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El oficialismo intenta frenar en el Senado la reforma previsional y evitar un veto incómodo para Milei en plena campaña electoral

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Pese a la insistencia de Unión por la Patria, el oficialismo y sus aliados aguardan las señales de la Casa Rosada. Aunque saben que si la vicepresidenta Victoria Villarruel no mantiene el Senado cerrado, el aumento a las jubilaciones será ley. Y entonces obligarán a Javier Milei a vetarla en plena campaña electoral, en las elecciones que definirán la renovación legislativa en ambas cámaras.

Los legisladores de La Libertad Avanza solo permitirán el debate por comisión, con la intención de ralentizar la discusión, y con una agenda que incluya reuniones informativas para que recién en agosto llegue el momento de las definiciones. Dictámenes y debate en el recinto.

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El jueves, durante su informe de gestión y antes del agravio de la senador K Cristina López que derivó en su partida del reciento, Guillermo Francos se refirió a la reforma previsional, que ya cuenta con medio sanción en Diputados.

Para justificar el rechazo del Gobierno al aumento de 7,2% a las jubilaciones, la suba del bono a 110 mil pesos para las jubilaciones mínimas y la prórroga de la moratoria previsional, el jefe de Gabinete -que este miércoles regresará al Senado- habló del “estado calamitoso del sistema previsional” que encontró la gestión de Milei al asumir en el 2023.

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Guillermo Francos, jefe de Gabinete, cuestionó los aumentos a los jubilados durante su informe de gestión. (Foto: Senado)

“Tenemos 1.862.000 de jubilaciones otorgadas sin moratorias, y 3.912.000 otorgadas con moratoria -indicó Francos-. Eso implica que hay más jubilaciones con moratorias que con aportes, en una proporción de 2 a 1. Estamos ante un sistema deficitario e inviable. Solo entre la modificación de la fórmula jubilatoria y el incremento del bono, impactaría en un 0,8% del PBI”.

Los preparativos para la discusión por las jubilaciones y la emergencia en discapacidad

Pese al diagnóstico de Francos, la oposición en el Senado diagrama el debate para avanzar con los aumentos de las jubilaciones y del bono para los ingresos mínimos en la clase pasiva. Y además, acompañar a la Cámara de Diputados con la sanción de la norma que declara la emergencia en discapacidad.

Se trata de proyectos que -de convertirse en ley- pondrán en riesgo el déficit fiscal, según la consideración del Presidente. Aun cuando en Diputados, Nicolás Massot (de Encuentro Federal) se preocupó por anexar en uno de los artículos la manera de financiar del aumento a los jubilados para complacer las exigencias de los libertarios.

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En la iniciativa a considerar por los senadores, Massot planteó desde utilizar el ahorro presupuestario por haber logrado que el FMI elimine los recargos a los intereses, a redireccionar las partidas que por DNU se le asignaron a la Secretaría de Inteligencia (SIDE), entre otras alternativas.

La postura de los senadores

En los últimos días el senador libertario Ezequiel Atauche dejó en claro que desde su espacio están dispuestos a dar el debate, aunque no comparten el fondo de los proyectos sancionados por la oposición en Diputados con el argumento del alto riesgo por déficit cero.

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Ezequiel Atauche, senador de La Libertad Avanza, buscará atrasar el debate por jubilaciones. (Foto: Comunicación Senado / Juan Carlos Cárdenas)
Ezequiel Atauche, senador de La Libertad Avanza, buscará atrasar el debate por jubilaciones. (Foto: Comunicación Senado / Juan Carlos Cárdenas)

Los senadores de Unión por la Patria están abroquelados en acompañar la decisión de los diputados respecto a la reforma previsional. “Es una necesidad urgente darle tratamiento. Lo está pidiendo la gente. Es inevitable tratar ese tema por la importancia de las jubilaciones y la emergencia (en discapacidad). Esperemos que el Gobierno no dilate más el debate y vayamos al recinto”, sostuvo Carlos Linares.

En tanto, en la última semana la UCR tuvo una reunión de bloque para avanzar en definiciones referidas a la agenda legislativa. “Voy a acompañar ambos proyectos, el de jubilados y la emergencia en Discapacidad. Pero tengo mis dudas sobre otros temas (en referencia a la moratoria previsional)”, aclaró Pato Blanco, senador por Tierra del Fuego.

