La Cámara de Diputados recibió el proyecto de reforma laboral tras la aprobación en el Senado para su tratamiento legislativo final. El texto oficial ingresó este viernes por la tarde al Congreso nacional. Los legisladores analizan los alcances de la normativa en las sesiones extraordinarias y el Poder Ejecutivo coordina acciones con mandatarios provinciales aliados para garantizar el número de votos necesario en el recinto.

El oficialismo prevé que la sanción definitiva de la ley ocurra entre este miércoles 18 de febrero y el próximo jueves. La intención de la Casa Rosada apunta a concluir el debate antes del cierre de las sesiones extraordinarias.

La iniciativa llega desde el Senado con media sanción y el apoyo de diversos gobernadores provinciales. El oficialismo confía en que todas las alianzas tejidas para el paso de la reforma por el Senado se mantendrán. Bajo esa premisa, el gobierno nacional calcula que alcanzará el número necesario para aprobar la ley. El cronograma legislativo establece una discusión técnica en las comisiones de trabajo para emitir dictamen de forma inmediata.

El sindicalismo rechaza las modificaciones al orden de prelación de los convenios colectivos. El nuevo texto permite que un acuerdo de ámbito menor prevalezca sobre uno mayor, lo que aplica incluso si el convenio local ofrece condiciones menos beneficiosas para los operarios. Una empresa o región podrá imponer sus términos sobre el convenio nacional de la rama de actividad correspondiente.

La limitación de la ultraactividad representa otro eje de disputa con los sectores gremiales. La norma actual mantiene la vigencia de los contratos vencidos hasta la firma de un nuevo pacto (la propuesta altera este principio). El proyecto contempla una reducción en el cálculo de las indemnizaciones por despido y la eliminación de multas para los empleadores.

Los antecedentes judiciales influyen en la cautelar del oficialismo. La Corte Suprema de Justicia aún evita un fallo definitivo sobre el capítulo laboral del decreto 70/23. Los gremios obtuvieron previamente declaraciones de inconstitucionalidad contra el título cuarto de la Ley Bases. Cerca del presidente Javier Milei aseguraron: “Hay que esperar y ver”. El equipo jurídico prepara argumentos para defender la constitucionalidad de cada punto en disputa.

La alianza con los gobernadores garantiza una base sólida de apoyo en la Cámara baja. El ministro del Interior, Diego Santilli, negoció los términos del proyecto con mandatarios peronistas y aliados. Los representantes de las provincias de Córdoba, Salta, Tucumán y Catamarca acompañarían la votación general. La eliminación del artículo que reducía el impuesto a las Ganancias para empresas destrabó las conversaciones con los líderes provinciales.

La senadora Patricia Bullrich defendió la inmutabilidad del texto aprobado por la Cámara alta. La funcionaria sentenció: “La ley ya está, es esta”. El Gobierno nacional rechaza la incorporación de cambios que obliguen a una segunda revisión en el Senado. El bloque del Pro insiste con la inclusión de las billeteras virtuales para el pago de salarios, pero el oficialismo prioriza la celeridad del trámite parlamentario.

Los bloques de Innovación Federal y Provincias Unidas suman sus votos a los 95 legisladores libertarios. El bloque Independencia de Tucumán y los representantes de Elijo Catamarca cumplen un rol determinante en la paridad legislativa. El gobernador misionero Hugo Passalaqua mantiene su reclamo al Consejo Federal del Trabajo pese al apoyo de sus senadores.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gabriela Origlia.

La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) dispuso este lunes la organización de una medida de fuerza nacional ante el debate parlamentario de la reforma laboral. El consejo directivo estableció un esquema de protesta, pero sin movilización masiva. Esta acción representa el cuarto enfrentamiento del sector sindical contra el programa económico del Poder Ejecutivo.

La central obrera definió un cese de actividades por 24 horas sin desplazamiento de columnas para la jornada en que la Cámara de Diputados analice el proyecto de ley. La fecha probable del tratamiento legislativo oscila entre este jueves 19 y el miércoles 25. En caso de que se termine de confirmar, el apoyo de los sindicatos del transporte garantiza un alcance total en la paralización de los servicios urbanos y de larga distancia durante toda la jornada de protesta.

Los gremios rechazan específicamente puntos específicos sobre las indemnizaciones y las remuneraciones por licencias médicas. La senadora Patricia Bullrich anunció cambios para aplicar controles estrictos sobre las enfermedades de los empleados y asegurar que las ausencias resulten comprobables. Ante este panorama, la conducción de la sede de la calle Azopardo convocó a una reunión de urgencia para unificar una respuesta.

Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello lideran el proceso de consulta interna que derivó en la huelga general. Jerónimo, representante del Sindicato del Vidrio, afirmó: “Están dadas las condiciones y se vienen generando consensos colectivos hacia una huelga nacional”. La modalidad de protesta sin movilización busca minimizar los riesgos de incidentes en la vía pública con las fuerzas de seguridad.

La contundencia de la medida de fuerza reside en la participación de la Unión Tranviaria Automotor (UTA). El sindicato de los colectiveros mantuvo una postura cautelosa en las últimas semanas. Roberto Fernández evitó declaraciones públicas recientes, pero sus allegados confirmaron la adhesión al plan nacional de la central obrera. Desde el gremio aseguraron: “Somos una entidad confederada, por lo cual si la cúpula decreta una medida vamos a adherir”.

El antecedente del paro previo genera preocupación en la dirigencia gremial. En el mes de abril de 2025, el servicio de colectivos funcionó con normalidad debido a una conciliación obligatoria estatal. Esta situación debilitó el impacto de la huelga en la región metropolitana en aquella oportunidad. La adhesión plena de los choferes resulta vital para asegurar que la protesta paralice efectivamente los centros urbanos y las zonas industriales.

La estrategia de no marchar hacia el Congreso generó tensiones con otros sectores del gremialismo. El Frente de Sindicatos Unidos, con base en la sede de la UOM sobre la calle Alsina, anunció una movilización independiente para el mismo día del debate. Este bloque cuenta con el apoyo de los trabajadores estatales de ATE, los Aceiteros y las dos ramas de la CTA. Pablo Moyano respalda esta postura activa frente al Congreso.

Los dirigentes del triunvirato central prefieren un perfil bajo para evitar el desgaste público y los choques con la policía. Un integrante del consejo directivo reconoció: “No existe el clima social para una protesta masiva pese a los cambios que la reforma laboral ocasiona”. Los desmanes ocurridos el miércoles pasado durante el choque entre manifestantes de izquierda y las fuerzas federales influyeron en la decisión final de la cúpula cegetista.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Manuel Casado.