POLITICA
Escándalo e interna familiar en Morón: denuncian por abuso al hermano de Sabbatella y él dice que es una operación de La Cámpora por apoyar a Kicillof
Casi como si fuera una novela de otros tiempos, en un municipio clave del oeste del Conurbano desde hace años se da una pelea de hermanos que salpica la ya conocida interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof por el control del peronismo bonaerense.
Hernán Sabbattella, ex candidato a intendente y secretario legal y técnico del gobierno municipal de Lucas Ghi, que responde al kicillofismo a nivel provincial, está totalmente distanciado desde hace años de su hermano Martín, ex intendente de Morón y dirigente alineado a Cristina Kirchner desde sus tiempos como titular de la AFSCA, en el final del segundo mandato de CFK.
El menor de los Sabbatella, Hernán, atraviesa por estas horas una serie de acusaciones de parte del kirchnerismo duro sustentadas en una denuncia por abuso que realizó una mujer en su contra en 2021, después de una salida que habían hecho por Vicente López.
Él asegura que se trata de una operación política, impulsada por el sector que responde a nivel local a su hermano y que en estos últimos meses fue víctima de amenazas y pintadas en su contra.
Martín, el mayor de los hermanos, prefiere no hablar, pero desde su entorno plantean que se trata de un tema «sensible», que fue lo que motivó el distanciamiento entre ambos, y que fue advertido oportunamente al intendente Ghi que decidió que Hernán Sabbatella siguiera siendo un funcionario clave en su gobierno.
Según denunció en su momento D.R.G (la denunciante), que hoy tiene 33 años, Hernán Sabbatella la invitó a tomar una cerveza, lo que motivó que empezara a «perder el conocimiento y a sentirme mal», producto de una sustancia que, según ella, le habría suministrado él, quien, agrega, la dejó «abandonada en la vía pública», deambulando por la zona.
El tema tuvo idas y vueltas en la Justicia pero se reactivó el 14 de abril, cuando el abogado de la joven solicitó ante la Fiscalía General de San Isidro que se reabriera el caso que había pedido archivar diez días antes la Fiscalía de Cámara por entender que las pruebas presentadas «no sugerían indicios de abuso sexual».
La defensa de la mujer planteó que la presunta víctima ingirió de manera involuntaria opiáceos y cannabinoides y que Sabbatella, que se encontraba con ella se retiró del lugar en su automóvil, llevándose consigo la cartera y el teléfono celular de la joven.
El menor de los Sabbatella, consultado por Clarín, se defiende argumentando que es una «causa armada y fogoneada», que fue «dos veces archivada por fiscalías distintas». También dice que la joven que lo denuncia «en ningún momento habla de abuso o violencia física, sino que asegura no recordar qué pasó».
Desde diferentes sectores de la política moronenses aseguran que a partir de la denuncia, desde el gobierno local se intentó «tapar todo» y que en esa búsqueda se le asignó un cargo a la joven denunciante, como directora de coordinación del consejo de asesores, bajo la órbita de la jefatura de asesores que hasta febrero de 2024, cuando fue ascendido a secretario de Legal y Técnica, ocupaba Hernán Sabbatella.
Más allá del cargo que le asignaron en ese momento, la joven decidió mantener la denuncia contra Hernán Sabbatella. De allí que el expediente, originalmente iniciado en 2021, se reactivara durante el último año y tuviera implicancias recientes en abril.
Otro punto polémico que involucra al menor de los Sabbatella y también al intendente Ghi es el despido de la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Cinthia Frías, que a través del partido Nuevo Encuentro -creado por Martín Sabbatella y que excepto de 2015 a 2019 gobierna Morón desde 1999- pidió que Hernán Sabbatella asistiera a una audiencia y dé explicaciones.
El pedido se hizo a principios de abril y su salida del cargo fue hace sólo dos semanas, el lunes 21, con la firma del secretario legal y técnico y del intendente. Hernán Sabbatella desmiente que su salida tenga que ver con el caso que lo involucra.
Kirchnerismo
POLITICA
Piden decomisarles US$5 millones y 141 inmuebles a Cristina Kirchner, su familia y Lázaro Báez
El fiscal federal Diego Luciani, acusador de Cristina Kirchner en el caso Vialidad, pidió que a la expresidenta, su familia y Lázaro Báez les decomisen 141 inmuebles, incluido el departamento donde ella cumple prisión domiciliaria, 46 autos, US$5.656.134 y $53.280,24.
Luciani presentó un escrito, acompañado por el fiscal Diego Mola, en el que relataron que habían identificado nuevos bienes vinculados a las personas condenadas en el caso Vialidad para que se ordenara su decomiso.
“En concreto, solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$ 992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, dijeron.
Los fiscales sostuvieron que su solicitud “responde a que las personas condenadas, intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la Administración pública, todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo».
“Y no solo eso -afirmaron-; también han echado mano de todo tipo de artilugios procesales, declarados inadmisibles una y otra vez por el tribunal que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores. Como resultado, vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme.”
Según los fiscales, “la resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.
Luciani y Mola afirmaron que pese a que se niegan a pagar lo que la Justicia les ordenó, “muchos de los condenados registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada”.
Los fiscales dijeron que fruto de un “trabajo constante” y de los reiterados pedidos de la fiscalía, el 18 de noviembre de 2025, el tribunal “emitió una resolución contundente” y ordenó decomisar 111 inmuebles, que incluyen 84 de Lázaro Báez, uno de Cristina Fernández, 19 de Máximo y Florencia Kirchner (recibidos a título gratuito), dos de Austral Construcciones SA, tres de Kank y Costilla SA y dos de Loscalzo y Del Curto SRL.
