La firma Las Marías, reconocida por la producción de té y yerba mate, inició una demanda contra el gobierno de Misiones. La causa gira en torno a la constitucionalidad de los anticipos de ingresos brutos (IIBB) que la provincia cobra a empresas radicadas o que operan en su territorio.

Las operaciones se concretan a través de una serie de resoluciones de la Agencia Tributaria misionera. La normativa incluye un sistema de retenciones, percepciones y pagos a futuro. El sistema se conoce como la “aduana paralela” y ha sido objeto de muchas quejas.

Según consta en el expediente, Las Marías adujo que, en promedio, cada mes le detraen de sus cuentas bancarias unos $333 millones. A este monto lo contrastó con los $2 millones que, como media, tiene que pagar de ingresos brutos. La diferencia entre una cifra y otra es de 17.105%.

A este gravamen se le suman el anticipo que abarca a los productos que ingresen a la provincia para compraventa; la detracción que tiene que practicar a sus clientes por IIBB y el especial de percepción que deben abonar las plantas de procesamiento de materias primas.

Las Marías presentó en el caso judicial sus certificaciones contables. Allí quedó manifiesto que la aplicación de estos regímenes suma un importe promedio mensual de pagos a cuenta de $598 millones. Si se anualiza esta cifra, los anticipos llegan a $7.171 millones.

En el otro plato de la balanza están los $23 millones que la empresa debe pagar por IIBB.

De allí que la firma cuestione que lo que la Provincia le haya retenido y percibido es el 30.718% de la obligación definitiva. En tiempo, equivale a 307 años de impuestos adelantados. Las Marías contrastó esto con que, por estatuto, tiene 99 años de duración.

Las inversiones frustradas

En su demanda, la empresa puso sobre la mesa que esta exacción le impidió realizar inversiones en Corrientes.

En su plan de negocios, Las Marías se adhirió a un programa que había impulsado esta provincia para ampliar su producción yerbatera. Sin embargo, alegó que el “ilegítimo régimen de recaudación” de Misiones y la “sumergen en la incertidumbre” de no poder cumplir con el cronograma de inversión en Corrientes.

Por eso, solicitó que esta provincia también intervenga en el expediente judicial. Lo mismo requirió con la Nación, porque las resoluciones tributarias cuestionadas afectan el sistema de liquidación de divisas.

El Gobierno correntino se presentó en el expediente como «tercero». Esta figura prevista en el Código Procesal Civil permite participar en un juicio a quien acredite que la sentencia podría afectar su propio interés.

Corrientes adhirió al reclamo de Las Marías. En este sentido, alegó que la política tributaria misionera “afecta su autonomía” y “anulan o tornan inocuos” sus planes yerbateros a corto, mediano y largo plazo.

El impacto también llegaría a las expectativas de recaudación tributaria correntina, así como al empleo y las iniciativas privadas de inversión. El efecto global se sentiría también en el desarrollo de Corrientes, postuló la provincia en su intervención.

En esa línea, alegó que la situación planteada genera riesgos en el sistema financiero provincial y otros de “gravedad institucional”.

El estado de la causa

La empresa expuso que hasta comienzos de 2025 había tenido excepciones que le alivianaban la carga fiscal. Pero se cortaron de improviso.

Por eso inició la demanda. En un principio, había logrado que el Juzgado Federal de Paso de los Libres (Corrientes) dicte una medida cautelar para frenar la vigencia de la normativa impositiva. Sin embargo, luego el Tribunal se declaró incompetente y remitió el caso a la Corte. El criterio fue que la competencia originaria correspondía a esa instancia por involucrar a una provincia.

Cuando este trámite estaba en marcha, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones intervino. Se declaró competente y anuló la cautelar del Juzgado Federal de Paso de los Libres. La carga impositiva, entonces, volvió a recaer sobre la empresa.

La Procuración General de la Nación dictaminó hace unos meses que no se trata de un conflicto de competencia. Y que la Corte debe abocarse en el caso ya que hay una puja judicial que afecta a dos provincias.

Luego, el expediente pasó por la Secretaría de Asuntos Originarios de la Corte y entró en el giro de asuntos de las vocalías.

Con la fecha ya fijada del próximo 29 de abril para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brinde su primer informe ante la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo intensificó en los últimos días su actividad en el Congreso. La estrategia incluye reuniones políticas, envío de proyectos y la búsqueda de respaldos para avanzar con su agenda legislativa.

En ese marco, Adorni mantuvo encuentros con la senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque libertario, con el objetivo de ordenar la agenda parlamentaria de las próximas semanas. También se reunió con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para analizar la reforma del Código Penal y el envío de 62 pliegos destinados a cubrir vacantes en la justicia federal.

Además, este lunes encabezó la reunión de la mesa política para poder coordinar la estrategia legislativa.

En paralelo, la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, convocó para el 16 de abril a las 10 a la audiencia para tratar el pliego del camarista Carlos Mahiques, padre del ministro. El objetivo es extender por cinco años su cargo como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, en el marco de su próximo cumplimiento de 75 años durante 2026.

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En Casa Rosada, el jefe de Gabinete también se reunió con Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, en medio del envío al Congreso de la denominada “Ley Hojarasca”, una iniciativa elaborada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que apunta a eliminar normas consideradas obsoletas o incompatibles con la Constitución Nacional.

Por el lado del Senado, la semana cerró con el ingreso del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que propone modificar las leyes de Expropiaciones, Tierras y Manejo del Fuego.

En sus fundamentos, el Poder Ejecutivo sostuvo que busca “eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica”. Además, agregó que “un Estado que se olvida de proteger la vida, la libertad y la propiedad de sus ciudadanos es un Estado que incumple el rol para el cual fue fundado e impide el progreso individual y social”.