Pablo Blanco, senador nacional UCR, adelantó su voto positivo al aumento para los jubilados. Foto Senado de la Nación.
Pablo Blanco, senador nacional UCR, adelantó su voto positivo al aumento para los jubilados. Foto Senado de la Nación.

Los proyectos sobre las jubilaciones y la emergencia en discapacidad

El 5 de junio, la Cámara de Diputados aprobó -por 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones- un incremento excepcional y de emergencia del 7,2%, para todas las jubilaciones y pensiones. También elevó de -$70 mil a $110 mil- el bono para las jubilaciones mínimas, que se encontraba congelado desde diciembre de 2023.

Además, la Oficina del Presupuesto del Congreso realizó una estimación sobre el impacto fiscal y la cantidad de personas que podrían beneficiarse con la prórroga por dos años de la última moratoria: “Las potenciales altas por moratoria se estiman en 441.226 en caso de prorrogarse por dos años: 219.644 altas para el primer año y 221.582 para el segundo. La extensión de la moratoria implicaría un costo fiscal de 0,084% del PBI para el primer año y 0,081% para el segundo”, aclaró el organismo que asesora a los legisladores con datos concretos.

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En relación con la emergencia en discapacidad, se la declaró en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. La norma obtuvo en Diputados 148 votos afirmativos, 71 negativos y 3 abstenciones. Prevé el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas por discapacidad y el fortalecimiento de los prestadores, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.

Stefanía Cora, senadora nacional UxP, quedó a cago de la Comisión de Población. (Foto Senado)
Stefanía Cora, senadora nacional UxP, quedó a cago de la Comisión de Población. (Foto Senado)

Días atrás Unión por la Patria logró en el Senado que Stefanía Cora quede a cargo de la Comisión de Población, que deberá analizar -junto a su par de Presupuesto- la Emergencia en Discapacidad. “Uno de los proyectos que tenemos apunta a las personas con discapacidad y a pensarlas desde el enfoque de sus derechos”, dijo Cora.

Senado, Jubilaciones, Discapacidad

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Martha Pelloni, sobre el triple crimen: “Los narcos financian la política de la provincia de Buenos Aires”

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Mientras continúa la investigación por triple crimen en Florencio Varela, la religiosa Martha Pelloni denunció con fuerza que “los narcos financian la política en la provincia de Buenos Aires” y aseguró que esta problemática “no es algo de hoy”. A pesar de la gravedad, afirmó con optimismo: “Vamos a salir adelante”.

En diálogo con A24, Pelloni analizó el asesinato de las tres jóvenes de La Matanza y señaló que “lo que va apareciendo día a día, relacionado con la Policía, los políticos y la Justicia, revela un entramado social terrible, sobre todo en Buenos Aires”.

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Detuvieron al narco “Pequeño J”, el principal sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

La religiosa advirtió que “el narcotráfico es un problema que supera este caso, afecta a todas las mujeres, con femicidios diarios donde la violencia se intensifica donde la droga está presente”. Subrayó además que “las mujeres son víctimas no solo de la violencia, sino también de la trata”.

Pelloni remarcó que esta crisis “está concentrada en la provincia de Buenos Aires” y lanzó una fuerte acusación: “aunque estén presos, los narcos siguen financiando la política y eso debe terminar. Lo sucedido no habría ocurrido si los políticos no estuvieran involucrados”.

En declaraciones anteriores, Pelloni ya había señalado la relación directa entre narcotráfico y política, especialmente tras la muerte de las jóvenes y la detención en Perú de Pequeño J, presunto jefe narco y autor intelectual del crimen.

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El video:

La entrada Martha Pelloni, sobre el triple crimen: “Los narcos financian la política de la provincia de Buenos Aires” se publicó primero en Nexofin.

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MARTHA PELLONI,Narcotráfico,Provincia de Buenos Aires,TRIPLE CIRMEN

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Reglamentaron la ley que amplía el registro de datos genéticos y pone el foco en el ADN de violadores

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El Gobierno oficializó este jueves un cambio de fondo en la política criminal argentina al aprobar, mediante el Decreto 709/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial, la nueva reglamentación de la Ley 26.879, que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.

