POLITICA
El plan secreto de la SIDE: en el Gobierno atribuyen la filtración a la Bicameral de Inteligencia
Mientras en el Gobierno atribuyen la difusión del Plan de Inteligencia Nacional a la comisión Bicameral que preside el senador Martín Lousteau, en la UCR recuerdan que aún no fue esclarecido el atentado contra el Comité Nacional de calle Alsina que ocurrió casi en paralelo a la primera filtración del demorado plan estratégico de la ex AFI y a los planteos sobre el documento que fueron esgrimidos por los parlamentarios para proteger las «garantías de los derechos de los ciudadanos».
Es que, según fuentes legislativas consultadas, el mentado programa habría planteado un mayor control interno sobre el discurso público para, de alguna manera, evitar sea vulnerado el «relato oficial«. Eso llevó a que en una reunión celebrada en octubre de 2024 en la central de inteligencia de calle 25 de mayo, se plantearan objeciones al mismo.
Sin embargo, la actual polémica estalló este domingo cuando La Nación dio a conocer este plan que, según lo publicado, abriría la puerta a tareas de espionaje interno a quienes busquen «erosionar» la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios y quienes generen una «pérdida de confianza» en las políticas económicas del Gobierno.
Esa misma tarde hubo un comunicado de la Oficina del Presidente que rechazaba las acusaciones y aseguraba que el programa de la SIDE no estaba destinado a perseguir opositores, periodistas o «adversarios políticos».
Pero la primera filtración de esta suerte de lineamientos y presupuesto del plan de inteligencia argentino ocurrió el 8 de noviembre con una nota de La Política on Line, que advertía sobre la supuesta autorización de Javier Milei para que el organismo presidido por Sergio Neiffert pudiera realizar «inteligencia interna» para prevenir acciones que alteraran la relación «especial» que esta administración mantiene con Estados Unidos e Israel.
También el «paper» ordenaba un supuesto relevamiento de información sobre «sectores estratégicos» que «procuren erosionar la confianza en el sistema financiero» o «generar pérdida de confianza en las políticas económicas de la Nación». Algo similar publicó el periodista Hugo Alconada Mon el último domingo pero poniendo acento en que serían blanco de estas maniobras periodistas, economistas o dirigentes opositores que busquen «erosionar a la opinión pública».
Como sea, en el Gobierno se apuraron a desmentir que el PIN esté destinado a este tipo de maniobras y enfatizaron que su contenido «es secreto» y quien lo difunda cometería «un delito federal».
La cuestión es que el mentado programa fue elaborado con «atraso» por las idas y vueltas del Ejecutivo con la entonces AFI y su ulterior transformación en una SIDE dividida en cuatro agencias. El documento recién fue presentado a fines de octubre de 2024 a los integrantes de la Comisión Bicameral de seguimiento de organismos de Inteligencia, que sólo pueda velar por el «cumplimiento» de esta hoja de ruta y también realizar planteos cuando estén en riesgo las garantías individuales.
Pero pocos días después de aquella reunión, de los primeros planteos de los legisladores y de la difusión del programa, la sede nacional de UCR fue escenario de un incidente cuando un grupo de cinco desconocidos forzaron las puertas e ingresaron en el local de calle Alsina para generar destrozos en la oficina de Lousteau, presidente del centenario partido.
Fuentes del radicalismo consultadas recordaron que se trató del «segundo atentado» de aquel año contra el local partidario pero que el último episodio guardaría relación por el tenso debate en torno al PIN y la acusación del Ejecutivo a la Bicameral de haber filtrado el «documento secreto». Y que, pese a la rápida denuncia penal, la causa judicial que investiga el incidente no ha prosperado.
Ningún integrante del grupo parlamentario salió a sentar posición sobre el contenido del programa por su carácter secreto pero desde Balcarce 50 no dudan en atribuir a ese cuerpo legislativo la filtración del mismo. Fuentes parlamentarias consultadas, en tanto, confirmaron que en ese momento «se plantearon objeciones» para cuidar las garantías constitucionales de los ciudadanos.
Quizás producto de la nueva polémica sobre el plan de inteligencia oficial, la Bicameral, que tiene al diputado Leopoldo Moreau como vicepresidente y al senador Oscar Parrilli como secretario, ambos referentes kirchneristas, volvería a reunirse la semana próxima en el Anexo del Senado.
