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El pedido de licencia de Francisco Adorni para trabajar en Defensa se contradice con la cruzada libertaria contra los estatales

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Tras su designación al frente del Instituto de Ayuda Financiera (IAF) del Ministerio de Defensa, el contador Francisco Adorni, hermano menor del vocero presidencial Manuel Adorni, volvió a solicitar una licencia con reserva de cargo ante el Consejo de la Magistratura bonaerense, donde se desempeña desde hace más de dos décadas. Se garantiza, así, la reincorporación en su puesto provincial una vez finalizado su paso por la cartera de Luis Petri.

El pedido realizado se contradice al discurso del gobierno de Javier Milei en contra de los privilegios del sector público. Sucede que, aunque esta clase de licencias son una alternativa al alcance de los empleados estatales, no representan un beneficio aplicable a los trabajadores privados que, en caso de no poder ejercer dos empleos en simultáneo, se ven obligados a presentar una renuncia.

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Francisco Adorni fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares (IAF) el pasado 11 de junio, a través de la resolución 543/2025 del Ministerio de Defensa. Asumió en reemplazo de Bettina Surballe, quien, desde entonces, preside la obra social de las fuerzas armadas.

Tras su nombramiento, el contador volvió a pedir una licencia con reserva de cargo ante el Consejo de la Magistratura bonaerense a fin de conservar su cargo en la institución judicial y poder reincorporarse una vez finalizadas sus tareas en el Ministerio. El pedido fue aprobado por unanimidad durante la sesión del 17 de junio. “Si es un derecho del trabajador, no hay otra cuestión más que dárselo”, sostuvo Facundo Tignanelli, vicepresidente del cuerpo y militante de La Cámpora, durante la reunión.

La sesión del Consejo de la Magistratura en la que se trató la licencia de Francisco Adorni (parte 1)

Según argumentaron, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional brega por la estabilidad del empleo público que, en este caso, quedaría garantizada por la licencia. Además, el artículo 23 del Estatuto y Escalafón para el personal de la Administración Pública de la Provincia establece que la reserva de cargo corresponde a todo aquel agente “que haya sido designado para desempeñar cargos superiores o cargos directivos nacionales, provinciales o municipales o electivos y asesores sin estabilidad”.

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Este es el caso de Adorni ya que, según confirmaron fuentes del organismo de Defensa a , cada presidencia del IAF dura solo dos años. El mandato puede renovarse una única vez de modo que el plazo máximo de ejercicio es de cuatro años. Así, al tratarse de un cargo por tiempo limitado, no reviste estabilidad y el contador está habilitado para acceder a este tipo de licencia.

Formar y capacitar a una persona con conocimiento institucional es difícil. Una reserva de cargo muchas veces permite evitar perder al trabajador”, planteó Sofía Vannelli, consejera bonaerense del Frente Renovador y agregó: “A veces el Estado lo que te permite es formarte y hacer una carrera, pero no siempre es el trabajo mejor pago. Es importante cuidar que ese recurso (humano) si puede volver, vuelva con ese conocimiento institucional”

La sesión del Consejo de la Magistratura donde se trató la licencia de Francisco Adorni (parte 2)
La sesión del Consejo de la Magistratura donde se trató la licencia de Francisco Adorni (parte 2)

Pese a haber sido aprobada por unanimidad, la licencia de Adorni no estuvo exenta de cuestionamientos. La principal crítica provino del consejero Santiago Bertamoni, del Colegio de Abogados, quien apuntó contra la solicitud presentada por el hermano del vocero presidencial ante el organismo judicial.

Esta no es la primera ocasión en que Adorni pide una reserva de cargo. Según consigna en la resolución 3532 del Consejo de la Magistratura bonaerense, Adorni trabaja en el Consejo de la Magistratura bonaerense desde febrero de 2004. Sin embargo, tras la asunción presidencial de Javier Milei, dio un salto a la administración pública nacional para continuar su carrera. Así, el 30 de enero de 2024 fue nombrado asesor en el Ministerio de Defensa y, apenas dos meses más tarde, el 26 de marzo, fue ascendido al cargo de titular de la Unidad de Auditoría Interna de la cartera conducida por Petri.

