La Casa Rosada definió que sus funcionarios se tomen unos días de descanso en enero y eso también incluye a sus principales referentes en el Congreso de la Nación. El objetivo es que mantengan conversaciones pero también “junten energía” para lo que viene. Entre ellos se destacan Martín Menem y Patricia Bullrich, quienes tendrán la responsabilidad de sumar voluntades en el Palacio Legislativo para lograr una pronta sanción de la reforma laboral.

La fecha establecida para llevar el proyecto de ley al recinto de la Cámara Alta es el 10 de febrero. Para ello, el Ejecutivo debe convocar nuevamente a los legisladores a un período de sesiones extraordinarias, algo que, según fuentes de la Casa Rosada, sucederá en los próximos días para iniciar el proceso el 2 de febrero. La reforma laboral ya cuenta con dictamen, por lo que está lista para ser debatida en el recinto. El retraso se debe a que La Libertad Avanza no cuenta con el apoyo del radicalismo.

Bullrich, con una extensa experiencia legislativa, frenó el proceso durante diciembre por la perspectiva de que en el recinto le desguacen la norma. “El dictamen queda abierto para escuchar propuestas“, aclaró la presidenta del bloque libertario cuando anunció que tenían las firmas, pero que no iban al recinto.

Menem realizará una tarea similar en la Cámara Baja, donde debe recomponer relaciones con varios de los socios del oficialismo y sumar a los sectores más dialoguistas. Como presidente de la Cámara de Diputados, tendrá que acercar posiciones con el PRO que, aunque en lo sustancial coincide con la propuesta libertaria, se muestra distante. Sus legisladores, liderados por Cristian Ritondo en general y Mauricio Macri en particular, manifestaron su malestar por el accionar de Menem en las designaciones en la Auditoría General de la Nación. En ese momento, La Libertad Avanza desplazó al PRO y votó junto al kirchnerismo.

Uno de los principales argumentos de La Libertad Avanza para explicar la reforma laboral es que busca “terminar con la industria del juicio”. No obstante, no todos consideran que ese sea el objetivo, y tampoco está claro que la propuesta de la ley sea el camino adecuado.

El Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado señalando que entiende que el trabajo atraviesa un proceso de cambios, principalmente por el uso de la tecnología. Sin embargo, afirma que la modernización “no puede desconocer la desigualdad estructural entre trabajadores y empleadores ni la función protectora del Derecho del Trabajo». Y advierte: “Resulta necesario advertir que cualquier proceso de actualización normativa en materia laboral debe encuadrarse estrictamente dentro de los límites del bloque de constitucionalidad federal y de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de derechos de los trabajadores y trabajadoras”.

En este sentido, la institución que aglutina a los abogados porteños remarcó que la sustitución de la negociación colectiva por acuerdos de voluntad individual o el intento de asimilar el contrato de trabajo a un contrato de derecho privado común “importa un desconocimiento de la protección constitucional vigente”.

El comunicado no pasó inadvertido en la Casa Rosada. Mucho menos teniendo en cuenta que el presidente del Colegio porteño es el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, hombre del radicalismo y ex diputado nacional entre el 2009 y el 2013.

Este dato es relevante porque, aunque Gil Lavedra se retiró de los procesos electorales, sigue formando parte de la UCR, el partido cuyo bloque en el Senado ya le negó los votos a Bullrich en diciembre para avanzar con el proyecto. Y sin sus 10 legisladores es poco probable que la iniciativa prospere.

En este contexto, la intención oficial es descansar y luego retomar el trabajo en la búsqueda de apoyos antes de mediados de enero. Menem en Diputados, Bullrich en el Senado y Diego Santilli con los gobernadores buscarán los votos necesarios para avanzar con el segundo intento libertario de aprobar una reforma laboral.

“Con este Congreso, no tengan dudas de que vamos a ir hasta el hueso para hacer de la Argentina el país más libre del mundo”. El presidente Javier Milei cerró el año con tono eufórico tras la aprobación del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal. Tras un período de sesiones ordinarias donde sufrieron muchas más derrotas que victorias parlamentarias, los libertarios encaran el 2026 vigorizados en todos sus flancos y apuestan a hacer valer la nueva relación de fuerzas para aprobar una ambiciosa agenda de reformas estructurales. La primera batalla será la reforma laboral, en los primeros días de febrero.

El panorama luce alentador para La Libertad Avanza. No solo porque la victoria electoral de octubre le permitió revertir su situación de minoría parlamentaria -pasó de 37 a 95 diputados y de 6 a 21 senadores-, sino porque la oposición quedó fragmentada y sin liderazgos claros, y porque además durante diciembre logró afianzar un nuevo esquema de negociación política, encabezado por Patricia Bullrich, Diego Santilli y Martín Menem, que trajo buenos resultados.