El decreto establece que el Ministerio de Seguridad será la autoridad de aplicación de la ley, desplazando así a la órbita de Justicia que hasta ahora tenía bajo su control la base de datos. El texto ordena la transferencia de toda la información existente en el antiguo registro al nuevo sistema, que amplía su alcance a la investigación de una gama más amplia de delitos graves.

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La decisión central del Ejecutivo responde a la necesidad de adaptar el marco normativo a los avances científicos y tecnológicos de los últimos años, así como a las modificaciones introducidas por la Ley 27.759, que amplió el objeto del registro.

El resultado en Disputados de la votación a la ley de Registro Nacional de Datos Genéticos, donde se aprobó la media sanción

Según el decreto, la individualización genética se considera “la herramienta más eficaz y certera usada para la identificación criminal”, y su uso forense resulta clave para el esclarecimiento de hechos bajo investigación judicial, la identificación de presuntos autores y la desvinculación de personas ajenas al delito.

En el considerando de la norma, enfatizaron que el almacenamiento, registro y tratamiento de los datos personales deberán realizarse bajo “estricto secreto y confidencialidad”, en línea con la Ley de Protección de los Datos Personales 25.326 y los convenios internacionales suscriptos por la Argentina.

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Además, se dispone que los perfiles genéticos se almacenen en una base de datos separada de la información filiatoria de los aportantes, y que se guarde constancia de los funcionarios que accedan al registro, garantizando la trazabilidad y la administración segura de la información.

A su vez, subrayaron que el registro contribuirá a evitar la revictimización que se produce cuando los delitos quedan impunes, y que su objeto incluye también la identificación de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas, así como la discriminación de las huellas del personal que interviene en la escena del hecho delictivo.

En este sentido, la reglamentación prioriza el ingreso de perfiles genéticos de imputados, procesados y condenados por homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.

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El mensaje que publicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando salió la media sanción del proyecto de ley

La nueva normativa refuerza la coordinación federal y la interoperabilidad entre jurisdicciones, promoviendo el intercambio de información con registros provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo con lo estipulado, esta base de datos contará con información proveniente de laboratorios acreditados bajo normas de la Organización Internacional de Estandarización (ISO) y del Organismo Argentino de Acreditación.

En cuanto a la conducción del organismo, el decreto dispone que, hasta que se sustancie el concurso público de oposición y antecedentes para la designación del director titular, el Poder Ejecutivo podrá nombrar a un director interino con especialización en genética forense y experiencia probada en la materia. La autoridad de aplicación deberá aprobar el procedimiento del concurso en un plazo de 120 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto.

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Para esto, derogaron la reglamentación anterior, aprobada en 2017, bajo el argumento de “readecuar y reforzar el marco normativo vigente para el uso forense de datos genéticos, mediante el establecimiento de altos estándares de seguridad, confidencialidad, interoperabilidad entre jurisdicciones y respeto por los derechos fundamentales, con especial énfasis en la rigurosidad científica, la coordinación federal y la transparencia en el manejo de datos personales sensibles”.

La reglamentación también prevé la creación de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas, encargada de coordinar, asesorar y supervisar la implementación y funcionamiento del registro, así como de intervenir en el concurso para la designación del director.

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El anexo del decreto aclara cómo funcionará la recolección, almacenamiento y uso de perfiles genéticos en investigaciones penales:

  • Para la obtención de perfiles genéticos de personas imputadas, procesadas o condenadas, la normativa exige que las autoridades judiciales ordenen la extracción de muestras biológicas dentro de los cinco días hábiles posteriores al acto procesal correspondiente. Se priorizarán los perfiles de imputados, procesados o condenados por homicidio doloso, abuso sexual, narcotráfico y robo agravado.
  • Una vez extraída la muestra y configurado el perfil genético, el laboratorio interviniente deberá remitir al Registro, en un plazo de cinco días hábiles, la información filiatoria y genética pertinente, junto con copia de la resolución judicial.
  • Los perfiles genéticos serán eliminados del Registro si la situación procesal no se resuelve y la investigación supera los tres años, o si una resolución judicial desvincula definitivamente a la persona de la causa penal.
  • El Registro no podrá negar a los titulares el acceso a sus datos. Se deberá dejar constancia de las consultas y dar a conocer el procedimiento para solicitar la rectificación de datos erróneos, la cual deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.