Javier Milei,Santiago Caputo,Secretaría de Inteligencia,Martín Lousteau
POLITICA
Cristina Kirchner pidió a la Corte que le saquen la tobillera y le permitan visitas irrestrictas
Cristina Kirchner pidió a la Corte Suprema de Justicia que le saquen la tobillera electrónica que controla el cumplimiento de su condena mientras está presa en su casa.
La expresidenta también solicitó que se flexibilice el regimen de visitas en su departamento de San José 1111 de Constitución.
La defensa de Cristina Krichner planteó un recurso extraordinario contra el fallo de la Cámara de Casación que había ratificado las reglas de conducta restrictivas que le impusieron los jueces que la condenaron.
El abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, también recusó a los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti.
Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario en su departamento de San José 1111, en Constitución.
El uso de la tobillera electrónica fue confirmado tanto por el tribunal como por la Cámara de Casación. La defensa cuestiona la necesidad de mantenerla.
El 12 de julio pasado, la Cámara de Casación confirmó que Cristina Kirchner se mantenga con tobillera electrónica en su lugar de detención y que continúe con el actual régimen de visitas restringido.
La defensa de la expresidenta había pedido quitársela y el fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, había reclamado que se modificara el domicilio en aras de su seguridad y la tranquilidad de los vecinos.
Beraldi pidió que le saquen la tobillera electrónica y flexibilicen el régimen de visitas, que exige que autorización previa para visitas no incluidas en una nómina de familiares y allegados.
Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, por mayoría, decidieron mantener sus condiciones de detención en ese lugar
También se pronunciaron sobre el recurso presentado por el fiscal Mario Villar, que había sugerido un cambio en el lugar de detención y mantener el actual régimen de prisión domiciliaria.
El juez Gustavo Hornos, quien votó en primer término, rechazó los planteos de Cristina Kirchner y sostuvo la validez del uso de la tobillera electrónica de vigilancia y de la obligación de solicitar autorización judicial para visitas fuera de la nómina original.
Hornos dijo que “este tipo de maniobras constituye un atentado contra el sistema democrático” y que “la corrupción, como delito doloso contra el Estado que conlleva enriquecimiento ilícito, ha sido reconocida como una de las formas más graves de ataque a las instituciones republicanas”.
Por eso, “el proceso penal y su sanción constituyen el más poderoso medio del que dispone el Estado para restituir el orden quebrantado”.
El juez formó mayoría con su colega Diego Barroetaveña, quien también avaló el mantenimiento de las medidas de control.
Barroetaveña dijo que no existe prohibición para que el juez imponga reglas de conducta siempre que sean pertinentes y estén vinculadas a las condiciones de la condenada. Consideró que la restricción de visitas (exigiendo autorización para personas no listadas) es una “mínima restricción” y una precaución para la seguridad de la expresidenta, así como una atribución del juez para velar por el cumplimiento efectivo de la pena sin desnaturalizarla.
Además, señaló que el planteo de la defensa era “conjetural” ya que no se había rechazado ninguna visita hasta el momento, e incluso se había autorizado una visita del presidente de Brasil, Lula da Silva.
Sobre el uso de tobillera Barroetaveña afirmó que este mecanismo es el más eficaz para controlar el cumplimiento de la detención domiciliaria y que su implementación permite una modalidad de cumplimiento “cualitativamente mejor” que la prisión carcelaria, sin ser una “mortificación o estigmatización”.
Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia por revocar la obligación de utilizar tobillera electrónica, y el régimen de autorizaciones.
Borinsky explicó que el juez de ejecución tiene jurisdicción en lo que se refiere exclusivamente al control sobre el cumplimiento de las sanciones impuestas a un condenado y aclaró que, momentáneamente no existirían motivos para obligar a un cambio de domicilio; sin perjuicio de que a futuro pudieran evaluarse otros sitios alternativos, a fin de preservar la tranquilidad pública y la paz social.
ratificado las reglas de conducta restrictivas que,Hernán Cappiello,Conforme a
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La Junta Electoral no autorizó listas en distritos clave para el peronismo en PBA y bajó a un candidato del Evita
Hay grandes posibilidades que en las próximas elecciones el espacio de Fuerza Patria no tenga una lista local unificada en el municipio de Morón y no compita en la ciudad de San Nicolás. Así quedó plasmado tras las distintas resoluciones que emitió la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la oficialización de candidaturas dispuesto por el calendario electoral.
