POLITICA
Impronta presidencial: Javier Milei dictó más del doble de decretos que los proyectos que el oficialismo envió al Congreso
La imagen del presidente Javier Milei de espaldas al Congreso, cuando inauguró su mandato en diciembre de 2023, fue la postal que presagió el estilo combativo que caracterizará su relación actual con ambas cámaras. Dos elementos lo confirmaron: en lo que va de su gestión dictó más del doble de decretos de necesidad y urgencia (DNU) que proyectos de ley que presentó en igual período. Segundo, este año hubo casi tantos vetos como cantidad de leyes sancionadas.
En vísperas del debate en la Cámara de Diputados de la reforma de la ley que regula los DNU −para hacerla más restrictiva para el Poder Ejecutivo−, los datos fácticos explican la desesperación del oficialismo por evitar que la oposición le acote el uso de una herramienta clave para su gestión. En estos 21 meses de mandato, Milei dictó 74 DNU; en el mismo lapso presentó 33 proyectos de ley al Congreso. No solo la diferencia entre las cifras llama la atención; lo paradójico es que la mayoría de esas iniciativas está cajoneada por el propio oficialismo en las comisiones que preside.
La predilección de los libertarios por los decretos en detrimento de la sanción de leyes (aunque sean propias) es comparable con el que exhiben con los vetos. Este año el Congreso aprobó apenas once leyes; siete de ellas sufrieron el veto total del presidente. Nunca se vio en la historia democrática reciente semejante raid de vetos.
El oficialismo se victimiza con su debilidad parlamentaria −en ambas cámaras está en franca minoría− y argumenta que el atajo del DNU agiliza la gestión sin necesidad de someterse a farragosas negociaciones en el Congreso. Además, todos los gobiernos −incluso aquellos con mayorías parlamentarias− tuvieron a disposición esta herramienta e hicieron uso (y abuso) de ella, sostiene.
El argumento no deja de ser cierto, pero hay un antecedente que al menos lo pone en tela de juicio: el gobierno de Mauricio Macri y su relación con el Congreso durante los dos primeros años de gestión (2015-2017). Como Milei, el gobierno de Cambiemos asumió con una representación parlamentaria por demás exigua: 92 miembros en Diputados y apenas 16 en el Senado. No muy diferentes al que supo tener Milei antes de perder aliados en ambas cámaras el último tiempo.
Las cifras entre aquel período y el actual son contrastantes. Durante los dos primeros años de gestión de Cambiemos se aprobaron 188 leyes, dos veces y media más que las sancionadas en lo que va del mandato de Milei. En ese lapso, Macri dictó 34 DNU: Milei dictó el doble. En cuanto a vetos, Macri impartió cinco (parciales y totales), en sus cuatro años de gestión; el libertario ya vetó 10 leyes en solo dos años.
¿Cómo se explica que dos gobiernos en franca minoría parlamentaria exhiban números tan distintos? “Es la política, estúpido”, respondería, con un giro en la frase que lo hizo célebre, el expresidente norteamericano Bill Clinton. En efecto, apenas se inauguró el mandato de Cambiemos sus lugartenientes en el Congreso se abocaron a articular una base estable de legisladores aliados que le permita alcanzar la mayoría. Y lo lograron.
Con gestos y dinero fresco a los gobernadores del PJ quebraron las bancadas kirchneristas y propiciaron el surgimiento de un mosaico de votos peronistas −al que se sumó Sergio Massa y su Frente Renovador− abiertos a negociar las leyes claves; en el Senado entronizó a Miguel Pichetto, jefe del bloque peronista-kirchnerista, como principal interlocutor, lo que facilitó la tarea en la cámara más compleja.
Las diferencias están a la vista: Milei, en nombre del sacralizado equilibrio fiscal en las cuentas públicas, abjura de la política del diálogo −aunque no del “toma y daca”−, destrata a quienes le aconsejan apertura y moderación e incumple las promesas a quienes supieron acompañarlo. Una actitud cada vez más endogámica y expulsiva. Las consecuencias a la vista: insistencia de leyes y una seguidilla de decretos rechazados por la oposición.
El politólogo y profesor de la UBA Miguel De Luca advierte estas diferencias. “Todos los presidentes no peronistas desde la recuperación democrática –Ricardo Alfonsín, Fernando De la Rúa, Macri y Milei− tuvieron una situación de minoría sea en una o en ambas cámaras. La diferencia entre Milei y sus antecesores es el estilo del gobierno: la mayoría optó por entablar acuerdos más o menos estables con otras fuerzas. No así Milei, quien optó por coaliciones ad hoc”.