La búsqueda de mayorías

El oficialismo se abocará en los próximos días al tratamiento de la iniciativa elaborada por el Consejo de Mayo durante 2025, en el que participaron representantes del Congreso, como Carolina Losada (UCR) y Cristian Ritondo (PRO), además del gobernador Alfredo Cornejo en representación de las provincias.

El mandatario mendocino recibió en su provincia al ministro del Interior, Diego Santilli, y anticipó su respaldo a las reformas. “Desde Mendoza acompañamos este proceso entendiendo la necesidad de avanzar en cambios que den previsibilidad, ordenen reglas y generen condiciones para la inversión y el crecimiento”, sostuvo.

En ese esquema, Mendoza aportaría los votos de los senadores radicales Mariana Juri y Rodolfo Suárez, junto con los diputados Pamela Verasay y Lisandro Nieri.

También participaron del Consejo de Mayo representantes del Ejecutivo, como el propio Adorni; del sindicalismo, a través de Gerardo Martínez (UOCRA); y del sector empresario, con Martín Rappallini, titular de la UIA.

Patricia Bullrich definirá el inicio del tratamiento del proyecto, que tendría como cabecera a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, presididas por Agustín Coto y Gonzalo Guzmán Coraita, respectivamente.

Luego, el oficialismo buscará construir mayorías con sectores de la oposición dialoguista, como el PRO, la UCR y fuerzas provinciales. En ese proceso también serán clave las gestiones del ministro Diego Santilli. Además, se intentará sumar a los peronistas de Convicción Federal, encabezados por la senadora jujeña Carolina Moisés.

Puntos centrales del proyecto

La iniciativa busca consolidar el derecho constitucional de propiedad, establecer reglas más claras para expropiaciones y desalojos, y modificar regímenes vinculados a tierras rurales y ocupaciones irregulares.

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Entre los ejes principales, redefine el cálculo de las indemnizaciones por expropiación, que se limitarán al valor objetivo de mercado y a los daños directos, excluyendo ganancias hipotéticas o valores afectivos.

Además, prohíbe la transferencia de dominio sin pago íntegro y establece que toda ocupación temporaria anormal no podrá superar los 60 días.

En materia de desalojos, el proyecto introduce procedimientos más ágiles: el juez deberá ordenar la restitución inmediata del inmueble en casos de intrusión o falta de pago, previa acreditación del título de propiedad y caución juratoria. También se habilita el uso de la fuerza pública y allanamientos para garantizar el cumplimiento de las sentencias.

Desde el Gobierno remarcan que “la protección del derecho de propiedad demanda mecanismos procesales eficaces. La demora en la restitución de un inmueble frente a una ocupación ilegítima implica, en los hechos, una privación del derecho sin indemnización, incompatible con la garantía de inviolabilidad consagrada por la Constitución”.

Senado, proyectos, Manuel Adorni

Una nueva controversia gira en torno a la gestión sanitaria de la provincia de Buenos Aires tras las revelaciones del periodista Tomás Díaz Cueto sobre la asignación de recursos públicos. A través de sus redes sociales, el cronista detalló que el gobierno de Axel Kicillof destinará una cifra millonaria para la atención de los internos de las cárceles bonaerenses, contrastando esta inversión con la crisis que atraviesa la obra social estatal.

“Kicillof destinará más de $2.900.000.000 para insumos médicos para el servicio penitenciario de PBA. Ah pero IOMA, bien gracias”, sentenció el periodista en su primera intervención.

Kicillof destinará más de $2.900.000.000 para insumos médicos para el servicio penitenciario de PBA.

Ah pero IOMA, bien gracias 💀✌️🚨 pic.twitter.com/IsizPcxllo

— Tomas Diaz Cueto (@Tomidiazcueto) March 30, 2026

La denuncia escaló al precisar que se sumarán otros $500.000.000 adicionales, alcanzando un total de $3.400.000.000 en medicamentos para presos. Según Díaz Cueto, esta prioridad presupuestaria marca una fuerte desigualdad respecto a los afiliados de la obra social de la provincia: “Los presos de Kicillof tienen todos los medicamentos que la gente del IOMA no percibe pagando mes a mes”.

Los presos de Kicillof tienen todos los medicamentos que la gente del IOMA no percibe pagando mes a mes.

$500.000.000 en medicamentos para los presos que se suman a los $2.900.000.000. Es decir, un total de $3.400.000.000 en medicamentos para presos 💀✌️🚨 pic.twitter.com/e7PYbvvL6V

— Tomas Diaz Cueto (@Tomidiazcueto) March 30, 2026

Esta situación se da en un marco de alta sensibilidad judicial; en diciembre de 2025, una denuncia contra el gobernador y el titular del IOMA, Homero Giles, tuvo un nuevo giro cuando la Justicia decidió avanzar en la investigación por presunta interrupción de tratamientos y falta de prestaciones básicas.

Para el Presupuesto 2026, Kicillof proyectó un fortalecimiento de las partidas para salud bajo la premisa de “seguir trabajando por el bienestar de los bonaerenses”. Sin embargo, los datos expuestos por Díaz Cueto ponen en duda el destino real de esos fondos, sugiriendo que la “protección de la salud” parece estar más garantizada para la población carcelaria que para los trabajadores estatales.

Mientras el Ejecutivo defiende su plan de gastos como una herramienta de equidad, la Justicia continúa escrutando la crisis de IOMA, que sigue dejando a miles de afiliados sin la cobertura por la que aportan mensualmente.

La entrada Axel Kicillof gasta $3.400 millones en insumos médicos para los presos de la Provincia se publicó primero en Nexofin.

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