Y afirmaron que el tribunal “habilitó expresamente a que se profundizaran todos los procedimientos” para hacerse de todos los bienes posibles para cubrir los montos adeudados por los condenados.
“El decomiso de nuevos bienes que presentamos en este dictamen permitirá alcanzar un total de 252 inmuebles, cuya titularidad es de Cristina Fernández, Lázaro Báez o las empresas vinculadas a estos”, anunciaron Luciani y Mola.
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POLITICA
Causa por violencia de género: Fabiola Yáñez rechazó un planteo y pidió que Alberto Fernández vaya a juicio oral
En un nuevo capítulo de la causa contra Alberto Fernández por violencia de género, la exprimera dama, Fabiola Yañez, rechazó el intento de la defensa del expresidente de reiniciar la investigación y pidió que el expediente se eleve a juicio oral.
A través de un escrito presentado ante el juez Daniel Rafecas, Yañez remarcó que cualquier dilación en el proceso implicaría una revictimización.
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El documento aseguró que el expresidente “en su consciente ceguera frente a los hechos, omite advertir que este proceso ha sido examinado jurídicamente por distintos representantes del Ministerio Público Fiscal y ha atravesado diversas instancias revisoras, en todas las cuales se confirmó la legalidad del trámite llevado adelante, así como la necesidad de investigar las conductas denunciadas».
Representada por Marcela De Leonardis y María Eugenia Sosa, Yáñez sostuvo que Fernández implementó maniobras para que la causa vuelva a foja cero porque sabe que cuenta con “altas chances de terminar en condena”.
Cualquier decisión que dilate el juicio, ponderó la defensa de Yáñez, hablaría de “un poder judicial corporativo al servicio de intereses inconfesables (es increíble que esto sea dicho por quien fue el máximo responsable del gobierno y poco y nada hizo para cambiar estas instituciones que, según él, estarían viciadas)”.
La causa se originó con las denuncias por los supuestos golpes y maltratos que Yañez recibió por parte del exfuncionario, ocurridos antes y durante su residencia en la Quinta de Olivos. La investigación avanzó bajo la dirección del fiscal Ramiro González, quien ya se opuso al pedido de la defensa de Fernández en un dictamen contundente.
El fiscal criticó el enfoque de Fernández, al que describió como un intento de posicionarse como víctima en un caso donde él es señalado por atormentar, golpear y amenazar a su expareja.
La defensa de Fernández, por su parte, busca anular gran parte de la instrucción argumentando que estuvo a cargo del juez Julián Ercolini, apartado por la Cámara Federal de Casación Penal debido a una presunta enemistad con el exmandatario.
A pesar de la decisión de apartar al juez, la Cámara validó todo lo realizado en la causa por Ercolini, ya que la salida del magistrado es “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.
Fernández se encuentra procesado por amenazas coactivas, lesiones leves y graves agravadas por el vínculo, en un marco de violencia de género.
La denuncia de Fabiola Yáñez
En la causa, Fernández está acusado de ejercer violencia psicológica sobre Fabiola Yáñez durante varios años, entre 2016 y 2024. Según la denuncia, las agresiones incluyeron acoso, insultos y otros comportamientos que afectaron la salud de la ex primera dama.
Además, se le imputa haber intentado evitar que su ex pareja se presentara en la Justicia, lo que lo involucra en un delito de presunta coacción.
La acusación, confirmada por la Cámara Federal porteña en abril, sostiene que Fernández ejerció “de manera sistemática” violencia psicológica contra Yáñez, mediante “acosos, hostigamientos, controles, insultos, ninguneos y hostilidad”.
El fiscal subrayó que el imputado “se habría aprovechado de una situación de vulnerabilidad preexistente” y que las agresiones ocurrieron tanto en el ámbito privado como en la residencia presidencial de Olivos.
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Entre las pruebas, el expediente incluye imágenes difundidas públicamente en 2023 que muestran lesiones en el brazo y en el ojo derecho de la entonces primera dama. Esas fotos, enviadas por Yáñez vía WhatsApp a la secretaria presidencial María Cantero, dieron origen a la investigación. “No existen dudas acerca de los golpes recibidos”, afirmó el fiscal González.
Durante el año que duró la pesquisa, se tomó declaración a médicos presidenciales, personal de la Quinta de Olivos, familiares de Yáñez y allegados, así como a su esteticista. También se analizaron historias clínicas, registros de ingreso y egreso de Olivos, videos y comunicaciones telefónicas desde 2016.
Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, Justicia
El dirigente social Juan Grabois mantuvo un duro cruce este jueves con el diputado de La Libertad Avanza Álvaro Martínez en plena sesión en la Cámara de Diputados donde el Gobierno busca aprobar un nuevo régimen penal.
El conflicto se originó mientras Grabois había uso de una cuestión de privilegio. Mientras hablaba, Martínez tomó un abanico y lo agitó en medio del recinto, e insinuó ofrecérselo.
El gesto hizo alusión a imágenes virales que trascendieron este miércoles cuando una mujer por momentos abanica a Grabois mientras se encontraban parados. Ocurrió durante la protesta por la reforma laboral.
La respuesta de Grabois no se hizo esperar y, entre insultos, calificó al diputado de “bobo” y “tontito”.
“¿Te lo trajiste para hacer el espectáculo? Es medio bobo lo que estás haciendo. Sos medio tontito vos”, manifestó.
Noticia en desarrollo
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