El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, presentó la imputación contra la empresa de viajes de egresados Baxtter. La acción se tomó luego de que se difundiera un video en el que un grupo de adolescentes, alentados por el coordinador de la empresa, entonaron cánticos antisemitas contra alumnos del colegio ORT.

La imputación se basa en la presunta infracción a la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240), específicamente en los artículos 5º y 8º bis. La normativa exige que todo proveedor debe “garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores” y “abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”.

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El Gobierno considera que la conducta del personal de Baxtter encuadra en este delito al promover un trato discriminatorio. La empresa ya fue notificada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial y tiene un plazo de cinco días para realizar su descargo.

En caso de que la imputación prospere y sea sancionada, la Ley de Defensa del Consumidor contempla multas que podrían alcanzar hasta los 2.100 millones de pesos. El Código Civil y Comercial también respalda la obligación de respetar la dignidad de la persona conforme a los tratados de Derechos Humanos.

Denunciaron a los alumnos que entonaron cánticos antisemitas: la fiscalía busca identificarlos

Los estudiantes que entonaron cantos antisemitas en un viaje de egresados en Bariloche fueron denunciados penalmente tras la viralización del repudiable video este fin de semana.

El abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal contra los alumnos de la Escuela Humanos, de la localidad bonaerense de Canning. «Hoy quemamos judíos», fue uno de los cantos que entonaron los jóvenes dentro de un micro, arengados por el coordinador de la empresa Baxtter.

La denuncia presentada por Monastersky es por la comisión de delito previsto en la Ley 23.592 contra los discursos de odio y actos discriminatorios, y podría tener una pena de hasta tres años de cárcel.

El abogado advirtió que la fiscalía busca identificar a los alumnos que estaban en ese micro. «Va a tratar de identificar quiénes participaron a través de los videos“, adelantó.

En ese sentido, les quitó responsabilidad al colegio y a la empresa de viajes: “Los principales responsables son estos alumnos, el coordinador de la empresa y el padre responsable, que de responsable no tiene nada”.

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“La responsabilidad penal es de las personas que estuvieron ahí, de los que participaron en este hecho. Hay que circunscribirlo a estas personas”, remarcó.

En paralelo, Monastersky aclaró: “No busco el encarcelamiento de esta gente, busco que se tome conciencia y que no pasen desapercibido hechos de estas características. Arengar esto es peligroso, yo quiero concientizar desde mi lado”. Sin embargo, dejó en manos de la Justicia las represalias contra los estudiantes: “Más adelante se verá qué corresponde, si una sanción penal o alguna medida preventiva”.

La viralización del video

El hecho ocurrió el 10 de septiembre, pero se viralizó este fin de semana y obligó tanto a la empresa de viajes como al colegio a difundir un comunicado en repudio a los cánticos. Sobre los comunicados, el abogado que presentó la denuncia aseguró: “Es difícil que me convenzan, es muy difícil despegarlo de lo que hicieron”.

Monasterksy reclamó que «viene escalando el discurso del odio y del antisemitismo» y advirtió que “pasó de lo verbal a la acción, con agresiones y casos más violentos”.

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“Lo importante de todo esto es que no pase inadvertido, porque si no es como que nos vamos anestesiando. Estas circunstancias no pueden pasar desapercibidas y el Estado debe intervenir a partir del poder judicial”, aseguró.

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Las designaciones para la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes continúan generando controversia. La reciente selección de postulantes, llevada adelante por la comisión bicameral del Congreso, está marcada por cuestionamientos a la legitimidad y transparencia del proceso. En las últimas horas, tanto los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina como la asociación civil Manada han dirigido cartas públicas hacia los legisladores nacionales, expresando su rechazo a las designaciones y pidiendo la revisión inmediata del procedimiento.

En la última semana de septiembre, las críticas se intensificaron a raíz de las decisiones tomadas el 22 del mes, cuando la comisión parlamentaria que evaluó el concurso público de antecedentes y oposición propuso una terna para encabezar la Defensoría del Niño. Organizaciones y miembros de la sociedad civil advirtieron sobre la presencia de dirigentes políticos en la nómina final, una situación que, según señalan, podría implicar un uso partidario de una instancia destinada a la protección de derechos fundamentales.

