Como anticipó el Ministerio de Capital Humano, los equipos técnicos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a cargo de Julio Cordero, definen por estas horas la cifra que aplicarán para multar monetariamente a los gremios de trenes y colectivos que se plegaron al paro del pasado jueves contra la reforma laboral. Lo cierto es que la medida fue adoptada a raíz del incumplimiento de las conciliaciones obligatorias vigentes en los conflictos de la UTA y la Fraternidad, luego de que se plegaran a la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Si bien hubo intenciones de avanzar con la quita de la personería gremial, el Gobierno Nacional redefinió la estrategia y se inclinó aplicar una multa monetaria tras incumplir el instrumento jurídico. “No hablamos de revancha ni vengaza, lo que buscamos es dejar el mensaje de que incuplir con una conciliación es grave. Tienen que cumplir con la ley. Ellos están acomstumbrados a hacer lo que quieren sin que nadie haga nada”, sostuvo una fuente inobjetable ante Infobae.

En la previa al paro del jueves, la Secretaría de Trabajo se anticipó y alertó a las organizaciones sindicales que cualquier acción directa representaría un incumplimiento de la instancia de conciliación. “La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia”, remarcaron.

Hasta entonces, la cartera que lidera Sandra Pettovello, una de las ministras más elogiadas por el presidente Javier Milei, trabaja en las cifras que aplicarán contra los gremios. El número surge de un cálculo técnico por sobre la cantidad de empleados que cesaron sus tareas durante la jornada del pasado jueves en rechazo al tratamiento del proyecto de reforma laboral que se discutía en la Cámara de Diputados y que finalmente obtuvo media sanción.

“Una multa va a doler más. La idea es que sea alta y justa, de acuerdo al daño que produjeron”, sostuvieron por los pasillos de Balcarce 50 para explicar el cambio de estrategia.

La determinación se tomó a raíz de la violación al procedimiento de Conciliación Laboral Obligatoria en curso que compromente a ambos gremios. En el caso de la UTA, se dictó el 10 de febrero pasado y rige hasta el 26 del mes, a partir del anuncio del gremio de colectivos de hacer paros en el interior del país en el marco de un reclamo salarial. Mientras que en el caso de La Fraternidad tuvo lugar el 4 de este mes, por el mismo plazo, y venció el pasado jueves.

Si bien inicialmente la idea era quitarles la personería jurídica, en la administración libertaria plantean que se trata de un trámite extenso, que podría suponer trabas judiciales, por lo que avanzaron en un redireccionamiento del accionar a pedido de la Secretaria de Transporte. De esta forma, esperan darle además una “nueva oportunidad” para los gremios que, en caso de que desconozcan el pago, la administración libertaria retomará la idea de aplicar la pena máxima y avanzará con la quita de la personería gremial.

Con la media sanción de la reforma laboral obtenida en la Cámara de Diputados, y a la espera de la revalidación en el Senado luego de la eliminación del artículo 44 relativo a las licencias médicas, en Balcarce 50 festejaron el bajo acatamiento del paro convocado por la CGT. “Fue un paro muy tranquilo”, se vanaglorió una importante fuente con acceso al despacho presidencial que atribuyó la ausencia de una movilización masiva al impedimiento de la central para convocar a las bases.

“Diría que entienden el momento histórico, pero la verdad es que no pueden juntar gente”, planteó un interlocutor violeta que supo tener buen diálogo con el sector y que se prepara para hacer frente a la judicialización que prometieron los gremios.

Mengolini,Hernán Cappiello,Conforme a

El conflicto docente en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo y amenaza con afectar el arranque del ciclo lectivo. A la medida anunciada por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) se agregaron otros sindicatos del sector —incluido el Suteba que lidera Roberto Baradel— lo que configura el primer paro conjunto contra la gestión de Axel Kicillof.

Tras dos semanas de negociaciones sin acuerdo en la paritaria, los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense —FEB, Suteba, Amet, Sadop y Udocba— confirmaron una huelga para el 2 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases. La medida impactaría sobre millones de estudiantes de todos los niveles educativos en el distrito.

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El conflicto se activó luego de que la FEB, conducida por Liliana Olivera, rechazara la propuesta oficial de incremento salarial y anticipara medidas de fuerza. La decisión del sindicato —el segundo en cantidad de afiliados en la provincia— terminó arrastrando al resto de las organizaciones.

Entre ellas, Suteba, el gremio mayoritario liderado por Roberto Baradel y tradicionalmente alineado con el gobierno bonaerense. La presión interna y el posicionamiento del resto de los sindicatos empujaron a la conducción a sumarse a la protesta.

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En la presentación formal de los reclamos, los gremios incluyeron en primer término demandas dirigidas al Gobierno nacional, como la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria a la paritaria nacional, el incremento del presupuesto educativo y el rechazo a iniciativas vinculadas a la denominada “libertad educativa”. También solicitaron la regularización de transferencias de fondos adeudados a la provincia.

Sin embargo, el eje de fondo es el reclamo salarial a la administración bonaerense. Los sindicatos consideran insuficiente la oferta presentada en la última negociación y exigen una mejora que permita recomponer los ingresos del sector.

La propuesta oficial, presentada días atrás, contemplaba un aumento del 3% para febrero, lo que llevaba el salario inicial de un maestro a poco más de $760.000 y superaba el $1,5 millón para quienes cumplen jornada completa. Ante el rechazo, las conversaciones quedaron en pausa, con pocos días hábiles por delante para intentar reactivar el diálogo.

Mientras tanto, el Gobierno provincial dispuso el pago de un 1,5% a cuenta de futuros aumentos, una decisión que también alcanzó al resto de los empleados estatales que permanecen sin acuerdo paritario.

El sistema educativo bonaerense, uno de los más extensos de la región, abarca más de 20.000 establecimientos entre gestión estatal y privada y demanda una porción significativa del presupuesto provincial, en su mayoría destinada al pago de salarios.

La actual directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi —quien asumió recientemente en reemplazo de Alberto Sileoni— podría enfrentar así un inicio de gestión atravesado por medidas de fuerza.

Hasta ahora, la administración de Kicillof había logrado sostener cierta estabilidad en el vínculo con los gremios docentes, aunque en el último tiempo comenzaron a aparecer tensiones. Ya en diciembre pasado, la FEB se había desmarcado de un acuerdo salarial aceptado por el resto de las organizaciones, y durante el año anterior se registraron protestas que incluyeron paros y sanciones por ausencias.

En este contexto, también inciden factores internos dentro de los sindicatos. En el caso de Suteba, la conducción de Baradel enfrenta presiones de sectores opositores y de las bases, en un escenario atravesado por una próxima elección interna.

Desde los gremios advierten que la medida de fuerza podría revisarse si en los próximos días surge una propuesta superadora. De lo contrario, no descartan profundizar el plan de lucha con nuevas acciones que impacten en el calendario escolar.

Roberto Baradel, Axel Kicillof, inicio de clases