POLITICA
Elecciones Santa Fe 2025: qué se vota el 13 de abril
El domingo 13 de abril de 2025, los santafesinos están convocados a participar de dos tipos de competencia: las Elecciones Generales de Convencionales Reformadores, y las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que a diferencia de otras provincias mantiene este sistema de designación de candidatos para cargos locales en municipios y comunas. Se trata de la primera fecha en el calendario electoral 2025 en Argentina.
El acto electoral se desarrollarán en horario de 8 a 18 y, dependiendo de la naturaleza del voto, los usuarios tendrán acceso a diferentes boletas únicas.
Elecciones PASO en Santa Fe
A través del Decreto N°2656/24, el gobierno de Santa Fe, a cargo de Maximiliano Pullaro, informó que las elecciones legislativas de 2025 se darán en dos partes:
- Las PASO y la elección de convencionales reformadores tendrán lugar el día 13 de abril.
- Las elecciones generales se darán el 29 de junio.
Las listas y los candidatos que se presentan
Toda la expectativa política estará puesta en la elección de los reformadores convencionales.
Desde el oficialismo, el gobernador Maximiliano Pullaro, principal impulsor de la reforma constitucional, encabezará una lista que suma a la diputada nacional del PRO Germana Figueroa Casas y a la legisladora socialista santafesina Lionella Cattalini, consolidando su alianza multipartidaria.
La principal fuerza opositora se presenta bajo la alianza integrada por peronistas y aliados «Más por Santa Fe». Esta coalición, que une al Partido Justicialista oficial, las agrupaciones que se referencian en Agustín Rossi, La Cámpora, el Frente Renovador y el Movimiento Evita, tiene como cabeza al concejal rosarino y dirigente de Ciudad Futura Juan Monteverde, seguido por la diputada provincial y exvicegobernadora Alejandra Rodenas. Completa la fórmula el congresista nacional del Frente Renovador Diego Giuliano.
Por otro lado, la alianza Somos Vida, que reúne sectores evangélicos, el Partido Libertario y una fracción de la Coalición Cívica, tiene como principal figura a la mediática Amalia Granata, escoltada por los diputados provinciales libertarios Juan Domingo Argarañaz y Silvia Malfesi. Esta lista refleja el avance de propuestas con influencia religiosa y valores conservadores en el panorama electoral.
El espacio “La Libertad Avanza” (LLA), alineado con Javier Milei, tendrá también una lista propia, liderada por el diputado nacional Nicolás Mayoraz, Candela Rodríguez y el abogado Marcos Lisandro Peyrano, apoderado de LLA.
Otra coalición, el Frente Activemos, es encabezada por el senador nacional Marcelo Lewandowski del partido Nacional y Popular, quien estará acompañado por la sindicalista de la Asociación Bancaria, Victoria Capoccetti, y el diputado provincial Rubén Giustiniani.
Carlos Del Frade lidera el Frente Amplio por la Soberanía, fórmula que incluye a figuras como la exministra de Educación provincial Claudia Balagué, el exsecretario de Salud de Rosario Leonardo Caruana y la exvicegobernadora de Santa Fe Griselda Tessio.
El «Frente de Izquierda y de Trabajadores” presentará como candidatos a convencionales reformadores a Carla Deiana, Lautaro Habbi y María Jimena Sosa.
El sistema de votación para las elecciones PASO en Santa Fe
Por otro lado, también tendrán lugar las PASO para seleccionar a quienes competirán en las elecciones generales de cargos locales. Estas se realizarán en 11 localidades para intendentes, mientras que en 53 ciudades se votará por candidatos a concejales municipales y en 75 jurisdicciones se definirán postulantes para las comisiones comunales y contralores de cuentas.
En estas localidades, se sumarán boletas únicas adicionales según la categoría de los cargos en disputa.
Para estas elecciones habrá 1.458 locales de votación, con 8.392 mesas para nacionales y 81 para extranjeros. En total son 2.834.383 electores nacionales y 23.784 extranjeros.
Además, participarán 1.454 jefes de local y 1.454 asistentes, estarán a disposición 304 comisarías de contingencia, 238 cadetes de policía y más de 300 agentes de planta.
