Con el cierre de la feria judicial de verano, la causa que investiga el desvío de fondos públicos del programa Potenciar Trabajo por parte de dirigentes piqueteros del Polo Obrero entrará en una etapa decisiva. El juez federal Sebastián Casanello quedó en condiciones de resolver la elevación a juicio de quienes, según la acusación, diseñaron y pusieron en marcha un entramado de empresas ficticias creado para simular gastos y justificar ante el Estado el uso de subsidios millonarios.

El punto de inflexión fue la decisión del magistrado de rechazar el ofrecimiento de 87.963.534 pesos, presentado por Leandro Gastón Kebleris, como propuesta de reparación económica. Kebleris, uno de los dos procesados como partícipe necesario en el desvío de fondos públicos destinados al Plan Potenciar Trabajo, buscaba con ese planteo evitar el debate oral y lograr la extinción de la acción penal en su contra sin reconocer hechos ni responsabilidades.

Para Casanello, ese mecanismo no resulta aplicable cuando se investigan delitos que afectan directamente a la administración pública. La resolución fue adoptada a mediados de diciembre, aunque trascendió en las últimas horas, según pudo saber Infobae. Las defensas anticiparon que apelarán la decisión y, en caso de que el criterio del juez sea confirmado por la instancia superior, el expediente avanzará hacia el juicio oral.

En su pronunciamiento, el juez dejó en claro que el daño investigado no puede resolverse mediante acuerdos privados entre imputados y el Estado. Ese criterio fue respaldado por la Fiscalía y por todos los organismos querellantes —la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Capital Humano y la Unidad de Información Financiera— que se opusieron de manera unánime a la propuesta, al advertir que su aceptación podía comprometer la solidez de la acusación.

Kebleris aparece imputado junto a Anahí Rivero por haber puesto a disposición del Polo Obrero y de la Cooperativa de Trabajo El Resplandor la firma Coxtex S.A., una sociedad que, de acuerdo con la investigación judicial, no tenía actividad real, estructura operativa ni capacidad económica. Para los investigadores, la empresa funcionó como una usina de facturación apócrifa utilizada para simular gastos vinculados al programa Potenciar Trabajo.

En octubre de 2021, Coxtex S.A. emitió dos facturas por más de cinco millones de pesos al entonces Ministerio de Desarrollo Social. Los comprobantes consignaban supuestas compras de materiales e insumos que, según los peritajes judiciales, nunca existieron. Ese mecanismo habría permitido desviar fondos públicos que debían destinarse a proyectos socio-productivos hacia actividades de militancia, campañas electorales y gastos corrientes de la organización.

La Fiscalía sostuvo que la maniobra no fue individual ni aislada, sino que involucró a múltiples actores y distintas etapas de ejecución. En ese sentido, advirtió que no resulta admisible evaluar el daño de manera fragmentada ni circunscribirlo a un solo imputado, especialmente cuando el expediente mantiene abiertas las líneas de investigación sobre otros responsables y otros tramos del presunto esquema delictivo.

Con el rechazo del acuerdo de reparación y tras la intervención de las defensas, Casanello quedó en condiciones de resolver el pedido de elevación a juicio formulado por el Ministerio Público en noviembre pasado. La acusación ubica a Kebleris y a Rivero como piezas clave dentro de una estructura que habría funcionado durante casi cuatro años en el seno del Polo Obrero y de dos de sus unidades de gestión: la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor.

Ese avance procesal se inscribe en una investigación de mayor alcance. Luego de enviar a juicio oral a Eduardo Belliboni por los delitos de fraude y extorsión vinculados al desvío de fondos que debían llegar a unos 85.000 beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo.

Ese presupuesto era administrado desde el ex Ministerio de Desarrollo Social por la Secretaría de Economía Social, a cargo del líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.