El Gobierno dejó atrás el “principio de revelación” que truncaba muchas negociaciones para recurrir a prácticas más habituales de la “rosca” política. Por intermedio del ministro del Interior Diego Santilli, los gobernadores aliados recibieron miles de millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), adelantos de coparticipación, avales para tomar deuda por su cuenta y hasta la promesa de reformar la ley de Glaciares (un reclamo de las provincias mineras). Sus votos fueron claves para que el Gobierno cierre el año con dos victorias en el Congreso

En la misma sintonía, Martín Menem en Diputados y Patricia Bullrich en el Senado aceptaron los artículos que la oposición rechazó en pos del objetivo de fondo: que Milei tuviera su primer Presupuesto tras dos años con prórrogas. La ex ministra de Seguridad tampoco dudó en posponer para febrero el debate de la reforma laboral para seguir negociando y no correr riesgos innecesarios. Todo parece indicar que la lógica del “todo o nada” quedó relegada.

No obstante, durante los debates de diciembre el Gobierno también se vio beneficiado por el incierto rumbo de la oposición. El peronismo no solo perdió la primera minoría en Diputados y quedó mucho más lejos del quórum en el Senado, sino que atraviesa interminables internas y constantes amenazas de rupturas que le quitan poder de fuego.

Por su parte, los gobernadores de Provincias Unidas todavía no definen si adoptarán un perfil netamente opositor o colaboracionista con el Gobierno. De hecho, el debate del Presupuesto dejó expuestas esas inconsistencias y el interbloque no tuvo una posición unificada. Algo similar ocurre con la UCR, que además de haber quedado reducida a su mínima expresión en Diputados, con solo 6 bancas, deberá encontrar la forma de permanecer relevante.

Por otro lado, los gobernadores de Tucumán, Catamarca, Salta, Misiones, Neuquén, San Luis, San Juan y Santa Cruz dejaron en claro que están dispuestos a negociar su apoyo a cambio de bienes tangibles, ya que las cuentas provinciales los inclinan naturalmente al pragmatismo.

A pesar de los últimos éxitos, el saldo parlamentario de año que terminó fue netamente negativo para Milei. Entre marzo y noviembre del año pasado se sancionaron apenas once leyes -el número más bajo de la última década- y solo dos fueron impulsadas por el oficialismo. Durante todo 2025 la oposición controló la agenda y logró aprobar aumentos para universidades, de jubilaciones, para los hospitales pediátricos y para el área de discapacidad, también modificó la forma de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional y del impuesto a los combustibles líquidos.

El Presidente tuvo que recurrir al veto en siete oportunidades para bloquear todos los proyectos que a su entender ponían en riesgo el equilibrio fiscal, pero la oposición logró revertir tres de esos vetos (discapacidad, universidades y Garrahan).

Pero la dinámica se invirtió después del 10 de diciembre, con el recambio legislativo. El Gobierno ya logró aprobar dos (Presupuesto e Inocencia Fiscal) de los seis proyectos que envió al Congreso para tratar en sesiones extraordinarias y tiene buenas expectativas para el resto del verano. En febrero comenzarán los debates de la reforma laboral, los cambios a la ley de Glaciares, la reforma penal (todavía no se conocen detalles del texto) y la nueva regla fiscal que apunta a prohibir el déficit fiscal.

El Banco Central inició un sumario formal contra la AFA, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y otros directivos de la entidad por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria.

La investigación, que aún no fue notificada oficialmente, analiza cinco universos de operaciones realizadas entre 2020 y 2023. El volumen total bajo la lupa de la autoridad monetaria supera los USD 131.384.000 y EUR 94.999.920, lo que en conjunto representa una cifra superior a los USD 242 millones.

De acuerdo a fuentes vinculadas con la investigación, la maniobra principal consistió en el ingreso y liquidación irregular de divisas provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de televisación y transferencias de organismos internacionales.

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El eje de la observación reside en que la AFA modificó el concepto de declaración de estos fondos: de “otros servicios personales, culturales y recreativos” (código S24) a “otras transferencias corrientes” (código 108). Esta modificación técnica habría permitido a la entidad evitar la obligación de liquidar los dólares en el mercado oficial, al presentarlos como donaciones.

Entre los contratos más relevantes bajo análisis se encuentra el vínculo con Adidas, vigente hasta 2030, donde se detectaron casi EUR 95 millones que no habrían sido liquidados desde la segunda mitad de 2020. Asimismo, el expediente revisa ingresos provenientes de Fox, por una suma que supera los USD 45 millones, y de Argentina Football Distribution LLC, por USD 78 millones.

Según las fuentes, la AFA utilizó el mismo método en estos casos, declarando los ingresos bajo conceptos que esquivaban la normativa del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Mansión de Pilar: la Justicia detectó gastos de $50 millones mensuales con una tarjeta corporativa de la AFA

La investigación también incorpora movimientos relacionados con la FIFA y la Conmebol, donde se detectaron millones de dólares pendientes de liquidación o de ingreso al país por conceptos de subsidios y adelantos. El sumario señala como responsables, además de a la institución, a los tesoreros del período investigado, Alejandro Nadur y Pablo Toviggino.

Para los investigadores, este mecanismo fue una respuesta a las restricciones del cepo cambiario, permitiendo a la entidad “mantener su patrimonio en dólares y evitar pérdidas derivadas de la brecha cambiaria”.

Este proceso, de carácter cambiario, podría derivar en sanciones económicas y en la inhabilitación para operar en el mercado de cambios. El Banco Central concedió prórrogas a la asociación para responder al expediente, fijando el plazo final para el 1 de septiembre de 2025.

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