El diputado José Luis Espert solicitó una licencia en la Cámara de Diputados, que se formalizó este 8 de octubre y se extenderá hasta diciembre. Esta decisión ocurre tras su imputación en una causa por presunto lavado de dinero y sus presuntos vínculos con un empresario acusado de narcotráfico.

Tras ser imputado formalmente, el diputado justificó su solicitud de licencia por “motivos personales”. Esta decisión se produce luego de que Grabois pidiera investigar si los movimientos de fondos de 2020 se relacionan con lavado de activos y si existen otras conexiones entre el legislador y el empresario acusado de narcotráfico.

El economista solicitó licencia desde el 8 de octubre hasta el 8 de diciembre del corriente año, ya que su mandato como legislador finaliza el 10 de diciembre.

En una comunicación dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el funcionario expresó: “Solicitar licencia por motivos personales desde el día de hoy, 8 de octubre, hasta el 8 de diciembre del corriente año”.

El artículo 17 del reglamento de la Cámara establece que se “decidirá en votación especial si las licencias solicitadas se conceden con goce de dieta o sin él”. La licencia deberá ser votada por el cuerpo en el recinto.

La presión para que el acusado se tomara licencia provino de sus aliados de Pro, quienes sugirieron a Menem que el legislador debía apartarse para desactivar la crisis. Menem inicialmente se resistió y esperó instrucciones de la Casa Rosada.

El excandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza fue imputado en el marco de una causa que se abrió tras la denuncia presentada por Juan Grabois. La denuncia se basa en los 200.000 dólares que el diputado libertario recibió en 2020 de Federico “Fred” Machado, un empresario que Estados Unidos reclama -y cuya extradición ya se tramita- para juzgarlo por cargos que incluyen conspiración para el narcotráfico, lavado de dinero y estafa.

La denuncia sostiene que Espert percibió “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.

Como consecuencia del escándalo por sus nexos con Fred Machado, Espert no asistió a la sesión en la que la oposición buscaba limitar la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia. Además, renunció a su candidatura como diputado nacional por La Libertad Avanza y dejó la presidencia de la Comisión de Presupuesto, donde será remplazado por Alberto Benegas Lynch, mientras que en las elecciones nacionales del 26 de octubre, será reemplazado por Karen Reichardt, tras la resolución de la justicia electoral.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Delfina Celichini.

En un trámite exprés, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el pedido del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli para que se lo autorice a avanzar con medidas de prueba sobre el diputado José Luis Espert, protegido por la ley de fueros.

La autorización se aprobó con 215 votos positivos y solo 3 abstenciones de los diputados Oscar Zago, Eduardo Falcone y Gerardo González, de Desarrollo y Coherencia. Semejante mayoría incluyó al bloque libertario -adonde pertenece Espert, quien solicitó licencia hasta el 8 de diciembre próximo- y a Pro, aliado del oficialismo.

El oficio del juez Mirabelli, dirigido al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, ingresó al cuerpo esta tarde, en plena sesión. Según trascendió, el juez solicitó que se habilite una medida de registro y otra de secuestro sobre bienes de Espert, informaron a fuentes oficiales.

Anoticiados de la llegada del oficio a la Cámara de Diputados, los legisladores se enfrascaron en un debate sobre cuál era el procedimiento más pertinente para avanzar en la autorización solicitada por el magistrado. Sucede que en su oficio Mirabelli solicitó expresamente en su oficio que no se den a publicidad las medidas de prueba que pretende llevar adelante porque el expediente se halla bajo secreto de sumario.

Desde el bloque Democracia para Siempre sugirieron que la sesión se constituya en secreta para evaluar el oficio del magistrado antes de aprobar la autorización. “Yo no sé qué medidas solicita el juez. Nadie nos puede pedirnos que autoricemos algo cuyo contenido no conocemos ”, alegó Fernando Carbajal.

Sin embargo, la propuesta no fue compartida por el resto de las bancadas. Finalmente imperó la propuesta de la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica), para que se lo autorice sin más a Mirabelli para que lleve adelante las pruebas que considere pertinentes.

“Nosotros no tenemos por qué saber cuáles son las pruebas que el juez en el marco de una investigación considera procedentes. Somos otro poder del Estado. No vamos a interferir ni tener injerencia en ese trámite judicial”, fundamentó Frade.

Si bien hubo amplia mayoría en la aprobación del pedido del juez, no faltaron reproches a Menem. “El pedido del juez llegó a las cinco de la tarde y recién lo estamos tratando a las 9 de la noche. Si nosotros no planteábamos la moción, ¿qué iba a pasar? ¿Qué esperaban para comunicar lo que pedía el juez cuando el pleno estaba funcionando en una sesión especial?“, acicateó Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

El diputado Espert está siendo investigado por haber recibido una transferencia de 200.000 dólares del empresario Federico “Fred” Machado, que está preso para ser extraditado a los Estados Unidos, donde lo acusan de una serie de delitos que incluyen la conspiración para el narcotráfico.

Mirabelli dispuso esta medida a pedido del fiscal del caso, Fernando Domínguez, que ayer imputó a Espert por lavado de dinero en la causa iniciada por una denuncia de Juan Grabois. Domínguez busca además rastrear los movimientos de dinero del diputado y revisar sus cuentas. Eso requiere el levantamiento del secreto fiscal y bancario.

En pleno debate sobre qué hacer sobre el oficio de Mirabelli contra Espert, desde Pro la diputada Silvana Giudici desafió al bloque de Unión por la Patria con tratar el pedido de desafuero del salteño Emiliano Estrada, imputado por la justicia de su provincia por peculado y abuso de autoridad en una causa en la que se lo acusa de haber incurrido en el uso indebido de fondos públicos para ejercer una campaña de difamaciones en redes sociales.

La propuesta no prosperó, pero el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, citó al legislador a que brinde su descargo la semana próxima.