POLITICA
El Presupuesto 2026 no prevé una reforma previsional e ignora las leyes de emergencia pediátrica y de discapacidad

CÓRDOBA.- A días del inicio del debate del presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias, un trabajo del Ieral, de la Fundación Mediterránea, con foco en el gasto social -que representa tres cuartas partes de las erogaciones públicas nacionales- subraya que no se prevé en el presupuesto un cambio en el sistema previsional ni se contempla cumplir con las leyes de emergencia pediátrica y de discapacidad. Tan es así que el gasto en esas áreas aparece en mínimos históricos.
En las reuniones que viene manteniendo el ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores (mañana martes estará en Misiones), los mandatarios plantearon la necesidad de cumplir con esas leyes, que fueron apoyadas por los legisladores que les responden.
Otro tema importante es la incertidumbre en torno a la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, que fue vetada por el Poder Ejecutivo, pero que el Congreso ratificó: el proyecto no incorpora los costos adicionales que implicaría su aplicación.
La previsión de aumento del gasto social es del 5,5% por encima de la inflación, pero al considerar un PBI en expansión (6%), se mantendrá en niveles similares a los de este año.
El mayor crecimiento se registra en Salud, con 17% real, impulsado por mayores erogaciones en hospitales nacionales, trasferencias al PAMI y partidas sanitarias de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Sin embargo, el Ieral plantea que las proyecciones están subestimadas porque no contemplan el impacto fiscal de las leyes de emergencia sanitaria en discapacidad y pediatría sancionadas por el Congreso, que rechazó el veto presidencial. Son leyes que el Poder Ejecutivo deberá, por ende, aplicar.
El presupuesto total de la Andis muestra una reducción real del 4%; habrá un recorte en lo destinado a pensiones no contributivas. Esto va en el sentido contrario a lo dispuesto por la ley de emergencia que se sancionó después del ingreso del proyecto.
Los fondos para la agencia acumulan una pérdida real del 23,9% desde 2023. Medido en términos del PBI, es el “valor más bajo desde la creación” del organismo, reseña el informe.
El ajuste se concentra especialmente en las pensiones por invalidez laboral, que -de no modificarse el texto- experimentarán una reducción del 13% (con una caída en el número de beneficiarios de 1.130.000 a 977.000 personas). Esta contracción “podría vincularse a los procesos de auditoría y revisión de beneficiarios orientados a mejorar la focalización del gasto”, según el informe.
Si se aplicara la ley de emergencia en discapacidad, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) habría una incorporación de entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios a la pensión por discapacidad, con un costo fiscal de entre 0,25% y 0,48% del PBI.
Además, la iniciativa incluye medidas complementarias: incentivos a la contratación mediante la exención del 50% de las contribuciones patronales por nuevos trabajadores con discapacidad (0,0015% del PBI), una compensación de emergencia a prestadores (0,03% del PBI) y la actualización de asignaciones a Talleres Protegidos de Producción (0,0009% del PBI). En conjunto, se estima que el impacto fiscal de la ley es de entre 0,28% y 0,51% del PBI.
Aunque hay un aumento por encima de la inflación para Educación y Ciencia y Técnica, y el componente más importante -con más incidencia en la expansión del gasto- son las universidades, el conflicto con las altas casas de estudios sigue latente. Las transferencias corrientes a universidades nacionales registran un alza real del 8,5% en 2026, lo que es una recuperación parcial frente a las fuertes caídas de 2024 (28,1%) y 2025 (7,8%).
El gasto entre 2023 y 2026 se mantiene 28% por debajo del gasto de 2023 en términos reales, alcanzando mínimos históricos medido como porcentaje del PIB.
En cuanto a la Ley de Financiamiento Universitario, según cálculos de la OPC, en el ejercicio en curso tendría un impacto presupuestario equivalente al 0,23% del PIB. Esas estimaciones contemplan medidas que implican un salto por única vez de las partidas presupuestarias con impacto en el ejercicio 2025, elevando el piso del gasto del año próximo.
