La reforma laboral ya cuenta con media sanción. El miércoles, el oficialismo, con apoyo de Pro, el radicalismo y gobernadores aliados, logró aprobar en el Senado el proyecto con el que pretende abonar el terreno para la generación de empleo formal. Y, aunque el sector empresarial celebra el avance, persisten dudas respecto del impacto real que tendrá la iniciativa por sí misma en la ampliación del trabajo registrado.

Cámaras empresariales y especialistas en materia laboral advierten que, de sancionarse, los cambios en la legislación vigente darán mayor previsibilidad, lo que multiplica los incentivos para contratar personal. Es un punto de partida sólido, pero insuficiente, que empezará a mostrar su verdadero efecto de la mano de una reactivación económica que aún no se concreta.

“Por sí misma no va a generar más empleo, pero es una ley necesaria para cuando se den las condiciones, cuando haya inversión, expansión. Falta que haya una reactivación de la economía. El consumo hoy no aumenta”, explicó Salvador Femenia de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a . Destacó que en los principales centros urbanos aún no se ve el efecto de las grandes inversiones anunciadas en sectores estratégicos como la industria petrolera y la minería.

Según Femenia, la reforma permite regular algunas prácticas que ya se llevaban adelante en las pymes como el fraccionamiento de las vacaciones, así como también minimizar algunos “abusos” vinculados al ausentismo y las licencias médicas.

Además, a través de la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), concede mayor previsibilidad a los pequeños emprendimientos para afrontar indemnizaciones en caso de despidos y evitar, así, cimbronazos en su estructura de costos. Pero la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo en el corto plazo continúa siendo limitada.

Coinciden en la Unión Industrial Argentina (UIA), que valora la aplicación de “criterios taxativos” a la hora de liquidar indemnizaciones y lo que consideran una eliminación del “incentivo económico a faltar sin causa” por la reducción del salario percibido por quienes sufren un accidente o enfermedad ajenos a sus tareas laborales. La entidad destaca también el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos (implica que todos los convenios tienen un tiempo de duración y si no hay nuevos, se mantiene el actual) y la incorporación de herramientas legales para evitar bloqueos y tomas de establecimientos así como también garantizar la operatividad de servicios esenciales.

Estos cambios fueron -según informó el ministro de Economía, Luis Caputo-, uno de los temas de conversación durante la reunión que mantuvo el viernes último con la entidad empresarial. También conversaron sobre la necesidad de avanzar con una baja impositiva para aumentar la competitividad de la industria nacional.

En la UIA se muestran más cautos, en cambio, respecto de las oportunidades que se abren en el corto plazo para ampliar el empleo registrado. “La legislación laboral por sí sola no crea empleo. La generación de trabajo depende de muchos factores. Pero es clave empezar por un marco normativo previsible que permita revertir más de 15 años sin crecimiento del empleo privado formal. Esta ley es el inicio del cambio”, afirmó Martín Rappallini, presidente de la UIA, en redes sociales.

En la misma línea se manifestó el abogado laboralista Julián De Diego, quien subrayó que “el empleo formal requiere de crecimiento económico”. “La reforma es importante porque le da un esqueleto al sistema laboral que posibilita y facilita la inversión, porque da claras reglas de juego, pero claramente por sí sola no genera nuevos puestos de trabajo”, indicó a .

En el corto plazo, la iniciativa puede ampliar la base de trabajadores formales mediante el programa de Promoción del Empleo Registrado (PER) que pretende regularizar las relaciones laborales no registradas. Se trata, sin embargo, de “blanquear” empleados antes que de generar nuevas oportunidades laborales.

La iniciativa contempla una condonación de deudas por capital e intereses derivadas de la falta de pago de aportes y contribuciones a la seguridad social así como la extinción de las acciones penales previstas en el Régimen Penal Tributario.

“Este blanqueo va a aumentar la base de sustentación de la población que está registrada, que son seis millones de trabajadores. Tenemos ocho millones de personas que están en la clandestinidad. Con que una parte de esos ocho millones ingresen a la regularidad, va a mejorar el régimen jubilatorio, la recaudación y sobre todo, se les va a dar protección porque esos ocho millones de personas no tienen salario mínimo, ni representación y defensa oficial de sus derechos”, explicó De Diego.

Y agregó: “Todos los rubros que tienen muchas pymes se beneficiarían con el blanqueo. La industria textil, la gastronomía más pequeña, los autoservice, maxi kioscos, panadería, fruterías, la mayoría de los negocios más pequeños están en negro. No alcanza tanto a la industria manufacturera ni las empresas grandes ya instaladas».

El especialista en Derecho del Trabajo destacó también el impacto que podría tener la creación del Régimen de Incentivo para la Formación Laboral (RIFL) en la generación de empleo. Una actividad económica dinámica sigue siendo, de todos modos, un factor central para que esas facilidades se traduzcan en la práctica en nuevos puestos de trabajo.

“Resulta problemático pensar que una modificación normativa, desligada de una estrategia de desarrollo productivo, pueda resolver los problemas estructurales del mercado de trabajo argentino”, señaló la economista Roxana Maurizio a . A diferencia de De Diego y las cámaras empresariales, considera que la manera en que se planteó la reforma apunta hacia una “flexibilización de las condiciones laborales” que podría profundizar la informalidad.

“La reforma pone el acento casi exclusivamente en la flexibilización de las condiciones laborales, pero deja de lado cuestiones centrales como la productividad, la incorporación de tecnología y el desarrollo de capacidades. Estos son factores claves para que las empresas puedan crear empleo sostenible y mejorar salarios en el tiempo”, continuó. “La reducción de derechos laborales no se traduce en más empleo, sino en una redistribución de riesgos hacia los trabajadores”.

La especialista aseguró que para terminar con la informalidad, en especial entre las pymes, es necesario eliminar restricciones al financiamiento, el acceso a los mercados y la tecnología, lo que exige medidas que trasciendan un cambio en la normativa y la flexibilización laboral. “Al abaratar o facilitar ciertas formas de contratación precaria, se incentiva la informalidad en lugar de promover la formalización”, dijo.

En el ala gremial advierten sobre el mismo riesgo. “Lo que tienen [las empresas] es una gran herramienta para despedir, no para contratar, y para ‘domesticar’ a los laburantes”, denunció Jorge Sola, secretario general de la CGT, a . Duda de la potencialidad de la reforma impulsada por Javier Milei para ampliar la base de trabajadores en el mercado formal. “El problema es que no anda la economía. La única manera de generar empleo es a través de un proyecto de inversión productiva”, siguió.

El dirigente sindical apuntó contra la “regresividad” del proyecto que deberá discutir la Cámara de Diputados. El Gobierno busca aprobar la reforma antes de marzo. “Es una ley regresiva en tres pilares: en los derechos individuales, en los derechos colectivos y la representación gremial y en la enorme transferencia de recursos de los trabajadores al sector empresario sin nada a cambio. Lo único que se obtiene es una promesa de que se va a generar más empleo”, sostuvo.

Cree que hasta que no se produzca una recuperación del poder adquisitivo que motorice el consumo y “ponga en marcha un círculo virtuoso de la economía” algunas modificaciones podría ser estériles para abrir nuevos puestos de trabajo.