En efecto, la comisión bicameral, presidida por la diputada jujeña Natalia Sarapura, optó por proponer como titular de la Defensoría del niño a María Paz Bertero, funcionaria vinculada al gobierno bonaerense de Axel Kicillof, mientras que Matías Robledo, asociado al radicalismo de Corrientes, y Héctor Vito, quien se desempeña en la Defensoría desde 2020, completan la terna como adjuntos.

En una carta remitida el lunes 29 de septiembre a las autoridades del Parlamento, los miembros de la Comisión Episcopal de Vida, Laicos, Familia y Juventud de la Conferencia Episcopal Argentina argumentaron que el mecanismo de selección no debería entenderse solo como un trámite, sino como una “responsabilidad fundamental en la defensa de valores democráticos, justicia social y respeto irrestricto de la dignidad humana”, según afirmaron en el escrito. Los obispos solicitaron expresamente “la revisión seria, neutral e imparcial de la reciente elección y, consecuentemente, la impugnación de las recientes designaciones aprobadas el día 22 del corriente mes”, indicando la necesidad de restituir confianza pública y credibilidad a la Defensoría.

El texto lleva la firma de Monseñor Martín Fassi, presidente de la comisión, junto a otros siete obispos. En el mismo documento, los prelados enfatizaron que “la ética pública exige que los cargos destinados a la protección de la infancia y la adolescencia no sean ocupados de manera apresurada ni sin el debido debate plural, representativo y fundamentado”. Recordaron además que la Ley 26.061 establece procedimientos y requisitos que, según remarcaron, no fueron debidamente respetados en la actual instancia.

Por su parte, la ONG Manada, que nuclea a madres de Niños y Adolescentes con disforia de género repentino de distintas provincias, envió una carta abierta donde se refirieron a la “profunda preocupación y dolor” ante lo que describen como jugadas políticas que afectan a la niñez. Desde la agrupación plantearon la necesidad de anular inmediatamente las designaciones, cuestionando tanto la idoneidad como los antecedentes de la terna elegida. “No solo se trata de personas cuya idoneidad es altamente cuestionable y cuyos antecedentes generan legítima alarma, sino que estas designaciones surgen de un concurso plagado de irregularidades, opacidad y pactos partidarios”, señaló la organización en el documento dirigido a diputados y senadores.

Las integrantes de la asociación manifestaron su desilusión respecto a la representación institucional. “Nos duele ver cómo se entregan espacios clave a quienes no representan a nuestros hijos, ni a las madres, ni a las familias argentinas”, afirmaron. El texto, que cuenta con el respaldo de más de seiscientas familias, advierte sobre el riesgo de instalar intereses ideológicos en la conducción de un organismo que debería actuar en defensa de los derechos universales de la infancia.

Tanto la Conferencia Episcopal como Manada coincidieron en que el proceso de selección estuvo marcado por una notable falta de transparencia. Los obispos advirtieron sobre la existencia de “postulantes con mayores e importantes antecedentes laborales, especializaciones nacionales e internacionales… como asimismo con mayores adhesiones institucionales, como de asociaciones civiles”, que no fueron tenidos en cuenta durante la evaluación, y resaltaron que la participación de actores sociales en la etapa de adhesiones constituye un elemento central de un concurso de estas características. Aludieron también a la necesidad de una “sólida base ética” y del reconocimiento social para el ejercicio del cargo.

Manada sumó el reclamo de un “ejemplo de transparencia y compromiso con la niñez” por parte de los legisladores nacionales, exigiendo “que tengan el coraje de defender a quienes aún no pueden defenderse solos” y llamando a los representantes a “no legitimar lo ilegítimo”.

Las críticas expuestas en las cartas de la Iglesia y la ONG Manada se suman a voces de distintos ámbitos que ya venían reclamando mayor claridad en el proceso de designación y una representación acorde a la sensibilidad institucional que requiere la tutela de derechos de la infancia en el contexto nacional actual.