El escándalo vinculado al exministro de Transporte bonaerense Jorge D‘Onofrio, procesado por presunto lavado de dinero con el sistema de fotomultas y la VTV, generó numerosas denuncias que se convirtieron en al menos tres expedientes que se tramitan en la Justicia federal.

En uno de estos casos se investiga si una serie de municipios desviaron millones de pesos de las fotomultas a la Universidad Nacional de San Martín, que no habría estado registrada como proveedora para intervenir en el proceso.

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Se trata del expediente que lleva adelante el Juzgado Federal de Tres de Febrero, que conduce Juan Manuel Culotta.

Según pudo saber TN, la Justicia investiga los convenios que 11 municipios firmaron con esa casa de estudios para la administración del cobro de multas por infracciones de tránsito. Entre las jurisdicciones están La Matanza, Roque Pérez, Olavarría y General San Martín.

Meses atrás, el juez Culotta encargó un informe a la Unidad Investigativa contra la corrupción de la Policía Federal para que analizara los convenios con el objeto de determinar la existencia о no de irregularidades en las contrataciones entre los actores mencionados en el expediente, es decir, entre las municipalidades, la Universidad de San Martin, la Fundación de la Universidad de San Martin y la empresa Tránsito Seguro, del empresario Leandro Camani.

En esa documentación consta una declaración de Pablo Sanguinetti, Director de Apoyo y Coordinación Técnico Administrativa de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires, que confirmó los convenios entre 11 municipios y la Universidad de San Martín para administrar el sistema de cobro de multas; la prestación de servicios por empresas privadas (Tránsito Seguro); y la distribución de fondos sobre los ingresos por multas entre PBA, municipios, la universidad y la firma de Camani.

Sanguinetti está imputado en la causa que investiga el fiscal Garganta por coordinar la gestión de los gestores que reducían las multas a cambio de dinero. Esa causa la inició el propio empresario Camani.

La normativa establece que de la generación de una multa, el 20% corresponde a la Provincia de Buenos Aires y el resto a los municipios que, a su vez, deben contratar a las empresas privadas que presten el servicio de cámaras.

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Sin embargo, la Justicia investiga si estos 11 municipios desviaban la plata de la fotomulta a la Universidad de San Martín para que luego esta le pague a las firmas proveedoras del servicio. Se cree que, tan solo en 2024, se habrían desviado unos $1900 millones.

En este sentido, el informe que recibió Culotta, establece que se identificaron actas complementarias vinculadas a convenios de asociación estratégica celebrados entre la Fundación UNSAM Innovación y Tecnología (FUNINTEC) y la firma Tránsito Seguro S.A., en el marco de la implementación del Programa de Seguridad Vial en distintos municipios bajo análisis.

En dichas actas, se otorga participación directa a la empresa Tránsito Seguro S.A. en la ejecución de tareas operativas que, conforme al objeto contractual original, habrían correspondido a la Universidad Nacional de San Martín. En rigor, esas tareas eran trasladadas a la Fundación de la universidad y luego tercerizada a Transito Seguro S.A.

De esta forma, según el informe, se verificó una cadena contractual escalonada del convenio principal celebrado entre municipio y universidad, que derivó en un segundo convenio entre la UNSAM y su Fundación (FUNINTEC), y de allí, una tercera instancia contractual mediante actas complementarias que habilitan la participación de Tránsito Seguro S.A. en tareas técnicas, logísticas y administrativas originalmente previstas para la universidad.

Asimismo, de la documentación bancaria se obtuvo una imagen que da cuenta de la existencia de transferencias realizadas desde cuentas bancarias titularizadas por la Fundación UNSAM Innovación y Tecnología hacia la firma Tránsito Seguro S.A., instrumentadas a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

En concreto la subcontratación se dio entre la Fundación de la Universidad San Martin con la empresa TRANSITO SEGURO. Pero para que haya podido intervenir la Fundación, tanto los municipios como la UNSAM hicieron uso de la cláusula del convenio que requería plena conformidad de ambos para la participación e integración de terceros.

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En la denuncia original, se señaló que la Universidad de San Martín no sería proveedora registrada, ni tiene por qué serlo, por lo que no está claro cuál es su aporte en el proceso ya que las cámaras eran aportadas por las empresas.

Según la denuncia, los contratos entre las Universidades Nacionales con empresas privadas como Secutrans S.A. son nulos, ya que el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto 1023/2001, y modificado luego por el Decreto 204/2004, en su artículo 25, inciso D apartado 8, “dispone que en las contrataciones directas entre organismos del Estado, está expresamente prohibida la subcontratación del objeto del contrato en servicios de seguridad, logística o salud, siendo que esta prohibición fue ratificada por el Decreto n° 641/2018″.

Asimismo, se menciona que el Decreto 1091/2024 “termina para siempre con la contratación de universidades para hacer fotomultas”.

