POLITICA
Gritos, sospechas y rosca libertaria: las reuniones secretas entre Karina Milei y Santiago Caputo en la Rosada
Una vez por semana, en días y horarios no fijados previamente, Karina Milei y Santiago Caputo se sientan a solas en un despacho del primer piso de la Casa Rosada. Son reuniones que pueden pasar por todas las emociones: por las buenas, pero también por la ira y la desconfianza. A veces, de hecho, terminan a los gritos. Hace pocos días, por ejemplo, el equipo de Karina le llevó una carpeta con información sobre la supuesta cooperación de Joaquín de la Torre en la campaña de Amalia Granata en Santa Fe, esa primera elección en el calendario de este año donde se vio claramente que había opiniones contrapuestas entre la hermana presidencial y el asesor estrella. Un comicio donde LLA salió tercero cómodo con Granata muy cerca. Si se sumaban esos votos, podrían haber ganado.
Debajo de Karina, su equipo (Lule y Martín Menem junto a Sebastián Pareja, el armador bonaerense) estaban convencidos de haber obtenido pruebas de que Caputo jugó a favor de Granata -con quién tiene una vieja relación por haberla asesorado en su campaña inicial- con el supuesto objetivo de demostrar que había sido un error no aliarse con ella en la provincia que gobierna Maximiliano Pullaro. El estratega le desmintió a Karina totalmente esa jugada. Ella le creyó y el encuentro terminó en paz.
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Pero esta semana, la tensión volvió a escalar casi hasta el descontrol. Una serie de revelaciones que se viene publicando sobre denuncias de empleados de delegaciones de PAMI de distintas provincias donde aseguraban que desde la cúpula de LLA -ámbito de los Menem- les exigen aportes partidarios de hasta el 10% de su sueldo, fue creciendo como una mancha venenosa. El último caso fue el más sonoro: sucedió en Junin, entre una influencer alineada con “las fuerzas del cielo” de Caputo y el coordinador local del partido y delegado territorial del PAMI en esa ciudad, que depende de Pareja, o sea de Karina. La influencer decía que la sacaron de un chat por simpatizar con esa facción libertaria, ellos responden que ella es una militante extremadamente conflictiva.
Es una guerra de guerrillas de chiquitaje político entre los bandos que responden a Karina y los del asesor presidencial. El episodio terminó en un comunicado del PAMI -que responde al ministerio de Salud de Mario Lugones, un hombre puesto por Caputo- anunciando una auditoría para evitar que el organismo se convierta en una “caja negra de la política”.
Ese sismo produjo ayer hasta la intervención del Presidente en un tema que lo fastidia: la rosca. Milei intervino en los chats y hasta hubo cruce de llamados entre Karina, los Menem, Pareja y Caputo. El día terminó sin calma. Esta es una tensión que sólo se extremará. Hace apenas veinte días que el armador bonaerense se juntó a solas con el asesor presidencial: “Decime qué querés?”, le preguntó. En teoría habían acordado coordinación.
Para entender esta distribución de poder, hay que seguir un mapa donde Karina, se sabe, tiene toda la ingeniería del armado partidario, territorial y electoral, acompañada por los Menem y Pareja. Caputo opera sobre casi todos los demás vértices de poder: justicia, SIDE, narrativa, Salud, ARCA, cambio cultural y, sobre una célula inquieta y provocadora que se llama “las Fuerzas del Cielo”, esa movimiento político que se lanzó el año pasado en un acto en el que el “gordo Dan” dijo que son el “brazo armado de LLA”. En referencia al uso de los celulares, aclaró después. Es una obviedad pero Caputo es, más que nada, un estratega electoral.
La decisión de estos encuentros sin entornos -que se volvieron una rutina inalterable- es parte de un anticuerpo a la enfermedad inevitable en la cúpula del poder donde los dos ejercen la geometría del triángulo de hierro que lidera Javier Milei, una figura concentrada y endogámica que a medida que se intensifica el primer año electoral de esta gestión, empieza también a tensionar su forma y la razón es una sola: la pugna electoral.
Es una tensión típica de un desafío que definirá el futuro libertario. En octubre, la última de las batallas del año diseñará la suerte del Gobierno. Pero también del PRO y de Cristina Kirchner. Un octubre que a la sociedad no le interesa, pero que juega la vida del aparato político. En el medio, habrá que tomar infinitas decisiones.
