridad que dependen del Ministerio de Seguridad no intervenir en la custodia de la movilización de jubilados prevista para este miércoles 9 de abril. En los hechos, implica que la cartera que dirige Patricia Bullrich no podrá aplicar el protocolo antipiquetes
“Consideramos que existen razones plausibles para realizar la presente denuncia ante V. Consejo de la Magistratura, a fin de que se disponga la apertura de un sumario para investigar la comisión de la causa de Mal Desempeño del Juez Roberto Andrés Gallardo”, indicaron en la presentación.
El documento sostiene también que el magistrado tuvo una “indebida e ilegal intervención, basada únicamente en su subjetiva y parcial interpretación de los hechos, esforzándose para adecuarlos a sus intereses ideológicos en violación de la Ley”.
Gallardo, al frente del Juzgado de 1a Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hizo lugar en las últimas horas a un amparo interpuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) con el objeto de que la Justicia ordene que las Fuerzas de Seguridad Federales se abstengan de intervenir en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A su vez, la acción incluyó como objetivo que las medidas cautelares urgentes abarquen “intimar al GCBA a coordinar y conducir un operativo de seguridad para la movilización” del miércoles, un día antes del paro general. Esto implicaría que solo podrá intervenir la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los motivos del pedido, la CGT, la UTEP y la UEJN habían citado la marcha del 12 de marzo en la que, según plantearon, «se habrían verificado hechos de represión” y en la que, según las organizaciones, las fuerzas federales obraron “sin contar con una autorización para ello”.
Sin embargo, para Fernando Soto, quien representa al Ministerio de Seguridad, el pedido de la CGT, la UTEP y la UEJN «no se basó en un caso concreto ni en sucesos pasados, ni en un hecho controvertido, sino en una situación futura e hipotética«.
En su denuncia, Soto destacó que, cuando se le dio intervención al Ministerio Público Fiscal, el organismo se opuso a la medida, y que ya se había rechazado un pedido similar en otro caso iniciado en enero de 2024 por Horacio Pietragalla Conti, ex Secretario de Derechos Humanos del gobierno de Alberto Fernández
«En esa acción, idéntica a la causa motivo de la presente denuncia, el Ministerio Público Fiscal dictaminó que la demanda debía ser rechazada in limine por falta de legitimación activa«, especificó Soto, y refirió que, «si se alegaba que las Fuerzas Federales habían lesionado derechos, la acción debió dirigirse contra el Estado Nacional y tramitar en la justicia federal”.
En ese sentido, según, la denuncia, no le correspondía intervenir a un juzgado Contencioso Administrativo Tributario de la Ciudad -como el de Gallardo-, sino a la Justicia Federal. «El Juez ahora denunciado igualmente decidió intervenir«, explicó Soto.
El Juez Gallardo es un militante de izquierda. En su despacho tiene fotos del Che y de Lenin. Y usa con orgullo un anillo con la cruz roja del Soviet Ruso. No dicta Justicia, hace política usando a la Justicia. Debe ser juzgado y removido pic.twitter.com/kvxMciYxLf
— Fernando Soto (@Doctor_Soto) April 7, 2025
Desde Seguridad agregaron además que «se trataba de un planteo abstracto, basado en noticias periodísticas y sin una afectación concreta, inmediata y específica de derechos».
Soto destacó también la posición de la fiscalía en el caso, que sostuvo que “cualquier intervención judicial durante el turno resultaría palmariamente indebida e, incluso, podría constituir un abuso del sistema”.
En la denuncia presentada por Seguridad, plantearon que Gallardo no tuvo en cuenta ninguna de estas cuestiones a la hora de resolver. «El Juez asumió su jurisdicción y competencia en ‘tiempo récord’. Y lo hizo así porque era el único modo a través del cual podía justificar su intervención», indicaron en el escrito.
Además, desde la cartera de Bullrich remarcaron que el amparo fue presentado el viernes 4 por la tarde, es decir, fuera del horario judicial, y que Gallardo resolvió el domingo 6, para evitar que intervenga otro juez.