Casanello profundizó la pesquisa sobre el andamiaje que hizo posible la maniobra y citó a indagatoria a dos personas señaladas como facilitadores profesionales que intervinieron en el armado de sociedades apócrifas.

Por su parte, el 21 de noviembre de 2024, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de la cúpula del Polo Obrero, encabezada por Eduardo Belliboni, pero agravó el encuadre penal del caso. Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens consideraron que los hechos investigados configuran los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión, lo que elevó de manera sustancial la expectativa de pena.

Para el tribunal, los dirigentes de la organización se valieron de su posición dominante para exigir aportes de dinero y asistencia a movilizaciones a beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo, personas en situación de extrema vulnerabilidad, bajo la amenaza de perder el plan. Los camaristas señalaron que no se trató de hechos aislados ni de decisiones individuales, sino de un esquema que beneficiaba a la conducción del movimiento, que concentraba y administraba los fondos recaudados.

En la causa madre, la Cámara también ordenó profundizar la investigación sobre la eventual responsabilidad de funcionarios públicos y aclaró que la investigación no apunta a criminalizar la protesta social, sino a determinar si una política pública fue utilizada para financiar actividades partidarias en perjuicio del Estado y de los propios beneficiarios.

Desde el juzgado se reconstruyó la ruta del dinero y de las facturas apócrifas, así como el funcionamiento de las denominadas empresas pantalla, consideradas piezas indispensables para concretar la defraudación ya corroborada en el expediente. La hipótesis judicial sostiene que sin ese entramado societario no hubiera sido posible ocultar el verdadero destino de los fondos públicos ni sostener durante años un esquema de rendiciones adulteradas.

Con el objetivo de acelerar las investigaciones, Casanello separó la causa principal del tramo vinculado a las empresas pantalla utilizadas para emitir facturas apócrifas. Ese mecanismo fue negado por los dirigentes del Polo Obrero, aunque sus argumentos fueron refutados tanto por el magistrado como por la Fiscalía. Gracias a esa decisión procesal, el expediente central quedó a la espera de la fecha de juicio oral.

La investigación específica sobre las empresas pantalla determinó que Coxtex S.A. no fue la única firma utilizada. El expediente describe un circuito más amplio que incluyó a Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, Urban Graphics, Ricoprint, Monfrini y Miniso Trade, todas señaladas por emitir documentación falsa para simular adquisiciones y encubrir el desvío de fondos públicos.

Según consta en la causa, entre junio de 2020 y diciembre de 2022, el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor firmaron cinco convenios con el Estado por más de 361 millones de pesos para administrar el programa Potenciar Trabajo.

Pese a los argumentos presentados por los imputados, el magistrado concluyó que una parte sustancial de esos recursos fue administrada de manera indebida. Los investigadores corroboraron que más de 361 millones de pesos fueron desviados mediante la simulación de gastos, el uso de facturas apócrifas y la omisión de rendiciones obligatorias, un perjuicio que incluso podría ampliarse a medida que avance la pesquisa.

Al elevar a juicio oral a Belliboni y a otros 15 imputados, Casanello convalidó la acusación fiscal, que sostuvo que el Estado fue engañado a través de rendiciones adulteradas, la utilización de empresas ficticias, la simulación de operaciones inexistentes y la circulación de cheques destinada a dificultar el rastreo del verdadero destino del dinero. También se advirtió que parte de los desembolsos ni siquiera fue rendida, lo que permitió eludir controles y facilitar nuevos giros de fondos públicos.

Con la feria judicial en su tramo final, el expediente volverá a activarse en los tribunales de Comodoro Py. La Justicia deberá definir las responsabilidades de los acusados de haber diseñado las empresas pantalla y de haber ejecutado la operatoria de facturación apócrifa utilizada para desviar fondos públicos, recursos que debían llegar a los sectores más vulnerables de la sociedad y que, según la investigación, terminaron financiando actividades ajenas al fin social del programa. Son los mismos sectores que los referentes piqueteros afirmaban defender.