Elecciones de convencionales constituyentes para la reforma de la Constitución en Santa Fe
En diciembre de 2024, la Legislatura santafesina sancionó la ley 14.384, que declaró la necesidad de una reforma de la constitución provincial de Santa Fe.
El proceso constituyente tendrá un carácter parcial. En efecto, los artículos a modificar serán 42 de la Constitución vigente, que se remonta al año 1962.
Entre las propuestas a modificar, se proponen cambios como habilitar la reelección de gobernador y vicegobernador, ausente en la Constitución vigente, y amplía el período ordinario de sesiones legislativas.
También se propone redefinir la integración de la Corte Suprema de Justicia, estableciendo un total de siete miembros más un Procurador General, y promoviendo tanto la paridad de género como la representación regional. Los jueces, cuya permanencia en los cargos dependería de su desempeño, idoneidad física y moral, cesarían a los 75 años, con la posibilidad de continuar por un máximo de cinco años adicionales.
En términos de derechos ciudadanos, se propone ampliar el acceso a la información pública y establecer la transparencia activa como principio constitucional. También, se plantea garantizar el secreto de las fuentes periodísticas, proteger los datos personales y el honor, además de incluir el hábeas data y reformular la acción de amparo conforme a estándares nacionales e internacionales. Igualmente, se busca incorporar mecanismos de democracia semidirecta, como consultas populares, referéndums y revocatoria de mandatos, y la creación de un Consejo Económico y Social, y consagrar la autonomía municipal.
En el campo de la educación, la reforma ampliaría la obligatoriedad hasta el nivel secundario, promoviendo la alfabetización e inclusión digital, la conectividad y el acceso a la tecnología. Además, enfatiza la relación entre la educación y el mundo del trabajo, al igual que el impulso de la educación ambiental.
Entre las novedades, destaca la incorporación de la iniciativa popular para la presentación de proyectos de ley, junto con la consagración de la paridad de género en la composición de la Cámara de Diputados. También, se incluye la figura de la Boleta Única, aplicable en la elección de convencionales.
En materia económica y laboral, se establece que las jubilaciones de los empleados públicos provinciales se gestionen mediante un régimen público de reparto, administrado exclusivamente por el Estado provincial, entre otros aspectos.
Finalmente, el proyecto incorpora nuevas garantías, como el derecho a un ambiente sano, la protección de los bienes culturales y el acceso a bienes culturales tangibles e intangibles. También se reconoce el derecho al agua en condiciones de igualdad, y la reforma menciona la promoción de la ciencia y la innovación tecnológica, específicamente en biotecnología.
Cómo será la elección de convencionales constituyentes en Santa Fe
En primer lugar, los santafesinos deberán elegir a las 69 personas encargadas de encabezar la reforma de la Constitución Provincial. Este proceso incluye la selección de 50 convencionales provinciales mediante distrito único y un representante adicional por cada uno de los 19 departamentos de la provincia.
En esta instancia, los votantes recibirán dos boletas diferentes: una de color naranja, destinada a los convencionales provinciales, y otra de color azul, exclusiva para el representante departamental. Este sufragio será realizado por única vez, ya que no contempla una segunda vuelta.
Cuándo se reformará la Constitución en Santa Fe
Según establece la ley, la Convención Reformadora se instalará en la ciudad de Santa Fe, en el momento que convoque el Poder Ejecutivo, dentro del plazo de un año. Es decir, el debate comenzará formalmente en 2026.
La discusión tendrá que finalizar en 40 días corridos desde su instalación, que será prorrogable por un plazo máximo de 20 días más, si así lo define la convención por mayoría absoluta.
Quiénes pueden votar en las elecciones de Santa Fe
Todos los mayores de 16 años incluidos en el padrón electoral tendrán la posibilidad de votar en los próximos comicios, siempre y cuando presenten el último ejemplar del DNI al momento de emitir su sufragio. Así lo indicó el gobierno provincial, que también recordó a los electores que la correcta emisión del voto requiere realizar una sola marca por boleta.
La consigna está dirigida a evitar errores al seleccionar al candidato de preferencia.
