El Congreso inició el año parlamentario 2026. Las sesiones ordinarias se extenderán hasta el 30 de noviembre y ya hay movimiento en ambas cámaras.

En la Cámara de Diputados está programada la primera reunión de comisión. Será este martes a las 14 en Recursos Naturales, presidida por el libertario José Peluc. Allí abordarán la problemática de los incendios que afectan a distintas zonas de la Patagonia.

Lee también: Con denuncias cruzadas, escala la tensión entre el Gobierno y la AFA tras la liberación de Nahuel Gallo

Pero la actividad no se detiene ahí. El miércoles fue convocado un plenario de Recursos Naturales junto a Asuntos Constitucionales, comisión que lidera Nicolás Mayoraz. El objetivo es debatir el proyecto que llegó en revisión del Senado con modificaciones a la Ley de Glaciares. Si logran dictamen, podrían llevarlo al recinto la próxima semana.

En paralelo, Diputados espera definir la integración total de las comisiones, tanto las unicamerales como las bicamerales que también incluyen senadores. Habrá reuniones de bloques en los próximos días. En el Senado, además, los legisladores libertarios tendrán un encuentro por Zoom encabezado por Patricia Bullrich para proyectar parte de la agenda parlamentaria.

“Nueve meses ininterrumpidos de reformas”, dijo el presidente Javier Milei durante la Asamblea Legislativa del domingo por la noche. Allí enumeró una serie de iniciativas: cambios a la Ley Electoral —con la eliminación de las PASO y modificaciones en el financiamiento de los partidos—, Juicio por Jurados, la reforma del Código Civil y Comercial y del Código Procesal Civil y Comercial, además de las reformas Tributaria y Educativa.

También hizo hincapié en la seguridad. Planteó la necesidad de “fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia” y sostuvo que eso requiere “una alianza estratégica duradera”. En ese marco, destacó el vínculo con Estados Unidos. “Esto no es solo un acuerdo entre el presidente Trump y el presidente Milei”, afirmó.

El mandatario respondió a las críticas por la cantidad de proyectos impulsados. “Algunos dirán que 90 paquetes de reformas estructurales en un año es excesivo, dictatorial o lo que fuere. Frente a esto, yo quiero señalar lo siguiente: nuestra ambición reformista no puede ser entendida como una intentona por acumular poder. No es, ni nunca será, un ‘vamos por todo’”, expresó.

La Asamblea tuvo un tono confrontativo con el kirchnerismo. Tras el acto, ya en la Quinta de Olivos, Milei compartió un momento distendido con diputados y senadores oficialistas. También participaron algunos legisladores del Pro, como Cristian Ritondo.

Visita a Olivos

La Casa Rosada organizó un encuentro para agasajar a los legisladores libertarios por el desempeño durante las sesiones extraordinarias, en las que se aprobaron las primeras reformas enviadas por el Ejecutivo.

“El Presidente Milei estuvo de muy buen humor, charlando con todos los legisladores”, contó una diputada que asumió en diciembre. “No hubo discursos, fueron charlas entre distintos legisladores con el Presidente o con algunos ministros del gabinete”, señaló un senador nacional. “No tuvimos filtros para hablar con el Presidente”, agregó otro integrante de la Cámara alta.

El ambiente fue distendido. No hubo mesa principal, sino un amplio living donde los mozos circulaban con bandejas. Primero sirvieron canapés y bocaditos. Luego, cazuela de carne con papas. El postre ofrecía dos opciones: marquise de chocolate o flan con crema y dulce de leche.

Un dato que llamó la atención fue el operativo de seguridad para ingresar a Olivos. Los autos fueron revisados de manera exhaustiva. Además, se prohibió el ingreso de teléfonos al salón, lo que impidió tomar fotos del encuentro.

Respaldo de la UCR

La bancada que conduce Pamela Verasay en Diputados expresó este lunes su respaldo a la intención del Presidente de ubicar al Parlamento “en el centro de las transformaciones institucionales y económicas que se deben producir en el corto y mediano plazo en nuestro país”.