Para Promoción y Asistencia Social, el aumento real interanual es del 2,7%, por debajo del incremento del PBI, consolidando una caída del 23% real en relación con 2024. “No se advierten expansiones significativas ni nuevos programas, lo que sugiere una estrategia de contención del gasto en este plano”, sostiene el instituto de la Fundación Mediterránea. Lo mismo pasa con las partidas para Trabajo y Vivienda, que registran una baja real del 2%, “continuando la tendencia de contracción iniciada en 2024 por la disolución de programas sociales y la caída en la inversión en infraestructura”.
En Seguridad Social se prevé una suba del gasto del 5% por encima de la inflación con respecto a este año, con lo que lo destinado a este rubro se mantiene estable. En perspectiva histórica, las erogaciones previsionales como porcentaje del PBI siguen 30% por debajo del pico histórico de 2017 (dejando de lado el año de la pandemia).
El “bono previsional” (fijado en $70.000 desde marzo de 2024), se mantiene sin actualización, lo que implica una fuerte licuación. El Ieral sostiene que el instrumento, “concebido como medida transitoria, presenta problemas de focalización y alto costo fiscal”. El informe sostiene: “Sería más eficaz rediseñarlo para concentrar la asistencia en adultos mayores en situación de vulnerabilidad, logrando así un mejor efecto redistributivo con menor gasto».
La no renovación de las moratorias es el principal factor del alza en el gasto en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), plan que otorga una cobertura previsional a las personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión. La PUAM se expande 38% en términos reales, con un aumento del 23% en la cantidad de beneficiarios, que pasarían de 191.210 a 235.208. Las jubilaciones y pensiones registran un crecimiento de 6,9%, y las no contributivas, de 5,4%.
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POLITICA
La Justicia argentina dio otro paso en la causa por posible daño ambiental de la planta de hidrógeno en Uruguay

Frente a lo que algunos ya denominan una “nueva Botnia”, por su similitud al conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de la pastera sobre el río Uruguay, la Justicia de Entre Ríos emitió una resolución en la que se pronunció a favor de avanzar en la demanda por daños ambientales contra la planta de biocombustibles situada en Paysandú, en territorio uruguayo, a solo tres kilómetros de la ciudad de Colón.
Así se desprende del dictamen de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, al que tuvo acceso Infobae, que resolvió que el reclamo contra el Estado uruguayo y la multinacional chilena HIF Global SA debe tramitarse ante un juzgado federal local, y no de manera directa por la Corte Suprema de Justicia.
El dictamen, firmado el 18 de marzo por la fiscal María Josefina Minatta, se pronunció por la medida interpuesta por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador Adán Bahl, los tres integrantes de Fuerza Patria.
Para los legisladores, la instalación de la planta en cuestión no está cumpliendo con la normativa que debe aplicarse al caso, esto es, la establecida en el Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia fijada por la Corte Internacional de La Haya en el caso “Botnia-UPM”, que tensó la relación bilateral y coincidió con los mandatos de los entonces presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez.

Con la nueva resolución, se abre un camino para que medidas preventivas, como el reconocimiento judicial de las costas y el análisis de las aguas, sean tratadas por el juzgado federal local.
El reclamo ambientalista contra la nueva planta viene creciendo en las últimas semanas. Días atrás, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, planteó que la refinería de combustibles sintéticos frente a la costa argentina “tiene que relocalizarse”.
Sin embargo, hasta el momento no hubo avances concretos desde el lado argentino. En ese contexto se inscribe la resolución de la fiscal Minatta.
«La inacción y falta de gestión de Frigerio llevó a esta situación de tener que solicitarle a la justicia que, en el marco de la ley y los tratados internacionales, se actúe y tomen medidas. Frigerio quería distraer a los vecinos de Colón con fuegos artificiales; ahora deberá ponerse a trabajar de manera seria y profesional”, cuestionó el massista Guillermo Michel.