Este lunes por la tarde, Soto siguió con la controversia a través de las redes sociales. En un posteo de la red X, acusó a Gallardo de ser un «militante de izquierda» y dijo además que «no dicta justicia, hace política usando a la Justicia».
POLITICA
La Junta Electoral del PJ bonaerense rechazó la lista del hermano del intendente de Tigre por presentar irregularidades
La Junta Electoral del PJ de la Provincia de Buenos Aires rechazó la lista encabezada por Mario Alberto Zamora, hermano de Julio Zamora, en el distrito Tigre, de cara a las elecciones internas locales, por presentar una serie de irregularidades, que incluyen faltantes en su nómina y avales falsos.
El plazo ordinario para la presentación de listas venció el 8 de febrero, aunque las prórrogas permitieron extender la recepción de candidaturas hasta las 2:00 de la madrugada del 9 de febrero. Las elecciones internas se realizarán el próximo 15 de marzo.
De esta manera, según consta en la resolución, a la que tuvo acceso Infobae, identificaron que la nómina presentada a nombre de Zamora omitió la integración de tres postulantes a congresales provinciales titulares al momento de cierre del plazo. Frente a esto, el apoderado de la lista intentó subsanar la omisión presentando la documentación faltante pasadas las 15 horas de ese mismo día, es decir fuera del término habilitado.
A su vez, la lista opositora, encabezada por Luis Samyn Ducó, presentó una impugnación formal el 13 de febrero, en la que argumentaron que la integración incompleta y la presentación extemporánea contravenían los requisitos fijados por el reglamento electoral. La Junta Electoral dio traslado de la impugnación a la lista Zamora para su respuesta, que fue recibida el 17 de febrero. Los respresentantes esgrimieron una supuesta inconsistencia en la comunicación institucional.
En este punto, recordaron que el artículo 2° del reglamento establece que la “Junta podrá notificar sus resoluciones generales o particulares personalmente a los interesados, por cédula al domicilio electrónico constituido o por publicación en el sitio web del Partido”.
El análisis de la autoridad partidaria estableció que el «incumplimiento en la integración completa constituye una falta insalvable y remarcó la vigencia del principio de preclusión, que impide la reapertura de etapas ya concluidas dentro del proceso electoral».
De hecho, en la resolución alegaron que “la inobservancia de dicho requisito esencial de presentación con la totalidad de los candidatos constituye una falta de carácter insalvable, por cuanto su incumplimiento deviene en una circunstancia obstativa para su oficialización”.
En este contexto, remarcaron que la Cámara Nacional Electoral respalda este criterio bajo la doctrina del “sistema de esclusas”, que prohíbe corregir omisiones una vez cerrado el plazo y avanza a la fase siguiente, para asegurar la igualdad entre los contendientes y la transparencia del proceso. La Junta concluyó que la defensa de la lista impugnada carece de sustento ante la evidencia y el comportamiento del resto de las listas de la provincia, que cumplieron con los requisitos en tiempo y forma.
Otra de las cuestiones detectadas fueron irregulridades en los avales. Al respecto, indicaron que “algunos afiliados del distrito figuran como avalistas de la lista contraria”. Por esto, mencionaron: “Si bien es cierto que la invalidez de determinados avales no acarrea automáticamente la nulidad de una lista, se compromete la integridad de los mismos. Ello adunado, a mayor abundamiento, al incumplimiento señalado anteriormente”.
Por esto mismo, resolvieron no oficializar la lista encabezada por Zamora para consejeros distritales y congresales provinciales, correspondientes al distrito Tigre.
En el ámbito de la primera sección electoral bonaerense, todas las listas fueron sometidas a un análisis de conformidad con las formalidades y requisitos que establece la normativa interna del partido. El proceso incluyó tanto la revisión de los plazos como la validación de las condiciones legales para la oficialización de candidaturas, de acuerdo con los procedimientos definidos por la autoridad partidaria.
