POLITICA
Fotomultas: una extraña maniobra judicial pone en riesgo la investigación contra el exministro D’Onofrio
La causa de las fotomultas, que obligó a renunciar al ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires Jorge D’Onofrio, está en vilo por una llamativa y sospechosa maniobra judicial. El juez provincial Juan Pablo Masi le pidió a su colega del fuero federal, Adrián González Charvay, a cargo de un expediente por lavado de dinero, que se declare incompetente y le mande esa causa a La Plata. La jugada sorprendió a todos los abogados defensores. El fiscal Álvaro Garganta se opuso en duros términos: dijo que el juez Masi no conoce el otro expediente y que no tiene competencia para investigar un delito federal.
Masi le pidió a Charvay que se inhiba de seguir investigando y le mande esa causa para que se acumule con el expediente principal. El juez provincial argumentó que no se pudo acreditar un delito federal, como sería el lavado de dinero. “Ya desde el vamos la denuncia promovida por ante el juzgado federal de Campana, si bien menciona el tipo, en modo alguno describe una maniobra de lavado de dinero en la forma que ha explicitado la autoridad financiera y que ha sido materia de transcripción supra. Las investigaciones llevadas a cabo por mi distinguido colega federal no parecen haber podido acreditar este extremo“, sostuvo Masi.
En la causa de lavado, González Charvay viene acumulando información sensible sobre el patrimonio del exministro D’Onofrio y sus allegados. Tal como informó , hay datos relevantes que llegaron desde España a través de la Unidad de Información Financiera (UIF).
En ese país, la concejal de Pilar Claudia Pombo, muy cercana a D’Onofrio, había creado una sociedad junto al exjuez de Faltas Mario Quattrochi para explotar dos restaurantes: Tardeo Pacífico y Tardeo Soho.
Además de D’Onofrio y Pombo, fueron imputados Fernando Asencio (ex Director de Fiscalización y Control), Agustina Cuadra (hija de Pombo), el ex juez Quattrochi, Roxana Elma Pombo, y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo que, según reveló Clarín, trabaja en la Cámara de Diputados provincial con un sueldo de casi $ 1,8 millón).
Cuando comenzó la investigación, el juez González Charvay levantó el secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los imputados y realizó varios allanamientos. Uno de los operativos fue en el hotel Sheraton de Pilar, donde funcionaban una peluquería y una financiera ligadas a Pombo. También se allanó una financiera trucha en la ciudad de Buenos Aires, donde se incautaron $62.915.500, USD 254.254, 4.600 euros, y 112.000 reales.
La jugada de Masi sorprendió al fiscal Garganta, que ya se opuso a acumular las dos causas. El representante del Ministerio Público sostuvo que el magistrado “ha excedido su jurisdicción” y hasta calificó la decisión como “un disparate”. “¿Qué causa federal ha podido analizar el juez garante para llegar a esa conclusión? No hay constancia en la presente investigación que el juzgado federal haya remitido copia digital de la causa federal 23688/2024″, sostuvo Garganta en su dictamen.
¿Por qué ahora?, se preguntan en Tribunales. Lo cierto es que ocurre tras la aparición de dos testigos de identidad reservada que pusieron en jaque a D’Onofrio y sus allegados. Uno de esos “arrepentidos”, tal como reveló , declaró que Pombo se reunía con jueces de Faltas en la sede del Ministerio de Transporte. También dijo que había encuentros más reservados en un hotel de la ciudad de La Plata, una suerte de oficina paralela.
Los dos testigos declararon en la causa de La Plata, a cargo de Garganta y Masi. En realidad se trata de una megacausa que investiga el funcionamiento irregular del sistema de multas de la provincia de Buenos Aires. La Justicia tiene en la mira una red de gestores que ofrecían descuentos del hasta el 50 por ciento para hacer desaparecer las infracciones.
En ese expediente también se investiga el patrimonio de los principales imputados. Hace un mes, el fiscal Garganta le encargó esa tarea a la Unidad de Investigaciones de Activos Ilegales, que depende del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Cuando la causa comenzaba a avanzar, el juez Masi implementó una jugada sospechosa.
Ese magistrado arrastra un antecedente muy polémico. En 2019, intervino en una causa que tenía como acusados al por entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli y al director del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Luis “Chiche” Peluso. Apenas trece días después, el magistrado sobreseyó a ambos funcionarios.