Ciudad
“Hace un mes que no se mueven los números de las encuestas porteñas”, dice un operador del Gobierno que los sigue a la perfección y con profesionalismo. Es una verdad que saben todos. No es que no se muevan porque el resultado ya está definido. En realidad, la gente todavía no se interesó por esta competencia a la que le faltan apenas 17 días. Esa verdad enloquece a los estrategas que calculan que en los diez días previos al 18 de mayo, el escenario podrá verse con mayor claridad. Ahí se verá cómo Manuel Adorni intensificará este discurso: ”Si no querés que gane Santoro, tenés que votarme a mi”.
A esta hora, los libertarios disfrazan de aceptación un posible triunfo de Leandro Santoro. Es cierto que les sirve para darle una lección al PRO, pero es mentira que abandonarán esa batalla de ganar la elección. Lo cierto es que la decisión de Caputo, además de nacionalizar el temario de la campaña para ponerla solo como una validación a la gestión y al sendero presidencial, será acelerar sólo en el tramo final.
Hay incógnitas todavía de cuál será el paso siguiente en el vínculo con Mauricio Macri después del abrazo en la cena de la Fundación Libertad. El estratega y asesor presidencial no había confirmado presencia. Le avisó a los organizadores apenas un par de horas antes del inicio del evento, lo que los obligó a mover mesas y lugares para garantizarle una ubicación de primera línea. Pidieron específicamente estar cerca de la mesa del expresidente que era el protagonista de la noche. Finalmente la centralidad la tuvo ese momento entre Caputo y Macri. Sonrisas, abrazos y chicanas. Un campeonato de cinismo. ¿Es el primer paso de un reencuentro? Nada sucederá antes de la elección porteña.
El futuro de Ficha Limpia
El proyecto de Ficha Limpia, que tiene media sanción en Diputados y prevé la imposibilidad de candidatearse a personas con doble condena en casos de corrupción, tiene fecha el miércoles 7 para sancionarse en el Senado.
Sin embargo, a esta hora, también parece atrapado en la intriga del calendario electoral. Están los votos, nadie descarta el quórum pero todo saben que hay comunicaciones en el Gobierno intentando desarmar el triunfo de un proyecto completamente identificado con el PRO, más específicamente con Silvia Lospennato, su principal motor y promotora, ahora cabeza de lista del PRO en Ciudad.
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La matemática parece imposible pero el Gobierno demostró que muchas veces logró torcer voluntades inesperadamente para lograr sus objetivos. En la misma sesión del miércoles, deberían elegir autoridades -un pendiente que no logró Villarruel todavía- y aprobar el pliego de los embajadores en España y en Estados Unidos (que ya ejerce en comisión).
A esta hora, parece probable una salida clásica: hay senadores que promueven modificaciones al proyecto incluyendo otros delitos graves, no sólo corrupción. Eso garantizaría que vuelva a Diputados y se apruebe después de las elecciones porteñas. Cristina, en caso de que eso suceda, quedaría igual afuera de la competencia nacional ya que no se podría presentar como candidata. ¿Ese es el deseo del Gobierno? Esa gestualidad quedará clara en los próximos días.
Elecciones 2025, Karina Milei, Santiago Caputo, Javier Milei
POLITICA
Gobernadores peronistas redefinen su participación en el Congreso y profundizan la crisis del PJ: el rol clave de Raúl Jalil
En los últimos días, el tablero político volvió a moverse con una velocidad inesperada. La Libertad Avanza quedó a cerca de transformarse en la primera minoría de Diputados, una meta que hasta hace semanas parecía distante y que ahora depende casi por completo de la decisión que tomen gobernadores peronistas alejados del kirchnerismo. La definición pesa fundamentalmente sobre el catamarqueño Raúl Jalil, cuya negociación con Javier Milei se convirtió en la llave de un reacomodamiento que desarma la arquitectura parlamentaria heredada de 2023.
El acuerdo entre Jalil, Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Hugo Passalacqua y Rolando Figueroa empujó la creación de un nuevo armado legislativo con terminales provinciales. La movida no solo rompe la hegemonía del bloque peronista, sino que cambia el mapa del Congreso: LLA quedó a cuatro diputados de ser la primera minoría, un salto que para el oficialismo consiste en un refuerzo decisivo de cara al tratamiento del Presupuesto 2026 y de las reformas laboral y tributaria.
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El peronismo, en cambio, atraviesa otra fase de crisis. La estructura que había logrado mantener cierto volumen durante la primera mitad del mandato de Milei empezó a deshilacharse. Los gobernadores que no orbitan alrededor del kirchnerismo buscan un espacio propio, con reglas propias y sin condicionamientos de la conducción nacional del PJ. En el bloque que todavía conduce Germán Martínez ya asumieron que perderán volumen y que se abre una etapa más incierta, incluso que la que dejó la derrota electoral.