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Para poder ejercer tales funciones, en lugar de renunciar a su trabajo en el Consejo de la Magistratura provincial, Adorni optó por pedir una licencia con reserva de cargo, de modo que pudiera reincorporarse a su puesto una vez finalizada su actividad en Defensa. En ambas oportunidades, la institución bonaerense aprobó sus solicitudes, tal como se indica en las resoluciones 3532 (6 de febrero de 2024), 3543 (5 de marzo de 2024) y 3591 (28 de mayo de 2024) del Consejo.

“Yo estoy en contra de que pueda existir semejante beneficio, que se transformaría en un privilegio, de que alguien pueda vivir toda la vida pidiendo reserva de cargo por mayor jerarquía”, expresó Bertamoni en la sesión: “Alguna vez hay que irse de algún lado”. En respuesta a las críticas esgrimidas y con tono humorístico, Tignanelli le respondió: “Está más libertario que (Manuel) Adorni”.

Y es que, como advirtió el representante del Colegio de Abogados, la licencia pedida supone una contradicción con el modelo planteado por La Libertad Avanza, que pretende terminar con los privilegios del sector público.

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No es menor, en este sentido, que hace dos semanas el vocero presidencial confirmó la decisión de gobierno de eliminar el asueto por el Día del Empleado Público por tratarse de un beneficio no disponible para los trabajadores no estatales. “El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece”, justificó oportunamente en su habitual conferencia de prensa. Hace años que el portavoz viene manifestando críticas al empleo público.

Así, en medio de la cruzada del Gobierno contra el empleo público, los pedidos de Francisco Adorni chocan con el modelo que pretende impulsar el oficialismo. Esto se debe a que, como advirtió Bertamoni -aunque amparadas por disposiciones legales y los propios antecedentes de la institución (que, según lo expuesto en la reunión, sostuvo por 17 años a un empleado con licencia), la reserva de cargo no es un recurso del que puedan hacer uso los trabajadores privados.

Ante la consulta de a la IAF sobre el pedido de Adorni, señalaron que se trata de una licencia transitoria, avalada por el Estatuto del Consejo, para poder asumir un cargo de mayor jerarquía. Al cierre de esta nota, sin embargo, no habían realizado declaraciones sobre la contradicción entre esta iniciativa y la prédica libertaria.

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Desde el peronismo buscan derogar en Diputados el aumento de aportes a los clubes del fútbol

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Tras la escalada entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), desde el peronismo presentaron en el Congreso un proyecto de ley que busca derogar los últimos decretos que endurecieron los aportes de los clubes al sistema de seguridad social. La iniciativa reactiva la discusión sobre el régimen especial de aportes patronales y personales que históricamente distinguió al fútbol profesional frente al régimen general.

La propuesta de ley, presentada en la Cámara de Diputados por el diputado Carlos Cisneros, propone derogar el Decreto 939/2024 —que había revocado el régimen especial vigente hasta ese momento— y la reciente Disposición 16/2025 de la Subsecretaría de Seguridad Social, que elevó de forma significativa las alícuotas de aportes para los clubes. Asimismo, ratifica parcialmente el régimen dispuesto por el Decreto 510/2023, pero suspende el artículo 8 de ese decreto por dos años, con el objetivo de ofrecer alivio financiero a los clubes y volver a un esquema más equilibrado.

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Un régimen a debate: de los privilegios al déficit

La historia del sistema especial para el fútbol argentino se remonta a la crisis de 2001. Por entonces, el Decreto 1212/2003 estableció un régimen simplificado de aportes y contribuciones para el personal y los jugadores de fútbol profesional, vinculando las contribuciones a ingresos específicos de los clubes como la venta de entradas, transferencias de jugadores y derechos televisivos. El objetivo era ofrecer seguridad jurídica, facilitar la fiscalización estatal y resguardar a los trabajadores ante la debilidad financiera de las instituciones.

Distintos ajustes y reformas posteriores, incluidas las modificaciones introducidas en 2019 y 2023, fueron elevando paulatinamente las alícuotas para reducir un déficit estructural que, según el Gobierno, terminó siendo cubierto por el sistema previsional general. El conflicto escaló en agosto de 2025, cuando la Subsecretaría de Seguridad Social dictó un aumento de casi once puntos porcentuales en la contribución de los clubes, elevando la tasa al 18,62% sobre el monto bruto recaudado.