“Para ello –continuó− apeló a dos resortes: el veto, pasible de ser blindado con solo un tercio de ambas cámaras pero que no deja de ser un recurso reactivo que dificulta una agenda proactiva en el Congreso. Segundo, los DNU, que tienen un umbral más bajo para su aprobación que una ley y, por ello, constituyen un atajo inconstitucional”.
En el mismo sentido se expresó el politólogo Martín D’Alessandro. “Es un lugar común de los gobiernos justificarse al decir que los decretos les permiten gestionar de manera más rápida en algunas áreas, pero pierden la confianza que le aportaría el apoyo parlamentario a sus reformas –sostuvo−. La concentración del poder en un Poder Ejecutivo que abusa de los decretos y de los vetos es perjudicial para su propia credibilidad y estabilidad, porque es la evidencia de que puede convencer a muy pocos legisladores”.
DNU y proyectos cajoneados
En la proliferación de DNU de la era Milei hay de todo, como en botica. El más destacable, por su volumen e implicancias, es el DNU 70/23 de desregulación económica. Sin embargo, como en anteriores gobiernos, hay decretos que difícilmente se encuadren en la “necesidad” y “urgencia” que exige la Constitución −como aquel que elimina el descanso para los empleados públicos y el que le cambió el nombre al Centro Cultural Kirchner− y otros que debieron tratarse por ley, como la autorización a la salida y entrada de tropas y las modificaciones presupuestarias.
Sin embargo, el estilo libertario se muestra reactivo al debate legislativo; basta analizar el tendal de proyectos de ley del propio Poder Ejecutivo, algunos presentados con bombos y platillos, que no tuvieron siquiera inicio de debate en comisión, incluso en aquellas presididas por libertarios. Las cifras hablan por sí mismas: de las 33 iniciativas de la Casa Rosada, solo siete fueron sancionadas.
En el cajón del olvido yacen, por ejemplo, la tan promocionada “Ley Horajasca” del ministro más ensalzado por Milei, Federico Sturzenegger; el Régimen Penal Juvenil, cuyos dictámenes esperan desde mayo; la modificación del Código Civil para instrumentar la disolución del vínculo matrimonial en sede administrativa; el régimen de prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos y –el más aplaudido de todos– el proyecto para “sacar los dólares del colchón”. Una iniciativa que el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, no puso siquiera a consideración.
debate en la Cámara de Diputados de la reforma de la ley que regula los DNU,Laura Serra,Conforme a
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Comenzó un nuevo juicio contra un ex intendente de Salta que ya cuenta con una condena por corrupción
Este miércoles, comenzó el proceso judicial contra el ex intendente Ernesto Fernando Gonza quedó abierto en la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Salta. Junto a su hermano y ex secretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás, y el concejal Aldo Dalmiro Gonza, enfrenta acusaciones vinculadas a delitos que, según el expediente, habrían ocasionado un grave perjuicio al erario municipal.
La causa se originó tras una auditoría externa ordenada por el actual jefe comunal, quien dispuso revisar la gestión anterior. El informe resultante expuso numerosas inconsistencias en la administración municipal, lo que derivó en una denuncia formal y la apertura del proceso judicial.
Según informó el medio local El Tribuno, durante la etapa más reciente del juicio, el tribunal colegiado presidido por Federico Diez resolvió cuestiones preliminares tras los planteos de las defensas de los Gonza y de Guaymás. Se hizo lugar parcialmente a una revocatoria solicitada por la defensa anterior de los hermanos Gonza y se declaró abstracto un pedido de nulidad presentado por Guaymás. El tribunal también postergó el dictamen sobre un recurso de casación presentado por la defensa.
El defensor de Guaymás, Juan Diego Herrera, objetó la continuidad del juez presidente al alegar que había intervenido en un expediente previo, de 2011, donde Guaymás también figuraba como imputado. A raíz de este planteo, el tribunal estableció un cuarto intermedio hasta el viernes 13 de febrero a las 9.30, período durante el cual fiscales y querellantes deberán revisar el expediente objetado antes de continuar el debate.
Ernesto Fernando “Kila” Gonza está imputado por los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todos en concurso real. Guaymás, en tanto, enfrenta cargos como presunto autor de peculado e incumplimiento de deberes, mientras que Dalmiro Gonza figura como partícipe necesario de peculado, de acuerdo con la acusación judicial.