El traumático cierre de listas que vivió Fuerza Patria tuvo sus consecuencias. La falta de acuerdo por el orden y los nombres en la Primera sección electoral produjo un movimiento en la lista cargada luego de la prórroga que había dispuesto la Junta Electoral para que el peronismo termine de negociar las nóminas. Al momento de la carga digital, el casillero número cinco —con posibilidades acceso al Senado bonaerense- quedó en blanco. La pulseada por ese lugar la encabezaron el sector de Kicillof y el kirchnerismo. Había dos nombres: el ex intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, por el Movimiento Derecho al Futuro, y el exdiputado nacional, Leonardo Grosso, por el Movimiento Evita, en acuerdo con el sector de Máximo Kirchner. Finalmente, Grosso quedó inscripto aunque luego del 21 de julio cuando fue la presentación de lista virtual. Sobre esa cuestión se amparó la Junta para no dar lugar a la oficialización de su candidatura. Sin embargo, el vocal de la misma, Federico Thea, -exintegrante del gabinete de Kicillof- pidió “un pronunciamiento expreso respecto de la inclusión del candidato Leonardo Grosso como Quinto Senador de la Primera Sección Electoral por la Alianza Fuerza Patria”, ya que —según considera— “de la documentación acompañada y reseñada precedentemente, se desprende que existió una clara manifestación de la voluntad del candidato Leonardo Grosso a ocupar el quinto lugar de senador de la primera sección electoral”, y que “debe primar siempre la voluntad legítimamente expresada, la que prevalece por sobre cuestiones de excesivo rigor formal”.
Pese a ello, Grosso no será candidato. Su lugar quedará ocupado por quien originalmente estaba en el casillero siete. Se trata de Fernando Coronel; vicepresidente del partido Frente Grande que comanda el intendente de Ensenada, Mario Secco. La decisión tiene implicancias políticas en el marco de la interna del peronismo, toda vez que Coronel se encolumna dentro del MDF. Si el peronismo hace una buena elección en la Primera sección electoral —que renueva ocho bancas— el quinto casillero queda en una posición expectante para su ingreso al Senado y más aún si el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, que encabeza la lista, finalmente no asume su banca. En este escenario, Kicillof podría tener mayor presencia propia en la Cámara alta para los próximos dos años de gobierno. La decisión de la Junta despertó malestar dentro del Movimiento Evita y apuestan a una reconsideración de la decisión ante la Junta.
El organismo también avaló la candidatura a diputado de Fuerza Patria por la Tercera sección electoral, Facundo Tignanelli. Su inclusión como segundo candidato de la lista que encabeza la vicegobernadora, Verónica Magario, fue objeto de algunas observaciones.
En este marco, los vocales de la Junta, Gustavo De Santis y Federico Thea, aclararon de forma expresa que no existe impedimento legal para la postulación de Facundo Tignanelli. El legislador es uno de los jefes de La Cámpora en PBA y además de ser el actual presidente de la bancada peronista en la Cámara baja bonaerense, ocupó una suplencia como diputado en 2021. Sin embargo, esa suplencia fue inferior a dos años —faltaban solo nueve días para completar dicho lapso—, por lo que no se toma en cuenta para restringir su nueva postulación. La intendenta de Quilmes y compañera de lista de Tignanelli, Mayra Mendoza, celebró en sus redes la decisión de la Junta.
¿Dos municipios sin lista de Fuerza Patria?
Entre las resoluciones de la Junta Electoral bonaerense, también están la oficialización de la lista del Partido del Trabajo y la Equidad de Morón, que encabeza el intendente Lucas Ghi y la semana pasada ya había oficializado la lista Nuevo Morón que con Martín Sabbatella como primer candidato a concejal. Estas dos decisiones son otro capítulo en la discusión interna por la conducción y representación política del municipio de la Primera sección electoral. El intendente, encolumnado en el MDF, por un lado, y el ex intendente y líder de Nuevo Encuentro, habían presentado sus listas propias ante la posibilidad de que la Junta no oficialice la nómina local de Fuerza Patria. Es que cómo ocurrió con el caso de Grosso, la misma, fue inscripta fuera de los tiempos formales, producto de la negociación entre ambos sectores.