En un comunicado señalaron que “un futuro desafiante e incierto hace que las naciones deban modernizarse para encarar los cambios que se producen en todo el mundo, y es muy importante que lo hagan con el respaldo institucional que significa la fuerza parlamentaria de esas reformas”.

Desde la UCR destacaron su tradición reformista y afirmaron que es necesario avanzar en cambios estructurales que modernicen el sistema institucional y económico. También celebraron la baja de impuestos como herramienta para dinamizar la economía, especialmente la de las pequeñas y medianas empresas.

sesiones, Congreso de la Nación, Javier Milei

La Administración Pública Nacional oficializó una serie de modificaciones al régimen que regula los viajes oficiales al exterior de funcionarios públicos, a través de la decisión administrativa publicada este marte en Boletín Oficial.

En septiembre de 2024 el Gobierno había establecido una serie de limitaciones que abarcaba desde el tipo de aerolínea que debían utilizar hasta los permisos que debían presentarse para obtener la autorización. Ahora, ajustó algunos de estos requisitos, mediante la publicación de la medida 9/2026.

En el caso del proceso de aprobación de traslados, el nuevo esquema reafirma en su artículo 3° que esa decisión sigue correspondiendo al jefe de Gabinete de Ministros. En este caso, Manuel Adorni será el encargado de aprobar los viajes de ministros, secretarios de la Presidencia y funcionarios con rango y jerarquía de ministro.

Para el resto de los funcionarios, podrá recaer tanto en el titular de al cartera ministerial, como en ministros, secretarios de la Presidencia o titulares de organismos descentralizados, siempre teniendo en cuenta el rango del solicitante.

Este procedimiento requiere completar el formulario denominado “Informe de Planificación de Gestión Internacional”, es decir, la autorización de traslados deberá concretarse mediante la suscripción del mismo y deberá llevar la firma conjunta del funcionario que realiza el viaje y de la autoridad correspondiente de acuerdo al rango de ambos.

En los casos en que la autoridad transfiera la firma, la delegación debe constar explícitamente en el mismo formulario, siempre respetando que el funcionario designado tenga rango no inferior a Subsecretario. Si el viaje lo realiza este mismo o es de él de quien depende el agente que realiza la misión, no se puede transferir la firma y la suscripción debe ser conjunta con el titular del organismo o jurisdicción.

El plazo para presentarlo ante la Jefatura de Gabinete será de al menos diez días hábiles previos al traslado, salvo que existan razones extraordinarias debidamente justificadas que imposibiliten el cumplimiento de ese plazo. Quedan exceptuados del trámite los casos en que el viaje sea aprobado directamente por el titular de la cartera o por el funcionario en quien este haya delegado la firma.

Cantidad de personas autorizadas

La composición de comitivas oficiales solo podrá tener un funcionario o una autoridad por cada evento o actividad internacional que resulte reconocido e impostergable, sin importar la fuente de financiamiento. En caso de ser necesario ampliar la comitiva, la autoridad requirente debe justificar expresamente la presencia de cada integrante adicional, y en consecuencia se deberá revisar el formulario.

“Limítanse las comitivas oficiales que integren los traslados por misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, a un máximo de un funcionario o una autoridad por cada evento o actividad internacional reconocido e impostergable para los intereses del Estado Nacional”, remarca el texto oficial.

Y en cuanto a los criterios para la asignación de clases de pasajes en viajes oficiales, los mismos quedan redactados de la siguiente manera:

• Los funcionarios del Grupo A podrán utilizar pasajes en clase ejecutiva.
• Los del Grupo B solo podrán acceder a pasajes en clase económica, aunque existe la posibilidad de autorizar clase ejecutiva para secretarios o rangos equivalentes, siempre que se justifiquen motivos de salud, seguridad personal o productividad vinculada al cumplimiento de funciones, y cuenten con autorización previa del titular de la jurisdicción.
• Para los funcionarios de los Grupos C y D solo se contemplan pasajes en clase económica. Todo cambio de clase o mejora correrá a cargo del pasajero y no generará gastos para el Estado Nacional.