Tras esto, la lista que fue oficializada en Tigre este jueves es la encabezada por Luis Emilio Samyn Duco, puesto que cumplió con todas las condiciones previstas.
La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del viernes el proyecto de reforma laboral del Gobierno y giró la iniciativa al Senado para su sanción final. El oficialismo logró aval por 135 votos positivos contra 115 negativos.
La aprobación llegó después de una caldeada sesión, marcada por varios cruces. La oposición buscó hacer caer la sesión y el oficialismo contraatacó al votar la interrupción en la lista de oradoras y pautar una votación para cerca de las 22.
Sin embargo, la Libertad Avanza eliminó esa moción a cambio de un compromiso para que la oposición cesara en sus agresiones verbales a los diputados que votarían por la reforma laboral.
Los 135 votos positivos, según los bloques:
Votaron a favor:
La Libertad Avanza (95)
- Sabrina Ajmechet
- Carlos Alberto Almena
- Lisandro Almirón
- Barbara Andreussi
- Pablo Ansaloni
- Damián Arabia
- Belén Avico
- Atilio Basualdo
- Mónica Becerra
- Beltrán Benedit
- Bertie Benegas Lynch
- Rocío Bonacci
- Alejandro Bongiovanni
- Gabriel Bornoroni
- Adrián Brizuela
- Eliana Bruno
- Mariano Campero
- Alejandro Carrancio
- Giselle Castelnuovo
- Abel Chiconi
- Facundo Correa Llano
- Romina Diez
- Nicolás Emma
- Alejandro Fargosi
- Alida Ferreyra
- Sergio Figliuolo
- Maria Gabriela Flores
- Maira Frias
- Virginia Gallardo
- Álvaro García
- Carlos García
- Silvana Giudici
- Rosario Goitia
- Alfredo Gonzales
- María Luisa González Estevarena
- Maura Gruber
- Jairo Guzmán
- Diego Hartfield
- Patricia Holzman
- Gerardo Huesen
- Gladys Humenuk
- María Cecilia Ibañez
- Andrés Ariel Laumann
- Lilia Lemoine
- Andrés Leone
- Mercedes Llano
- Enrique Lluch
- Johanna Sabrina Longo
- Lorena Macyszyn
- Álvaro Martínez
- Nicolás Mayoraz
- Martín Menem
- Julieta Metral Asensio
- Soledad Molinuevo
- Soledad Mondaca
- Juan Pablo Montenegro
- Guillermo Montenegro
- Francisco Morchio
- Julio Moreno Ovalle
- Gabriela Luciana Muñoz
- Miriam Niveyro
- Joaquín Ojeda
- Sebastián Pareja
- Marcos Patiño Brizuela
- Santiago Pauli
- Agustín Pellegrini
- Federico Agustín Pelli
- José Peluc
- Luis Petri
- María Lorena Petrovich
- Luis Albino Picat
- María Celeste Ponce
- Manuel Quintar
- Valentina Ravera
- Adrián Ravier
- Verónica Razzini
- Karen Reichardt
- Gastón Riesco
- Gonzalo Roca
- Miguel Rodríguez
- Laura Elena Rodríguez Machado
- Juliana Santillán Juárez Brahim
- Santiago Santurio
- Laura Soldano
- Yamile Tomassoni
- Rubén Darío Torres
- Aníbal Tortoriello
- José Federico Tournier
- César Treffinger
- Hernán Urien
- Patricia Vásquez
- Andrea Fernanda Vera
- Lorena Villaverde
- Gino Visconti
- Carlos Raúl Zapata
PRO (12)
- Martín Ardohain
- Emmanuel Bianchetti
- Fernando de Andreis
- María Florencia De Sensi
- Daiana Fernández Molero
- Alejandro Finocchiaro
- Alicia Fregonese
- Antonela Giampieri
- Álvaro González
- Cristian A. Ritondo
- Javier Sánchez Wrba
- Martín Yeza
Producción y Trabajo (2)
- Carlos Gustavo Jaime Quiroga
- Nancy Viviana Picón Martínez
UCR – Unión Cívica Radical (6)
- Guillermo César Agüero
- Gerardo Cipolini
- Diógenes Ignacio González
- Lisandro Nieri
- Darío Schneider
- Pamela Fernanda Verasay
Innovación Federal (9)
- Claudio Álvarez
- Alberto Arrúa
- Bernardo Biella
- Gerardo Gustavo González
- Oscar Herrera
- Pablo Outes
- Yamila Ruíz
- Daniel Vancsik
- Yolanda Vega
Independencia (2)
- Elia Marina Fernández
