La reforma laboral del Gobierno, que este jueves se debatirá en la Cámara de Diputados, colocó al fuero laboral de la Justicia Nacional en un lugar incómodo.

El texto que promueve el oficialismo proyecta la “progresiva disolución” del fuero laboral nacional. Y aunque ese proceso va en línea con el demorado traspaso de la Justicia Nacional al ámbito porteño, las dudas sobre los detalles del cambio ponen en alerta a los magistrados del fuero.

María Elena López, vicepresidenta de la Asociación de Magistrados y magistrada del fuero, reconoce la importancia de rediseñar el esquema laboral -“las necesidades cambiaron”, asegura en diálogo con -, pero considera que el proyecto actual no reunió aval suficiente: “un proyecto no debería jamás responder a los intereses de un solo sector”.

Además, rechaza que el fuero responda a intereses sectoriales, un axioma en el que la reforma del Gobierno parece apoyarse tácitamente. “La industria del juicio no existe”, argumenta, en contraposición con las acusaciones del Gobierno que apuntan a los abusos y las complicidades en perjuicio de los empleadores.

−¿Cree necesaria una reforma laboral?

– Por supuesto que es necesaria. Porque pasaron muchísimos años y el mundo del trabajo ya no es lo mismo. La gente que se incorpora no es la misma, las necesidades tanto del sector empresario como de la gente que se incorpora tampoco, sobre todo las de los jóvenes, que se incorporan al mercado de trabajo priorizando otra cosa: empleos verdes, diagramación y libertad en el ejercicio de la jornada de trabajo, etc. Pero lo que sería necesario es darnos un debate como sociedad para ver cuál es el mejor proyecto de reforma que la sociedad necesita. El tema no es si es necesaria o no una reforma, que yo estoy totalmente de acuerdo, sino cuál es la mejor reforma posible.

−¿Qué opinión tiene del proyecto en particular?

– No puedo hablar de la ley en particular porque podría llegar a tener que emitir opinión en un análisis en mi trabajo, en una sentencia, pero de todas maneras, lo que me parece más grave de todo esto es la ausencia de debate. Hay muchas cosas que tienen que estar en juego: las libertades, las necesidades de cada uno de los sectores, ver cuáles de las cosas que estás incorporando pueden contribuir a mejorar o a paliar ciertas situaciones como pueden ser la informalidad. Y, fundamentalmente, un proyecto no debería jamás responder a los intereses de un solo sector.

−Se opone al modo y a que refleja los intereses de solo uno de los sectores

– Lo que digo es, y no estoy emitiendo juicio, cuáles serían las pautas que debería tener desde mi mirada un proyecto de reforma de ley. Uno de los requisitos es que no debería responder a los intereses de un sector, eso es lo que digo.

−El Gobierno sostiene que uno de los objetivos de la reforma es poner fin a la industria del juicio. ¿Existe tal industria?

– Un juez laboral analiza el caso, y mira si la norma que la persona está invocando encaja. No se puede cometer un grado de arbitrariedad enorme en relación a eso, ni puede decir: “no aplico la ley”. En ese marco, digo que la industria del juicio no existe. Lo que existe es un montón de reclamos que muchas veces tienen asidero y llegan a buen puerto y muchas veces no. No soy yo la única jueza del trabajo, como muchos colegas, que en numerosas ocasiones rechazamos demandas que no tienen asidero. Hay todo un proceso, enmarcado en una Constitución, con un juez que es probo, que rindió sus exámenes, que hizo su defensa ante el Senado, y que si no es probo, está el Consejo de la Magistratura para removerlo.

Es muy fácil decir ‘la industria del juicio existe’, pero si nosotros nos ponemos a analizar que todas estas cosas se dan en el marco de un proceso que es legal, que es jurídico y que está basado en normas, esa afirmación es absurda.

−¿Y por qué hay tanta diferencia de criterios en el tema de las indemnizaciones, por ejemplo?

