POLITICA
El viernes se realizará un minijuicio para definir la condena unificada de Lázaro Báez
Este viernes, los jueces del Tribunal Oral Federal N°4 realizarán una suerte de minijuicio para determinar el monto de la condena unificada que recaerá sobre el empresario Lázaro Báez, preso desde 2016.
Los jueces que harán este juicio son Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero, que fueron los que pusieron la pena más severa al empresario. Báez debe cumplir dos condenas que ya la Corte Suprema de Justicia dejó firmes y por lo tanto se están ejecutando.
El primer caso es el de “la ruta del dinero K”, por lavado de dinero, donde el empresario ligado a los Kirchner fue condenado por estos jueces a 10 años de prisión.
El segundo caso es Vialidad, donde Báez fue condenado por fraude a seis años de prisión, juzgado por los magistrados Jorge Gorini Gonzalo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Ahora las condenas deben unificarse, pero las penas no siempre se suman.
El Código Penal contempla excepciones a la suma aritmética de las condenas para evitar la acumulación de penas, lo que permite que el condenado no cumpla penas de forma independiente por cada delito.
Asimismo, se unifican las penas para que una pena única refleje la magnitud de todos los delitos cometidos y así establecer una sanción que abarque todos los delitos por los que el condenado ha sido encontrado culpable.
Báez tiene un argumento en su favor que buscará jugar en este minijuicio: como se lo condenó por lavado de dinero en “la ruta del dinero K” y por fraude en Vialidad, como delito precedente, argumentará que la sanción en el primer caso ya fue agravada por que se consideró la gravedad del caso de corrupción previo.
Por eso, Báez pretende que los diez años de la condena en la causa “la ruta del dinero K” subsuman los seis de Vialidad. Es un escenario optimista, pues por otro lado la fiscalía buscará que se ejecuten ambas penas.
Báez, además, tiene otros dos procesos donde fue condenado: uno a cuatro años de prisión, por lavado de dinero en la venta del campo El Entrevero, en Uruguay, y otro por no pagar aportes patronales, a tres años.
Pero estos dos casos no intervienen en la unificación de penas, pues ninguna de las dos sentencias están firmes.
En el caso de “la ruta del dinero K”, Báez está condenado por sacar 60 millones de dólares del país mediante la financiera SGI (La Rosadita), depositarlo en cuantas en Suiza, comprar bonos del tesoro, venderlos y regresar al plata al país blanqueada.
El origen de esos fondos fue -según los jueces de la mayoría del tribunal oral- la evasión fiscal y el fraude de las obras públicas, pero luego la Cámara de Casación dijo que la plata provino solo de la evasión.
En el caso Vialidad, Báez fue condenado por el delito de fraude contra la administración publica por las 51 licitaciones de rutas santacruceñas con sobreprecios, mayores costos e inconclusas.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme ambas condenas. En la causa conocida como ”la ruta del dinero K», la maniobra consistió en haber armado una estructura jurídica, bancaria y financiera para lavar más de 60 millones de dólares entre 2010 y 2013 que provenían de facturación ilegal.
El caso es recordado por las imágenes en televisión que presentó el periodista Jorge Lanata. Se veía allí a algunos de los principales acusados contando dólares en la Rosadita, como se conocía a la financiera clandestina de Puerto Madero que movía el dinero al exterior. Federico Elaskar y Leonardo Fariña confesaron el hecho.
Cristina Kirchner no formó parte del juicio en esta causa y su situación continúa siendo evaluada en instrucción, luego de que la fiscalía y el juez Sebastián Casanello firmaran su sobreseimiento y la decisión fuera cuestionada por una ONG que consiguió convertirse en querellante.
El fallo dispone la condena a diez años para Lázaro Báez; seis años y seis meses para Martín Báez; seis años para Jorge Oscar Chueco y Rodolfo Daniel Pérez Gadín; cinco años para Julio Enrique Mendoza; tres años y seis meses para Jorge Leonardo Fariña; cuatro años y seis meses para Juan Alberto De Rasis, César Gustavo Fernández, Fabián Virgilio Rossi, Eduardo Guillermo Castro; tres años de ejecución en suspenso para Federico Elaskar, Claudio Fernando Bustos, Alejandro Ons Costa, Martín Andrés Eraso y Leandro Antonio Báez, y dos años y seis meses para Walter Feliciano Zanzot.
También se ratificaron las condenas de Carlos Juan Molinari a tres años y seis meses, y de Daniel Alejandro Bryn, a dos años de prisión.
marcelo bailaque,política
La Cámara de Diputados sesionará este jueves desde las 11 para tratar dos proyectos clave del Gobierno: la baja en la edad de imputabilidad, de 16 a 14 años, y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El oficialismo consiguió dictamen de mayoría en comisiones y buscará convertir en ley ambas iniciativas durante el período de sesiones extraordinarias.
La convocatoria llega después de que La Libertad Avanza reuniera 81 firmas en un plenario de comisiones para el nuevo Régimen Penal Juvenil y para el acuerdo internacional. En la Casa Rosada sostienen que cuentan con respaldo suficiente de aliados y bloques dialoguistas para aprobar los textos en el recinto.