Los fundamentos de la Fiscalía
La presentación judicial advirtió que la instalación de la planta en Paysandú podría generar contaminación y otros impactos negativos sobre la localidad argentina, por tratarse de una zona fronteriza. Pero antes de involucrarse en esos aspectos y en la cuestión de fondo, debía resolverse la competencia judicial sobre cuál era el tribunal competente para tramitar la cuestión.
En ese marco, la fiscal Minatta debía analizar si la demanda podía ser tratada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en instancia originaria, es decir, como única y primera instancia de resolución, o si debía canalizarse ante un juzgado federal ordinario.
Para fundamentar su postura, la fiscal repasó que el acceso directo a la Corte Suprema en causas civiles solo es posible en situaciones excepcionales, como cuando intervienen provincias argentinas, embajadores o diplomáticos extranjeros.

Desde la jurisprudencia, la resolución señala que el máximo tribunal “ha dicho reiteradamente que los Estados extranjeros y sus representaciones diplomáticas no están habilitados a litigar directamente ante la Corte Suprema en este tipo de causas”. La Constitución establece taxativamente cuáles son los reclamos de competencia originaria. Y citó antecedentes del propio tribunal, entre ellos, el precedente “Sojo”.
De esta manera, el dictamen reconoce el derecho de los particulares a acudir a la Justicia para proteger intereses colectivos, como el ambiente, y precisa que esa demanda no habilita a saltear las instancias judiciales.
Un conflicto de voltaje diplomático
El caso implica una nueva pelea entre Argentina y Uruguay por eventuales daños ambientales en el litoral, lo que reabre viejas heridas recientes, como el litigio que llegó hasta la Corte Internacional de la Haya por la pastera de Botnia-UPM.
La planta de HIF Global está proyectada a 15 kilómetros del centro urbano de Paysandú, en Uruguay, en cercanías del Área Protegida Islas del Queguay y a solo cuatro kilómetros en línea recta del centro urbano y la costanera de Colón.
El proyecto contempla la construcción de instalaciones destinadas a la producción de hidrógeno “verde”, junto con áreas de almacenamiento químico, plantas energéticas asociadas y un uso intensivo del recurso hídrico. Representará una inversión de más de 5 mil millones de dólares, y el complejo tendría la capacidad de producir 876 mil toneladas de e-metanol y 313 mil toneladas de e-gasolina.
Por el momento, la tensión está relativamente contenida y con un canal de diálogo abierto. Ambos países vienen sosteniendo reuniones bilaterales, entre ellas, como la del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con el gobernador Frigerio. También hubo bilaterales con las representaciones diplomáticas de las dos fronteras entre los cancilleres Pablo Quirno y Mario Lubetkin.
Esa vocación de entendimiento la expresó el presidente Orsi, al ponderar que hay voluntad de Argentina de negociar y la expectativa de “lograr acuerdos” por el proyecto de hidrógeno verde en Paysandú.
Lo cierto es que, junto a la demanda judicial del peronismo, hay chispazos latentes. Frigerio insiste en evitar la instalación de “una nueva Botnia” y “repetir el tremendo mal paso que dio la Argentina” hace 20 años. En la misma sintonía, el intendente de Colón, José Luis Walser planteó también que se “debe relocalizar, sí o sí, la planta”, y en caso contrario se recurrirá a la Justicia.
Desde el lado uruguayo, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, criticó a Frigerio y pidió ser “cuidadosos en el tono y en las formas”, al reivindicar el diálogo como vía de resolución. “El conflicto de Botnia nos tuvo que dejar como enseñanza que si la irracionalidad le gana al diálogo, las poblaciones quedan de rehenes”, afirmó el jefe comunal del país vecino.

