En un trámite exprés, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el pedido del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli para que se lo autorice a avanzar con medidas de prueba sobre el diputado José Luis Espert, protegido por la ley de fueros.

La autorización se aprobó con 215 votos positivos y solo 3 abstenciones de los diputados Oscar Zago, Eduardo Falcone y Gerardo González, de Desarrollo y Coherencia. Semejante mayoría incluyó al bloque libertario -adonde pertenece Espert, quien solicitó licencia hasta el 8 de diciembre próximo- y a Pro, aliado del oficialismo.

El oficio del juez Mirabelli, dirigido al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, ingresó al cuerpo esta tarde, en plena sesión. Según trascendió, el juez solicitó que se habilite una medida de registro y otra de secuestro sobre bienes de Espert, informaron a fuentes oficiales.

Anoticiados de la llegada del oficio a la Cámara de Diputados, los legisladores se enfrascaron en un debate sobre cuál era el procedimiento más pertinente para avanzar en la autorización solicitada por el magistrado. Sucede que en su oficio Mirabelli solicitó expresamente en su oficio que no se den a publicidad las medidas de prueba que pretende llevar adelante porque el expediente se halla bajo secreto de sumario.

Desde el bloque Democracia para Siempre sugirieron que la sesión se constituya en secreta para evaluar el oficio del magistrado antes de aprobar la autorización. “Yo no sé qué medidas solicita el juez. Nadie nos puede pedirnos que autoricemos algo cuyo contenido no conocemos ”, alegó Fernando Carbajal.

Sin embargo, la propuesta no fue compartida por el resto de las bancadas. Finalmente imperó la propuesta de la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica), para que se lo autorice sin más a Mirabelli para que lleve adelante las pruebas que considere pertinentes.

“Nosotros no tenemos por qué saber cuáles son las pruebas que el juez en el marco de una investigación considera procedentes. Somos otro poder del Estado. No vamos a interferir ni tener injerencia en ese trámite judicial”, fundamentó Frade.

Si bien hubo amplia mayoría en la aprobación del pedido del juez, no faltaron reproches a Menem. “El pedido del juez llegó a las cinco de la tarde y recién lo estamos tratando a las 9 de la noche. Si nosotros no planteábamos la moción, ¿qué iba a pasar? ¿Qué esperaban para comunicar lo que pedía el juez cuando el pleno estaba funcionando en una sesión especial?“, acicateó Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

El diputado Espert está siendo investigado por haber recibido una transferencia de 200.000 dólares del empresario Federico “Fred” Machado, que está preso para ser extraditado a los Estados Unidos, donde lo acusan de una serie de delitos que incluyen la conspiración para el narcotráfico.

Mirabelli dispuso esta medida a pedido del fiscal del caso, Fernando Domínguez, que ayer imputó a Espert por lavado de dinero en la causa iniciada por una denuncia de Juan Grabois. Domínguez busca además rastrear los movimientos de dinero del diputado y revisar sus cuentas. Eso requiere el levantamiento del secreto fiscal y bancario.

En pleno debate sobre qué hacer sobre el oficio de Mirabelli contra Espert, desde Pro la diputada Silvana Giudici desafió al bloque de Unión por la Patria con tratar el pedido de desafuero del salteño Emiliano Estrada, imputado por la justicia de su provincia por peculado y abuso de autoridad en una causa en la que se lo acusa de haber incurrido en el uso indebido de fondos públicos para ejercer una campaña de difamaciones en redes sociales.

La propuesta no prosperó, pero el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, citó al legislador a que brinde su descargo la semana próxima.

Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, sostuvo que la Justicia debería haber aplicado la pena máxima para los acusados por el ataque a Cristina Kirchner. Este pronunciamiento se da en el marco de la jornada en la que se puso punto final al juicio oral que concluyó con las condenas para Sabag Montiel y Brenda Uliarte, de 10 y 8 años de prisión. “Este episodio confirma la oscura dinámica del poder real, que nunca pudo doblegar a Cristina”, sostuvo el funcionario provincial.

“La justicia argentina no aplicó la pena máxima, es inexplicable”, sostuvo Mena. A la vez, señaló que no sorprende esto que considera como un fallo injusto, dado que se trata de una causa relacionada a Cristina Kirchner, “para quien sistemáticamente hay otra ley siempre en su perjuicio”, indicó.

“Persiste la falta de respuestas sobre quiénes instigaron, planificaron y financiaron el ataque, privando de justicia plena a Cristina y a toda la sociedad argentina”, reclamó el funcionario.

Por su parte, Eduardo “Wado” de Pedro señaló que las penas otorgadas son “leves” y afirmó que “no se investigó lo que ocurrió en las sombras”.

“¿Cómo fue la planificación del hecho? ¿Qué pasó con la pista de Gerardo Milman y por qué borraron el contenido de los celulares de su entorno en las oficinas de Bullrich?“, planteó el diputado nacional cercano a Cristina Kirchner mediante una publicación en su cuenta de X.

De Pedro señaló la responsabilidad de la Justicia en el encubrimiento de esa trama que señala y sostuvo que, a tres años del ataque, no se sabe quién mandó a matar a la expresidenta.

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