Leé también: El oficialismo logró dictamen para bajar la edad de imputabilidad y para el acuerdo Mercosur-UE: se tratarán mañana en Diputados
La sesión se dará en un contexto de fuerte debate político, con posiciones divididas en la oposición y diferencias incluso entre bloques que adelantaron su acompañamiento en general. El tratamiento se concentrará en una jornada que el oficialismo considera estratégica para su agenda legislativa.
Desde el Gobierno señalaron que los tiempos son ajustados por el calendario de extraordinarias, pero remarcaron que la estrategia fue coordinada en la mesa política oficialista para avanzar de manera simultánea con ambos proyectos.
Régimen Penal Juvenil: mayoría oficialista y dictámenes alternativos
El proyecto que se debatirá fija en 14 años la edad mínima para juzgar delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro, y establece una pena máxima de hasta 15 años. También determina que la privación de libertad será el último recurso y prioriza medidas alternativas para infracciones de menor entidad.
La confirmación del dictamen llegó desde la cuenta de X del propio presidente Javier Milei. La diputada Silvana Giudici precisó cómo se acordó el escrito. “Con la firma de 81 diputados obtuvimos dictamen para la baja de edad de imputabilidad a los 14 años. Mañana lo trataremos en la sesión convocada para las 11 en Diputados”, escribió en la misma red social.
El despacho reunió el acompañamiento del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales. Desde esos espacios anticiparon que votarán a favor en general y plantearán diferencias en la discusión en particular.
El peronismo presentó dictámenes alternativos. Uno mantiene el tope en 16 años y propone un régimen especializado con eje en políticas de contención. “No punibilidad, justicia restaurativa y una pena máxima de 10 años, en línea con la Constitución y los estándares internacionales”, señaló Victoria Tolosa Paz. El Frente Renovador, en tanto, impulsó una propuesta que también fija el umbral en 14 años y adelantó que acompañará esa modificación, aunque con críticas al texto oficial.
El debate retoma una discusión iniciada en 2024, cuando el Poder Ejecutivo envió un proyecto que proponía bajar la edad a 13 años. Ese texto perdió estado parlamentario tras el recambio legislativo, aunque parte de su contenido fue retomado en el nuevo dictamen.
Acuerdo Mercosur-UE: ratificación y señales al exterior
En paralelo, la Cámara Baja tratará también este jueves la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la UE, firmado el 17 de enero y enviado al Congreso para su aprobación. El Gobierno busca que la Argentina sea el primer país del bloque en avalarlo.
Leé también: El Gobierno evalúa un pacto fiscal con las provincias para avanzar con la reforma tributaria en marzo
“Firmamos el Acuerdo Mercosur-UE el 17 de enero. Argentina se comprometió a presentar el acuerdo para aprobarlo en extraordinarias. Hoy tenemos dictamen de mayoría en Diputados. Mañana al recinto. La Argentina será próspera”, celebró en X el canciller Pablo Quirno.
El oficialismo aseguró que cuenta con respaldo de aliados provinciales y sectores dialoguistas para aprobar la ratificación. El envío del texto al Congreso se demoró por dificultades en la traducción en Paraguay y fue recibido esta semana en la Cámara Baja.
Diputados, baja de imputabilidad, Baja de la edad de imputabilidad, Cámara de Diputados, MERCOSUR, Unión Europea
A comienzos de 2010, Jeffrey Epstein puso en marcha una operación para venderle al estado argentino un helicóptero Sikorsky S-76C++ identificado en distintos correos como un “750”. La reconstrucción de las comunicaciones, obtenidas a partir de la última publicación de documentos del pederasta, permite seguir, paso a paso, cómo se intentó canalizar esa venta a través de una licitación oficial, cómo se exploraron esquemas de intercambio con el fabricante, reuniones con autoridades nacionales y cómo las negociaciones finalmente fracasaron.
El 3 de enero de 2010, Epstein consultó por correo electrónico a Larry y Darren Indyke, sus abogados personales, sobre el estado del negocio: preguntó simultáneamente a su bróker George Reenstra, por la eventual venta a la Argentina, por demoras y por la alternativa de un modelo distinto.
La respuesta llegó pocas horas después. Larry Indyke transmitió que, según Reenstra, la entrega del helicóptero a la Argentina formaba parte de una respuesta a una licitación del gobierno argentino que ya había sido presentada y que ahora solo restaba esperar una definición oficial. En ese mismo mensaje se mencionó una fecha límite concreta: el 21 de enero, cuando el helicóptero debía estar disponible para una exhibición.
Durante los meses siguientes no hay registros de avances formales hasta julio de 2010, cuando reaparecen las comunicaciones con un giro en la estrategia. El 8 de julio, Reenstra informó que un acuerdo previo había quedado sin efecto, pero que surgía una nueva oportunidad vinculada otra vez al gobierno argentino. Según explicó, Sikorsky identificaba a la Argentina como cliente potencial y buscaba un compromiso para septiembre con entrega inmediata. Reenstra afirmó que funcionarios argentinos habían visto fotografías del “750” y que estaban conformes con la aeronave. En ese contexto propuso dos esquemas de intercambio: entregar un nuevo S-76C++ idéntico al “750” durante el verano de 2011, en un canje directo, o bien ofrecer un modelo D, configurado como clon del “750”, también como parte de un swap.