POLITICA
La Justicia citó a indagatoria y les prohibió salir del país a “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por evasión
El juez Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero de dicha entidad, Pablo Toviggino, en el marco de la causa por la retención indebida de aportes de la seguridad social. Además, se ordenó la prohibición de salida del país.
Según pudo confirmar TN, “Chiqui” Tapia deberá comparecer ante la Justicia el próximo 5 de marzo, mientras que el turno de Toviggino será el 6 de marzo. La medida alcanza también al presidente del club Argentinos Juniors, Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Lorenzo y al expresidente de Racing, Víctor Blanco.
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El ARCA acusa a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social, sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.
Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.
El organismo explicó que estas maniobras configuran “el delito de omisión, ya que el deber jurídico de actuar surge directamente de la calidad de agente de retención, y la conducta típica se materializa en la falta de depósito del dinero retenido en tiempo oportuno”.
Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos grandes rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62.
El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.
ARCA aclaró que “los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos».
El organismo planteó que “desde el punto de vista subjetivo el delito se consuma con dolo, entendido como el conocimiento del deber legal de ingresar las sumas retenidas y la posibilidad real de hacerlo, sin que resulte exigible una intención especial de apropiación”.
En esa línea, ARCA destacó que “la AFA conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el deposito, optando sin embargo por omitirlo, lo que satisface el elemento subjetivo requerido por el tipo penal”.
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Entre las pruebas ofrecidas por el organismo estatal aparece informes del Banco Credicoop, donde se constatan acreditaciones en cuentas de la AFA, así como la constitución de plazos fijos en pesos y dólares por sumas considerables, lo que demostraría la “capacidad fáctica” de disponer de fondos para cumplir con las obligaciones.
AFA, Chiqui Tapia, Pablo Toviggino
CÓRDOBA.- Tres de los cinco diputados nacionales por Córdoba por Provincias Unidas estuvieron ausentes en la sesión en la que se trató el proyecto de reforma laboral.
Entre ellos, el exgobernador Juan Schiaretti quien juró hace una semana por haber estado de licencia médica.
Desde el círculo del legislador aseguraron a que “no pudo viajar por el paro” dispuesto por la CGT. Esa fue toda la explicación que dieron.
Hace una semana, Schiaretti votó a favor la baja de la edad de imputabilidad, igual que todos los diputados del peronismo cordobés.
En el caso de la reforma laboral, se descontaba que votaría en contra el Fondo para Asistencia Laboral (FAL) que se financia con una contribución patronal del 3% compensada con una reducción de lo que va a Anses y, en consecuencia, impacta en los recursos que se deben girar a las cajas de jubilación provinciales no transferidas. En ese grupo de 13 está la de Córdoba.
El FAL, además del artículo de las licencias por enfermedad, quedó en medio de la discusión después de la media sanción del Senado.
En esa cámara, la cordobesa Alejandra Vigo -esposa de Schiaretti- rechazó ese segmento del proyecto y acompañó el resto. Su conducta fue una señal respecto del camino que podían seguir los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora.
Además del exgobernador, no estuvieron Alejandra Torres e Ignacio García Aresca.
Si hubieran estado todos y se plegaban a la conducta de Vigo podrían haber generado nuevos ruidos en torno al FAL.
Las ausencias dieron origen a comentarios sobre un posible “acuerdo” entre la Casa Rosada y Llaryora para no poner en riesgo la creación del FAL.
“Saben que la ausencia dará lugar a múltiples lecturas”, comentó a la fuente schiarettista con la que habló.
No hubo precisiones, solo la ratificación de que “no llegaba”. Hasta que el oficialismo consiguió el quórum no había certeza de la fecha de la sesión.
Llaryora no estuvo entre los gobernadores con los que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo reuniones para negociar la reforma laboral.
La relación institucional entre el mandatario cordobés y la Casa Rosada se mantiene, pero no está en la lista de aquellos que tienen más cercanía.
Schiaretti fue uno de los impulsores de Provincias Unidas, una fuerza que reunió a media docena de gobernadores pero que en su debut electoral de octubre logró un resultado por debajo de lo esperado. Él mismo, quien lideró la lista en Córdoba, perdió por casi 15 puntos frente a la lista libertaria.
Cuando decidió postularse aseguró que, desde el Congreso, “defendería” los intereses de las provincias y aportaría a la agenda nacional con temas relacionadas al federalismo y la producción.