Ahora Fuerza Patria Morón hizo una presentación para dejar sin efecto la baja de la boleta que dispuso la Junta. Si el organismo no da lugar al pedido habrá dos listas cortas para concejales e incluso la lista seccional de Fuerza Patria tendrá en Morón un solo cuerpo.
En San Nicolás se encamina una situación parecida. La Junta no dio lugar a la lista a concejales de Fuerza Patria, producto de que la misma —que encabeza la ex candidata a intendenta y titular del Consorcio del Puerto de San Nicolás, Cecilia Comerio— fue presentada fuera de término, producto de las desavenencias internas del peronismo.
La complejidad —en el marco de la estrategia seccional del peronismo— es que, de no haber marcha atrás a la decisión de la Junta, no habrá lista a concejales del peronismo. Así, en San Nicolás, la lista de Fuerza Patria para la Segunda sección electoral también tendrá un solo cuerpo.
Este distrito representa casi el 20% del padrón electoral de toda la Segunda sección. Es la ciudad cabecera y el resultado allí será decisivo en el reparto de las once bancas a diputados provinciales que se disputan. Además, como dio cuenta Infobae, San Nicolás es uno de los distritos clave en la agenda de campaña de Kicillof. Por el lado de Fuerza Patria, la nómina la encabeza el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, acompañado por la actual funcionaria del ministerio de Mujeres bonaerense y miembro de La Cámpora, Evelyn Flores, oriunda de San Nicolás.
“Esta resolución excluye al peronismo nicoleño de la contienda electoral y vulnera el derecho a la libre elección de gran parte de la ciudadanía, en un contexto en el que nuestro movimiento tiene a su principal referente, Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del PJ nacional, injustamente detenida y proscripta”, plantearon este viernes desde el kirchnerismo nicoleño. A través de un comunicado describieron a la decisión del tribunal electoral como una “arbitrariedad” y un “agravio que daña gravemente a la democracia”. Desde este sector también se remarcó que “recurriremos a todas las herramientas legales para defender su derecho a votar y nuestro derecho a participar”.
POLITICA
El fuerte cruce entre Bullrich y el ministro de Seguridad de Kicillof por la causa de la purga policial en Buenos Aires
Un fuerte cruce ocurrió este viernes entre la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y su par en la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. Fue en relación con la causa que investiga la purga policial de 24 altos mandos de la Policía Bonaerense que se reunieron con Maximiliano Bondarenko, el candidato actual de Javier Milei por la tercera sección electoral y denunciado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Bullrich aseguró que dicha causa es “inventada” por Kicillof, a quien también calificó de “inútil”. “Le armó una denuncia a Maxi Bondarenko y echó a 25 policías en una provincia donde la seguridad no sobra”, escribió en X.
La ministra sostuvo que ahora “el show se le dio vuelta” al mandatario provincial. “Ahora el fiscal lo investiga por espiar ilegalmente a policías bonaerenses durante más de 10 años. Persecución, abuso de poder y espionaje ilegal”, señaló en la red social. Alonso no tardó en responder y manifestar que “Bullrich miente”.
A fines de julio, una investigación interna que partió de una denuncia anónima derivó en el desplazamiento de altos mandos de la policía que estaban acusados de militar para el candidato mileísta. Bondarenko es un exintegrante de dicha fuerza y actual concejal de Florencio Varela. Será la cara libertaria en la sección que representa el bastión del peronismo históricamente.
La denuncia indicaba que este grupo de efectivos integrantes de la cúpula de la Policía Ecológica, con puestos de conducción y cargos de alta jerarquía, realizaban tareas políticas para Bondarenko. Eran directores, subdirectores y jefes de operaciones, con cargos de comisarios mayores y comisarios inspectores. También hacía referencia a un asado que habrían tenido los acusados con Bondarenko una semana antes de que fuera anunciado como candidato libertario en Florencio Varela.