La respuesta de Tránsito Seguro

En diálogo con TN, desde Tránsito Seguro afirmaron que en el expediente el organismo a cargo de la auditoría no detectó en el informe ningún tipo de irregularidad y se citaron a los oficiales autores del informe a prestar declaración del mismo.

A su vez, el Tribunal de Cuentas (que entre sus funciones audita y controla cuentas municipales) informó que “no existen observaciones vinculadas a la temática que nos ocupa en los Fallos de cuentas de los Municipios de La Matanza, Roque Pérez, Junín, General Rodríguez, 9 de Julio y San Isidro”.

Por otro lado, marcaron que Tránsito Seguro SA es una firma especializada en el procesamiento de infracciones de tránsito, con amplia experiencia en la implementación de sistemas tecnológicos destinados al control vial en distintos municipios y provincias del país, con equipamiento debidamente homologado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, así como registrado en el Registro de Proveedores de Tecnología del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

“Llamativamente, inician las citadas actuaciones en el marco de una causa que tramita en el Juzgado Federal de La Plata a cargo del Dr. Kreplak, originada en el año 2011, en la cual cito textual se investigaban inconsistencias en la recaudación de multas, y se encontraban mencionados CECAITRA y la UTN. Al ser poca la información que tenía de esa causa, fue consultado (Sanguinetti) si en la actualidad aún existían estas situaciones, por lo que puso en conocimiento que advirtieron que en la actualidad había inconsistencia en la recaudación con otros actores, en donde intervenían Universidades y Fundaciones, vinculadas con dos proveedores de tecnológicas y determinados municipios. Los proveedores de tecnologías se llaman “TRANSITO SEGURO” y “SECUTRANS”, esta última no se encuentra seguro de que participe pero es del mismo grupo que “Transito Seguro”. Las empresas citadas por el Sr. Sanguinetti, si bien no tenían nada que ver con lo investigado así como tampoco se han detectado irregularidades en el curso de la investigación, no han sido señaladas casualmente por el ex funcionario hoy imputado, sino debido a la denuncia realizada por Leandro Camani en representación de SECUTRANS, denuncia que ha motivado no solo la salida de todo el gabinete del ex Ministro D´onofrio (inclusive quien origina la presente causa, el Sr. Sanguinetti), sino también el procesamiento de los mencionados en la causa FSM 23688/2024 por lavado de dinero en el Juzgado Federal de Campana, así como la imputación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito en la UFIJ 11 de La Plata (P-00-056058-23/00 caratulada “Quattrochi, Mario y otros s/ Fraude en perjuicio de la Administración Pública“,

Tanto la empresa TRANSITO SEGURO SA como SECUTRANS S.A. han aportado toda la documentación requerida por el Juzgado, así como los Municipios en los cuales presta servicios, sin que a la fecha se hallan detectado cualquier tipo de iregularidades. Es importante remarcar que de las auditorías realizadas por el Honorable Tribunal de Cuentas, así como del informe realizado por la División Anticorrupción de la PFA, no surgen observaciones en ninguno de los municipios referidos», agregaron en el comunicado.

Desde la Universidad de San Martín explicaron a TN que la casa de estudios tiene un Programa de Formación y Gestión de la Seguridad Vial aprobado por su Consejo Superior y que por tal motivo varios municipios de la Provincia de Buenos Aires solicitaron la suscripción de convenios de colaboración para el desarrollo del programa e implementación del Plan de Seguridad Vial Municipal a fines de mejorar la gestión para reducir siniestros.

En este sentido, desde la casa de estudios sostuvieron que el trabajo de la facultad con los municipios se basó en lo siguiente:

• Campañas de concientización y capacitaciones en distintos municipios.
• Gestión administrativa para la provisión de equipos, instalación y mantenimiento preventivo, correctivo y actualización tecnológica para fotomultas.

Por otra parte explicaron que la Universidad no tiene la obligación de estar inscripto en ningún registro de proveedores, ya que la UNSAM desarrolla la gestión administrativa para la gestión de las fotomultas, subcontratando a la empresa Tránsito Seguro S.A. para el aporte de la tecnología necesaria. Esta empresa está debidamente inscripta y tiene los permisos correspondientes para la prestación de los servicios realizados.

Distintas empresas del sector cuestionan supuestos beneficios del Ministerio de Transporte bonaerense en la utilización de radares al empresario Leandro Camani. En este sentido, aseguran que en los últimos días se publicaron en el boletín oficial provincial resoluciones firmadas por el director provincial de Apoyo y Coordinación Técnico Administrativa de la Provincia, Jorge Orzali, autorizando de manera exprés a los municipios de General Pueyrredón, Punta Indio, Dolores, Exaltación de la Cruz y Mar Chiquita, a la instalación de 15 equipos de constatación de infracciones. En el entorno de Camani niegan de forma rotunda esta información.

foto multas, Provincia de Buenos Aires

La CGT planteó sus críticas contra la reforma laboral de Javier Milei ante autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), durante un encuentro sindical internacional realizado en Washington, Estados Unidos.

