El resultado era previsible, pero no por eso dejó de ser revelador a la hora de mirar el futuro de la Corte Suprema y de la Justicia en su conjunto. El rechazo en el Senado de los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla terminó con un largo y tortuoso recorrido que se inició hace un año. El juez ya quedó definitivamente afuera del tribunal. El catedrático, quien asumió en comisión en el máximo tribunal, se encamina a dar un paso al costado, a pesar de que en la Casa Rosada hubiesen deseado que se mantuviera en su sillón. Se trata de una decisión estrictamente personal.

Lo más probable es que la medida se efectivice entre mañana y el martes. Y hay un indicio claro en ese sentido: según fuentes del Poder Judicial, el Gobierno presentó en las últimas horas un recurso por salto de instancia, conocido como per saltum, en respuesta a la medida cautelar dispuesta por el juez Alejo Ramos Padilla para impedir que el magistrado pudiera emitir nuevos fallos.

El documento lleva la firma, entre otros, del procurador del Tesoro de la Nación, Santiago Castro Videla, y solicita a la Corte que declare “expresamente los efectos suspensivos” del recurso extraordinario “por salto de instancia y, consecuentemente, disponga, en esa misma providencia, la plena vigencia del Decreto N° 137/25″, que fue el que designó a García-Mansilla.

Si la Corte Suprema, como se espera, dispone la admisibilidad del per saltum, cesa temporalmente la vigencia de las restricciones dispuestas por Ramos Padilla y libera el camino para que García-Mansilla presente su renuncia ante el presidente Javier Milei, no como una respuesta a la cautelar, sino como una reafirmación de su decisión personal.

La salida de García-Mansilla se producirá después de una sesión del Senado al menos paradójica, en donde el debate giró mayoritariamente en torno de la designación de los jueces por decreto, y en la que se soslayó hablar sobre las cualidades de los postulantes. Incluso García-Mansilla, que exhibió largos pergaminos en su carrera, fue más criticado por una frase dicha en la audiencia en la comisión de Acuerdos (cuando señaló que en el escenario de 2015-2016 él no hubiese aceptado ser miembro de la Corte por decreto, aunque siempre consideró que es una facultad del Ejecutivo) que Lijo, sobre quien pesaban muchas más impugnaciones y cuestionamientos éticos sobre su comportamiento como juez federal. La paradoja, cargada de hipocresía, incluyó el hecho de que fuera el kirchnerismo la voz cantante de una curiosa defensa de la transparencia institucional, a pesar de sus antecedentes muy laxos en la materia.

En la Casa Rosada intentaron abortar la sesión por todos los medios, pero al final de resignaron. Aún en las cuestiones institucionales más sensibles tienen una lógica juvenil rebelde de ir y chocar contra la pared. Pero después saben ver sus límites. Ahora lo han vuelto a revivir, como había ocurrido después del traspié de la Ley Ómnibus original, que más tarde se reconvirtió en una Ley Bases negociada con los aliados. En el entorno presidencial responsabilizan por la derrota a tres actores: Mauricio Macri, quien ordenó dar quórum; a Victoria Villarruel, quien según ellos no hizo esfuerzos para evitar la sesión; y también Ricardo Lorenzetti, porque “prometió los votos que no tenía”.

A partir de ahora se abre una nueva etapa en la relación entre el Gobierno y la Justicia, que requerirá un fuerte replanteo. Hay algunos en el entorno presidencial que evalúan inconveniente volver sobre el tema de la Corte hasta las elecciones de octubre, para cuando esperan poder engordar su poder legislativo. Para entonces prevén, desde una posición de mayor fortaleza, abrir una negociación más amplia que no sólo incluya las vacantes del máximo tribunal, sino también el procurador General y los casi 200 cargos que están pendientes en la justicia federal. Será una mesa a la que, en las previsiones del Gobierno, se sentarán quienes tengan poder real sobre los bloques del Senado. Otros funcionarios, en cambio, piensan que habrá que retomar rápidamente las conversaciones porque entienden que la Corte, que volverá a tener tres miembros, es una amenaza latente para su poder.

La derrota en el Senado se suma a una extensa secuencia de traspiés e inconvenientes que se encadenó en los últimos meses ha llevado al Gobierno a una situación inédita desde la llegada de Milei al poder: la sensación de que ha extraviado los puntos de apoyo y que ahora flota a la deriva en un mundo huracanado.

Durante mucho tiempo esa plataforma de sostén fue la reducción del déficit fiscal y su impacto en la baja de la inflación. También aportaba fortaleza la determinación para establecer un mayor control de la calle. Además, los espacios de la agenda pública eran cubiertos por la centralidad absoluta que ejercía el Presidente frente a un tablero político diezmado. Ese coctel muchas veces caótico pero eficaz dotó a la gestión libertaria de una acción y de una retórica que le permitía retratarse en una imagen sólida, e incluso planificada, muy útil para eclipsar sus debilidades y limitaciones.

Ahora el escenario ha mutado y el Gobierno busca, a veces desesperadamente, una soga de la cual aferrarse, a la espera de que amaine la tormenta. “Hoy estamos en el piso del retroceso porque acumulamos una serie de derrotas. Pero es sano que nos haya ocurrido ahora porque nos da tiempo para las correcciones”, admite con realismo, pero también con optimismo una figura clave del Gobierno. Make Milei Strong Again.