Bondarenko rechazó las acusaciones de Kicillof y sostuvo que compartió “un asado de camaradería” con los policías, con quienes tenía una relación de amistad.
La Dirección de Asuntos Internos de la Bonaerense tomó acción y allanó las oficinas de los efectivos. Encontraron “gran cantidad de material probatorio y partidario”. Alonso dispuso el pase a disponibilidad de todos ellos mientras continúa la investigación judicial.
“Bullrich miente. ¿De dónde surge tanta preocupación por esta causa, ministra? No interfiera con la investigación judicial. No hay nada de lo que dice que sea cierto: la causa por conspiración sigue en marcha, con más pruebas cada día. Ya se lo informé“, escribió el ministro bonaerense en X.
Alonso la llamó a “no sentirse perseguida por la historia” donde ella “fue acusada por el actual Presidente y que nunca se aclaró”. “Intente no repetir los mismos hábitos: la mentira no conduce a nada. Si están nerviosos por alguna medición electoral que están viendo, no intente intervenir en la Justicia mintiendo. Los hechos son claros”, señaló.
En medio de la investigación, unos presuntos chats entre Bondarenko y los policías acusados se filtraron. Fue ante ello que el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Bullrich, presentó una denuncia por espionaje ilegal, persecución ideológica y abuso de autoridad.
Lo hizo ante la fiscalía general de La Plata y ahora la Justicia debe investigar cómo se accedieron a fragmentos de esas conversaciones. Según la presentación de la cartera, la División de Asuntos Internos recibió pruebas que incluían chats de WhatsApp, nombres, audios y diversos planes de acción para la Policía Bonaerense.
En su denuncia, el Ministerio de Seguridad aseguró que Bondarenko prestó servicio en la policía durante 25 años donde por “su labor profesional” formó “vínculos con sus compañeros de trabajo, afianzados por toda una vida de relación”.
“Ese grupo de compañeros y amigos, casi familiares de toda una vida —como es natural— se reúnen asiduamente”, explicaron. También negaron que los acusados hayan participado en “supuestos hechos de sublevación” y que, por ende, fueron cesanteados por “razones puramente ideológicas”.
Una semana atrás, la denuncia de Kicillof se redujo a una causa por malversación de caudales por el uso de computadoras oficiales para tareas particulares. Tal como publicó , el fiscal subrogante Álvaro Garganta recibió siete computadoras secuestradas a los policías investigados y pidió realizar un peritaje. En tres de ellas hay documentación señalada como incriminatoria para los efectivos.
Son notas con el logotipo de La Libertad Avanza con pedidos de acceso a la información para conocer el despliegue policial y de móviles en Esteban Echeverría. Allí se mencionaban trabajos como planes de seguridad. Hay siete policías que son los más complicados porque son los dueños de las computadoras secuestradas.
Aunque Kicillof inició un sumario administrativo contra los policías por realizar actividad política mientras estaban en funciones -lo que es una violación de la ley orgánica de la Policía Bonaerense-, no alcanza para una imputación penal.
investiga la purga policial,Kicillof,el desplazamiento de altos mandos de la policía,Florencio Varela,QUIÉN ES MAXIMILIANO BONDARENKO, EL EXCOMISARIO QUE SERÁ EL CANDIDATO DE JAVIER MILEI EN LA TERCERA SECCIÓN ELECTORAL,August 8, 2025,presentó una denuncia por espionaje ilegal,la Policía Bonaerense,Tal como publicó LA NACION,Patricia Bullrich,Axel Kicillof,Conforme a,,Sorpresa. Zamora anunció a su candidato para sucederlo en Santiago del Estero,,Por la baja de la inflación. Fijan un nuevo criterio de actualización en juicios laborales,,Alianzas. Lousteau-Manes: un proyecto amparado por Schiaretti, pero fuera del grupo de los cinco gobernadores,Patricia Bullrich,,»Qué maleducada». Bullrich denunció que una mujer le tiró agua en la cara a otra en un colectivo porque pensó que era ella,,Mensaje a los gobernadores. Patricia Bullrich arremetió contra la “avenida del medio” y dijo que se trata de “kirchnerismo de baja intensidad”,,Pese a su distancia con Macri. Bullrich, a favor de que La Libertad Avanza y Pro vayan juntos en las elecciones de la Ciudad
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