La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará una particular medida de fuerza en medio de una serie de modificaciones que se llevarán a cabo en la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y protestarán ante posibles despidos.

El titular del organismo, Rodolfo Aguiar, sostuvo que realizarán un paro “a la japonesa» como una forma de manifestarse en contra de las modificaciones que se llevaron a cabo en el organismo en el sistema de información de juicios y mediaciones que deben presentar las aseguradoras. Estos ajustes, impulsados por la gestión de Claudio Stivelman, establecen nuevos requisitos y plazos para la carga y presentación de datos, generando inquietud entre los trabajadores estatales que advierten sobre la sobrecarga administrativa y el riesgo de recortes de personal.

La medida de fuerza, que se ejecutará bajo la modalidad “a la japonesa”, consiste en que los empleados atenderán reclamos en la puerta del organismo y acelerarán la resolución de expedientes para demostrar su rol central en la defensa del derecho a la salud. De acuerdo a lo informado por el sindicato, el objetivo es visibilizar la importancia de la tarea realizada por el personal ante los usuarios y exhibir públicamente las consecuencias de una eventual reducción de la plantilla.

En respuesta a la resolución de la Superintendencia, ATE expresó un rechazo enfático. El gremio, a través de un comunicado, advirtió que las recientes disposiciones no solo incrementan la presión sobre los equipos técnicos, sino que también podrían traducirse en despidos y afectaciones directas a la operatividad del organismo. Los trabajadores sostienen que la reorganización administrativa, lejos de mejorar el sistema, amenaza con debilitar los mecanismos de control y la capacidad de fiscalización estatal sobre el sector privado.

La protesta sindical fue decidida en asamblea y se llevará a cabo este viernes 20 de marzo en la sede central de la Superintendencia. El plan de acción contempla la atención de reclamos en la entrada principal y una aceleración formal de los trámites, en un gesto que busca evidenciar el compromiso del personal y la magnitud de la tarea cotidiana.

La decisión de adoptar una modalidad “a la japonesa” responde a la intención de ATE de evitar la paralización total del organismo y, en cambio, exponer que una estructura debilitada impactaría negativamente en la defensa de derechos esenciales. En palabras de Aguiar, la protesta pretende “poner en evidencia” la gravedad de la situación y enfrentar lo que consideran un intento de vaciamiento institucional.

La conducción sindical denunció además una presunta “paralización intencional” en la tramitación de reclamos, señalando que el superintendente y sus funcionarios estarían demorando expedientes para vaciar el organismo y beneficiar intereses privados. Aguiar afirmó que “desde la Superintendencia se favorecen negocios multimillonarios a cambio de la muerte de numerosos pacientes”, responsabilizando a la actual gestión por lo que consideran un ataque directo al derecho a la vida.

En el mismo sentido, el gremio denunció la existencia de sanciones aplicadas de manera desigual. Según Aguiar, las autoridades “establecen sanciones sólo para las obras sociales más chicas y miran para otro lado frente a los incumplimientos groseros de las empresas de medicina prepaga”. Este manejo discrecional, sostienen, responde a una estrategia de vaciamiento y desregulación.

Al reclamo vinculado a la actualización del sistema de información se suman otras demandas sindicales. ATE manifestó su rechazo al sistema PROMESA, una mediación prejudicial no obligatoria que, según el sindicato, trasladará costos a los beneficiarios y fomentará la judicialización de los conflictos. Esta iniciativa, advierten, representa un retroceso en el acceso a derechos para los afiliados y usuarios del sistema.

Como parte del plan de lucha, se prevé que la próxima semana se realicen nuevas acciones gremiales, incluyendo una concentración frente a la sede del organismo. ATE insiste en la necesidad de resguardar tanto las condiciones de empleo como los mecanismos de control y fiscalización, advirtiendo que cualquier intento de reducción o vaciamiento afectará la calidad de los servicios y los derechos de los usuarios.

El Gobierno avanza en la definición de un paquete de reformas sobre propiedad privada que apunta a reducir la intervención estatal y dar mayores garantías a los inversores. El Ejecutivo enviará los proyectos a la Cámara de Diputados, aunque reconoce que no hay un borrador definitivo por el momento.

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, anunció que abarcará cambios en las leyes de expropiaciones, de tierras rurales, del régimen de manejo del fuego y los esquemas de regularización dominial, en línea con la lógica de desregulación que impulsaron desde el inicio de la gestión.

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En la Casa Rosada aseguran que uno de los ejes centrales será endurecer las condiciones para expropiar. La intención es restringir la definición de utilidad pública y reforzar el principio de indemnización previa, con el objetivo de limitar la discrecionalidad del Estado. “La idea es que expropiar sea realmente excepcional”, admiten en Nación.