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El Gobierno elevó la alícuota de aportes a la seguridad social en el fútbol argentino

La explicación oficial remite a un desbalance financiero crónico. El Ministerio de Capital Humano informó que, pese a los ingresos generados por los clubes —solo en 2024, el fútbol argentino facturó 324 millones de dólares en ventas de jugadores—, el régimen especial apenas cubría el 57% de las obligaciones previsionales. En el primer año de gestión del actual Gobierno, esa cobertura llegó a reducirse al 33%, con un déficit cercano a los 20 mil millones de pesos anualizados. El Gobierno justificó el aumento como respuesta a la insuficiencia de fondos para el Sistema Integrado Previsional Argentino y otras coberturas sociales, y atribuyó el problema tanto a los beneficios del régimen especial como a maniobras de los clubes para dilatar o eludir obligaciones.

La reacción de la AFA: resistencia y advertencia

La AFA rechazó duramente la decisión oficial y denunció que no fueron tenidas en cuenta sus alternativas propuestas, entre ellas, un esquema gradual y consensuado para equilibrar la recaudación sin paralizar la actividad. La entidad que preside Claudio Tapia sostuvo que trabajó “incansablemente junto a los clubes y autoridades gubernamentales” para encontrar soluciones razonables, pero que el Poder Ejecutivo decidió avanzar de manera unilateral. En un comunicado oficial, la AFA remarcó el papel social de los clubes y advirtió que las medidas adoptadas ponen en riesgo el desarrollo de los programas formativos, la infraestructura y el trabajo comunitario que alcanzan a miles de jóvenes y niños a lo largo del país.

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El conflicto se trasladó a la justicia y el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6 dispuso suspender, de manera provisional, la aplicación del nuevo régimen hasta tanto se resuelva de fondo la controversia. Sin embargo, la judicialización profundizó la incertidumbre y dejó expuesta una grieta entre el Gobierno y el principal articulador del fútbol nacional.

El nuevo proyecto, entre la búsqueda de equilibrio y el debate de fondo

En ese contexto, el proyecto de ley presentado en Diputados propone derogar los incrementos impulsados por el Gobierno, volver a la estructura fijada en 2023 y suspender temporalmente la aplicación de los puntos más controversiales, como el artículo 8 del Decreto 510/2023. Según sus fundamentos, la iniciativa busca preservar la sustentabilidad de los clubes y evitar su asfixia financiera, sin dejar de atender las demandas del sistema de seguridad social.

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La discusión de fondo enfrenta a dos visiones opuestas: por un lado, el Gobierno quiere “eliminar privilegios”, cerrar déficits y equiparar la carga de aportes de los clubes al resto de los empleadores; por el otro, la AFA y los clubes reivindican su especificidad institucional y social, y reclaman un trato diferencial que reconozca el rol del deporte en la comunidad.

El debate recién comienza y la iniciativa presentada suma presión al Congreso y obliga a un debate profundo sobre el vínculo entre fútbol, política social y responsabilidad fiscal.

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Unidos hasta las elecciones: la relación entre Kicillof y el kirchnerismo, cada vez más cerca de un quiebre definitivo

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Pese a que cerraron las listas bonaerenses y encaran ahora el armado de las candidaturas nacionales, la relación entre el gobernador Axel Kicillof y Cristina y Máximo Kirchner sigue siendo traumática. A tal punto, que asoma como una posibilidad que los funcionarios de La Cámpora que integran actualmente el gabinete bonaerense dejen sus cargos tras las elecciones del 26 de octubre.

El disparador para ese recambio de funcionarios será la salida anunciada del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien se postula como candidato a senador bonaerense por la primera sección electoral y tiene decidido que su candidatura no será testimonial, por lo que asumirá como legislador el 10 de diciembre. A partir de ese espacio, Kicillof podría rearmar su gabinete.

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Actualmente, el kirchnerismo puro -en sus variantes cristinista y camporista- tiene cuatro funcionarios de alto rango en el gabinete de Kicillof: el ministro de Justicia, Juan Martín Mena; el de Salud, Nicolás Kreplak; la de Ambiente, Daniela Vilar; y la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout. En segundas líneas hay otra docena de funcionarios que no responden al gobernador.

Nicolás Kreplak, uno de los ministros de La Cámpora, junto a Kicillof y al diputado Daniel Gollan, también experto en saludPrensa PBA

Los cambios proyectados son un comentario extendido en el entorno del gobernador. En La Plata y también en las oficinas porteñas de la administración provincial consideran que el vínculo con el kirchnerismo “está roto” y que, a esta altura de las circunstancias, no sería posible reconstruirlo. “Ahora vamos juntos, pero en el fondo fingimos demencia”, advierten en tono psicológico.