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El Senado le exige a Guillermo Francos que aplique la Emergencia en Discapacidad y amenaza con removerlo de su cargo

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En la sesión de este jueves, el Senado se opuso al decreto 681/2025 por el cual se promulgó la ley de Emergencia en Discapacidad -luego del rechazo del Congreso al veto de Javier Milei-, pero suspendió su aplicación. El Ejecutivo considera que el Parlamento omitió indicar la manera en la cual se financiaría.

La iniciativa, redactada por el legislador de la UCR Martín Lousteau, se aprobó en la sesión de este jueves por 54 votos a favor y cinco en contra. “(El Ejecutivo) está incumpliendo con la ley por no aplicar la Emergencia en Discapacidad”, advirtió Lousteau.

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Acompañado por los senadores Guadalupe Tagliaferri (PRO), Pablo Blanco (UCR) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas), el senador de la UCR además apuntó contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al advertir que el funcionario se atribuye competencias legislativas al suspender la puesta en marcha de la Emergencia en Discapacidad.

Según explicó Lousteau, el ministro Coordinador tiene la obligación de realizar las ampliaciones y las modificaciones presupuestarias, para de esa manera asegurar el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Congreso.

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El Senado insistió por la implementación de la Emergencia en Discapacidad. (Foto: Senado)

“Hace dos años que no hay presupuesto por decisión del propio Gobierno, que impidió su tratamiento, por lo que desde entonces las partidas se asignan discrecionalmente“, concluyó el senador.

La iniciativa fue acompañada por el bloque de Unión por la Patria. “hay una falta de interpretación del Presidente de lo que es el Estado de Derecho, y esto genera una gran inseguridad jurídica”, argumentó el presidente del bloque, José Mayans.

Pedidos de moción de censura contra el ministro Francos

Por el incumplimiento de la puesta en marcha de la Emergencia en Discapacidad, tanto en Diputados como en el Senado -y desde distintos bloques opositores- hay pedidos de mociones de censura contra Guillermo Francos.

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En la próxima sesión de la Cámara Baja (sería el 8 de octubre) se fijarían una fecha para tratar los pedidos de interpelación en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se trata del primer paso para llevar adelante una moción de censura. De aprobarse esa moción en ambas cámaras, el jefe de Gabinete perdería la confianza del Congreso y debería ser removido del cargo.

El senador Martín Lousteau, junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel y los legisladores José Mayans, Eduardo Vischi y Martin Goerling. (Foto: Senado / Charly Díaz Azcue)
El senador Martín Lousteau, junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel y los legisladores José Mayans, Eduardo Vischi y Martin Goerling. (Foto: Senado / Charly Díaz Azcue)

“Conforme al artículo 101 de la Constitución Nacional pedimos la interpelación del jefe de Gabinete para que cumpla con el artículo 19 de la Ley de Emergencia en discapacidad y asigne las partidas presupuestarias. Es su obligación legal. De lo contrario, deberá afrontar las consecuencias. Las leyes se cumplen”, posteó Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre, uno de los espacios que realizó la presentación contra Francos. Desde Unión por la Patria, Encuentro Federal y Coherencia -el bloque que agrupa a los exlegisladores oficialistas- hicieron pedidos similares.

Qué es la moción de censura

Es el procedimiento por cual el Poder Legislativo puede exigir la responsabilidad política al Ejecutivo. Se requieren dos etapas. La primera, consiste en la aprobación de un pedido de interpelación a los efectos del tratamiento de la moción de censura. Esta etapa puede ser promovida en cualquiera de las cámaras y requiere una mayoría absoluta de los miembros.

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La segunda etapa de ejecución -la moción de censura- también requiere el voto de la mayoría absoluta sobre la totalidad de cada una de las cámaras y cuyo efecto es la remoción del funcionario. Sin embargo, no hay impedimento para que el Presidente vuelva a nombrarlo.

Senado, Discapacidad, Martin Lousteau

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