Por ese polémico fallo, Masi terminó con una acusación por prevaricato y tuvo que afrontar un Jury, que luego fue desestimado. El abogado que lo defendió en ese proceso también representó a D’Onofrio en la causa de las fotomultas. Por ahora parece solo una casualidad.
La maniobra de Masi puso en vilo a todos los actores. La decisión final quedó en manos del juez federal de Campana. Antes deberán opinar todas la partes. “Se formó un incidente y se puso en vista a todos”, dijo una fuente judicial.
causa de las fotomultas,dos testigos de identidad reservada que pusieron en jaque a D’Onofrio y sus allegados,Apenas trece días después, el magistrado sobreseyó a ambos funcionarios.,Nicolás Pizzi,Jorge D’Onofrio,Lavado de dinero,Conforme a,Lavado de dinero,,Investigan al misterioso novio de Wanda Nara. Una financiera, una grabación secreta y disputas por dinero bajo la lupa,,Presunto lavado y evasión. El titular de la DGI logró que desplacen al fiscal que investigaba sus propiedades en Miami,,La ruta del dinero. Megaoperativo en Brasil contra la mayor banda criminal del país: más de 1000 estaciones de servicio implicadas
En medio del debate por la reforma laboral, el senador y exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, recordó a su exesposa Sandra Mendoza, que murió este miércoles.
El legislador se sumó a la sesión más tarde por el fallecimiento de la dirigente política y agradeció el minuto de silencio que hicieron en el recinto al conocerse la noticia. “Muchas gracias a todos los senadores y senadoras por el homenaje y las condolencias. Se lo transmito a toda la familia y especialmente a mis hijas Jorgelina y María Guillermina”, expresó.
Leé también: Murió la exdiputada y exesposa de Jorge Capitanich, Sandra Mendoza
En esa línea, resaltó: “Para nosotros es importante este reconocimiento para una persona como Sandra que tuvo una extensa trayectoria política. En ese devenir de la vida y de la historia nos encontró en una etapa que nos permitió engendrar dos hijas maravillosas, unidas en el compromiso de amor, solidaridad y un cariño fuerte por la patria”.
“Muy sentidas las palabras de todos los que han participado. Quiero agradecerles enormemente esta muestra de cariño, de amor y respeto”, cerró Capitanich.
El senador Bartolomé Abdala, que presidía la sesión, lo saludó al verlo ingresar al recinto y le dedicó unas palabras: “Cuando usted se ausentó, se hizo un minuto de silencio de manera unánime dándole el pésame por lo que está viviendo personalmente. Desde ya, el saludo fue aprobado y reconocido. Le deseamos pronta recuperación y que brille para ella la luz que no tiene fin”.
La legisladora kirchnerista, Juliana Di Tullio, fue quien solicitó un minuto de silencio en homenaje a la exdiputada.
El pedido fue acompañado por la senadora Patricia Bullrich, quien también le dedicó unas palabras. “He tenido el honor de conocer a Sandra Mendoza. Creo que merece el reconocimiento de todos. Adherirnos a este homenaje, a esta tristeza que está pasando su familia, sus hijos y darle el pésame de parte de todos nosotros”, manifestó.
El comunicado que confirmó la muerte de Sandra Mendoza
La dirigente peronista tenía 62 años y se encontraba internada en una clínica privada de Buenos Aires atravesando un grave cuadro de salud.
“Con profundo pesar despedimos a la exdiputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños”, expresaron desde el Partido Justicialista chaqueño.
Mendoza nació en la ciudad de Sáenz Peña el 20 de abril de 1963. Fue kinesióloga, formó parte del Frente para la Victoria (FpV), en 2008 asumió como ministra de Salud de la provincia por un período de ocho meses y ejerció como diputada nacional por Chaco entre el 2009 y el 2017.
Estuvo casada con el exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich, entre 1990 y 2009, con quien tuvo dos hijas.
Mendoza se encontraba atravesando complicaciones de salud desde octubre, cuando su cuadro de diabetes se agravó por un accidente doméstico que le generó dificultades en la movilidad. Desde entonces se instaló en Buenos Aires y hace poco fue internada a una clínica privada.