- Gladys Medina
Elijo Catamarca (3)
- Fernanda Avila
- Fernando Monguillot
- Sebastián Nóblega
La Neuquinidad (1)
- Karina Maureira
MID – Movimiento de Integración y Desarrollo (2)
- Eduardo Falcone
- Oscar Zago
Votaron en contra
Adelante Buenos Aires (1)
- Karina Banfi
Coalición Cívica (2)
- Maximiliano Ferraro
- Mónica Frade
Coherencia (1)
- Marcelo Pagano
Defendamos Córdoba (1)
- Natalia de la Sota
Encuentro Federal (2)
- Nicolás Massot
- Miguel Ángel Pichetto
Frente de Izquierda y de los Trabajadores (3)
- Myriam Bregman
- Nicolás del Caño
- Romina Del Plá
- Nestor Pitrola
Por Santa Cruz (1)
- José Luis Garrido
Primero San Luis (1)
- Jorge Fernández
Provincias Unidas (15)
- Lourdes Micaela Arrieta
- Jorge Antonio Avila
- Carolina Basualdo
- Juan Fernando Brügge
- Sergio Eduardo Capozzi
- Mariela Coletta
- Pablo Farías
- Carlos Gutiérrez
- Pablo Juliano
- Martín Lousteau
- José Nuñez
- Esteban Paulón
- Jorge Rizzotti
- Gisela Scaglia
- María Inés Zigarán
Unión por la Patria (91)
- Hilda Aguirre
- Ernesto “Pipi” Alí
- Cristian Andino
- Javier Andrade
- Jorge Neri Araujo Hernández
- Martín Aveiro
- Marcelo Barbur
- Luis Eugenio Basterra
- Gustavo Bordet
- Alejandrina Borgatta
- Santiago Cafiero
- Celia Campitelli
- Julieta Marisol Campo
- Lucía Cámpora
- Florencia Carignano
- Carlos Daniel Castagneto
- Jorge Chica
- Carlos Cisneros
- Ricardo Daives
- María Graciela de la Rosa
- Fernanda Díaz
- Sergio Dolce
- Gabriela Beatriz Estévez
- Emir Félix
- Abelardo Ferrán
- Andrea Freites
- Sebastián Galmarini
- María Teresa García
- Diego A. Giuliano
- José Glinski
- José Gomez
- Juan Grabois
- Ramiro Gutiérrez
- Raúl Hadad
- Itai Hagman
- Ana María Ianni
- Máximo Kirchner
- Moira Lanesan Sancho
- Aldo Leiva
- Jimena López
- Cecilia López Pasquali
- Juan Pablo Luque
- Marcelo Mango
- Mario Manrique
- Marianela Marclay
- Varinia Lis Marín
- Juan Marino
- Germán Martínez
- Guillermo Michel
- Fernanda Miño
- Juan Carlos Molina
- Matías Molle
- Roxana Monzón
- Cecilia Moreau
- Hugo Antonio Moyano
- Jorge Mukdise
- Estela Mary Neder
- Kelly Olmos
- Blanca Inés Osuna
- Sergio Omar Palazzo
- Claudia María Palladino
- María Graciela Parola
- Gabriela Pedrali
- Paula Andrea Penacca
- Horacio Pietragalla Corti
- Lorena Pokoik
- Luciana Potenza
- Agustina Lucrecia Propato
- Ariel Rauschenberger
- Santiago Luis Roberto
- Agustín Oscar Rossi
- Marina Dorotea Salzmann
- Nancy Sand
- Sabrina Selva
- Adriana Cristina Serquis
- Vanesa Raquel Siley
- Guillermo Snopek
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- Rodolfo Tailhade
- Caren Tepp
- Pablo Todero
- Victoria Tolosa Paz
- Nicolás Alfredo Trotta
- Eduardo Félix Valdés
- M. Elena Velázquez
- Luana Volnovich
- Hugo Yasky
- Pablo Raúl Yedlin
- Natalia Zaracho
- Christian Alejandro Zulli
Ausentes
- Sergio Guillermo Casas (UxP)
- Ignacio García Aresca (Provincias Unidas)
- Javier Noguera (Independencia)
- Juan Schiaretti (Provincias Unidas)
- Paulo Agustín Tita (UxP)
- Alejandra Torres (Provincias Unidas)
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Con la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el proyecto que modifica la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La iniciativa busca armonizar las necesidades de financiamiento de las universidades nacionales, tanto en gastos de funcionamiento como en salarios del personal docente y no docente, con las posibilidades reales previstas en el Presupuesto de este año.