Como si fuera un fantasma del pasado, la discusión sobre cómo afrontar y mitigar los daños ambientales de este tipo de proyectos productivos reaparece una y otra vez. Curiosamente, la primera planta de UPM en Uruguay, ubicada Fray Bentos, tuvo la semana pasada el primer derrame de ácido sulfúrico en el puerto de la ciudad.
El incidente se registró 17 años después de que entrara en funcionamiento.
POLITICA
Carlos Stornelli: “Hay muchísimas pruebas coincidentes. No se trata de los cuadernos, sino de todo lo que se pudo probar”

El fiscal federal Carlos Stornelli, quien investigó el caso de los cuadernos de las coimas, quedó en el centro de las denuncias de Cristina Kirchner esta semana, cuando fue indagada en el juicio oral como sospechosa de ser la jefa de la organización dedicada a cobrar sobornos para conceder contratos de obra pública. La expresidenta lo llamó “mafioso” y lo acusó de extorsionar testigos.
En una entrevista con , Stornelli rechazó las acusaciones, explicó que la justicia lo sobreseyó de todos los cargos y consideró que las denuncias son una “estrategia para desacreditar la investigación”.
Sentado en un sillón de su despacho del quinto piso de Comodoro Py 2002, el fiscal federal está rodeado de papeles que crecen como torres sobre su escritorio. Encima de un armario sobresalen dos relojes. Son elegantes, antiguos, como los que se colocan sobre las repisas y durante la entrevista sonarán con gongs y campanas para marcar las horas y las medias horas. Stornelli es un fanático de esos aparatos antiguos.
Es prudente cuando contesta sobre las pruebas que se obtuvieron y si vaticina una condena: “Puedo hablar de la convicción que me llevó a elevar la causa a juicio. Lo demás está en manos de la doctora [Fabiana] León, que es una gran fiscal y va a llevar el juicio de una manera brillante”
-¿Cristina lo calificó públicamente de mafioso. ¿Cómo le responde?
-No respondo a ese tipo de cosas. Además, no son nuevas; se dijeron y se hicieron cosas peores a lo largo de los años. Estoy acostumbrado y no les doy importancia. Es una táctica y una estrategia para distraer la atención sobre algo que sucedió y que quizás no pasó muy advertido: que algún imputado eligió no dar explicaciones. Yo sabía que eso iba a pasar porque tampoco lo había hecho en la instrucción.
-¿La idea es erosionar y desacreditar la causa?
-Sí, obvio. Es la reedición de un operativo fallido, que quizás estuvo plasmado en un libro de corta vida. Además de ser una operación, rápidamente se pudo establecer cómo había sido armado. No es más que una reedición de los mismos argumentos que se vienen utilizando desde 2019.
– ¿Cómo le contaría esa historia a la gente para que entienda que esto fue un operativo que salió mal?
–Lo importante no es el operativo en mi contra, sino entender que son tácticas para desviar la atención. La verdadera atención debe estar en el inicio de un juicio enorme, en el que se han ganado todos los planteos en todas las instancias. Las opiniones que se puedan tener sobre mí no deben distraer de lo verdaderamente importante, que es el inicio del juicio.
–A partir de estas acusaciones hubo una investigación sobre usted. ¿Esto era una estrategia coordinada para voltear la causa?
-Todas las acusaciones fueron desechadas. Intervinieron numerosos jueces y en muchos casos llegaron hasta la Corte Suprema, donde también fueron rechazadas. Otras denuncias que me han hecho corrieron la misma suerte. Obviamente, era una estrategia para voltear la causa que, por lo visto, no tuvo éxito, con la intención de desviar la atención hacia temas ya resueltos y alejarla de la verdad, que es el juicio.
-¿Qué evidencias son irrefutable en el expediente y no tienen discusión?