La investigación sostiene que el ex intendente habría ignorado reiteradamente las normativas establecidas para la gestión financiera y administrativa del municipio. Según la imputación, los tres acusados habrían dispuesto de los recursos municipales de forma discrecional, omitiendo los controles y procedimientos que exige la ley. Según la Justicia, esta conducta habría causado un grave perjuicio al erario municipal.
Uno de los puntos centrales de la acusación es la falta de presentación de rendiciones de cuentas por parte de Ernesto Gonza al concluir su mandato. El tribunal está integrado por Diez, Paola Marocco y Francisco Mascarello. El Ministerio Público está representado por la fiscal Claudia Geria, mientras que la querella está a cargo de Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez, apoderada de la Municipalidad de San Lorenzo.
Gonza ya había sido condenado a tres años de prisión en ejecución condicional. En esa oportunidad, los hechos investigados lo vincularon con la malversación de fondos que debían destinarse al plan de viviendas “Una casa para tu hogar”, durante su gestión al frente del municipio.
La sentencia incluye la privación del empleo aunque provenga de elección popular. La decisión llegó tras una revisión judicial que lo halló responsable de fraude y peculado cometidos durante su mandato en la gestión municipal.
Sin embargo, compitió en las elecciones como candidato y se convirtió en concejal de San Lorenzo. Frente a esto, la Justicia ratificó la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
“Se le impuso la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cualquier tipo de cargo público, la cual implica la privación del empleo o cargo público que ejercía el penado aunque provenga de elección popular”, aclaró un comunicado emitido este martes por el Poder Judicial salteño.
POLITICA
Reforma laboral: las reacciones del arco político a la media sanción en el Senado: “El primer paso a un cambio histórico”
Tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado, el arco político reaccionó a la media sanción del proyecto impulsado por el gobierno nacional con diferentes mensajes en redes sociales. Desde el ala oficialista celebraron la triunfo legislativo obtenido tras una maratónica sesión de más de 12 horas y la definieron como “un primer paso hacia un cambio histórico”, mientras que la oposición insistió en sus críticas a las reformas.
El presidente Javier Milei compartió una imagen del tablero de votación en sus redes sociales y expresó: “Histórico”. En total, el Gobierno consiguió 42 votos positivos.
Otro de los primeros en pronunciarse fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien escribió en sus redes sociales: “El primer paso hacia un cambio histórico”. En esta línea, la Jefatura de Gabinete realizó una publicación en la que indicó que la reforma modernizará el sector: “La normativa vigente data de 1974. Esta reforma, la más significativa desde entonces, representa una decisión trascendental impulsada por el gobierno nacional para actualizar las bases que organizan el trabajo en nuestro país”.
También se le sumó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que felicitó a los senadores y señaló: “Este Congreso empieza a saldar una deuda histórica con millones de argentinos que quedaron afuera del sistema“. Además, anticipó la jornada que se desarrollará en la Cámara baja: ”Siguiendo la decisión del presidente Javier Milei de avanzar con las reformas estructurales que la Argentina necesita, ahora vamos a dar el debate en Diputados para convertirla en ley».
El presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, también adelantó la sesión en la Cámara baja e indicó que se trata de un “primer paso para cambiar una ley vetusta que nadie se animó a modificar”. “Vamos a trabajar para terminar de sancionar la modernización laboral lo más pronto posible”.
Por su parte, Sebastián Pareja, armador de LLA en la provincia de Buenos Aires, reaccionó a la media sanción y destacó que la Argentina consiguió “otro paso hacia la normalización de uno de los sistemas mas perjudiciales para que los argentinos puedan desarrollar sus caminos individuales”. “La ley de modernización laboral propuesta por Milei, como nuestro país desde que asumió la presidencia”, subrayó.
De la Cámara baja, el diputado Luis Petri, exministro de Defensa, se refirió tanto a la votación como a los incidentes que hubo en la previa, y apuntó: “La libertad le ganó a las piedras”. “Tenemos media sanción de la ley de modernización laboral”, añadió.
En cuanto a la oposición, la senadora Juliana di Tullio, del bloque kirchnerista, advirtió que “no es el camino” y explicó: “Los y las peronistas vamos a seguir defendiendo, en las calles y en la Cámara de Diputados, la dignidad del pueblo trabajador”.
El diputado Esteban Paulón cuestionó la aprobación y declaró que el proyecto fue validado “sin un debate profundo, un texto definitivo y cumplir ninguno de los objetivos propuestos”. A su vez, Natalia Zaracho, su par en la Cámara baja, manifestó: “Se cagaron en los trabajadores de todo el país. La historia los va a poner en su lugar. A este gobierno de hijos de p…, a los senadores que votaron esto y a los gobernadores que se vendieron por dos cordones cuneta”.