A la incertidumbre se suma la falta de surgimiento de nuevas figuras de peso y los reordenamientos que redujeron su capacidad de negociación. La referencia nacional, que había quedado concentrada en Cristina Kirchner, volvió a quedar bajo cuestionamientos internos. Gobernadores, intendentes y legisladores reconocen en privado que no aparece un liderazgo capaz de ordenar la estrategia, y que la expresidenta no logró recomponer autoridad después de las elecciones, al intento de reconfiguración que se ensayó la confirmación de su condena.
En la provincia de Buenos Aires resurgieron tensiones entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof. El gobernador bonaerense se quedó sin Ley de Financiamiento, lo que limita su margen para tomar deuda. En el kicillofismo apuntan a la demora de La Cámpora en acompañar el proyecto en la Legislatura bonaerense y a las peleas internas. En su entorno creen que de no aprobarse la semana próxima, el gobernador quedará acotado y podría afectar su proyección nacional de cara a 2027.
La reconfiguración del Congreso
La dinámica en Diputados fue el epicentro del cambio. LLA avanzó sobre legisladores de fuerzas provinciales, sectores del PRO y una porción de los radicales, y encontró un interlocutor clave en los gobernadores peronistas no K. De ese intercambio surgió el impulso a un bloque que funcionará bajo lógica provincial y que, según anticipan sus impulsores, intentará tener peso propio.
La arquitectura del acuerdo comenzó a tomar forma cuando los mandatarios de Salta, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Misiones mantuvieron una serie de encuentros para impulsar un espacio propio con representación directa en Diputados. La apuesta es construir un ámbito de poder estable que les permita intervenir con impulso propio en las discusiones que impactan de lleno en las finanzas provinciales, como obras públicas, financiamiento y recursos coparticipables.
La definición clave depende de Catamarca. La salida de los cuatro diputados que responden a Jalil alteraría de inmediato el equilibrio de fuerzas y dejaría a LLA con el número necesario para superar al peronismo. La presión se intensificó en los últimos días. Los gobernadores del espacio y el oficialismo empujan la ruptura; desde el peronismo intentan evitarla. En ambos frentes coinciden en que la decisión del catamarqueño reordenará el tablero.
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La consolidación del nuevo bloque también plantea un desafío para los espacios intermedios que habían intentado ocupar ese rol durante el último año parlamentario. Si el armado provincial alcanza entre 15 y 20 diputados, se posicionará como tercera fuerza y reclamará un lugar en la mesa de conducción de Diputados y en la distribución de comisiones.
En paralelo, el PRO y la UCR también atraviesan tensiones. El macrismo quedó debilitado por fugas hacia el oficialismo, mientras que el radicalismo discute no solo su representación parlamentaria sino la conducción del partido. La fragmentación facilita la estrategia de LLA, que interpreta cada quiebre opositor como una vía para robustecer su control del Congreso.
El Senado no quedó al margen
La reconfiguración no se limita a la Cámara Baja. En el Senado también se movieron las bancas. La jura de la nueva camada de senadores libertarios fortaleció la presencia del oficialismo en una cámara históricamente consolidada para el peronismo.
El experimento de rearmado provincial, que en Diputados avanza con celeridad, empezó a replicarse entre algunos senadores que responden a gobernadores con agenda propia. En el peronismo reconocen que la falta de una conducción con autoridad dificulta mantener cohesión en un escenario donde cada provincia negocia directamente con la Casa Rosada.
Pero también la UCR, aun con menor fragmentación que en Diputados, enfrenta tensión interna por la disputa del Comité Nacional y por el rol que tendrá el partido en el año parlamentario que se abre. Esa discusión influirá en la conformación de interbloques y en la relación con el oficialismo.
Una crisis más profunda que una disputa legislativa
La crisis del peronismo no se explica solo por la aritmética del Congreso. La pérdida de poder territorial, la ausencia de dirigentes de alto perfil capaces de representar un proyecto competitivo y las tensiones por la conducción del espacio ensanchan la fractura.
Pero la interna también vuelve a colocar el liderazgo de Cristina Kirchner en eje de la discusión. Dirigentes del peronismo admiten que ya no logra disciplinar a mandatarios que buscan un diálogo directo con Milei. La distancia entre las prioridades de las provincias y la agenda de los sectores K dejó al descubierto una fractura que se amplifica con cada negociación legislativa.
En paralelo, la figura de Kicillof aparece encapsulada. Su peso político, central en la campaña, resulta marginal en la discusión sobre el nuevo mapa de poder en la Cámara Baja.
En ese contexto, la decisión de los mandatarios no K de avanzar en un bloque propio consolidó la idea de que la bancada peronista ya no podrá sostenerse como un espacio homogéneo. La pregunta que empieza a ordenar la política interna no es si habrá rupturas, sino cuántas y de qué tamaño.