-Si hay un juicio, es aventurado decir que no hay discusión, porque ahora viene el debate sobre la prueba. La prueba que reunimos con el juzgado fue suficiente para dictar los procesamientos y llevar las causas a juicio. Esto no fue un capricho del doctor [Claudio] Bonadío, ni de una voluntad personal; intervinieron numerosos jueces en instancias superiores y otros colegas de grado resolvieron en el mismo sentido. Hay muchísimas pruebas coincidentes con las que se completó el plexo probatorio.
-En esta última etapa se cuestionó la cadena de custodia de los cuadernos. ¿Pudieron asegurar la integridad de esa prueba?
–La prueba consiste en unos cuadernos que al principio se recibieron en fotocopias y fotografías de alta definición, producto de una investigación periodística de , además de filmaciones sobre cómo los recibió el periodista Diego Cabot. Unos meses más tarde aparecieron seis de los ocho cuadernos originales y se comprobó que los facsímiles y fotografías coincidían plenamente con los originales.
-¿Por qué esta causa es sólida y tiene que ser juzgada?
-Es una causa muy grande porque abarca maniobras producidas a lo largo de varios años. Hay numerosísimas pruebas coincidentes. No se trata solo de los cuadernos, sino de todo lo que se pudo probar a partir de ellos: muchísimas testimoniales, peritajes y demás. Toda la prueba ha sido contundente para verificar las hipótesis delictivas por las cuales enviamos la causa a juicio.
– ¿El caso revela una situación de corrupción estructural en la Argentina?
-Sí.
-¿Este sistema sigue vigente?
–La corrupción es atinente a la administración pública en general; no es patrimonio exclusivo de un partido político, ni de una gestión gubernamental. Las administraciones públicas son enormes y siempre hay focos de corrupción en alguna parte. Cuando me toca una causa, investigo como lo he hecho a lo largo de toda mi carrera.
-¿Por qué es tan difícil llegar a una condena o a una sentencia firme en estas causas?
-Hay varias respuestas. Algunas tienen que ver con la propia justicia, otras con la magnitud y complejidad de las maniobras, y otras con lo que plantean las partes, que a veces es legítimo y a veces son chicanas procesales. En este caso en particular, logramos elevar la causa a juicio en menos de un año, lo cual es bastante rápido para los parámetros habituales. Hay que tener en cuenta que intervienen más de un centenar de partes que hacen planteos, apelaciones y recursos. La causa es enorme y eso lleva tiempo; apresurarse a tontas y a locas tampoco ayuda.
-¿La herramienta de los arrepentidos fue eficaz o trajo más controversias?
-Fue muy eficaz. Es una ley que con certeza podría perfeccionarse para darle más herramientas al Ministerio Público a la hora de lograr acuerdos. Aunque para nuestro ordenamiento jurídico era un instituto novedoso en esa época, resultó ser muy útil para avanzar en la averiguación de la verdad. Cuadernos es una de las causas en las que se usó, aunque yo ya había celebrado acuerdos de colaboración en otras.
-¿Se sintió respaldado por el resto del Poder Judicial?
-Uno no se pone a pensar demasiado en eso, no hay tiempo para distraerse. Es una causa que a vos y a tu equipo les lleva no solo tiempo completo, sino la vida entera, es full life.
-¿Qué costo personal tuvo el caso, en cuanto a presiones o falta de tiempo para otras cosas?
–Es mi vocación y lo asumo. En una investigación de esta magnitud, uno sabe que van a pasar cosas como las que ocurrieron.
-¿Habla de las denuncias? ¿Sabía que vendrían?
-Lamentablemente son parte del show. Hay gente que juega lealmente y gente que no. Ya lo conozco por experiencias pasadas, pero son cuestiones que se asumen desde la vocación.
–A la luz de lo que pasó con las grabaciones, ¿hubiera hecho algo diferente, tomado otras decisiones o actuado con mayor prudencia?
-La pregunta encierra una afirmación que no comparto. Obviamente, desde la experiencia siempre es posible corregir cosas, pero en términos generales, creo que se ha trabajado muy bien.
-¿La sociedad sigue creyendo en la lucha contra la corrupción o es más escéptica?