Otro de los puntos clave es la modificación o eventual eliminación de la ley de tierras rurales. Se trata de una iniciativa que ya había sido incluida en el DNU 70/2023, que directamente proponía derogar la norma vigente para eliminar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. El oficialismo busca ahora retomar ese camino por vía legislativa, con el foco puesto en atraer inversiones en sectores como el agro, la energía y la minería.

En el Gobierno reconocen que evalúan avanzar sobre el régimen de manejo del fuego para flexibilizar las restricciones del uso del suelo en zonas afectadas por incendios. La normativa vigente prohíbe durante hasta 60 años en bosques y 30 en otras zonas cualquier cambio de uso del suelo, subdivisión o desarrollo inmobiliario, incluso cuando el fuego no haya sido intencional.

En el Ejecutivo estudian flexibilizar este esquema con el argumento de reducir trabas productivas y darle más garantías a los inversores. El paquete también incluye una revisión del régimen de integración socio-urbana de barrios populares. “La idea es reducir la capacidad expropiatoria”, agregan.

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La ley vigente declara de interés público la urbanización de los asentamientos registrados en el RENABAP y habilita al Estado, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a impulsar expropiaciones de tierras para regularizar la tenencia. Además, establece la suspensión de desalojos y un esquema de financiamiento específico para estos procesos.

En la Casa Rosada buscan restringir el rol expropiatorio del Estado, priorizar acuerdos voluntarios con propietarios, acotar la suspensión de desalojos y revisar mecanismos como la transferencia obligatoria de inmuebles a fideicomisos públicos o la prohibición de comercialización posterior. También evalúan ampliar la participación del sector privado en los procesos de urbanización y regularización dominal.

Gobierno, propiedad privada, expropiacion

La mañana transcurría con normalidad en el anexo de la Cámara de Diputados hasta que de repente se encendieron todas las alertas.

Un joven, con aspecto de repartidor, ingresaba y pasaba por el escáner un paquete que cuando el personal de seguridad miró la pantalla todo salió de la monotonía habitual. El custodio del anexo no lo podía creer y rápidamente dio la voz de alarma. En la pantalla se veía, envuelto en su caja, un rifle ingresando al Anexo del Congreso de la Nación.

Rápidamente se acercaron los custodios y el repartidor quedó demorado. Se activaba el protocolo de seguridad mientras los hombres y mujeres de seguridad se hacían del paquete que en su interior tenía un arma y en su exterior el nombre a quien estaba dirigido: Javier Sánchez Wrba, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque del Pro.

Con la misma inmediatez con la que se movieron para hacerse del paquete, la seguridad llamó al despacho del diputado oriundo de Trenque Lauquen quien, al enterarse, se acercó al ingreso del edificio. “Es un rifle de aire comprimido que compré para el campo”, explicó Sánchez Wrba a los periodistas acreditados, e hizo referencia a que todo fue un mal entendido. “Lo iba a retirar personalmente, pero por un error lo mandaron a la oficina”, dijo el legislador que supo formar parte del equipo de Federico Pinedo.

Una vez esclarecido el hecho, el diputado tomó el paquete y se dirigió a las cocheras del anexo para depositarlo en el baúl de su vehículo.

La repercusión que generó el hecho en redes sociales, y que ralentizó el ingreso al edificio, hizo que el legislador bonaerense señalara que “es un rifle de aire comprimido, ¿cómo se les ocurre que se van a vender armas de fuego por Mercado Libre?”, en referencia a un posteo en X del también diputado Esteban Paulón que hizo referencia al hecho sin nombrar al diputado amarillo.

Desde la presidencia de la Cámara hicieron referencia al rápido accionar de la seguridad pero le bajaron el tono al hecho señalando que el arma “es un juguete y se lo llevó el diputado”.

Hace alrededor de dos semanas atrás sucedió un hecho similar pero en el ingreso del Senado. En la previa a la última sesión ingresaban los senadores al Palacio Legislativo y uno de ellos se quedó en la puerta conversando. Para acelerar los tiempos, le entregó su mochila a una asesor que ingresó y la pasó por el escáner.

En ese momento, y luego de que pasara la mochila, la seguridad del Senado la retuvo frente a la mirada de la asesora que no entendía el por qué y hacía referencia a que era propiedad del legislador Eduardo Wado de Pedro, del bloque Justicialista.

Enterado de lo que sucedía “Wado” apuró el paso e ingresó al Palacio y fue junto al hombre de seguridad que sostenía su mochila. “Tiene un elemento que no puede pasar”, le dijo frente a la atónita de mirada del mercedino.

Cuando abre la mochila, el gesto de preocupación cambió por una sonrisa: se había olvidado un cuchillo de asado en el interior de la mochila. La tensa situación cambió a risas y el senador prometió salames quintero de Mercedes para agradecerle al hombre de seguridad que ya para ese entonces también sonreía.