Jorge Capitanich, Sandra Mendoza, Senado
En un anticipo de lo que ocurrirá este jueves en el recinto de la Cámara de Diputados, el oficialismo obtuvo hoy un amplio respaldo en torno al dictamen de un nuevo régimen penal juvenil, iniciativa cuyo punto medular es la baja en edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El dictamen, que se firmó en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto, obtuvo 73 firmas y será llevado mañana a la sesión especial que convocó el oficialismo, adonde espera darle media sanción. Se descuenta que será aprobado con amplia mayoría con el apoyo de Fuerza del Cambio –el interbloque que integran Pro, UCR, MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz-; los bloques provinciales de Innovación Federal, los diputados sanjuaninos de Producción y Trabajo y un sector de Provincias Unidas.
Este debate meterá una cuña en la bancada de Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo al proyecto, el Frente Renovador –que se referencia en Sergio Massa– se desmarcó del resto del bloque con un dictamen propio que, si bien propicia la baja a 14 años de la edad de imputabilidad al igual que el oficialismo, considera que para ello debería modificarse el Código Penal y no instrumentarse por medio de este régimen especial. Por ello se abstendría en la votación en general pero acompañaría el artículo puntual que establece los 14 años como el piso mínimo de imputabilidad.
También votará dividido el interbloque Provincias Unidas, ya que los diputados cordobeses acompañan –con disidencias- el proyecto impulsado por el oficialismo.
Los libertarios celebran el consenso alcanzado. Si bien su intención original era bajar la edad de imputabilidad a 13 años, la propuesta no tuvo consenso entre sus potenciales aliados.
“Este dictamen es el resultado de un trabajo serio, sostenido y responsable –destacó Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal-. No se trata de una respuesta improvisada ni de una consigna coyuntural, sino de una decisión institucional para ordenar un sistema que durante décadas funcionó con vacíos, parches y contradicciones”.
El proyecto, además de fijar el mínimo de punibilidad en 14 años, establece que el plazo máximo de las penas privativas de la libertad para los adolescentes será de 15 años (el proyecto del oficialismo lo fijaba en 20). Empero, este castigo -el de la privación de la libertad- sólo se aplicará como último recurso y para el caso de los delitos muy graves.
En aquellos casos en los que el menor haya cometido un delito cuya pena supere los tres años de prisión hasta un máximo de diez, pero no haya implicado la muerte de la víctima o una violencia física o psíquica grave, o se trate de delitos culposos, el tribunal podrá reemplazar la prisión por penas alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado. Lo mismo le cabría a aquel menor que no registre antecedentes de procesos penales anteriores.
Desde Unión por la Patria, la diputada Victoria Tolosa Paz expuso las razones del rechazo de su bloque al proyecto. Enfatizó que la iniciativa atenta contra los principios de la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y es objetada por un amplio abanico de especialistas en la materia, incluso la Iglesia.
“No cuestionan el proyecto porque Argentina no necesite un nuevo régimen penal juvenil —lo necesita— sino porque ‘delito de adulto, pena de adulto es una consigna vacía e inconstitucional”, advirtió Tolosa Paz, quien alertó que el presupuesto que asignó el Gobierno para financiar este nuevo régimen -$23.000 millones- es insuficiente y no llegará a las provincias.
El grueso de la bancada de Unión por la Patria es contrario a reducir la edad de imputabilidad aunque sí propone un nuevo régimen especial para los adolescentes en conflicto con la ley penal “sin punibilidad, con justicia restaurativa y una pena máxima de 10 años, en línea con la Constitución y los estándares internacionales”, expuso la legisladora
En réplica a Tolosa Paz, la diputada oficialista Silvana Giudici insistió en que el proyecto “no niega derechos” y que, por el contrario, “adecúa los parámetros penales a la Convención de Niños y Adolescentes y al sistema jurídico del país”.