-Dos cosas diría. Primero, nosotros no podemos trabajar para la tribuna; nuestro objetivo es perseguir el descubrimiento de la verdad, lograr que se haga justicia y que se inicie el juicio. Y, en segundo lugar, la confianza pública se construye a lo largo del tiempo y perseverando en las buenas prácticas. Eso requiere un esfuerzo conjunto. Mientras el nombre del fiscal o el juez en un expediente sea un tema importante, quiere decir que todavía nos falta mucho por hacer.
¿Va a haber condenas?
-Yo puedo hablar de la convicción que me llevó a realizar las elevaciones a juicio. Lo demás está en manos de la doctora León, que es una gran fiscal y va a llevar el juicio de una manera brillante.
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POLITICA
Bajo el radar, Massa pide “guardar el rifle sanitario” para rearmar a la oposición y sale al interior del país y la provincia

Detrás de la forzada reaparición de Cristina Kirchner para declarar en la causa de los Cuadernos y del lanzamiento del think tank con el que Axel Kicillof busca darle volumen a su proyecto presidencial, se suceden en el peronismo movimientos que comienzan a darle forma a un tercer espacio que, de establecerse, podría sentarse a la mesa que tomará las decisiones en 2027. La novedad es que Sergio Massa, que sigue volando bajo el radar, está muy activo en ese sentido.
El exministro de Economía y excandidato presidencial de Unión por la Patria no aparece en público. Lo decidió ni bien perdió con Javier Milei en 2023 y mantiene esa lógica a rajatablas. No ofrece entrevistas ni participa de actos políticos. Pero según pudo saber , inició en las últimas semanas una serie de visitas al interior del país y de la provincia de Buenos Aires para hablar mano a mano con dirigentes que no forman parte solamente del massismo.
De esas salidas trascendió una fotografía que publicó en sus redes el intendente de Maipú, Matías Stevanato, quien sostuvo que con Massa habló “sobre el presente de la Argentina y el futuro de Mendoza”. El jefe comunal destacó en el mismo mensaje que el peronismo volvió a ganar una elección de medio término “después de 25 años”. A cuenta de algunos indicadores económicos y de encuestas reservadas, empieza a expandirse en el PJ la idea de que los libertarios no son invencibles.
Por eso no puede considerarse una casualidad que Massa comenzó a dar señales de que está interesado en proseguir su carrera política. En 2024 y 2025 su discurso a puertas cerradas fue que estaba dedicado a su trabajo privado, vinculado al asesoramiento a empresas y dirigentes del exterior. Pero desde el inicio de 2026 desplegó una secuencia de contactos más que sugestivos: uno de ellos fue con Miguel Pichetto, quien transita el camino de regreso al peronismo.
Pichetto, que venía de visitar a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria de San José 1111, se sentó a la misma mesa con Massa y el diputado entrerriano Guillermo Michel, uno de los dirigentes de su entorno al que el tigrense atribuye más proyección política. Si bien los términos de ese encuentro no trascendieron, luego el exministro comenzó a repetir una frase ante sus interlocutores de turno: “En el peronismo tenemos que guardar el rifle sanitario”.
La lógica de Massa no se aplica solo al caso de Pichetto –que estuvo en la vereda de enfrente junto a Mauricio Macri– sino que encierra una idea más densa: “En la Argentina hay un solo movimiento político más importante que el peronismo: el antiperonismo”, dice en la intimidad de sus oficinas de Retiro, en la sede del Frente Renovador. En el fondo, piensa que debe armarse un frente opositor amplio, sin reparar en procedencias ni aplicar el “peronómetro”.
De ahí que sigue con agrado el derrotero de Pichetto –que ya se mostró con Michel y Victoria Tolosa Paz en Sidersa y con el exarmador libertario Carlos Kikuchi en La Plata-, sino que además fomenta otro regreso a las fuentes: el de Emilio Monzó. No parece casual que el exmacrista amigo de Massa haya acompañado a Pichetto a la capital bonaerense y que luego se reuniera con Carlos Bianco, mano derecha de Axel Kicillof, en la sede de la Gobernación.
