El nuevo régimen penal juvenil, aprobado en la Cámara de Diputados y girado al Senado, reemplaza el régimen de minoridad vigente desde 1980 y establece, como eje central, la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Entre los puntos principales de la iniciativa figuran los siguientes:

-Garantías. Desde el inicio del proceso penal y hasta su fi­nalización, el niño, niña o adolescente gozará de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de dere­chos humanos. El adolescente imputado deberá contar desde el inicio del procedimiento con asisten­cia legal, eficaz e idónea.

-Penas. Cuando el delito o concurso de delitos imputados sea de hasta 3 años de prisión, o bien sea hasta 10 años de prisión pero el hecho ilícito no haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o se trate de delitos culposos, se aplicarán penas alternativas a la prisión. El juez puede optar entre las siguientes: amonestación; prohibición de contacto con la víctima o la familia; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición para salir del país; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico.

-Pena privativa de la libertad. Solo corresponderá para los delitos graves o muy graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Queda prohibida la imposición de las pe­nas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua.

-Condena máxima. El plazo máximo de las penas privativas de la liber­tad será de 15 años. La regla es aplicable aun si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

-Alivio en la condena. Cuando el adolescente condenado cumpla dos ter­cios de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá dis­poner que el resto del castigo sea cumplido mediante penas alternativas a la prisión.

-Alojamiento. La detención de los adolescentes deberá hacerse efectiva en dependencias acon­dicionadas a tal efecto. Se prohíbe su alojamiento junto a personas mayores de edad.

-Asignación presupuestaria. Se destinarán $23.739.155 millones para afrontar el costo del nuevo régimen. De ellos, poco más de 20 mil millones se destinarán a la Defensoría General de la Nación. El oficialismo aclaró además que las provincias pueden suscribir convenios con la Nación para aportar financiamiento.

En una semana en la que el oficialismo capitalizó su nueva fortaleza parlamentaria con la media sanción del proyecto de modernización laboral, la Cámara de Diputados fue escenario de un nuevo triunfo político con la aprobación, por amplia mayoría, de un nuevo régimen penal juvenil, cuyo eje es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La iniciativa se aprobó con 149 votos positivos y 100 negativos. El bloque de Unión por la Patria, los diputados peronistas que responden al gobernador Raúl Jalil, la cordobesa Natalia De la Sota y los bloques de izquierda votaron en contra de la iniciativa, a la que calificaron de “punitivista”.

Tras la aprobación en general se registró un áspero debate por los capítulos de la ley en particular, dado que bloques aliados del oficialismo, con diputados como Miguel Pichetto, manifestaron sus dudas respecto del financiamiento de la iniciativa. Incluso, plantearon que podrían cambiar su voto de afirmativo a abstención.

Pero el oficialismo rechazó la posibilidad de cambiar el texto. Lo hizo a través de la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, miembro informante del proyecto. “No se puede volver marcha atrás por una cuestión de pesos”, sostuvo la legisladora afín a Patricia Bullrich. La votación en particular volvió a ser favorable al oficialismo.

Acto seguido, la Cámara de Diputados tiene previsto ratificar el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) firmado el 17 de enero pasado. Si se avanza con la media sanción, ambos proyectos deberán atravesar el filtro del Senado antes de convertirse en ley.

El debate sobre el régimen penal juvenil fue seguido de cerca por Romina Monzón, la madre de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado a puñaladas por tres menores en Santa Fe. Este episodio motivó la decisión del Poder Ejecutivo de incluir el tratamiento de esta iniciativa -demorado hace casi un año- en el temario de sesiones extraordinarias.

El oficialismo reunió el respaldo de sus aliados habituales −Pro, la UCR y el MID−, como así también de bloques provinciales como Innovación Federal; los sanjuaninos del bloque Producción y Trabajo; Independencia (que responden al gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo) y el bloque Por Santa Cruz.

El movimiento más significativo se observó dentro de Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo a la reforma penal juvenil, un grupo de diputados del Frente Renovador −que responde a Sergio Massa− votó a favor de fijar en 14 años el piso de imputabilidad. En ese sentido votaron Ramiro Gutiérrez, Guillermo Michel, Sebastián Galmarini y Emir Félix.

Gutiérrez, en su discurso, insistió en que la baja en la edad de imputabilidad debería encararse mediante una reforma integral del Código Penal y no a través de un régimen especial. Su planteo no fue atendido por el oficialismo.

Detalles del proyecto

La iniciativa, además de fijar en 14 años la edad mínima de punibilidad, establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. No obstante, introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva: solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más.