Según argumentó la Casa Rosada al remitir el texto al Congreso, “esta modificación procura lograr el cumplimiento efectivo del objeto establecido en la Ley 27.795, de Financiamiento a la Educación Universitaria, de garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”.
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En ese sentido, el Ejecutivo detalló que las partidas contempladas en el Presupuesto 2026 deberán destinarse a “afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad del estudiantado y la formación continua; garantizar las condiciones laborales y salariales de los docentes y no docentes para sustentar el desarrollo universitario, incluyendo la plena implementación de los convenios colectivos de trabajo; desarrollar y consolidar la enseñanza y el aprendizaje en sus diversas modalidades para garantizar el derecho a la educación a través del incremento de los recursos destinados a tecnología digital y a la formación y el fortalecimiento de la planta del personal docente y no docente; ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias en función del desarrollo estratégico del país y de las áreas de vacancia territoriales; promover y profundizar la función de la extensión universitaria para fortalecer la relación entre la universidad y la comunidad”.
La iniciativa, compuesta por seis artículos, garantiza el derecho a la educación superior gratuita mediante un incremento de la inversión destinada a programas de becas estratégicas y de estudio para el nivel universitario y preuniversitario. El texto prioriza a los sectores sociales más desfavorecidos, con el objetivo de fortalecer el acceso, la permanencia, la promoción y el egreso de los estudiantes.
Además, establece una recomposición presupuestaria para cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales cuando la inflación observada (según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC) supere el valor promedio anual utilizado para la elaboración del proyecto de Ley de Presupuesto 2026. El propósito es mantener el incremento real otorgado y evitar que se deprecie en caso de que la inflación resulte mayor a la prevista, garantizando así el normal funcionamiento de las instituciones.
El proyecto también contempla una recomposición para el funcionamiento de los hospitales universitarios nacionales, con el fin de asegurar el financiamiento del sistema de salud universitario. Asimismo, garantiza la recomposición salarial del personal docente y no docente correspondiente a 2025 durante el ejercicio 2026, mediante incrementos sobre los sueldos básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025, que se aplicarían en marzo, julio y septiembre del próximo año.
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A su vez, prevé que al mes siguiente de la sanción de la ley se convoque de manera obligatoria a la negociación paritaria para el personal docente y no docente, con una periodicidad no mayor a tres meses calendario.
El Ejecutivo subrayó que, a diferencia de la Ley 27.795, el nuevo proyecto cumple con lo dispuesto por la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, ya que prevé de manera expresa las fuentes de recursos para su financiamiento. En ese punto, sostiene que se subsana la deficiencia de la norma vigente al establecer una fuente concreta, específica, actual y suficiente.
La iniciativa también lleva las firmas de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y del ministro de Economía, Luis Caputo.
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