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Para Milei es un escenario favorable: la fragmentación opositora y la cooperación de gobernadores peronistas le permiten ampliar su poder legislativo sin ceder protagonismo ni negociar alianzas formales. La Casa Rosada ya trabaja con la hipótesis de que la primera minoría será una realidad en los próximos días, y que eso allanará el camino para las reformas estructurales que el Presidente quiere activar antes de fin de año.
La nueva crisis del peronismo, la debilidad en Diputados y el desarme progresivo en el Senado configuran un mapa político más incierto, pero más funcional al oficialismo. El PJ, a un paso de rearmarse o de una ruptura que marque el inicio de una etapa más larga de dispersión.
Congreso de la Nación, Congreso Nacional, Peronismo, PJ, La Libertad Avanza
POLITICA
Congreso: los proyectos para declarar imprescriptible la corrupción no avanzaron desde que llegó Milei al poder
Durante los primeros dos años de la administración de Javier Milei llegaron al Congreso varios proyectos para declarar imprescriptibles los delitos de corrupción. Uno fue impulsado por diputados de la Coalición Cívica, otro por la mayoría del bloque radical y un tercero por el misionero Emmanuel Bianchetti (Pro). El resultado fue el mismo para todos: no tuvieron movimiento alguno. Ni fueron tratados en comisión ni integraron los temarios de las sesiones.
La parálisis contrasta con el impulso que muestra ahora el Gobierno para enviar su propia reforma del Código Penal, que incluiría entre sus ejes justamente la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
Según reveló , ese texto fue elaborado por un equipo mixto de juristas, magistrados y funcionarios, entre ellos el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Presentados en 2024, los tres proyectos que pretendían avanzar en la línea que ahora explora el Gobierno perdieron estado parlamentario el 30 de noviembre, tras dos años sin tratamiento. Habían sido girados a Asuntos Constitucionales −presidida por el libertario Nicolás Mayoraz− y a Legislación Penal, a cargo de la bullrichista Laura Rodríguez Machado, hoy dentro del bloque oficialista.
Pese al reciente interés del Gobierno, bajo su conducción ninguna de estas comisiones sometieron a debate las iniciativas sobre el tema.
Actualmente, los delitos de corrupción sí prescriben en la Argentina, y los plazos −ligados a la pena prevista para cada figura penal− oscilan entre dos y veinte años. La prescripción responde al principio de juzgamiento dentro de un “plazo razonable”.
Las iniciativas frenadas coincidían en un objetivo: que las conductas más graves vinculadas a corrupción estatal puedan perseguirse y sancionarse sin límite temporal. Todas proponían sumar un nuevo artículo −en general, el 62 bis− para declarar imprescriptibles delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación, negociaciones incompatibles, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y fraude contra la administración pública.
En sus fundamentos, los proyectos coincidían en el argumento de fondo: planteaban que la corrupción no es un mero delito patrimonial sino un “flagelo” que erosiona la legitimidad del Estado. Tanto la CC, como la UCR y Pro equiparaban su impacto al de graves violaciones a los derechos humanos, en tanto desvían recursos públicos esenciales y afectan el desarrollo social.
En particular, la UCR y Bianchetti apelaban a la interpretación del artículo 36 de la Constitución Nacional, que equipara el enriquecimiento doloso en el ejercicio de la función pública con un atentado contra el sistema democrático.
Además de la imprescriptibilidad, hubo iniciativas que apuntaron a impedir que, aun con sentencia firme, los delitos de corrupción puedan ser alcanzados por amnistías, indultos o conmutaciones. Un proyecto de Silvana Giudici −entonces aún dentro de Pro− propone declarar la nulidad absoluta e insanable de cualquier acto que otorgue estos beneficios a condenados por corrupción. La Coalición Cívica presentó una propuesta muy similar.
Ambos textos se apoyan también en el artículo 36 de la Constitución, que establece el máximo reproche penal para los delitos dolosos contra el Estado que impliquen enriquecimiento y, según esa lectura, cercenan la posibilidad de indulto o conmutación, del mismo modo que sucede con los actos de fuerza contra el orden institucional.
Ninguna de estas iniciativas avanzó. La de la CC, presentada en 2024, ya perdió estado parlamentario. La de Giudici y otros diputados de Pro −la mayoría ya parte de la tropa de Milei en Diputados− aún conserva un año de vida legislativa, pero tampoco fue tratada. Todas fueron giradas a Asuntos Constitucionales, bajo control del oficialismo.