Lo más perjudicial de la imagen de Milei esperando infructuosamente en Mar-a-Lago la llegada de Donald Trump fue la sensación de urgencia política que connotaba, una inquietud que ya se había evidenciado en la decisión imprevista de volar a Estados Unidos a pesar de las inciertas posibilidades de lograr un guiño a favor. De hecho el miércoles, pocas horas antes de partir, el viaje había sido puesto en duda.

En el medio quedaron otra vez en evidencia las precariedades de la gestión. Milei llegó hasta la mansión del magnate naranja a partir de una imprecisa promesa que había recibido Gerardo Werthein de que ambos presidentes se cruzarían en la gala, en el escenario o en un apartado. Después de recibir, como otras veces, un agasajo de rockstar, Milei se sentó en una mesa por una invitación privada, gestionada a través de Natalia Denegri, que pasó del jarrón de Cóppola a la vajilla republicana. Una de las organizaciones a cargo del evento fue We Fund the Blue. Pareció una ironía en la semana caliente del dólar. La concurrencia estaba poblada de actores, donantes y figuras de extraña reputación. Todo tan Fellini. A ese teatro la Argentina fue a buscar alivio para sus urgencias.

En este entramado no sólo se extravió lo que alguna vez se llamó diplomacia profesional, sino que volvió a quedar en la mira el canciller argentino. Está claro que Trump cambió su agenda, llegó a Mar-a-Lago cuando Milei ya se había ido, y que no ingresó a la fiesta. Todo esto estaba fuera del alcance de los funcionarios. Esa secuencia en todo caso expuso que Trump no sentía un compromiso férreo de recibir a su colega, más allá de que mantengan una buena relación personal y de que se prepara una visita oficial a la Casa Blanca.

Pero dentro del Gobierno algunos le facturan a Werthein haber prometido un nivel de contactos con Washington que no se habrían verificado. Hace un tiempo el ministro enfrenta algunos reparos de la hermana Karina (quien originalmente lo promovió para correr a Diana Mondino) y de Santiago Caputo, a quien supuestamente le recela sus recientes contactos con el universo trumpista (de hecho uno de los gratificados con la fallida gestión es el oscuro exespía Leonardo Scatturice, cercano al asesor presidencial, que se atribuye la gestión de los encuentros anteriores entre Milei y Trump). Incluso se han escuchado duras críticas hacia el canciller en los pasillos de la Casa Rosada en boca de un funcionario cada vez más influyente. Pero por ahora parecería que el Presidente lo sostiene. No es momento para experimentos.

Esta desesperada búsqueda de un aval de Estados Unidos parte de una convicción que hoy recorre el Gobierno: el único punto de apoyo posible para frenar la caída y recuperar iniciativa es llegar a un acuerdo con el FMI en las mejores condiciones posibles. Y en este sentido hay un actor que en Economía consideran decisivo: el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. “La reunión de Toto Caputo con él hace unas semanas fue muy positiva. El tipo entendió inmediatamente todo el plan económico, algo que los demócratas nunca habían logrado. Él nos está dando una mano ante los burócratas del Fondo. Incluso en el propio Tesoro la línea técnica se sorprendió por su postura”, resume un funcionario al tanto de las negociaciones.

Sería Bessent quien elevó las posibilidades de un acuerdo más generoso y más estructural. En el Gobierno aseguran que los US$20.000 millones de los que se habla serán de libre disponibilidad, lo cual implicaría que no incluyen las partidas para repagos (varios economistas dudan de que sea realmente así). También creen que el desembolso inicial podría ser mayor al que sugirió la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien habló de un 40%, que equivaldría a US$8000 millones.

A cambio Caputo se estaría comprometiendo a salir del crawling peg para pasar a una flotación administrada, con bandas graduales que terminen en una flotación libre al final de un cronograma establecido. También a metas más estrictas en materia de acumulación de reservas, la verdadera preocupación en Washington. En la Casa Rosada saben que el acuerdo se anunciará en abril, pero no tienen certeza todavía sobre la fecha. Esperan ese momento con angustia, porque hasta esa instancia estarán muy expuestos a las turbulencias financieras y a un incremento de la brecha cambiaria que complica toda la planificación. También aguardan para las próximas semanas una visita de alto nivel de la administración Trump, que termine de sellar el compromiso con el programa económico.

Hay cierta autoindulgencia en el análisis oficial respecto de por qué se llegó a esta situación de intranquilidad, cuando los mercados operaban apacibles hasta hace pocas semanas. Según el Gobierno el problema residió en la “ley Guzmán”, que los obligó a pasar por el Congreso el acuerdo y adelantar demasiado la jugada. Aunque después lo hayan transformado en un DNU, le atribuyen a ese requisito la necesidad de anticipar el estado de las negociaciones, que el mercado leyó como el fin del crawling peg, del carry trade, del dólar blend y de todos los circunloquios en inglés que se crearon como respuesta a la brecha cambiaria. A eso se sumó en las últimas semanas el efecto global de las medidas arancelarias de Trump.

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la economía internacional adquirió una fisonomía basada en ciertos principios y organismos, simbolizados en los acuerdos de Bretton Woods, que trató de poner fin al proteccionismo imperante en la primera mitad del siglo XX y que creó entidades como el FMI y el Banco Mundial.