El cuestionamiento fue efectuado por el secretario de Relaciones Internacionales cegetista, Gerardo Martínez (UOCRA), quien afirmó: “La reforma laboral colisiona en lo colectivo y en lo individual con la Constitución argentina. Y lamentablemente el diálogo tripartito no es una política de Estado, mientras hay una crisis que afecta el desarrollo y la producción y, por ende, aumentan el nivel de despidos y el cierre de fuentes de trabajo”.

El dirigente de la CGT participó en la capital norteamericana de una nueva ronda de reuniones entre el movimiento sindical internacional y las instituciones financieras multilaterales, como parte de las Reuniones de Expertos 2026 organizadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC) y la AFL-CIO, la central obrera de EEUU.

En ese marco, según se informó, dirigentes sindicales, economistas y representantes del FMI y del Grupo del Banco Mundial debatieron los desafíos de la economía global, el futuro del trabajo, las políticas de desarrollo y la necesidad de fortalecer la dimensión social en las decisiones financieras internacionales.

Estas reuniones se llevan adelante desde 2002 como un espacio de diálogo entre representantes del sindicalismo mundial y de las instituciones de Bretton Woods para analizar políticas económicas, deuda, empleo y desarrollo desde la perspectiva de los trabajadores.

Además, se produjo una reunión de alto nivel entre sindicalistas y el FMI en la que se analizaron las revisiones de políticas que el organismo internacional está llevando adelante, donde los representantes de los trabajadores pidieron que estas revisiones “incorporen de manera central el respeto al trabajo decente, los derechos laborales y los derechos humanos, como parte fundamental de cualquier estrategia de desarrollo económico sostenible”.

Martínez, también miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señaló que los programas económicos impulsados por los organismos internacionales deben “contemplar la dimensión social y laboral en sus evaluaciones”.

El líder de la UOCRA sostuvo que en el proceso de revisión que realiza el FMI, “es imprescindible que se privilegie la perspectiva del trabajo decente, la protección de los derechos laborales y el desarrollo inclusivo”, elementos que, dijo, son “indispensables para garantizar crecimiento económico con justicia social”.

“En la agenda promovemos un salario básico universal y rediscutir los términos que conforman el contrato social mundial -enfatizó Martínez-. De 190 países, sólo 45 de ellos son desarrollados y el resto, a pesar de los encuentros multilaterales, siguen expuestos a tener un balance negativo en lo comercial, en lo productivo y en la dimensión sociolaboral.

Cathy Feingold, directora internacional de la AFL-CIO y vicepresidenta de la Confederación Sindical Internacional (CSI), que coordinó el diálogo entre los sindicatos y las instituciones financieras multilaterales, subrayó la importancia de que las políticas económicas globales respondan concretamente a las necesidades de los trabajadores y contribuyan a la reducción de desigualdades en un escenario mundial tensionado por conflictos geopolíticos, desaceleración económica y acelerados cambios tecnológicos.

El evento contó también con la participación de Marcelo Di Stefano, secretario de Fortalecimiento y Organización Sindical de la Confederación Sindical de las Américas (CSI), quien representó a los trabajadores latinoamericanos en el diálogo con los organismos internacionales, reforzando así la inserción regional en el debate global sobre empleo, protección social y desarrollo.

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El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, avanzó con la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) luego de desplazar al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo.

Fuentes oficiales aseguran que la medida fue convalidada por el nuevo integrante del gabinete ayer a la noche. “La definición es avanzar rápido”, agregan.

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La decisión se produce a pocas horas de que el nuevo ministro asumiera al frente de la cartera tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y en el marco de la investigación administrativa que el organismo inició sobre los estados contables de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

En paralelo, Mahiques pidió la renuncia de varios titulares de organismos que dependen del Ministerio de Justicia, entre ellos la IGJ, la Unidad de Información Financiera (UIF) y otras áreas de control administrativo, como parte del reordenamiento de su equipo de gestión.

La designación de veedores se vincula con el expediente que la IGJ abrió para analizar la situación institucional y financiera de la AFA.

El organismo había solicitado formalmente la intervención de veedores con el objetivo de auditar los estados contables correspondientes al ejercicio 2025 y revisar distintos movimientos económicos de la entidad.

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Según explicaron en el Ministerio de Justicia, la medida permitirá que los veedores designados accedan a la documentación contable y administrativa de la asociación, incluida la información vinculada a las operaciones con empresas nacionales y extranjeras, así como los registros financieros relacionados con la Universidad de la AFA (UNAFA) y otros convenios firmados por la institución.

El conflicto entre el Gobierno y la conducción de la AFA se originó luego de que la entidad no presentara en tiempo y forma el balance financiero correspondiente a 2025.

Desde la IGJ sostienen que la organización entregó documentación de manera parcial durante los últimos meses, pero que todavía no cumplió con la presentación completa del último ejercicio contable.

Noticia que está siendo actualizada.-

Juan Bautista Mahiques, AFA