Los límites que se establecieron hace dos años, cuando Guillermo Francos desempeñaba el rol de jefe de Gabinete, respondía al ajuste económico implementado el Poder Ejecutivo.

La reciente medida corre ante la necesidad de reducir cargas operativas y a la búsqueda de una gestión estatal más eficiente en relación con la tramitación y comunicación de misiones oficiales al exterior, atendiendo a la celeridad de las actuaciones y a la optimización de recursos. De este modo, se promueve la centralización de la aprobación para los casos de mayor jerarquía y se amplía la delegación en los niveles inferiores, siempre bajo un esquema de control y registro formalizado en los formularios previstos.

.container-video {
position: relative;
width: 100%;
overflow: hidden;
padding-top: 2%;
}
.responsive-iframe-video {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
bottom: 0;
right: 0;
width: 100%;
height: 100%;
border: none;
}

La Asociación Gremial de la Abogacía del Estado presentó la primera demanda colectiva contra la reforma laboral aprobada por el Congreso e impulsada por el Poder Ejecutivo.

La medida busca que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos de la denominada Ley de Modernización Laboral. Desde la entidad señalaron que el planteo tiene un enfoque jurídico y no político: sostuvieron que la reforma vulnera principios y garantías consagrados en la Constitución Nacional, entre ellos los vinculados al artículo 14 bis, que protege derechos laborales básicos.

Leé también: El Senado convirtió en ley el Régimen Penal Juvenil: la edad de imputabilidad baja a 14 años

La nueva ley “afecta derechos laborales reconocidos históricamente y podría debilitar las condiciones de trabajo protegidas por la legislación vigente”, sostuvo el organismo demandante en un comunicado.

“El artículo 14 bis de nuestra Constitución protege derechos fundamentales que consideramos se encuentran vulnerados por la legislación aprobada”, agregaron.

En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) marchó este lunes a Tribunales y también presentó una demanda, al sostener que la normativa implica una “grave afectación de derechos colectivos e individuales” y violaciones a principios constitucionales.

“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, afirmó Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT, al hablar con el periodismo en la puerta de los tribunales de la calle Talcahuano.

En un comunicado difundido tras la presentación, la central sostuvo que su reclamo de inconstitucionalidad se fundamenta en la afectación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como de principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Pacto de San José de Costa Rica, que tienen rango constitucional.

“La mal llamada ‘modernización’ significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”, señaló el texto. Según la CGT, la nueva norma vulnera el principio de Progresividad o No Regresión, que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en derechos laborales adquiridos.

La central cuestionó además aspectos concretos de la reforma. Sostuvo que la normativa permite “jornadas de trabajo de hasta 12 horas, el fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario”. Asimismo, objetó la eliminación de “sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y transgredieron la ley” y la posibilidad de que las indemnizaciones por despido se abonen en cuotas y a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Según la CGT, ese esquema implicaría “costear los despidos con aportes de los propios trabajadores”, lo que, afirmó, desfinanciaría la seguridad social. Para la conducción sindical, estos cambios se inscriben en un contexto en el que, como consecuencia de las políticas actuales, “en los primeros dos años de este gobierno se perdieron más de 300.000 empleos”.

Leé también: Karina Milei reúne a los jefes provinciales de La Libertad Avanza para ordenar la estrategia política

La reforma laboral, promovida por el Gobierno con el argumento de modernizar el mercado de trabajo, fue objeto de intensos debates en el Congreso y se aprobó en medio de protestas sindicales y políticas.

La presentación judicial abre así un nuevo capítulo en la disputa por la implementación de la reforma laboral, que ahora deberá ser analizada por los tribunales, al tiempo que persisten las tensiones entre el Gobierno, los sindicatos y otras organizaciones de trabajadores.

reforma laboral, demanda, Justicia