Hasta el momento, no hizo pública su opinión sobre la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza (LLA).
En noviembre fue sometido a una cirugía por un problema cardíaco y por esa razón no juró como diputado el 10 de diciembre. Asumió la semana pasada, cuando anunció que renunciaba a su sueldo y a los gastos de representación.
Gabriela Origlia,Conforme a
En una entrevista con Infobae en vivo, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, confirmó que la organización sindical irá a la Justicia si el Congreso aprueba la reforma laboral. “La vamos a judicializar. Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el 14 bis y el de no regresividad de los derechos sociales”, afirmó Sola al ser consultado sobre los próximos pasos del gremio tras la medida de fuerza.
Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Sola defendió la estrategia de la central obrera: “Nuestra responsabilidad es gremial y es la de oponernos a un programa económico y político que no tiene en cuenta a los trabajadores como centro de escena, sino que los pretende como engranaje de un mecanismo de producción”.
La postura de la CGT frente a la reforma: rechazo total y advertencia judicial
El dirigente fue terminante al explicar el motivo del paro nacional y el rechazo a la reforma: “No estamos hablando de un artículo. Estamos hablando del rechazo absoluto a la reforma. Teníamos decidido que cuando se tratara esta reforma, porque la rechazamos en su totalidad, íbamos a llevar adelante la medida de fuerza”.
Sola subrayó que la acción sindical no se limita al Ejecutivo nacional: “No es un paro en contra de un gobierno en particular, sino por este proyecto, que está en un momento de humor social donde la gente está reclamando por el rompimiento del tejido social”.
Consultado sobre si el objetivo de la huelga es influir en el voto de los legisladores, Sola respondió: “Precisamente buscamos llamar la atención a un gobierno que no nos ha aceptado en el diálogo en ningún momento. Hicimos 12 movilizaciones, 4 paros, y no están sentados los trabajadores en un proyecto donde se tratan sus propios intereses”. Defendió la legitimidad de la protesta: “Uno puede expresarse, claro. Lo hemos hecho manteniendo la paz social”.
Los puntos más conflictivos: indemnizaciones, banco de horas y derechos sindicales
Sola detalló los aspectos que la CGT considera más regresivos de la reforma: “No es una modernización, es un título romántico que tiene porque no moderniza. Deroga la ley de teletrabajo, no habla de tecnología ni de robótica, baja derechos, licúa indemnizaciones, limita el derecho de huelga y restringe la militancia del delegado gremial. Además, hay una gran transferencia de recursos por parte de los trabajadores a los empleadores, alrededor de seis mil millones de dólares”.
El secretario general también cuestionó la habilitación de convenios por empresa por debajo del convenio colectivo: “Ese principio de no regresividad de derechos es constitucional. Todo puede ir para arriba, pero no para abajo. Hoy, un empleador puede generar un sindicato por empresa y negociar a la baja. Eso debilita la posición de los trabajadores”.
Sobre el banco de horas, Sola advirtió: “Permite que el empleador, en acuerdo con el trabajador, decida: ‘No te pago horas extra, te las tomás cuando baje la producción’. ¿Quién define cuándo se toman? El empleador. Así el trabajador pierde plata y previsibilidad sobre su vida”.
El futuro del plan de acción y la vía judicial
Al evaluar el resultado del paro, Sola sostuvo: “Fue el más importante de los cuatro que se han hecho en este gobierno. El acatamiento fue muy alto, sobre todo de los trabajadores formales, los nueve millones que tienen representación gremial. Recibimos el acompañamiento de muchas pymes en contra de este proyecto”.
En cuanto al futuro, Sola fue claro: “No termina con esto. La profundización del plan de acción implica decirle al Gobierno y al poder político que lo que han hecho va en contra de cualquier derecho manifestado en la Constitución. Por lo tanto, la vamos a judicializar a esta ley”.
El dirigente fundamentó la decisión de acudir a la Justicia: “Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el principio protectorio del derecho del trabajo y el principio de no regresividad de los derechos sociales. El Pacto de San José de Costa Rica lo dice claramente: una vez que tenés un derecho, no podés bajar de ese nivel”.
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