– Acá hay dos cosas distintas, que es si un trabajador en una relación de trabajo está en negro o en blanco. Si está en blanco, hay un establecimiento de un mes de sueldo por cada año de trabajo. No se paga más que eso, porque es una indemnización que está tarifada y nadie podría apartarse de esa norma.

El tema es si las diferencias empiezan cuando el trabajador está en negro. Había una serie de multas tendientes a condenar o penar a ese empleador incumplidor, pero si ese empleador tenía a sus empleados registrados, no podría haber ningún tipo de diferencia.

Y luego está el tema de la tasa. Hubo alguna discrepancia en cuanto a la aplicación de la tasa en nuestro país. No sucedió solamente en la Justicia Nacional, sino también en cada una de las provincias. La ley dice que se aplica la tasa que determinan las partes; en segundo lugar dice que se aplican las tasas que la ley determina; y si la ley no lo determina, viene el juez. Bueno, también hay alguna responsabilidad del legislador que durante tantos años no le dijo a los jueces cuál era la tasa que debía aplicarse. No es que le estoy corriendo el cuerpo a la responsabilidad, pero digo, acá hay un sistema, en todo caso, que no funciona.

−¿Por qué se vincula tanto al fuero con el sindicalismo?

– El juez de Trabajo aplica las normas en función de ciertos principios y hay principios que dicen que, en caso de duda, tenés que estar a favor del trabajador, que el trabajador es el sujeto de preferente tutela. Yo no me siento vinculada al sindicalismo, creo que la mayoría de mis colegas tampoco, nosotros somos un tercero que intermedia entre ambas partes, tampoco tenemos mucha incidencia, por lo menos los jueces de primera instancia. No somos ni tan poderosos, ni tan arbitrarios, porque la Constitución no lo permite.

Lo que resolvemos es si hay algún derecho tutelado que se puede llegar violentar, y ahí aplicamos la doctrina de la Corte. Es la Corte la que dijo si un trabajador debe ser reinstalado o no, lo mismo en términos de discriminación. No es un fuero que se aparte de lo que ha dicho la Corte.

Quizás sorprenda algún fallo, que ordene que un delegado sindical que ha sido despedido, debe ser reinstalado, pero eso lo dice la ley, es la interpretación de los fallos de un tribunal superior y es lo que nosotros aplicamos.

−Hay fallos de la Corte que revocan decisiones de la Cámara Laboral…

– En materia de tasa de interés. Fundamentalmente todo gira sobre eso y es en relación a algunas salas, no a todas. En relación a los montos que se han aplicado en condenas por daños y perjuicios en materia de accidentes de trabajo, que la Corte ha considerado que son exorbitantes, y los ha revocado. Y en el caso de accidentes, han vuelto a otra sala, y la sala lo ha modificado conforme lo que la Corte ha determinado.

−¿Los jueces laborales se sienten apuntados por la reforma?

– Nos están diciendo que nos cierran [alude al Capítulo IV de la ley, en el que se incluye el acuerdo para transferir el fuero laboral nacional al porteño]. El Poder Judicial de Nación no ha sido parte, ni mucho menos la asociación de magistrados. Esto no solamente es súper perjudicial para nosotros, que nos dicen ‘ustedes no van a ser más jueces, esto se cierra’, sino que es absolutamente disciplinador para todo el resto que está mirando.

Nadie negaba la posibilidad de que la Ciudad de Buenos Aires pudiese hacerse cargo de la justicia del trabajo de los habitantes de su ciudad. Nosotros veníamos trabajando muy bien, en el marco de una comisión de traspaso y de transferencia de competencias. El proceso venía muy avanzado, con informes, con resultados positivos, y de golpe aparece esto.

¿Se va a poder ir a reclamar a diez juzgados laborales que en este momento están en la ciudad de Buenos Aires cuando nosotros somos ochenta y no damos abasto? ¿Cuánto va a durar el juicio de un trabajador?

−¿La reforma podría judicializarse?

– Seguramente. Es una posibilidad que estamos evaluando, pero vamos en el día a día. Por ahora, lo que tratamos es que esto no se apruebe.