Remarcó, además, que la mayoría de los proyectos presentados sobre la materia en la Cámara de Diputados, de la mayoría de las bancadas, proponen reducir la edad de imputabilidad, tendencia que se consolidó en legislaciones de distintos países del cono sur, como Chile, Colombia, Brasil y Uruguay.
se abstendría en la votación en general,Cámara de Diputados,Conforme a,,Rechazo a la reforma laboral. La marcha de la CGT se desarmó tras los incidentes y la plaza quedó vacía: hay detenidos,,Salió sorteado. Lijo será el nuevo juez del caso que investiga la corrupción en la Agencia de Discapacidad,,Reforma laboral. El nuevo apretón de manos de Milei con la “casta sindical”,Cámara de Diputados,,Diputados. Convocan a sesión para tratar el jueves la reforma penal juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea,,Idas y vueltas en Diputados. El Gobierno envió el proyecto de reforma penal juvenil, pero horas después lo retiró,,Ola de repudios. Lemoine rechaza la presión opositora para que se disculpe con Ian Moche y ratifica sus polémicos dichos
POLITICA
Reforma laboral: así se vieron los graves incidentes en el Congreso desde el drone de Infobae
La tarde en el Congreso de la Nación quedó marcada por una importante cobertura aérea de los incidentes durante el debate de la reforma laboral. Imágenes captadas por el drone de Infobae ofrecieron una perspectiva integral del enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, registrando escenas de tensión en la Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores. La transmisión permitió observar con nitidez la magnitud de la movilización y la respuesta oficial, en una jornada que alteró el pulso de la Ciudad de Buenos Aires y acaparó la atención pública y política.
Desde las alturas, el dispositivo mostró la llegada sostenida de columnas sindicales y organizaciones sociales que se congregaron frente al Parlamento para rechazar la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.
A medida que avanzaba la tarde, el drone captó el despliegue de gendarmería, policía federal y prefectura, apostados en distintos puntos para reforzar el perímetro de seguridad.
Las imágenes evidenciaban la tensión latente: grupos de manifestantes se desplazaban entre las vallas y banderas, mientras los efectivos aguardaban la orden de intervención. El sobrevuelo documentó el momento exacto en que se produjeron los primeros choques, con movimientos sincronizados de ambas partes y la utilización de carros hidrantes y gases lacrimógenos para disuadir los intentos de avance.
Los registros difundidos por Infobae permitieron dimensionar el alcance de los incidentes, que incluyeron la dispersión de manifestantes sobre la Avenida de Mayo y calles adyacentes. A través de la lente aérea, se observó cómo los grupos más enfáticos intentaron derribar vallas y arrojar objetos contra el cordón policial, desencadenando la respuesta de las fuerzas federales.
El drone captó imágenes de personas huyendo de los chorros de agua, mientras otros intentaban protegerse de los efectos de los gases y se reagrupaban en las esquinas cercanas. En paralelo, el tránsito quedó completamente interrumpido y decenas de unidades móviles policiales se desplazaron por la zona.
El operativo de seguridad, supervisado por la ministra Patricia Bullrich, incluyó la aplicación del protocolo antipiquete y la movilización de recursos logísticos inéditos para una jornada parlamentaria. El drone registró el despliegue de uniformados sobre Avenida Callao, Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, así como la presencia de ambulancias y equipos de emergencia atendiendo a los primeros heridos.
Según consignó Infobae, el saldo provisorio fue de al menos diez personas lesionadas y varias detenciones, en medio de una jornada signada por la tensión y la incertidumbre.
La cobertura aérea evidenció también la reacción de los manifestantes, que respondieron con cánticos, pancartas y banderas en defensa de los derechos laborales. Las imágenes muestran grupos organizados replegándose y reorganizándose tras cada embestida policial, mientras otros intentaban negociar con los funcionarios encargados del operativo.
En los videos difundidos, se aprecian escenas de dispersión, corridas y enfrentamientos directos, seguidos de momentos de relativa calma antes de nuevos choques.
Mientras tanto, en el interior del Congreso, los legisladores continuaban el tratamiento de la reforma laboral bajo la custodia de un nutrido operativo. La cobertura aérea mostró el contraste entre la calma institucional en el recinto y el clima de confrontación en el exterior.
Funcionarios del Gobierno y dirigentes sindicales emitieron comunicados cruzados sobre la legitimidad de la protesta y el uso de la fuerza pública, mientras organismos de derechos humanos exigieron garantías para los manifestantes.
El presidente Javier Milei se refirió a los incidentes a través de un mensaje en redes sociales, en el que expresó: “Del otro lado tenemos esto”, en alusión a las imágenes de los disturbios difundidas ampliamente.
El tuit presidencial reavivó el debate sobre el protocolo antipiquete y los límites del derecho a protesta, en una jornada que quedará registrada por la singularidad de su cobertura visual y el impacto político que generó el desarrollo de los acontecimientos en el Congreso de la Nación.
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