Para el resto de los casos se prevén sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño. El dictamen reafirma garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio. Además, establece estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso a educación, salud y programas de resocialización.

El proyecto dispone que el nuevo régimen entre en vigencia seis meses después de reglamentarse. Será el plazo que tendrían el sistema penitenciario federal y de las provincias para ajustar las instalaciones carcelarias.

Además, la iniciativa prevé una primera asignación presupuestaria de $23.000 millones. Los detractores del proyecto aseveran que la suma es insuficiente y no llegará a las provincias.

El debate arrancó con la exposición de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (LLA), quien negó, como afirma el kirchnerismo, que esta iniciativa busque “criminalizar a los pibes”.

“Es mentira. El despacho contempla una cantidad de penas alternativas a la prisión. Estamos dando garantías del debido proceso”, afirmó la legisladora, quien insistió en que los menores que sean detenidos por la comisión de un delito no serán alojados en los mismos centros de adultos. A tal efecto hizo las aclaraciones correspondientes en el texto.

Los bloques aliados al oficialismo aplaudieron la iniciativa. “Celebro que el Gobierno haya puesto este tema sobre el tapete -enfatizó Cristian Ritondo (Pro)-. Bloquear este debate y no responsabilizar a un menor que tiene conciencia que comete un delito no es un acto de humanidad sino un acto de abandono, el más cruel que puede cometer el Estado, el de abandonar un chico 14 o 15 años que comienza la vida en la delincuencia».

“Me alegra que la política salga de su confort poniendo los pies sobre la tierra legislando sobre la cruda realidad que vive la sociedad, desarmando décadas de doctrina garantista”, acotó Pamela Verasay (UCR).

Desde Unión por la Patria, Germán Martínez, expuso los motivos del rechazo de un sector de su bancada. A su juicio, el proyecto “no plantea una acción en el terreno educativo, de la inclusión ni del abordaje a través de los clubes”.

También cuestionó la redacción presupuestaria: “Es escasa y tramposa. Está más cerca de plantear una acción de cooperación provincia por provincia que de garantizar financiamiento. Hay cero pesos para la prevención y para el abordaje de los delitos no punibles”. Y concluyó que el presupuesto previsto es “deficiente”.

Desde el bloque libertario, el diputado Álvaro Martínez respondió las críticas del kirchnerismo. “El sistema actual rige desde 1980, desde la dictadura. Tuvieron la oportunidad para cambiar esta ley y establecer un régimen penal juvenil. No tuvieron el coraje. Hoy estamos dando un paso donde la ley se cumple. Cuando hay justicia, el que las hace las paga”, enfatizó.

Por su parte, el diputado Ramiro Gutiérrez (UP), el renovador que impulsó una propuesta alternativa a la de su bancada, planteó que la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años debería instrumentarse con una modificación del artículo 34 del Código Penal. “Solo así esta ley tendrá destino. Si no, será judicializada”, advirtió.

La bancada de Provincias Unidas también mostró fisuras. El santafesino Pablo Farías objetó la propuesta oficial por no ser precisa al definir la forma de financiar la ampliación de los penales para alojar, en módulos separados de los adultos, a los nuevos reclusos juveniles.

“Hay sloganes que el oficialismo usa, como cuando dice ‘delito de adulto, pena de adulto’, que no tienen nada que ver con este proyecto -advirtió la jefa de la bancada, Gisela Scaglia-. Esta ley es mucho más contemplativa de lo que algunos expresan”.

“Este proyecto le transfiere a las provincias la totalidad de la responsabilidad de llevar adelante este nuevo régimen penal juvenil; estamos de acuerdo con la baja de edad de imputabilidad, pero no puede ser que todo el costo lo paguen los gobernadores”.

El acuerdo UE-Mercosur

Una vez tratado el régimen penal juvenil, el oficialismo buscará ratificar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que contempla una reducción recíproca de aranceles, principalmente para productos agrícolas del Mercosur y productos industriales de la UE.

Según pudo saber , la Casa Rosada apuesta a que la Argentina sea el primer país del bloque en ratificar el tratado. La estrategia combina urgencia política y señal internacional, pese a que el Parlamento Europeo solicitó al Tribunal de Justicia de la UE que se expida sobre su validez. Ese pedido es uno de los argumentos que esgrimirá la oposición más dura para cuestionar el tratamiento, junto con la crítica al modo en que se discutió el texto en el Congreso, al que califican de “poco serio”.

La aceleración oficial también responde a un dato externo: el acuerdo ya avanzó en el Parlamento brasileño y podría llegar al recinto de la Cámara baja de ese país después del Carnaval. En ese tablero regional, el Gobierno quiere mostrarse en punta.