La causa de las fotomultas, que obligó a renunciar al ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires Jorge D’Onofrio, está en vilo por una llamativa y sospechosa maniobra judicial. El juez provincial Juan Pablo Masi le pidió a su colega del fuero federal, Adrián González Charvay, a cargo de un expediente por lavado de dinero, que se declare incompetente y le mande esa causa a La Plata. La jugada sorprendió a todos los abogados defensores. El fiscal Álvaro Garganta se opuso en duros términos: dijo que el juez Masi no conoce el otro expediente y que no tiene competencia para investigar un delito federal.

Masi le pidió a Charvay que se inhiba de seguir investigando y le mande esa causa para que se acumule con el expediente principal. El juez provincial argumentó que no se pudo acreditar un delito federal, como sería el lavado de dinero. “Ya desde el vamos la denuncia promovida por ante el juzgado federal de Campana, si bien menciona el tipo, en modo alguno describe una maniobra de lavado de dinero en la forma que ha explicitado la autoridad financiera y que ha sido materia de transcripción supra. Las investigaciones llevadas a cabo por mi distinguido colega federal no parecen haber podido acreditar este extremo“, sostuvo Masi.

En la causa de lavado, González Charvay viene acumulando información sensible sobre el patrimonio del exministro D’Onofrio y sus allegados. Tal como informó , hay datos relevantes que llegaron desde España a través de la Unidad de Información Financiera (UIF).

En ese país, la concejal de Pilar Claudia Pombo, muy cercana a D’Onofrio, había creado una sociedad junto al exjuez de Faltas Mario Quattrochi para explotar dos restaurantes: Tardeo Pacífico y Tardeo Soho.

Además de D’Onofrio y Pombo, fueron imputados Fernando Asencio (ex Director de Fiscalización y Control), Agustina Cuadra (hija de Pombo), el ex juez Quattrochi, Roxana Elma Pombo, y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo que, según reveló Clarín, trabaja en la Cámara de Diputados provincial con un sueldo de casi $ 1,8 millón).

Cuando comenzó la investigación, el juez González Charvay levantó el secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los imputados y realizó varios allanamientos. Uno de los operativos fue en el hotel Sheraton de Pilar, donde funcionaban una peluquería y una financiera ligadas a Pombo. También se allanó una financiera trucha en la ciudad de Buenos Aires, donde se incautaron $62.915.500, USD 254.254, 4.600 euros, y 112.000 reales.

La jugada de Masi sorprendió al fiscal Garganta, que ya se opuso a acumular las dos causas. El representante del Ministerio Público sostuvo que el magistrado “ha excedido su jurisdicción” y hasta calificó la decisión como “un disparate”. “¿Qué causa federal ha podido analizar el juez garante para llegar a esa conclusión? No hay constancia en la presente investigación que el juzgado federal haya remitido copia digital de la causa federal 23688/2024″, sostuvo Garganta en su dictamen.

¿Por qué ahora?, se preguntan en Tribunales. Lo cierto es que ocurre tras la aparición de dos testigos de identidad reservada que pusieron en jaque a D’Onofrio y sus allegados. Uno de esos “arrepentidos”, tal como reveló , declaró que Pombo se reunía con jueces de Faltas en la sede del Ministerio de Transporte. También dijo que había encuentros más reservados en un hotel de la ciudad de La Plata, una suerte de oficina paralela.

Los dos testigos declararon en la causa de La Plata, a cargo de Garganta y Masi. En realidad se trata de una megacausa que investiga el funcionamiento irregular del sistema de multas de la provincia de Buenos Aires. La Justicia tiene en la mira una red de gestores que ofrecían descuentos del hasta el 50 por ciento para hacer desaparecer las infracciones.

En ese expediente también se investiga el patrimonio de los principales imputados. Hace un mes, el fiscal Garganta le encargó esa tarea a la Unidad de Investigaciones de Activos Ilegales, que depende del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Cuando la causa comenzaba a avanzar, el juez Masi implementó una jugada sospechosa.

Ese magistrado arrastra un antecedente muy polémico. En 2019, intervino en una causa que tenía como acusados al por entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli y al director del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Luis “Chiche” Peluso. Apenas trece días después, el magistrado sobreseyó a ambos funcionarios.

Por ese polémico fallo, Masi terminó con una acusación por prevaricato y tuvo que afrontar un Jury, que luego fue desestimado. El abogado que lo defendió en ese proceso también representó a D’Onofrio en la causa de las fotomultas. Por ahora parece solo una casualidad.

La maniobra de Masi puso en vilo a todos los actores. La decisión final quedó en manos del juez federal de Campana. Antes deberán opinar todas la partes. “Se formó un incidente y se puso en vista a todos”, dijo una fuente judicial.