El incipiente armado del tercer espacio en pugna –si se cuenta al kirchnerismo y al lanzando axelismo- pone en tensión a Massa tanto con Cristina Kirchner como con Kicillof. Con la expresidenta, el tigrense tuvo una última conversación subida de tono, en la que ella le reprochó que la rebeldía de jujeña Carolina Moisés, que ingresó al Senado porque él le habilitó la lista del PJ. La legisladora se fue del bloque porque la intervención kirchnerista la suspendió del partido en su provincia.
Con Kicillof, el problema radica en que el gobernador no lo quiere como un potencial adversario interno en la carrera presidencial y busca alternativas para consolidarlo como un aliado. En una reunión que mantuvieron en la sede porteña del Banco Provincia, el gobernador deslizó que su proyecto necesita un “candidato nacional” para competir en el territorio bonaerense en 2027, como una forma de apuntalar su propio trampolín presidencial.
La respuesta de Massa, según pudo saber este diario, fue esquiva. Le dijo a Kicillof que hay muchos dirigentes con aspiraciones de sucederlo en el sillón de Dardo Rocha en 2027, que los aliente a caminar y que, al final del recorrido, las encuestas expondrán quién se encuentra “electoralmente apto”. La sola sugerencia de que Kicillof le quiere “poner el collar” de una candidatura a gobernador fastidió a Massa, que mandó a su tropa a cruzar la versión.
La reciente interna del PJ bonaerense no despejó, en la mirada de Massa, el camino a la candidatura presidencial de Kicillof. De hecho, en su entorno comentan que hubo dos distritos emblemáticos en juego, Mar del Plata y San Nicolás, y destacan que resultó un “empate 1 a 1″ entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro (MdF), el espacio axelista, en un razonamiento bastante lejano a la matemática triunfalista de los partidarios del gobernador.
Sin embargo, en el Frente Renovador deslizan que dado el escenario que se configura en el peronismo de cara a 2027, el kirchnerismo podría terminar encolumnado con Kicillof, en una vertiente de centroizquierda más nítida, para enfrentar al modelo centrista que comienza a armarse en este 2026. “Ahí la que define es Cristina, si asimila su nueva realidad o si la ´trosquea´ con algunos de La Cámpora que estarían más cómodos al lado de (Myriam) Bregman”, advierten.
No obstante, también hay dirigentes del massismo que sostienen que “no hay espacio” para divisiones electorales frente a La Libertad Avanza (LLA) y que siguen con mucha atención los planes del Gobierno por el formato que adoptarán las PASO. Los alienta la fuerte caída en las encuestas de imagen que detectaron en la figura de Milei -“11 puntos en las últimas cinco semanas”, apuntan- y la dificultad del Gobierno para afrontar los casos $LIBRA y Adorni.
“Hay que poner a Milei frente al espejo. El modelo económico lo va a exponer”, razonan cerca de Massa y repiten como un dogma: “Hay que superar la idea de que el peronismo no deja gobernar”. Mientras tanto, se sacuden las esquirlas de la AFA de Claudio Tapia y Pablo Toviggino y rechazan las sospechas por las maniobras con el dólar cuando Massa fue ministro: “Si miran a Coin X, se van a dar cuenta”, afirman. Pero más que en 2023, con catarsis incluida, ya piensan en 2027.
Mariano Spezzapria,Sergio Massa,Conforme a,Sergio Massa,,Elecciones partidarias. El PJ le bajó la lista al intendente de Tigre, avaló la de Massa y habilitó al menos 12 internas,,Grabois, titiritero de la pobreza,,Peleas de largo aliento. La batalla por el dominio del PJ reaviva los duelos Massa-Zamora y Sabbatella-Ghi
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