La reacción de Epstein fue negativa. En un correo enviado ese mismo día expresó que había dedicado demasiado tiempo a operaciones sin viabilidad real y que solo evaluaría opciones cuando existiera un acuerdo concreto. Reenstra acusó recibo y respondió que volvería a contactarlo cuando Sikorsky tuviera una posición más clara.
Las gestiones se intensificaron en agosto de 2010. El 10 de ese mes, Reenstra informó que había pasado tres horas en el Consulado Argentino, adonde asistió como invitado en representación del helicóptero “750”. Según su relato, los interlocutores argentinos dudaban entre incorporar esa aeronave, que podría estar operativa en enero, o esperar a un C++ nuevo con entrega en agosto. Reenstra señaló que su objetivo era persuadirlos de no postergar la decisión y que intentaría llevarlos a St. Thomas para que vieran el helicóptero en persona. En ese mismo mensaje dejó asentada su expectativa económica: si la aeronave se vendía o intercambiaba por 12,5 millones de dólares, esperaba cobrar una comisión de US$100.000.
Al día siguiente, el 11 de agosto, Reenstra escribió que intentaría avanzar con Sikorsky en relación con la Argentina. Horas más tarde envió una actualización antes de una reunión prevista en Nueva York. Allí sostuvo que el gobierno argentino podría aceptar pagar un valor superior por el “750”, al que describió como el mejor de su tipo construido hasta ese momento, y volvió a poner sobre la mesa la alternativa del modelo D, valuado en 13 millones de dólares, con entrega estimada para mediados de 2013.
El 23 de agosto marcó un punto de quiebre. Ese día, Reenstra comunicó que el acuerdo con la Argentina no avanzaría y que, ante ese escenario, quería mantener el helicóptero en el mercado. Señaló que el contrato de corretaje había expirado y propuso firmar uno nuevo para ofrecer la aeronave a un precio de 12,5 millones de dólares. La respuesta de Epstein fue inmediata: preguntó qué había ocurrido con la operación argentina. Reenstra explicó que Sikorsky había planteado una oferta baja para resultar competitivos en la licitación y que el máximo que estaban dispuestos a pagar rondaba los US$11,4 millones, una cifra que consideraba demasiado baja para continuar compitiendo.
La tensión escaló al día siguiente. El 24 de agosto, Epstein reprochó a Reenstra la falta de resultados y le recordó que, si actuaba como corredor, esperaba que concretara la operación. En caso contrario, advirtió que buscaría un contacto directo con las autoridades argentinas. Horas más tarde, Reenstra respondió que sin una utilidad concreta para un helicóptero Blackhawk no era posible avanzar en la licitación y que, desde su perspectiva, no había forma de sortear la posición de Sikorsky en ese proceso.
El intercambio cerró el 26 de agosto con un intento de comunicación directa. Epstein pidió hablar ese mismo día y Reenstra respondió solicitando horario y número telefónico. No hay registros posteriores que indiquen una reactivación de la negociación.
Tampoco de compras de helicópteros Sikorsky por parte de la Argentina entre esos años, aunque las bases de datos de licitaciones de esa época no están completamente digitalizadas. En septiembre de 2010, el Ministerio de Defensa de Argentina firmó un contrato con Rusia para adquirir dos helicópteros de transporte multipropósito Mil Mi-17. En el mismo año se firmaron acuerdos y memorandos con proveedores extranjeros para posibles compras de helicópteros (por ejemplo con Italia y la Corporación Comercial Canadiense para helicópteros destinados al Ejército y Fuerza Aérea), aunque la materialización concreta de esas compras se terminó registrando formalmente más allá de 2012.
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El oficialismo obtuvo dictamen en Diputados y este jueves se tratará la baja de la imputabilidad
El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados, logró obtener un dictamen de comisión para poder tratar el proyecto de ley de reforma del Régimen Penal Juvenil.
“Con la firma de 81 diputados obtuvimos dictamen para la baja de edad de imputabilidad a los 14 años. Mañana lo trataremos en la sesión convocada para las 11 en Diputados”, anunció la diputada del PRO, Silvana Giudici, en las redes sociales.
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De hecho, la publicación de la legisladora alineada con el Gobierno, fue reposteada por el propio presidente Javier Milei, quien escribió en X: “TENEMOS DICTAMEN PARA LA BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD. Fin”.
En tanto, el despacho fue firmado en un plenario de comisiones, con 81 adhesiones, entre las cuales se destacan el apoyo del bloque del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el MID y algunos representantes de los gobernadores aliados.
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Respecto al proyecto, el oficialismo busca que el umbral para juzgar delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro, sea de 14 años. Lo que podría contemplar una pena máxima de hasta 15 años de cárcel.
Además, establece que la privación de libertad será el último recurso y prioriza medidas alternativas en infracciones de menor entidad, para quienes delincan siendo aún menores de 18 años.
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