Pese a que la corrupción ocupó un lugar central en la agenda pública durante los primeros dos años del gobierno de Milei −con la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad y denuncias graves contra funcionarios actuales−, todos estos proyectos quedaron fuera de la discusión parlamentaria. Paradójicamente, prescribieron.
@GabrielaBrouwer,pic.twitter.com/jnHvL2vcIJ,March 15, 2024,pic.twitter.com/pDDtGxS9GH,September 1, 2025,June 19, 2025,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a,Congreso Nacional,,Dos provincias no firmaron. El comunicado de los ministerios de Salud del país tras el acto antivacunas en el Congreso,,El efecto Lospennato. La Libertad Avanza suma a dos ex Pro en Diputados y se entusiasma con disputarle al PJ la primera minoría,,Polémica en el Congreso. El comunicado de Pro tras el acto antivacunas organizado por una diputada del espacio
POLITICA
Sueldos en la Casa Rosada: crece la rebelión interna entre los funcionarios y Javier Milei resiste a autorizar los aumentos
En la Casa Rosada ya casi nadie disimula el enojo. El congelamiento salarial al que están sometidos los funcionarios nacionales desde el inicio del gobierno de Javier Milei dejó de ser una anécdota de pasillo y se convirtió en un foco de tensión interna que amenaza con escalar. Aunque el Presidente mantiene el ajuste como emblema de gestión, puertas adentro crece la presión para destrabar una recomposición que, por ahora, sigue en suspenso.
Ministros, secretarios y directores admiten que los salarios quedaron severamente atrasados frente a la inflación de los últimos dos años y que la situación comenzó a impactar en el funcionamiento cotidiano del Estado. “Se están yendo los mejores y se están quedando los que pueden aguantar”, describió ante este medio un funcionario de alto rango que respalda al Gobierno, pero reconoce que el malestar “ya es generalizado”.
El ajuste también gobierna puertas adentro
Desde diciembre de 2023, el Gobierno exhibe el congelamiento de los sueldos políticos como una demostración simbólica de que “la casta también paga el ajuste”. Sin embargo, esa narrativa empieza a mostrar fisuras internas: funcionarios que cuentan dificultades para sostener sus gastos, directores que buscan trabajo en el sector privado y equipos técnicos que se desarman lentamente.
En ese contexto, uno de los reclamos más explícitos dentro del gabinete provino del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien le advirtió al Presidente que los salarios actuales hacen imposible atraer profesionales calificados. La respuesta fue tajante: no hay margen político para habilitar aumentos.
Según fuentes oficiales, cualquier decisión quedará en manos del propio Milei, su hermana y secretaria general Karina Milei, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. A ese núcleo se suma inevitablemente el ministro de Economía, Luis Caputo, que deberá destrabar las partidas necesarias en caso de avanzar con una revisión salarial.
Sueldos que quedaron desfasados
La comparación con el Congreso y el Poder Judicial es una de las principales fuentes de desgaste interno. Mientras un diputado nacional ronda los $7 millones y un senador supera los $9 millones brutos, los salarios del Ejecutivo quedaron muy por debajo de esos números.
Hoy, el Presidente cobra alrededor de $4 millones; un ministro, poco más de $3,5 millones; un secretario, cerca de $3,2 millones; y un subsecretario no llega a $3 millones. Para muchos, la brecha resulta difícil de justificar, sobre todo cuando los propios dirigentes libertarios cuestionan duramente los ingresos de legisladores y jueces.
Ni siquiera la vicepresidenta Victoria Villarruel evitó referirse al tema. Meses atrás, cuestionó públicamente su salario y expuso el contraste con otros cargos del Estado. Aquellas declaraciones incomodaron al oficialismo, pero reflejaron un malestar que hoy atraviesa todos los niveles de la administración.
El dilema político
En la mesa chica del Gobierno saben que autorizar una recomposición salarial implicaría pagar un costo político. La decisión chocaría de frente con el relato del ajuste permanente y la idea de que “los políticos no se suben el sueldo”. En un contexto donde las paritarias siguen controladas y el empleo público continúa en proceso de achique, la medida podría desatar una tormenta mediática.
Sin embargo, algunos sectores del oficialismo creen que la postergación indefinida es aún más riesgosa. “Cuanto más lo estires, peor. No queda mucho margen”, sostienen en un despacho clave.
En los pasillos se especula con que el verano podría ser la ventana elegida para resolver el tema. Con la atención pública más dispersa y el Gobierno envalentonado tras la elección legislativa, enero aparece como una fecha posible para blanquear la decisión.
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Casa Rosada,Javier Milei,sueldos funcionarios,SUELDOS PÚBLICOS
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