El último cierre de listas resultó una comprobación de que la relación entre ambos espacios es irrecuperable. Después de varias reuniones entre Kicillof, Máximo y Sergio Massa, que habían enderezado una interna que venía torcida, el hijo de la expresidenta y sus emisarios apagaron los teléfonos el viernes previo al plazo final, previsto para el sábado. “Literalmente desaparecieron”, dicen en La Plata.

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Ante las insistentes llamadas de los delegados axelistas, una apoderada kirchnerista les dijo, horas después, que la alianza se disolvería. Semejante definición y la repentina ausencia de Máximo Kirchner, llevó a los partidarios del gobernador a armar una lista propia, que empezaron a cargar en la Junta Electoral con el sello de Parte, la fuerza que se armó para el fallido proyecto de Alberto Fernández.

Máximo Kirchner, cuya relación con Kicillof está rota, en la última sesión de la Cámara de DiputadosSantiago Oroz –

Al otro día, que terminó con sugestivos cortes de luz en La Plata, reaparecieron los emisarios kirchneristas en la sede de la Gobernación, hasta donde fueron la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el diputado provincial Facundo Tignanelli. La discusión fue tan áspera que estuvieron a punto de romper el acuerdo previo. “Máximo recién volvió a la mesa a las tres de la mañana”, relatan.

Para Kicillof, que ya había soportado en 2023 que la firma de su candidatura a la reelección como gobernador fuera absolutamente controlada por el kirchnerismo, este último desplante fue demasiado. “Somos como esas familias que se juntan en Navidad, pero que no se aguantan”, reconocen a en el equipo del mandatario provincial, que arma su propio proyecto presidencial para 2027.

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A diferencia del kirchnerismo, que está en una fase de control de daños y de asimilación de su identidad política con el PJ, el partido que preside Cristina desde la prisión domiciliaria en Constitución, en el axelismo son partidarios de “romper lazos” para armar un proyecto más amplio, que contenga incluso a gobernadores de otros signos políticos. Una suerte de coalición “anti Milei”.

De antemano, Kicillof sabe que esa idea choca de frente con la mentalidad de Cristina Kirchner, quien le llegó a enrostrar un lacónico “vos no entendés nada de política” cuando envió patrulleros al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro (UCR) en medio de la crisis de violencia narco en Rosario y de una visita al chubutense Ignacio Torres (Pro), que incluyó una firma de convenios.

Kicillof junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, uno de los que piensa en un armado nacional de cara a 2027marcelo-manera-7533

La tesis de ampliación del peronismo que ensayará Kicillof se basa en antecedentes concretos. “Si en 2025 Daniel Scioli sacó 37% y Massa 15%; y en 2023 Massa sacó el 38%, queda claro que en los últimos años el peronismo perdió base de sustentación. Es necesario ampliar”, sostienen en el axelismo, sin ocultar las cada vez más claras diferencias de criterio con el kirchnerismo.

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Por eso el acuerdo en este 2025 no significa que axelistas y kirchneristas seguirán unidos. Sin embargo, ambos espacios del PJ tienen antes un objetivo común: votar en noviembre, antes del recambio de la Legislatura, los proyectos que habilitan la reelección indefinida de intendentes y legisladores provinciales, tal como prometió Cristina Kirchner a los jefes comunales peronistas.

Muchos de esos intendentes ya se pasaron a las filas del gobernador y prometen apuntalarlo hasta 2027. Para Kicillof, ese año resultará una encrucijada: jugará sus fichas a competir contra Milei por la presidencia o volverá al llano y se quedará a vivir en La Plata. Pero lo que ya tienen claro en el axelismo es que no quieren tener un futuro político compartido con el kirchnerismo.


Mariano Spezzapria,Axel Kicillof,La Cámpora,Cristina Kirchner,Conforme a,Axel Kicillof,,»Un delirio cósmico». La fuerte crítica de Kicillof a la cadena nacional de Milei y su reacción a la posible candidatura de Máximo,,Slogan de campaña. Francos desestimó la banalización del “Nunca Más” y apuntó contra Kicillof,,»Es un inútil». El fuerte cruce entre Bullrich y el ministro de Seguridad de Kicillof por la causa de la purga policial en la provincia

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En una elección polarizada, la pelea entre el Frente La Libertad Avanza y Fuerza Patria domina la escena política en las legislativas de octubre

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Pese a la variada oferta de cada turno electoral, el foco de las legislativas del 26 de octubre pasará por la disputa entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, el frente que inscribió el peronismo. Esto será así en la mayoría de las provincias, aunque también hay particularidades, incluso en provincias donde gobierna el PRO, el socio principal del Gobierno.