Noticia en desarrollo.
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El Gobierno quitó el capítulo de Ganancias e hizo 28 cambios a la reforma laboral para garantizar la media sanción en el Senado
El Gobierno de Javier Milei busca este miércoles darle media sanción a uno de los proyectos claves para la segunda parte de su gestión: la reforma laboral. Por este motivo, en los últimos días hubo intensas negociaciones con la oposición dialoguista para acordar cambios en la iniciativa.
En este sentido, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, informó este martes esas 28 modificaciones. Y envió un mensaje a los gobernadores: se quitó el capítulo que contemplaba cambios en el Impuesto a las Ganancias, y por lo tanto afectaba la recaudación de las provincias.
Leé también: El Gobierno extenderá un día las sesiones extraordinarias para aprobar la reforma laboral antes del 1 de marzo
Este último reclamo de los mandatarios provinciales era el gran escollo que tenía el oficialismo para avanzar en la media sanción de la reforma laboral. Ahora, se espera que la sesión de este miércoles en el Senado sea favorable al Gobierno.
No obstante, en las afueras del Congreso habrá un clima de máxima tensión. Hay una movilización que encabeza la CGT contra la reforma laboral, pero también hay un paro general convocado por ATE, CTA y gremios de transporte.
Leé también: Inflación, marcha de la CGT y sesión en el Congreso: el Gobierno enfrenta una semana de definiciones clave
En las últimas horas, los gremios docentes universitarios confirmaron que se sumarán a la manifestación. “La situación de la docencia universitaria ya es insostenible. En ese marco, la CONADU resolvió la necesidad de impulsar un plan de lucha de paros y movilización”, señaló la Secretaria General de CONADU, Clara Chevalier.
Los principales cambios acordados con la oposición
De acuerdo a lo informado por Bullrich, el Senado avanzó con un proyecto de modernización laboral que reúne aportes de distintos bloques y provincias y contempla 28 modificaciones consensuadas. La iniciativa busca actualizar el marco normativo del empleo formal, reducir la litigiosidad y generar incentivos para la contratación.
En el Gobierno indicaron que buscan incentivar “la inversión productiva y la capacitación, en un contexto de estancamiento del mercado laboral y alta informalidad”.
Uno de los ejes centrales es la redefinición del cálculo de la indemnización, con el objetivo de desactivar lo que el oficialismo denomina la “industria del juicio”. En el caso de un despido sin causa será únicamente la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones, y fija que la indemnización será la única reparación económica.
El proyecto también introduce un nuevo esquema de actualización de créditos laborales, que combina el índice de precios al consumidor (IPC) con un adicional del 3% anual, con la intención de aportar previsibilidad tanto para trabajadores como para empleadores y evitar distorsiones en los montos judicializados.
Otro punto relevante es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema destinado a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Será financiado exclusivamente por los empleadores, con aportes mensuales del 1% para grandes empresas y del 2,5% para MiPyMEs, y funcionará como un patrimonio separado, inembargable y de afectación específica.
Además, la iniciativa impulsa una registración laboral simplificada y digital, al establecer que la inscripción ante ARCA será suficiente y que no podrán exigirse requisitos adicionales por otras autoridades. Además, se habilita la digitalización de los libros laborales, que deberán conservarse durante diez años y tendrán plena validez legal.
El proyecto redefine también los beneficios sociales no remunerativos, precisando qué conceptos quedan excluidos del salario, como comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares y capacitación, con el objetivo de dar mayor claridad normativa y reducir conflictos interpretativos.
En cuanto a la organización del trabajo, se habilita de manera voluntaria el banco de horas, siempre por acuerdo entre empleador y trabajador, y se introducen cambios en el régimen de vacaciones. Estas podrán tomarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de acordar períodos fuera de temporada y de fraccionarlas, respetando un mínimo de siete días corridos.
La iniciativa incorpora además un Régimen de Incentivo para la Formación Laboral, orientado a promover la capacitación, la empleabilidad y la reconversión, con foco en jóvenes y personas sin experiencia. A esto se suma la creación del Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión, que apunta a estimular inversiones productivas, tecnológicas y de expansión, con impacto directo en la generación de empleo.
Por último, el texto prevé una reducción de cargas sociales para facilitar la contratación de nuevos trabajadores, establece la prelación de los convenios de empresa por sobre los acuerdos nacionales y deja asentado el compromiso de avanzar en una futura reforma fiscal integral, orientada a reducir la presión tributaria mediante acuerdos entre la Nación y las provincias.
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