En un repaso rápido, La Libertad Avanza, logró la personería política en las 24 provincias, pero no hubo acuerdo en todas. Sí selló el vínculo en distritos clave como la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. El peronismo hizo lo propio, aunque debe resolver el desplante -al menos momentáneo- de Juan Grabois.

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Leé también: La Casa Rosada tiende puentes con los gobernadores para blindar los vetos y garantizar el déficit cero

El peronismo replicó la alianza Fuerza Patria en 14 de las 24 provincias: Salta, Catamarca, Neuquén, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Córdoba, Río Negro, Santa Fe, Buenos Aires, Jujuy y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El peronismo cerró la alianza Fuerza Patria en 14 provincias. (Fotos: X – La Cámora – Leandro Heredia/TN).

En tanto, en los diez restantes el peronismo utilizará un sello provincial para competir. Se trata de Formosa, Tucumán, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Entre Ríos y La Pampa. Allí no se utilizará la marca nacional acordada entre Axel Kicillof, Sergio Massa, y Máximo Kirchner. Las conversaciones estuvieron supervisadas por Cristina Kirchner, desde su prisión domiciliaria.

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El cierre de La Libertad Avanza

La armadora del oficialismo nacional es la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei. Su estrategia tuvo éxito en doce jurisdicciones, incluyendo los tres distritos con mayor peso electoral: la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. La alianza con el PRO se extendió además a La Pampa, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Río Negro, San Luis, Tucumán, Chaco, La Rioja y Misiones, configurando una red de alianzas con un patrón común: el dominio libertario sobre el macrismo.

Leé también: Cierre de alianzas: LLA y el PJ se perfilan como protagonistas y ganan terreno los acuerdos locales

En cada distrito, La Libertad Avanza impuso condiciones similares: control absoluto de la imagen presidencial como único referente de campaña, apropiación de los primeros lugares en las boletas electorales y reserva de las posiciones con mayor probabilidad de acceso al Congreso Nacional.

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La conducción nacional liderada por Karina Milei, impuso condiciones a PRO, entre las que se encuentran, ceder la candidatura a senador y aceptar que las listas de diputados estén encabezadas por referentes libertarios, además la alianza utilizará el sello y color violeta característicos del partido libertario.

Karina Milei y Santiago Caputo, dos columnas vertebrales de Milei. (Foto: Presidencia de la Nación).
Karina Milei y Santiago Caputo, dos columnas vertebrales de Milei. (Foto: Presidencia de la Nación).

Así ocurrió en lo que supo ser el principal bastión de los Macri, la Ciudad de Buenos Aires. La encargada de las negociaciones fue Pilar Ramírez (legisladora porteña y mano derecha de Karina en la Ciudad).

Los casos provinciales

Una de las particularidades del cierre de alianzas es que no todos los gobernadores del PRO se sumaron al frente con los libertarios. Incluso hubo uno que fue fundador de un espacio alternativo: Nacho Torres (Chubut). El mandatario se unió a Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz) para crear Provincias Unidas.

En el entorno del gobernador Claudio Vidal esperan hacer una buena elección, en un escenario que asoma de tercios. El espacio provincial Por Santa Cruz competirá contra el peronismo y el sello de La Libertad Avanza. Pero en su armado, también está el PRO.

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El caso de Neuquén es otro a tener en cuenta, ya que gobierna una fuerza provincial, Neuquinizate. La comanda el gobernador Rolando Figueroa, un referente de la política regional, muy identificado con el Movimiento Popular Neuquino, partido que gobernó la provincia durante más de 60 años. A la fecha, si bien no integran el armado del mandatario provincial, sí lo apoyan muchos dirigentes del mismo. Entre ellos, el diputado nacional Osvaldo Llancafilo, 10 legisladores provinciales y 34 de 57 intendentes del MPN.

También logró cerrar acuerdos con el PRO, parte del peronismo y hasta sectores libertarios. La apuesta es competir mano a mano con La Libertad avanza y relegar al PJ al tercer lugar.

La Libertad Avanza, fuerza patria, Elecciones, Gobernadores

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